Por Gustavo Abad
La Supercom y el
Cordicom, los dos organismos de control de la comunicación en el Ecuador, han
hecho lo que ningún juez haría sin que se lo tomara por chiflado. Los
burócratas de la primera, basados en un informe de los burócratas del segundo, acaban
de sancionar al caricaturista Xavier Bonilla “Bonil” y al diario El Universo bajo el argumento de haber
cometido “discriminación indirecta” contra el “colectivo social
afro-ecuatoriano” en una viñeta humorística. Lo asombroso es que en ninguna
parte los sancionados aluden a dicho colectivo.
Pasado el primer
espanto, uno se pregunta: ¿en qué consiste la discriminación indirecta?,
¿significa que esos juzgadores pueden leer las segundas, terceras o cuartas
intenciones del presunto discriminador? Las faltas, las infracciones, los
delitos, etc., se cometen o no se cometen. Lo que existe son varios niveles de
participación y este no es el caso. Más bien parece una cantinflada jurídica
para ocultar la inclinación con que actúan esos organismos a favor del
oficialismo. ¿Alguien puede imaginarse un mundo donde se sancionen los actos
fallidos: robo “indirecto”, estafa “indirecta”, secuestro “indirecto”…?
Aunque el tema es
harto conocido, vale la pena recordar los hechos. El 5 de agosto de 2014, Bonil
publicó una fotocaricatura respecto de una penosa intervención del asambleísta Agustín
Delgado en el legislativo. Allí, el ex futbolista profesional y ahora
legislador del oficialismo demostró tener serias dificultades para leer un
texto y, por tanto, para desempeñar una función para la que se requiere al
menos un nivel aceptable de dominio del lenguaje escrito.
La bancada
oficialista y los simpatizantes del régimen reaccionaron en contra del
caricaturista y lo acusaron de racismo, pese a que Bonil en ninguna parte había
hecho alusión a la etnia, ni al color de piel, ni al origen socioeconómico del
asambleísta, sino a su lamentable actuación como funcionario público. Si a los
aspirantes a un cargo de ventanilla se les exige solvencia en la lectura y
escritura, ¿por qué un legislador debería estar exonerado de esa
responsabilidad?, ¿acaso se le confiaría el pilotaje de un avión a alguien que
no supiera reconocer los controles del aparato?, ¿la Selección Nacional de
Fútbol mandaría a la cancha a alguien que no pudiera dominar el balón?...
Ahora, El Universo deberá presentar una “disculpa
pública a los colectivos afro-ecuatorianos” durante siete días consecutivos, y
Bonil recibirá una amonestación por escrito “previniéndole de la obligación de corregir y mejorar
sus prácticas”. Para justificar su decisión, la Supercom se atiene al argumento
de la parte acusadora que dice: “a través del tiempo y por distintas causas,
los pueblos afros del Ecuador se han sentido discriminados socialmente en toda
la estructura colectiva desde el fundamento del Estado ecuatoriano”.
Nada más cierto y
nadie lo niega. Pero nada más falso que vender la ilusión de que se hace justicia
histórica cargando sobre un diario y un caricaturista la responsabilidad por
todo el racismo y la discriminación acumulados por la sociedad ecuatoriana a lo
largo de su historia. Si lo vemos bien, el racismo aquí está en la mirada de
los que defienden a Delgado y acusan al caricaturista, porque ahí donde Bonil
vio a un asambleísta con dificultades para leer y desempeñar un cargo por el
que gana más de 6.000 dólares mensuales, la Supercom y el Cordicom vieron a un
negro pobre y discriminado.
El paternalismo con
que los defensores del asambleísta lo han tratado es más discriminador que
cualquier crítica. Y es más ofensivo, porque lo representa como un ser
desvalido que por su condición étnica no puede ser criticado. Una pieza
antropológica que se rompe si la tocan.
No obstante, lo
cuestionable de todo esto, además de la sanción injusta, es el antecedente
jurídico que construye. En lugar de hacer justicia, se alienta el ejercicio
irresponsable de un cargo público. En adelante, cualquier funcionario podrá
alegar descriminación indirecta de cualquier tipo cuando se ponga en evidencia
su falta de preparación para el cargo. Ya me imagino a un médico, a un
ministro, a un docente cuestionado por un mal ejercicio de su actividad,
escudado en su origen étnico o socioeconómico para ocultar su ineptitud.
Visto con ironía,
aquí no hay error, porque cuando se quiere causar daño y se lo causa, no hay
error. Lo que hay es mala leche. Más bien, la resolución es coherente con la
mentalidad de los servidores de un régimen que se atribuye ser el inventor de todo:
la felicidad, la soberanía, la dignidad, la justicia, el desarrollo, las
carreteras, la revolución… Todo lo que ha estado aquí hace cientos de años,
ellos creen que se lo inventaron hace ocho, incluida la lucha contra el
racismo.
Cuando alguien haga
una caricatura de esos burócratas por su incapacidad para distinguir entre el
humor político y el racismo histórico, nada raro sería que lo acusen de discriminación
indirecta a los pobres de entendimiento.
