Por Gustavo Abad
Hace pocos días, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció un plazo hasta el 29 de abril de 2009 para que Ecuador presente los documentos que sustentan su demanda contra Colombia por los daños causados a los habitantes y al medio ambiente de la frontera norte, como efecto de las fumigaciones con herbicidas tóxicos promovidas por el gobierno de ese país desde hace ocho años, como parte del Plan Colombia.
La Comisión Científica Ecuatoriana –integrada por abogados en derechos humanos y derecho internacional, ecologistas, genetistas, epidemiólogos y otros especialistas– cuenta con un informe de abril de 2007 que contiene las evidencias del daño: afectación de ecosistemas, extinción de especies, contaminación de aguas, suelo y aire, alteración celular en plantas y personas, deterioro de la salud mental, migración, riesgos de cáncer y de abortos, embarazos con malformaciones y muchos otros efectos expresados en cifras y cuadros comparativos, más los testimonios de los afectados.
El informe –que sigue las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el que constan desde el tamaño de la gota hasta la velocidad del viento– deja claro que ahí no solo se fumigó con una combinación química letal (glifosato+POEA+Cosmo-Flux) en cantidades y concentraciones superiores a las tolerables, sino que se construyó un verdadero escenario de guerra con miles de personas inocentes de por medio, que obligó a migrar al 56% de esa población.
Paradójicamente, este tipo de investigaciones, esta gestión metódica del conocimiento, nunca ha sido suficientemente visibilizada por la mayoría de los medios de comunicación, por considerarla un trabajo –y aquí esta la padoja– demasiado “ideológico”, especialmente si entre los investigadores consta algún ecologista o algún defensor de los derechos humanos, dos actividades eternamente sospechosas para los jefes de información, que deciden en Quito o Guayaquil lo que pasa en la frontera.
Personalmente he podido constatar y dar cuenta del trabajo, entre otros, del médico español Adolfo Maldonado y de la organización Acción Ecológica, dedicados a sumar cada día un nuevo dato, un nuevo análisis, una nueva prueba de la rociada mortal de glifosato realizada por pilotos mercenarios sin el menor respeto a la vida.
Esos datos después se han convertido en informes, en conocimiento organizado y verificable. Sin embargo, la sola mención de sus autores hace saltar las alarmas en los medios, que en este tema siempre han privilegiado una fórmula narrativa que consiste en intercalar un relato dramático con una declaración del Departamento de Estado de EE.UU. y, con ese simplón reparto de espacios al que llaman erróneamente objetividad, la mayoría de ellos cree cumplida su misión en el mundo.
El trabajo de los medios respecto de la frontera siempre ha sido reactivo ante la coyuntura, ante la denuncia de una fumigación, de una matanza, o de la visita de algún funcionario internacional, pero casi nunca enfocado a la construcción de un conocimiento que algún día pudiera ser útil a las víctimas de esos actos de guerra.
La gestión y uso del conocimiento consiste en que los protagonistas de diversos procesos sociales, políticos, etc., puedan sistematizar la cantidad de datos y experiencias y hacer uso más efectivo de ese saber acumulado. En otras palabras, construir una memoria instrumental que sirva de soporte a sus demandas y sus iniciativas sociales.
La deuda de los medios con la gestión del conocimiento en la frontera es inmensa, comenzando por la poquísima visibilidad que han dado al trabajo científico de largo aliento en la zona. Ahora, los argumentos que requiere el Ecuador provienen de esos investigadores, de su trabajo silencioso, invisible y muchas veces proscrito de las páginas de los diarios y los noticieros de televisión.
El Telégrafo 15-06-08
Hace pocos días, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estableció un plazo hasta el 29 de abril de 2009 para que Ecuador presente los documentos que sustentan su demanda contra Colombia por los daños causados a los habitantes y al medio ambiente de la frontera norte, como efecto de las fumigaciones con herbicidas tóxicos promovidas por el gobierno de ese país desde hace ocho años, como parte del Plan Colombia.
La Comisión Científica Ecuatoriana –integrada por abogados en derechos humanos y derecho internacional, ecologistas, genetistas, epidemiólogos y otros especialistas– cuenta con un informe de abril de 2007 que contiene las evidencias del daño: afectación de ecosistemas, extinción de especies, contaminación de aguas, suelo y aire, alteración celular en plantas y personas, deterioro de la salud mental, migración, riesgos de cáncer y de abortos, embarazos con malformaciones y muchos otros efectos expresados en cifras y cuadros comparativos, más los testimonios de los afectados.
El informe –que sigue las pautas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el que constan desde el tamaño de la gota hasta la velocidad del viento– deja claro que ahí no solo se fumigó con una combinación química letal (glifosato+POEA+Cosmo-Flux) en cantidades y concentraciones superiores a las tolerables, sino que se construyó un verdadero escenario de guerra con miles de personas inocentes de por medio, que obligó a migrar al 56% de esa población.
Paradójicamente, este tipo de investigaciones, esta gestión metódica del conocimiento, nunca ha sido suficientemente visibilizada por la mayoría de los medios de comunicación, por considerarla un trabajo –y aquí esta la padoja– demasiado “ideológico”, especialmente si entre los investigadores consta algún ecologista o algún defensor de los derechos humanos, dos actividades eternamente sospechosas para los jefes de información, que deciden en Quito o Guayaquil lo que pasa en la frontera.
Personalmente he podido constatar y dar cuenta del trabajo, entre otros, del médico español Adolfo Maldonado y de la organización Acción Ecológica, dedicados a sumar cada día un nuevo dato, un nuevo análisis, una nueva prueba de la rociada mortal de glifosato realizada por pilotos mercenarios sin el menor respeto a la vida.
Esos datos después se han convertido en informes, en conocimiento organizado y verificable. Sin embargo, la sola mención de sus autores hace saltar las alarmas en los medios, que en este tema siempre han privilegiado una fórmula narrativa que consiste en intercalar un relato dramático con una declaración del Departamento de Estado de EE.UU. y, con ese simplón reparto de espacios al que llaman erróneamente objetividad, la mayoría de ellos cree cumplida su misión en el mundo.
El trabajo de los medios respecto de la frontera siempre ha sido reactivo ante la coyuntura, ante la denuncia de una fumigación, de una matanza, o de la visita de algún funcionario internacional, pero casi nunca enfocado a la construcción de un conocimiento que algún día pudiera ser útil a las víctimas de esos actos de guerra.
La gestión y uso del conocimiento consiste en que los protagonistas de diversos procesos sociales, políticos, etc., puedan sistematizar la cantidad de datos y experiencias y hacer uso más efectivo de ese saber acumulado. En otras palabras, construir una memoria instrumental que sirva de soporte a sus demandas y sus iniciativas sociales.
La deuda de los medios con la gestión del conocimiento en la frontera es inmensa, comenzando por la poquísima visibilidad que han dado al trabajo científico de largo aliento en la zona. Ahora, los argumentos que requiere el Ecuador provienen de esos investigadores, de su trabajo silencioso, invisible y muchas veces proscrito de las páginas de los diarios y los noticieros de televisión.
El Telégrafo 15-06-08
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