¿Hay que defender a los medios de comunicación del Estado o al Estado de los medios y los periodistas? Es la pregunta disparadora que guía los trabajos periodísticos que conforman este libro publicado por el Centro de Competencia en Comunicación de la Friedrich Ebert y editado por Omar Rincón.
De ahí surge “¿Por qué nos odian tanto? Estado y medios de comunicación en América Latina”, un libro que da cuenta de lo que ocurre en 18 países, mediante 18 relatos periodísticos, que cuentan 18 realidades político-mediáticas. Cada historia narra cómo se responde a esta pregunta. El caso ecuatoriano lo cuenta el periodista Gustavo Abad.
Nunca la comunicación fue tan importante, ni fue noticia de primera plana. Los medios de comunicación producen mucho ruido político en nuestra América Latina siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla inédita por el relato de país. Y es que los modelos de medios son modelos de país. En esta situación, hay que recuperar el sentido común…
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sábado, 11 de septiembre de 2010
lunes, 30 de agosto de 2010
La foto del sobreviviente
Gustavo Abad
Un joven ecuatoriano es el único sobreviviente de la masacre perpetrada, hace una semana, en el estado de Tamaulipas (México) por una banda de narcotraficantes (los Zetas) contra 72 personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los medios publicaron la noticia, unos con más, otros con menos detalles. En lo que sí coincidieron casi todos fue en ese afán enfermizo de publicar los nombres y las fotos del sobreviviente y de sus familiares, como si de la identificación de los rasgos de las víctimas dependiera la credibilidad del periodismo.
Me niego a aceptar que, a estas alturas, los editores de los principales medios del país, como El Comercio, por ejemplo, que se dicen defensores del buen oficio, respetuosos del lector, que trabajan al servicio de la gente, y un montón de palabrería devaluada por el mal uso, no hayan resuelto todavía en sus procedimientos un asunto de ética elemental, como es la obligación del medio de abstenerse de publicar una información cuando exista la mínima posibilidad de exponer a las personas.
Las fotos publicadas en ese diario –no importa si alguna salió completa y otra “pixelada” – ayudó a aumentar el estado de indefensión, no solo del compatriota herido, sino de todo su entorno familiar. Sobra decir que se trata de un entorno marcado por la pobreza en un pueblo de la provincia del Cañar, lo cual facilita los abusos de toda clase. Todo indica que hay medios y periodistas que no hacen conciencia de su capacidad de causar daño.
Si no fuera lamentable, sería cómico el argumento de uno de los jefes periodísticos de El Comercio, quien sugiere en un artículo que la responsabilidad de proteger a los testigos no es de los medios sino de las autoridades. Asombroso descubrimiento. Después dice que el diario no ha expuesto a las víctimas puesto que los mafiosos que se dedican al tráfico de personas los conocen muy bien por haber tenido tratos anteriormente con ellos. Entonces publiquen la lista de todos los habitantes del pueblo.
Si ese razonamiento viniera de un estudiante de primer año de periodismo, se podría entender, por su nivel de formación, pero no se puede admitir lo mismo de personas que llevan más de veinte años en este oficio y que además ejercen como responsables de la línea informativa de uno de los más grandes diarios del país. Si ellos, los que aspiran a ser referentes de los más jóvenes, no la tienen clara, qué se puede esperar del resto.
“¿Qué gana la sociedad al no conocer el rostro del testigo?”, se pregunta ese mismo jefe periodístico para justificar lo injustificable. La pregunta debería ser al revés: ¿Qué gana la sociedad al conocerlo? Es más: ¿Qué gana la víctima con que todos lo miremos en ese estado íntimo e inviolable como es el sufrimiento? Si los jefes periodísticos de ese diario admitieran que se equivocaron y pidieran disculpas, ese solo gesto los haría merecedores de un poco de respeto. Pero no demuestran la intención de hacerlo, por lo tanto, no hay razón para respetarlos.
El problema es que ciertos medios todavía se guían por esa falsa premisa según la cual la contemplación del horror sirve de lección a la humanidad para no volverlo a cometer. Gran pretexto, inventado para regodearse con la exposición del dolor ajeno. Valga la ocasión para recordarles lo que decía Susan Sontag sobre este tema: “Los únicos que tienen derecho a mirar el dolor ajeno son los que tienen alguna posibilidad de remediarlo”.
En efecto, el médico que alivia las heridas, la autoridad que podría acercar un poco de justicia, el familiar que ofrece compañía y fuerza espiritual, son los únicos con derecho a mirar el sufrimiento del otro. El resto, es decir la mayoría de nosotros, somos simples fisgones. Y todavía hay medios y periodistas que no se dan cuenta. O fingen no darse cuenta, que es peor.
Un joven ecuatoriano es el único sobreviviente de la masacre perpetrada, hace una semana, en el estado de Tamaulipas (México) por una banda de narcotraficantes (los Zetas) contra 72 personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los medios publicaron la noticia, unos con más, otros con menos detalles. En lo que sí coincidieron casi todos fue en ese afán enfermizo de publicar los nombres y las fotos del sobreviviente y de sus familiares, como si de la identificación de los rasgos de las víctimas dependiera la credibilidad del periodismo.
Me niego a aceptar que, a estas alturas, los editores de los principales medios del país, como El Comercio, por ejemplo, que se dicen defensores del buen oficio, respetuosos del lector, que trabajan al servicio de la gente, y un montón de palabrería devaluada por el mal uso, no hayan resuelto todavía en sus procedimientos un asunto de ética elemental, como es la obligación del medio de abstenerse de publicar una información cuando exista la mínima posibilidad de exponer a las personas.
Las fotos publicadas en ese diario –no importa si alguna salió completa y otra “pixelada” – ayudó a aumentar el estado de indefensión, no solo del compatriota herido, sino de todo su entorno familiar. Sobra decir que se trata de un entorno marcado por la pobreza en un pueblo de la provincia del Cañar, lo cual facilita los abusos de toda clase. Todo indica que hay medios y periodistas que no hacen conciencia de su capacidad de causar daño.
Si no fuera lamentable, sería cómico el argumento de uno de los jefes periodísticos de El Comercio, quien sugiere en un artículo que la responsabilidad de proteger a los testigos no es de los medios sino de las autoridades. Asombroso descubrimiento. Después dice que el diario no ha expuesto a las víctimas puesto que los mafiosos que se dedican al tráfico de personas los conocen muy bien por haber tenido tratos anteriormente con ellos. Entonces publiquen la lista de todos los habitantes del pueblo.
Si ese razonamiento viniera de un estudiante de primer año de periodismo, se podría entender, por su nivel de formación, pero no se puede admitir lo mismo de personas que llevan más de veinte años en este oficio y que además ejercen como responsables de la línea informativa de uno de los más grandes diarios del país. Si ellos, los que aspiran a ser referentes de los más jóvenes, no la tienen clara, qué se puede esperar del resto.
“¿Qué gana la sociedad al no conocer el rostro del testigo?”, se pregunta ese mismo jefe periodístico para justificar lo injustificable. La pregunta debería ser al revés: ¿Qué gana la sociedad al conocerlo? Es más: ¿Qué gana la víctima con que todos lo miremos en ese estado íntimo e inviolable como es el sufrimiento? Si los jefes periodísticos de ese diario admitieran que se equivocaron y pidieran disculpas, ese solo gesto los haría merecedores de un poco de respeto. Pero no demuestran la intención de hacerlo, por lo tanto, no hay razón para respetarlos.
El problema es que ciertos medios todavía se guían por esa falsa premisa según la cual la contemplación del horror sirve de lección a la humanidad para no volverlo a cometer. Gran pretexto, inventado para regodearse con la exposición del dolor ajeno. Valga la ocasión para recordarles lo que decía Susan Sontag sobre este tema: “Los únicos que tienen derecho a mirar el dolor ajeno son los que tienen alguna posibilidad de remediarlo”.
En efecto, el médico que alivia las heridas, la autoridad que podría acercar un poco de justicia, el familiar que ofrece compañía y fuerza espiritual, son los únicos con derecho a mirar el sufrimiento del otro. El resto, es decir la mayoría de nosotros, somos simples fisgones. Y todavía hay medios y periodistas que no se dan cuenta. O fingen no darse cuenta, que es peor.
miércoles, 7 de julio de 2010
Disidentes
Gustavo Abad
La figura del disidente es quizá una de las más llamativas y controversiales dentro de la larga experiencia de las relaciones de poder. Históricamente, el disidente político de los regímenes totalitarios aparece como la figura más representativa de quienes eligen impugnar o abandonar un modo de organización social que les exige sometimiento. No obstante, existen otras formas de disidencia, que no necesariamente se constituyen en oposición a regímenes políticos sino, más bien, como expresión de valores personales, obligaciones éticas, compromisos intelectuales y otras motivaciones. La disidencia es una de las diversas maneras de buscar la coherencia entre cómo se piensa y cómo se vive; entre lo que se dice y lo que se hace.
El periodismo ecuatoriano tiene muchos casos de disidencia. Un tema que muchos conocen pero pocos verbalizan. Los casos de periodistas amedrentados por el poder político son muchos, pero son más los que se han visto obligados a renunciar por no estar de acuerdo con la censura, las precarias condiciones laborales, las órdenes reñidas con su ética profesional y otros abusos en los propios medios. Ahí es donde se acumulan innumerables tensiones, cuya expresión más visible son las luchas internas de poder y las estrategias de conservación del puesto de trabajo. Varios compañeros de distintos medios están de acuerdo en que la salud mental de los periodistas debería ser un tema de preocupación como un problema de salud pública.
Uno de los procedimientos de censura más usados en los medios es el de la “congeladora”, que consiste en dejar a un periodista sin tareas cuando éste no encaja en el modelo de conducta impuesto por los editores y otros directivos. Comienza por retirarlo de sus fuentes habituales y asignarle trabajos secundarios que nunca serán publicados. Una estrategia cruel de agotamiento sicológico, de la que todos sus compañeros están conscientes, pero nadie hace algo debido al clima de tensión, que el mismo afectado se encarga de disolver con su renuncia. Bastan un par de meses en la congeladora para que el individuo escoja esa vía de liberación.
Después, el disidente se queda solo porque su inmolación no tiene eco ni repercusión social. Las consecuencias de su decisión comienzan y terminan en sí mismo, porque no hay una instancia formal donde esos periodistas puedan exigir respeto o reclamar su derecho a la libertad de expresión y al trabajo. La ruptura entre sus ideales personales y su realización profesional termina por demoler su autoestima y su valoración individual y social. En el periodismo ecuatoriano, el que se aparta de la cultura dominante construida en los medios se convierte en un paria, porque no solo se aparta del culto a la institución, sino que desafía aspiraciones socialmente aceptadas como una cierta estabilidad laboral, una cierta visibilidad pública y otras ficciones arraigadas en este campo.
El primer escollo a superar por el disidente es el desempleo, puesto que cualquier prestigio profesional alcanzado puertas adentro de los medios, generalmente no tiene el mismo peso en otros ámbitos laborales, con otras exigencias. Después viene un duro proceso de recomposición personal y profesional. Algunos optan por la comunicación institucional y se enclaustran en las oficinas a escribir boletines; otros encuentran un nicho en las oficinas legislativas como asesores de diputados, ahora asambleístas; pocos logran recomponerse en el ámbito académico en calidad de docentes, pero son absoluta minoría puesto que las prácticas periodísticas, ligadas a la información de impacto y de coyuntura, tienden a distanciarlos de las prácticas académicas, ligadas a la reflexión teórica.
Sin embargo, el impulso de disidencia no es contra el periodismo, sino contra la cultura empresarial de los medios, esa que unifica las voces y anula la diversidad interna. Entonces, la única salida es apostarle a iniciativas de periodismo disidente, de mediano alcance, sin pretensiones masivas. Comienzan a aparecer varias muestras de ello en los últimos tiempos. “País al revés”, de varios periodistas que abandonaron los medios privados; “Escribe con rojo”, de un grupo de jóvenes tempranamente desilusionados de los medios; “Telegrafoexiliado”, precisamente el nombre de este espacio generado por un grupo de ex articulistas del ex diario público, entre otras. Todas sintonizan con una corriente que apuesta por el periodismo y con el pensamiento crítico y no con el culto a la institucionalidad ya sea pública o privada. Es hora de comenzar a hablar en serio de periodismo disidente en nuestro medio.
La figura del disidente es quizá una de las más llamativas y controversiales dentro de la larga experiencia de las relaciones de poder. Históricamente, el disidente político de los regímenes totalitarios aparece como la figura más representativa de quienes eligen impugnar o abandonar un modo de organización social que les exige sometimiento. No obstante, existen otras formas de disidencia, que no necesariamente se constituyen en oposición a regímenes políticos sino, más bien, como expresión de valores personales, obligaciones éticas, compromisos intelectuales y otras motivaciones. La disidencia es una de las diversas maneras de buscar la coherencia entre cómo se piensa y cómo se vive; entre lo que se dice y lo que se hace.
El periodismo ecuatoriano tiene muchos casos de disidencia. Un tema que muchos conocen pero pocos verbalizan. Los casos de periodistas amedrentados por el poder político son muchos, pero son más los que se han visto obligados a renunciar por no estar de acuerdo con la censura, las precarias condiciones laborales, las órdenes reñidas con su ética profesional y otros abusos en los propios medios. Ahí es donde se acumulan innumerables tensiones, cuya expresión más visible son las luchas internas de poder y las estrategias de conservación del puesto de trabajo. Varios compañeros de distintos medios están de acuerdo en que la salud mental de los periodistas debería ser un tema de preocupación como un problema de salud pública.
Uno de los procedimientos de censura más usados en los medios es el de la “congeladora”, que consiste en dejar a un periodista sin tareas cuando éste no encaja en el modelo de conducta impuesto por los editores y otros directivos. Comienza por retirarlo de sus fuentes habituales y asignarle trabajos secundarios que nunca serán publicados. Una estrategia cruel de agotamiento sicológico, de la que todos sus compañeros están conscientes, pero nadie hace algo debido al clima de tensión, que el mismo afectado se encarga de disolver con su renuncia. Bastan un par de meses en la congeladora para que el individuo escoja esa vía de liberación.
Después, el disidente se queda solo porque su inmolación no tiene eco ni repercusión social. Las consecuencias de su decisión comienzan y terminan en sí mismo, porque no hay una instancia formal donde esos periodistas puedan exigir respeto o reclamar su derecho a la libertad de expresión y al trabajo. La ruptura entre sus ideales personales y su realización profesional termina por demoler su autoestima y su valoración individual y social. En el periodismo ecuatoriano, el que se aparta de la cultura dominante construida en los medios se convierte en un paria, porque no solo se aparta del culto a la institución, sino que desafía aspiraciones socialmente aceptadas como una cierta estabilidad laboral, una cierta visibilidad pública y otras ficciones arraigadas en este campo.
El primer escollo a superar por el disidente es el desempleo, puesto que cualquier prestigio profesional alcanzado puertas adentro de los medios, generalmente no tiene el mismo peso en otros ámbitos laborales, con otras exigencias. Después viene un duro proceso de recomposición personal y profesional. Algunos optan por la comunicación institucional y se enclaustran en las oficinas a escribir boletines; otros encuentran un nicho en las oficinas legislativas como asesores de diputados, ahora asambleístas; pocos logran recomponerse en el ámbito académico en calidad de docentes, pero son absoluta minoría puesto que las prácticas periodísticas, ligadas a la información de impacto y de coyuntura, tienden a distanciarlos de las prácticas académicas, ligadas a la reflexión teórica.
Sin embargo, el impulso de disidencia no es contra el periodismo, sino contra la cultura empresarial de los medios, esa que unifica las voces y anula la diversidad interna. Entonces, la única salida es apostarle a iniciativas de periodismo disidente, de mediano alcance, sin pretensiones masivas. Comienzan a aparecer varias muestras de ello en los últimos tiempos. “País al revés”, de varios periodistas que abandonaron los medios privados; “Escribe con rojo”, de un grupo de jóvenes tempranamente desilusionados de los medios; “Telegrafoexiliado”, precisamente el nombre de este espacio generado por un grupo de ex articulistas del ex diario público, entre otras. Todas sintonizan con una corriente que apuesta por el periodismo y con el pensamiento crítico y no con el culto a la institucionalidad ya sea pública o privada. Es hora de comenzar a hablar en serio de periodismo disidente en nuestro medio.
miércoles, 23 de junio de 2010
La formación profesional de los periodistas
Gustavo Abad
El debate sobre la formación profesional de los periodistas –latente por muchos años, aunque poco desarrollado– se activa en uno de los momentos de mayor tensión entre el poder político y el poder mediático en el Ecuador, que miden fuerzas en torno a la Ley de Comunicación. Esta circunstancia produce una cierta palabrería estridente de parte y parte, en medio de la cual hay que hacer un esfuerzo para encontrar orientación y rescatar lo más sensato.
Por un lado está un poder político que privilegia el corporativismo estatal (ministerios, secretarías, consejos, comisiones…) por sobre la organización social (movimientos, colectivos, grupos…) y, a la par, un sector mediático que privilegia el discurso empresarial (libertad de expresión, independencia de los medios, objetividad de la información..) por sobre el pensamiento crítico (responsabilidad social, capacitación…) Ambas posturas impiden entender la condición de los periodistas como sujetos sociales y del periodismo como una actividad de intervención social que demanda un alto nivel de idoneidad de quienes la ejercen.
En el Ecuador, la formación de los periodistas tiene varias vertientes. Primero, las facultades de comunicación, donde predomina una formación generalista y muy poco cercana a la práctica periodística real. Segundo, los propios medios, donde los graduados o egresados de comunicación aprenden, sobre la marcha, unas destrezas de sobrevivencia y se olvidan de la reflexión y la autocrítica sobre su trabajo. En tercer lugar, están los profesionales formados en otras áreas (Historia, Letras, Sociología…) que descubren los fundamentos periodísticos en la práctica.
La formación de sus empleados no es prioridad en las empresas mediáticas. En el mejor de los casos, son los periodistas con más años quienes ejercen de instructores de los nuevos, lo cual impide romper la autoreferencialidad en este campo. Con alguna excepción, los denominados “referentes” del periodismo ecuatoriano no exhiben aportes significativos y, en su gran mayoría, detentan una autoridad reducida a los propios medios. No han creado una escuela periodística; no han diseñado programas de formación; no han sistematizado una línea de investigación; tampoco son exponentes de alguna narrativa en particular. En otras palabras, no pueden exhibir algún cuerpo organizado de conocimientos –libros, ensayos, cátedras, etc.– que aporte a la formación de los nuevos periodistas.
La profesionalización ha sido entendida como sinónimo de titulación. Pero la posesión de un título universitario en comunicación no garantiza, por sí sola, la idoneidad de su dueño para ejercer el periodismo. La profesionalización significa un proceso de formación continua, de adquisición de conocimientos, de métodos y herramientas –conceptuales e instrumentales– que habiliten a los periodistas como narradores confiables de la complejidad social, independientemente del título académico.
Un proceso de profesionalización debería incluir al menos los siguientes aspectos: 1. Legislación (los periodistas no conocen el marco normativo de su actividad, sus alcances y sus límites); 2. Ética (en ningún medio ecuatoriano se debate acerca del concepto de responsabilidad social, lo cual se expresa en la confusión frecuente entre información, opinión y propaganda); 3. Historia política y económica (reporteros y editores tienen dificultades para situar los hechos en perspectiva histórica por su desconocimiento de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas); y 4. Lenguaje (el descuido de la principal herramienta periodística, el lenguaje, ha impedido renovar las narrativas y construir nuevos relatos de lo social)
El efecto directo de esta situación para los periodistas y otros trabajadores de prensa es que se incrementa su vulnerabilidad frente a las arbitrariedades de las empresas. El periodista se vuelve un sujeto prescindible, que puede ser reemplazado en cualquier momento por otro que llene fácilmente las exigencias de los medios. Por ello, el despido, la censura, los abusos cometidos contra los periodistas por sus empleadores no tienen la mínima repercusión social y no hay instancia legal ni organización social que asuma su defensa.
Así, las empresas mediáticas demuestran tener tanta o mayor capacidad que el poder político para anular la diversidad de pensamiento y atentar no sólo contra el ejercicio profesional de los periodistas sino también contra el derecho a la información de la población.
El debate sobre la formación profesional de los periodistas –latente por muchos años, aunque poco desarrollado– se activa en uno de los momentos de mayor tensión entre el poder político y el poder mediático en el Ecuador, que miden fuerzas en torno a la Ley de Comunicación. Esta circunstancia produce una cierta palabrería estridente de parte y parte, en medio de la cual hay que hacer un esfuerzo para encontrar orientación y rescatar lo más sensato.
Por un lado está un poder político que privilegia el corporativismo estatal (ministerios, secretarías, consejos, comisiones…) por sobre la organización social (movimientos, colectivos, grupos…) y, a la par, un sector mediático que privilegia el discurso empresarial (libertad de expresión, independencia de los medios, objetividad de la información..) por sobre el pensamiento crítico (responsabilidad social, capacitación…) Ambas posturas impiden entender la condición de los periodistas como sujetos sociales y del periodismo como una actividad de intervención social que demanda un alto nivel de idoneidad de quienes la ejercen.
En el Ecuador, la formación de los periodistas tiene varias vertientes. Primero, las facultades de comunicación, donde predomina una formación generalista y muy poco cercana a la práctica periodística real. Segundo, los propios medios, donde los graduados o egresados de comunicación aprenden, sobre la marcha, unas destrezas de sobrevivencia y se olvidan de la reflexión y la autocrítica sobre su trabajo. En tercer lugar, están los profesionales formados en otras áreas (Historia, Letras, Sociología…) que descubren los fundamentos periodísticos en la práctica.
La formación de sus empleados no es prioridad en las empresas mediáticas. En el mejor de los casos, son los periodistas con más años quienes ejercen de instructores de los nuevos, lo cual impide romper la autoreferencialidad en este campo. Con alguna excepción, los denominados “referentes” del periodismo ecuatoriano no exhiben aportes significativos y, en su gran mayoría, detentan una autoridad reducida a los propios medios. No han creado una escuela periodística; no han diseñado programas de formación; no han sistematizado una línea de investigación; tampoco son exponentes de alguna narrativa en particular. En otras palabras, no pueden exhibir algún cuerpo organizado de conocimientos –libros, ensayos, cátedras, etc.– que aporte a la formación de los nuevos periodistas.
La profesionalización ha sido entendida como sinónimo de titulación. Pero la posesión de un título universitario en comunicación no garantiza, por sí sola, la idoneidad de su dueño para ejercer el periodismo. La profesionalización significa un proceso de formación continua, de adquisición de conocimientos, de métodos y herramientas –conceptuales e instrumentales– que habiliten a los periodistas como narradores confiables de la complejidad social, independientemente del título académico.
Un proceso de profesionalización debería incluir al menos los siguientes aspectos: 1. Legislación (los periodistas no conocen el marco normativo de su actividad, sus alcances y sus límites); 2. Ética (en ningún medio ecuatoriano se debate acerca del concepto de responsabilidad social, lo cual se expresa en la confusión frecuente entre información, opinión y propaganda); 3. Historia política y económica (reporteros y editores tienen dificultades para situar los hechos en perspectiva histórica por su desconocimiento de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas); y 4. Lenguaje (el descuido de la principal herramienta periodística, el lenguaje, ha impedido renovar las narrativas y construir nuevos relatos de lo social)
El efecto directo de esta situación para los periodistas y otros trabajadores de prensa es que se incrementa su vulnerabilidad frente a las arbitrariedades de las empresas. El periodista se vuelve un sujeto prescindible, que puede ser reemplazado en cualquier momento por otro que llene fácilmente las exigencias de los medios. Por ello, el despido, la censura, los abusos cometidos contra los periodistas por sus empleadores no tienen la mínima repercusión social y no hay instancia legal ni organización social que asuma su defensa.
Así, las empresas mediáticas demuestran tener tanta o mayor capacidad que el poder político para anular la diversidad de pensamiento y atentar no sólo contra el ejercicio profesional de los periodistas sino también contra el derecho a la información de la población.
miércoles, 28 de abril de 2010
Botrosa frente al espejo
Por Gustavo Abad
“El Pambilar está amenazado por las invasiones” titula diario El Comercio en la edición del pasado 18 de abril. El informe de tres cuartos de página, con cuatro fotos a color, llama la atención por la importancia del tema, puesto que ese bosque esmeraldeño fue devuelto hace mes y medio al Estado luego de haber permanecido durante casi dos décadas en manos de la empresa maderera Botrosa, una de las mayores explotadoras de bosques en el Ecuador.
Entonces uno comienza a leer en espera de algún dato acerca de qué pasará en adelante con ese bosque, qué programas de manejo están en camino, de qué manera la población de la zona se podrá beneficiar de la conservación del patrimonio forestal, qué nuevas acciones tomará el Estado para salvar a éste y otros bosques de la provincia de Esmeraldas, arrasados casi hasta su desaparición por madereras y camaroneras en los último 30 años.
Pero no, lo que viene es una apología a la empresa Botrosa, un largo recuento de las supuestas buenas acciones destinadas, según dicen, a conservar el bosque. Si nos creemos la versión de El Comercio, deberíamos hacer una romería para agradecer a Botrosa por su gran labor conservacionista y su apoyo desinteresado al desarrollo social de los pueblos más abandonados del Ecuador. Sospechosa imagen creada por ese diario, que hace el papel de espejo distorsionador, para lavar la imagen de una empresa cuyas ganancias son directamente proporcionales a la cantidad de árboles talados.
El Comercio nos vende como informe periodístico un texto que tiene todas las características de un publirreportaje mal disimulado. Para comenzar, la principal fuente es la propia Botrosa a través de un funcionario, cuyas afirmaciones son aceptadas como irrefutables puesto que en ningún momento se las confronta con otras fuentes. Recoge superficialmente el testimonio de cuatro pobladores de la zona. El Comercio afirma que el bosque está amenazado por las invasiones y no por las madereras, pero no dice quiénes son ni presenta la versión de los supuestos invasores.
Periodismo que privilegia una sola fuente no es periodismo y, menos aún, si se trata de una fuente socialmente cuestionada. Eso lo saben bien los jefes de información de ese diario, pero todo indica que, cuando se trata de Botrosa, prefieren hacerse los desentendidos. En el informe aludido, no se consulta a organizaciones ecologistas, a dirigentes comunitarios, tampoco a investigadores, que cuestionan la actividad de esa y otras madereras en el Ecuador.
El pasado 16 de marzo, una organización ecologista y tres de derechos humanos (Acción Ecológica, CEDHU, INREDH y CDES) denunciaron, mediante una carta pública dirigida al presidente, Rafael Correa, el asesinato de los esposos José Aguilar y Yola Garófalo, líderes ecologistas populares. Los denunciantes sostienen que la muerte de los campesinos se produjo en un contexto con más de una década de enfrentamientos entre los habitantes del sitio Hoja Blanca y la empresa Botrosa, en la zona de El Pambilar.
No se ha visto en algún medio una investigación profunda sobre el tema. Ellos miran para otro lado incluso cuando hay muertos de por medio. La doble moral de muchos jefes periodísticos de los medios privados los lleva a celebrar la censura ejercida por un sector oportunista del gobierno en los medios públicos, pero se callan frente a la censura y las injerencias que el poder económico ejerce sobre sus propios medios.
Hace poco, uno de los responsables de la línea informativa de El Comercio escribía, muy en su estilo sacerdotal de los sábados, un comentario respecto de lo que él llama el omnipoder político, que existe pero no es el único. Seguramente no ha leído lo que el omnipoder económico hace en sus propias páginas. Mejor dicho, sí lo ha leído, pero prefiere mirar para otro lado, como hacen muchos. A eso le llaman periodismo independiente.
“El Pambilar está amenazado por las invasiones” titula diario El Comercio en la edición del pasado 18 de abril. El informe de tres cuartos de página, con cuatro fotos a color, llama la atención por la importancia del tema, puesto que ese bosque esmeraldeño fue devuelto hace mes y medio al Estado luego de haber permanecido durante casi dos décadas en manos de la empresa maderera Botrosa, una de las mayores explotadoras de bosques en el Ecuador.
Entonces uno comienza a leer en espera de algún dato acerca de qué pasará en adelante con ese bosque, qué programas de manejo están en camino, de qué manera la población de la zona se podrá beneficiar de la conservación del patrimonio forestal, qué nuevas acciones tomará el Estado para salvar a éste y otros bosques de la provincia de Esmeraldas, arrasados casi hasta su desaparición por madereras y camaroneras en los último 30 años.
Pero no, lo que viene es una apología a la empresa Botrosa, un largo recuento de las supuestas buenas acciones destinadas, según dicen, a conservar el bosque. Si nos creemos la versión de El Comercio, deberíamos hacer una romería para agradecer a Botrosa por su gran labor conservacionista y su apoyo desinteresado al desarrollo social de los pueblos más abandonados del Ecuador. Sospechosa imagen creada por ese diario, que hace el papel de espejo distorsionador, para lavar la imagen de una empresa cuyas ganancias son directamente proporcionales a la cantidad de árboles talados.
El Comercio nos vende como informe periodístico un texto que tiene todas las características de un publirreportaje mal disimulado. Para comenzar, la principal fuente es la propia Botrosa a través de un funcionario, cuyas afirmaciones son aceptadas como irrefutables puesto que en ningún momento se las confronta con otras fuentes. Recoge superficialmente el testimonio de cuatro pobladores de la zona. El Comercio afirma que el bosque está amenazado por las invasiones y no por las madereras, pero no dice quiénes son ni presenta la versión de los supuestos invasores.
Periodismo que privilegia una sola fuente no es periodismo y, menos aún, si se trata de una fuente socialmente cuestionada. Eso lo saben bien los jefes de información de ese diario, pero todo indica que, cuando se trata de Botrosa, prefieren hacerse los desentendidos. En el informe aludido, no se consulta a organizaciones ecologistas, a dirigentes comunitarios, tampoco a investigadores, que cuestionan la actividad de esa y otras madereras en el Ecuador.
El pasado 16 de marzo, una organización ecologista y tres de derechos humanos (Acción Ecológica, CEDHU, INREDH y CDES) denunciaron, mediante una carta pública dirigida al presidente, Rafael Correa, el asesinato de los esposos José Aguilar y Yola Garófalo, líderes ecologistas populares. Los denunciantes sostienen que la muerte de los campesinos se produjo en un contexto con más de una década de enfrentamientos entre los habitantes del sitio Hoja Blanca y la empresa Botrosa, en la zona de El Pambilar.
No se ha visto en algún medio una investigación profunda sobre el tema. Ellos miran para otro lado incluso cuando hay muertos de por medio. La doble moral de muchos jefes periodísticos de los medios privados los lleva a celebrar la censura ejercida por un sector oportunista del gobierno en los medios públicos, pero se callan frente a la censura y las injerencias que el poder económico ejerce sobre sus propios medios.
Hace poco, uno de los responsables de la línea informativa de El Comercio escribía, muy en su estilo sacerdotal de los sábados, un comentario respecto de lo que él llama el omnipoder político, que existe pero no es el único. Seguramente no ha leído lo que el omnipoder económico hace en sus propias páginas. Mejor dicho, sí lo ha leído, pero prefiere mirar para otro lado, como hacen muchos. A eso le llaman periodismo independiente.
lunes, 5 de abril de 2010
Carta de los columnistas de El Telegrafo
EDITORIALISTAS DE DIARIO EL TELÉGRAFO A LA CIUDADANÍA
Como es de conocimiento público, el pasado jueves 25 de marzo, el Directorio de El Telégrafo ordenó la separación del director del diario, Rubén Montoya, y el 1 de abril censuró algunas columnas de opinión, lo que provocó la renuncia de Carol Murillo, subdirectora del periódico; directivos ambos que mantuvieron una posición crítica respecto de la creación de un medio supuestamente "de corte popular" bajo la infraestructura de El Telégrafo. Al mismo tiempo se produjo la arbitraria separación de editores de varias secciones, quienes incluso fueron impedidos por la fuerza de acceder a sus lugares de trabajo. A lo anterior se suma una insólita nota, publicada en la edición del 1 de abril, en la que el nuevo directorio de El Telégrafo, en aras de justificar estos atropellos, indica que "se establece la necesidad de que no se emitan comentarios, informaciones estratégicas y otras estrictamente internas en las páginas editoriales de nuestros editorialistas y columnistas". ¿Cuál es la diferencia entre las prácticas coercitivas y mecanismos de censura interna de ciertos medios privados y las acciones tomadas por el actual Directorio de El Telégrafo?
Por ello, rechazamos estos actos de censura y de violación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, incompatibles con la Constitución y el proyecto de creación de medios públicos. Esto refuerza nuestra opinión respecto del giro total en las políticas editoriales actuales, incongruentes con las que estuvieron vigentes desde la refundación del periódico; cuya responsabilidad recae no sólo en el presente Directorio, sino también en el Ministerio de Telecomunicaciones y, en términos más amplios, en un sector del actual gobierno que confunde la comunicación como servicio público con el publi - gobierno.
Queremos reafirmar nuestra profunda convicción en torno a la importancia de construir lo público en el periodismo. Ello supone hacer visibles la pluralidad y el disenso en la producción informativa, algo impensable en el actual sistema monopólico y monológico de medios privados. El Ecuador carga con el peso histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público en sus diversas formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad formal, a la construcción de pensamiento crítico.
La construcción de lo público representa una de las mayores garantías para el ejercicio efectivo de la democracia de la que tanto se habla en los ámbitos gubernamentales. Es por ello que sostenemos que un medio público tiene el desafío de promover el debate y de apostar a la visibilización de opiniones diversas, en el marco de las transformaciones sociales y culturales ofrecidas por el gobierno de la "Revolución Ciudadana". Esta posibilidad inédita en la historia de nuestro país no se puede echar a perder por las burdas y autoritarias decisiones del actual Directorio.
Creemos que el conjunto de acontecimientos señalados indican un retroceso del proyecto de construcción de medios públicos en el Ecuador y un precedente nefasto para una discusión amplia y democrática de una Ley de Comunicación.
Hasta aquí, el colectivo de articulistas de El Telégrafo ha resuelto desarrollar dos líneas de acción. Por una parte, un grupo de editorialistas seguirá escribiendo sus artículos en el periódico haciendo pleno uso de su derecho a la libertad de expresión y opinión. Por otro lado, los abajo firmantes han decidido dejar de escribir en el medio.
Desde ambas posiciones demandamos la urgencia de incorporar en dicha Ley, un capítulo relativo a los medios públicos en términos que posibiliten a futuro su independencia editorial y autonomías administrativa y financiera, que garanticen la calidad periodística y la eficiente utilización de los recursos públicos que hacen posible su funcionamiento.
Quito, 5 de abril de 2010
Gustavo Abad C.I 1102754262
Jaime Breilh C.I 1700162066
Silvia Buendía C.I 091267845-5
Guillermo Bustos C.I 1706387261
Santiago Cabrera C.I 1709827768
Ricardo Cevallos C.I 0909017600
Juan Martín Cueva C.I 1708764939
Ángel Emilio Hidalgo C.I 0915240220
Lucrecia Maldonado C.I 1707307276
Mateo Martínez C.I 1712566437
Alejandro Moreano C.I 1701288258
Alicia Ortega C.I 0907907166
Pablo Ospina C.I 171113745-3
Hernán Reyes C.I 1705579801
Amelia Ribadeneira C.I 1712483310 Santiago Rosero C.I 1711180487
Iván Sierra C.I 0904932472
Floresmilo Simbaña C. I 1711662286
Ylonka Tillería C. I 1706615489
José Villamarín C.I 1000872372
Jaime Breilh C.I 1700162066
Silvia Buendía C.I 091267845-5
Guillermo Bustos C.I 1706387261
Santiago Cabrera C.I 1709827768
Ricardo Cevallos C.I 0909017600
Juan Martín Cueva C.I 1708764939
Ángel Emilio Hidalgo C.I 0915240220
Lucrecia Maldonado C.I 1707307276
Mateo Martínez C.I 1712566437
Alejandro Moreano C.I 1701288258
Alicia Ortega C.I 0907907166
Pablo Ospina C.I 171113745-3
Hernán Reyes C.I 1705579801
Amelia Ribadeneira C.I 1712483310 Santiago Rosero C.I 1711180487
Iván Sierra C.I 0904932472
Floresmilo Simbaña C. I 1711662286
Ylonka Tillería C. I 1706615489
José Villamarín C.I 1000872372
jueves, 1 de abril de 2010
Estrategia de aniquilamiento
El presente artículo constituye mi carta de renuncia como columnista de El Telégrafo
Por Gustavo Abad
Tres periodistas despedidos en menos de una semana; dos artículos censurados en los últimos dos meses por una mano inquisidora que se pasea por la redacción de El Telégrafo sin que nadie le ponga freno. Estas son solo las señales más visibles del clima de tensión que se vive en el primer diario público del Ecuador. Comenzó con el despido del director, Rubén Montoya, y siguió con el de los editores de Diversidad, Mariuxi León, y de Economía, Fausto Lara, sin que las razones de su exclusión hayan sido aclaradas suficientemente.
Todo comenzó a finales del año anterior, cuando ciertos funcionarios, que confunden la información con la propaganda, decidieron que El Telégrafo no era lo suficientemente funcional al discurso oficialista y que había que desmantelarlo para crear un nuevo diario, supuestamente de estilo popular, destinado a servir mejor a sus planes. “No te sorprendas de que muy pronto nos metan un diario de propaganda oficialista junto con El Telégrafo” me dijo entonces una periodista de este diario, que sabía lo que se avecinaba.
Lo que no sospechaba era que comenzaba a tomar forma una estrategia de destrucción del proyecto de medio público. La primera arremetida ocurrió a inicios de febrero de este año. El entonces director, Rubén Montoya, denunció la censura de una nota en la que daba cuenta de algunas decisiones de interés público, que a alguien no le convenía que se difundieran. Los medios privados, acostumbrados a buscar el escándalo antes que los asuntos de fondo, lo celebraron como una debilidad del periodismo público. Nunca se supo quién ejecutó la censura ni por orden de quién y eso comienza a tener consecuencias.
Fue una primera pulseada, muy parecida a la clásica estrategia que aplican los de arriba en ciertas empresas públicas y privadas, que consiste en debilitar cualquier equipo violentando la jerarquía de mando. Esa primera censura tenía la finalidad de pasarse por encima del director, para luego evaluar los resultados. La reacción de los periodistas y articulistas de opinión, que rechazamos públicamente esa intervención, hizo que se detuvieran un poco.
Sin embargo, la semana pasada retomaron la ofensiva, con más fuerza y consecuencias más graves que la vez anterior. Ya no está Montoya y el equipo de periodistas, según varios testimonios recogidos para esta columna, ha sido conminado a la obediencia por miedo a perder su trabajo. Todos estos sucesos constituyen señales inconfundibles de una estrategia de aniquilamiento contra uno de los últimos proyectos coherentes del actual gobierno. Hay quienes prefieren pasar la página, echar tierra sobre lo que ha pasado, como si nada de esto tuviera importancia. Prefiero la honestidad individual a la amnesia colectiva.
Ciertos editores y reporteros de la mayoría de medios privados se regodean con especulaciones respecto de esta situación crítica. Se olvidan de que ellos nunca han tenido la voluntad ni la honradez de plantear un debate público respecto de sus propias condiciones de censura, amedrentamiento e inestabilidad laboral, que se reproducen todos los días en sus medios. No recuerdo, por ejemplo, que alguno de los detractores de los medios públicos haya criticado con la misma fuerza los despidos ocurridos en los últimos años en diarios como El Comercio y El Universo, por citar solo dos casos.
La posibilidad de que logren extinguir a El Telégrafo está cercana. Si no se puede evitar la extinción, por lo menos que sirva para dejar un marca, una huella visible de un esfuerzo genuino de construir el periodismo público en el Ecuador y un testimonio claro de que hay muchos dispuestos a ser sus enterradores.
Por Gustavo Abad
Tres periodistas despedidos en menos de una semana; dos artículos censurados en los últimos dos meses por una mano inquisidora que se pasea por la redacción de El Telégrafo sin que nadie le ponga freno. Estas son solo las señales más visibles del clima de tensión que se vive en el primer diario público del Ecuador. Comenzó con el despido del director, Rubén Montoya, y siguió con el de los editores de Diversidad, Mariuxi León, y de Economía, Fausto Lara, sin que las razones de su exclusión hayan sido aclaradas suficientemente.
Todo comenzó a finales del año anterior, cuando ciertos funcionarios, que confunden la información con la propaganda, decidieron que El Telégrafo no era lo suficientemente funcional al discurso oficialista y que había que desmantelarlo para crear un nuevo diario, supuestamente de estilo popular, destinado a servir mejor a sus planes. “No te sorprendas de que muy pronto nos metan un diario de propaganda oficialista junto con El Telégrafo” me dijo entonces una periodista de este diario, que sabía lo que se avecinaba.
Lo que no sospechaba era que comenzaba a tomar forma una estrategia de destrucción del proyecto de medio público. La primera arremetida ocurrió a inicios de febrero de este año. El entonces director, Rubén Montoya, denunció la censura de una nota en la que daba cuenta de algunas decisiones de interés público, que a alguien no le convenía que se difundieran. Los medios privados, acostumbrados a buscar el escándalo antes que los asuntos de fondo, lo celebraron como una debilidad del periodismo público. Nunca se supo quién ejecutó la censura ni por orden de quién y eso comienza a tener consecuencias.
Fue una primera pulseada, muy parecida a la clásica estrategia que aplican los de arriba en ciertas empresas públicas y privadas, que consiste en debilitar cualquier equipo violentando la jerarquía de mando. Esa primera censura tenía la finalidad de pasarse por encima del director, para luego evaluar los resultados. La reacción de los periodistas y articulistas de opinión, que rechazamos públicamente esa intervención, hizo que se detuvieran un poco.
Sin embargo, la semana pasada retomaron la ofensiva, con más fuerza y consecuencias más graves que la vez anterior. Ya no está Montoya y el equipo de periodistas, según varios testimonios recogidos para esta columna, ha sido conminado a la obediencia por miedo a perder su trabajo. Todos estos sucesos constituyen señales inconfundibles de una estrategia de aniquilamiento contra uno de los últimos proyectos coherentes del actual gobierno. Hay quienes prefieren pasar la página, echar tierra sobre lo que ha pasado, como si nada de esto tuviera importancia. Prefiero la honestidad individual a la amnesia colectiva.
Ciertos editores y reporteros de la mayoría de medios privados se regodean con especulaciones respecto de esta situación crítica. Se olvidan de que ellos nunca han tenido la voluntad ni la honradez de plantear un debate público respecto de sus propias condiciones de censura, amedrentamiento e inestabilidad laboral, que se reproducen todos los días en sus medios. No recuerdo, por ejemplo, que alguno de los detractores de los medios públicos haya criticado con la misma fuerza los despidos ocurridos en los últimos años en diarios como El Comercio y El Universo, por citar solo dos casos.
La posibilidad de que logren extinguir a El Telégrafo está cercana. Si no se puede evitar la extinción, por lo menos que sirva para dejar un marca, una huella visible de un esfuerzo genuino de construir el periodismo público en el Ecuador y un testimonio claro de que hay muchos dispuestos a ser sus enterradores.
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