Las enmiendas, paradoja y decadencia del correísmo

Por Gustavo Abad

Las enmiendas a la Constitución aprobadas por la Asamblea Nacional el pasado 3 de diciembre –justo cuando Quito comenzaba su baño anual de licor y de hispanismo bobo– pueden ser leídas de dos maneras principales: una, como la artimaña política que le faltaba al correísmo para acumular más poder y afianzar su dominio; y dos, como la prueba de su decadencia, la confirmación de su fracaso. A la luz de lo sucedido, prefiero la segunda, porque muestra la enorme paradoja que hay en todo esto.

El solo hecho de haber convertido al recinto legislativo en una fortaleza inexpugnable, cercada de vallas metálicas, custodiada por miles de policías con escudos, toletes y bombas lacrimógenas, dispuestos a reventarle la madre a cualquier manifestante, disipa cualquier duda sobre la conciencia vergonzante que arrastran los legisladores oficialistas en todos sus actos. Y eso ya es un fracaso político.

El mismo régimen que ha demostrado que le vale un tamarindo la Constitución cuando interfiere en su proyecto de modernización capitalista y autoritarismo estatal ahora quiere legitimar sus actos con una Constitución modificada para agregar más ficción a la que ya sobra en las leyes ecuatorianas. La paradoja afloró ese mismo día cuando la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dijo que las enmiendas servirán para “ampliar los derechos” mientras la policía detenía a decenas de personas –al siguiente día un juez condenó a 21 detenidos a 15 días de prisión– y dejaba un centenar de apaleados en las calles. Ellos seguramente recordarán el cariño con que el gobierno amplió sus derechos.

Está claro que la única ética que ha practicado el correísmo hasta ahora es la que le permite tener la razón a toda costa. Quiero decir: ¿acaso ha tomado en cuenta lo que manda la Constitución respecto de los derechos humanos, el medio ambiente, la administración de justicia, la seguridad social, la fiscalización, la comunicación…? Para que se entienda: ¿no son pruebas de total irrespeto a la Constitución los estudiantes encarcelados por expresarse en las calles, los comuneros perseguidos por oponerse a la minería, los jueces presionados a fallar a favor del régimen, la negación de las obligaciones estatales con los afiliados y jubilados de la seguridad social, el mutismo de los asambleístas frente a las denuncias de corrupción, los enjuiciamientos a medios y periodistas…? Entonces: ¿de dónde sacaron que había que enmendar la Constitución para que este país ganara en democracia y en libertades?

La Constitución –antes y después de las enmiendas– consagra, por ejemplo: el derecho a la resistencia, y la policía aplasta con sus carros antimotines cualquier manifestación de inconformidad en las calles; los derechos de la naturaleza, y estos se violan cada día en cada campamento chino que se levanta para profundizar la minería contaminante; el derecho a un juicio justo, y la culpabilidad o inocencia de las personas se dictan en las sabatinas; el derecho a una jubilación digna, y se desangran mediante artificios legales los fondos de pensiones y de cesantías de miles de trabajadores; el derecho a la fiscalización, y los legisladores ven pasar por sus narices un carnaval de negocios fraudulentos sin inmutarse; el derecho a informar y ser informados, y miles de solicitudes de información van a parar al tacho de basura de funcionarios mediocres mientras que los organismos oficiales de comunicación se dedican a enjuiciar a cada bloguero que los desnuda en su incompetencia.

Digo, si con el desmesurado aparato legal que maneja a su antojo, el correísmo no ha podido ni ha querido construir durante estos ocho años un medianamente creíble Estado de Derecho, ¿para qué usará las enmiendas justo ahora que prepara su retirada? ¿piensa que le ayudarán a recuperar la legitimidad que ha dilapidado por tanto tiempo? Todo esto me recuerda más el gesto del camorrista de karaoke que no se va del baile sin antes lanzar el último puñetazo para cubrir alevosamente su retirada.

Un momento, no por desesperado el gesto es menos dañino. Ya lo han dicho varios analistas: la enmienda número 2, que garantiza la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, hábilmente calculada para entrar en vigencia en mayo de 2017, deja al líder máximo del correísmo fuera de las elecciones de ese año, pero facilita su retorno en 2021 como el salvador de la patria, aparentemente indemne de su responsabilidad en la crisis que le acaba de endosar al próximo gobierno. Al fin de cuentas, ese era el fin último de las enmiendas. El resto solo era parte del combo.

Todo lo que el régimen ha querido lo ha hecho sin necesidad de enmiendas. Recapitulemos: que las Fuerzas Armadas salgan a reprimir a los ciudadanos bajo el eufemismo de apoyar la “seguridad integral del Estado” (enmienda 4); que las iniciativas de consulta popular provenientes de la sociedad civil sean ignoradas cínicamente cuando la autoridad decida que alguien “abusa de esta acción” (enmienda 1); que la Contraloría pierda cada vez más su capacidad de fiscalización y no pueda evaluar las “gestiones” de los funcionarios (enmienda 5); que las políticas de comunicación emulen a las del franquismo al definir como “servicio público” a lo que es un derecho humano (enmienda 10)... Todo lo que las enmiendas ahora permiten, el régimen ya lo hacía por manipulación propia. La única diferencia es que ahora lo hará con una barnizada legal. La simulación es otro síntoma del fracaso.

A todo esto, la enmienda número 10, que define a la comunicación como un servicio público en contra de toda una trayectoria de pensamiento social y humanista que la define y la practica como un derecho humano es otra señal de fracaso. En este tema, el régimen actúa con la misma claridad que un gigante enceguecido. 

Lo que intenta el correísmo es cerrar el círculo del control administrativo de la palabra que hace rato viene ejerciendo mediante la Ley de Comunicación. La idea es que cada acto del habla que le resulte incómodo al poder pueda ser sancionado con un acto administrativo. Lo que no han pensado ni los funcionarios ni los intelectuales orgánicos que apoyan esta monstruosidad es cómo van a lograr ese control. ¿Cómo pretenden embotellar el viento?

En materia de comunicación, al régimen le pasa lo mismo que al emperador que narra Borges en su cuento “Del rigor en la ciencia”. Éste quería un mapa del imperio tan pero tan detallado, que los cartógrafos terminaron haciendo un mapa del mismo tamaño que el territorio. Después, convencidos de la inutilidad de su proyecto, lo abandonaron a los rigores de las lluvias y el viento.

Del mismo modo, la obsesión del correísmo de controlar el relato en todas sus manifestaciones, de criminalizar la opinión contraria, de no dejar una palabra sin contestar ni una noticia sin desmentir, de acumular medios públicos, incautados y estatales en torno a su aparato de propaganda, tiene el mismo destino de todas las obsesiones inútiles, los rigores del tiempo y del olvido.

Recordemos que todo el emporio mediático que el mafioso italiano Silvio Berlusconi tenía a su servicio cuando manejaba el poder político no pudo evitar que fueran descubiertos sus delitos y condenado por ello. Toda la prensa amarillista que el dictador peruano Alberto Fujimori controlaba no impidió que se descubriera su responsabilidad en las matanzas ordenadas por su gobierno.

Cuando el diario público El Telégrafo compra –en plena época de austeridad fiscal– las acciones de El Tiempo para lo que parece ser una expansión del periodismo oficialista en el sur del país, se olvida que el que más comunica no es el que más medios acumula, sino el que tiene algo que decir. Y el correísmo hace tiempo que perdió esa capacidad.

Que el derecho a la comunicación se transforme en un servicio público es otra muestra de fracaso y decadencia de un régimen que –de nuevo la paradoja–  lo que más ha hecho es destruir la filosofía de lo público. 

El miedo, el cinismo y un enemigo del pueblo

Por Gustavo Abad

Veintiocho años después de asesinar a Trotski clavándole un piolet en el cráneo, Ramón Mercader, convertido ya en un incómodo protegido de la entonces Unión Soviética, se cita en un bar de Moscú con su antiguo mentor, Leonid Eitingon, un agente de inteligencia que en su juventud lo preparó física y sicológicamente para el crimen.

En ese encuentro de asesinos jubilados, Mercader le cuenta a Eitingon que lo más duro de sus veinte años de prisión en México fue haber descubierto que él sólo había sido una pieza manipulada para cometer un crimen de odio planeado por Stalin. Le habían inoculado el odio para que le resultara más fácil matar –irónicamente– en defensa del proletariado mundial y del hombre nuevo.

–Lo más difícil de todos esos años fue saber esas verdades y tener la seguridad de que, a pesar de los engaños, no podía hablar –dice Mercader.

–¿Sabes por qué? Porque en el fondo somos unos cínicos. Pero, sobre todo, somos unos cobardes. Siempre hemos tenido miedo y lo que nos ha movido no es la fe, como nos decíamos todos los días, sino el miedo –responde Eitingon con una sonrisa congelada a medio camino.

Este es quizá una de los diálogos más patéticos de los muchos que ofrece El hombre que amaba a los perros, la novela que Leonardo Padura escribió basado en una investigación rigurosa acerca del asesinato de Trotski, la vida de su asesino y la manera cómo se pervirtió la gran utopía del siglo XX.

El aporte de la novela histórica, ya se sabe, no está en la verificación empírica de los hechos, sino en su capacidad evaluadora del pasado, capaz de producir una conciencia de la historia, de activar una zona del pensamiento al que generalmente no llegan los secos registros documentales.

Miedo y cinismo, en orden y proporciones intercambiables, aparecen allí como los principales motores psíquicos con que el poder –una vez que la corrupción interna amenaza con llevarlo a su propia descomposición– se asegura el control de la voluntad de las personas, el manejo turbio de los ideales y el aniquilamiento físico o moral de sus críticos.

La novela de Padura nos traslada inevitablemente a lo que ocurre en el Ecuador bajo dominio del correísmo. Siempre habrá algún brujo que diga que son tiempos, países y personajes distintos. Nada más cierto, pero nada más trivial también. El ejercicio del poder, el sistema de valores, las conductas sociales que promueve el correísmo, aunque difieran en cierta retórica, evocan esos fantasmas totalitarios que la historia y la literatura no pueden y no deben olvidar.

Por miedo fallan en el Ecuador los jueces a favor del régimen sin importar si con ello vulneran los derechos ciudadanos. Un breve inventario: las sentencias condenatorias contra los diez de Luluncoto; contra los veedores del caso Fabricio Correa; contra el ecologista Xavier Ramírez; contra el dirigente indígena Pepe Acacho; contra los estudiantes del colegio Central Técnico; contra los del Mejía... Agregue usted los suyos.

De cinismo se revisten las autoridades obsecuentes para justificar sus atropellos con argumentos jurídicos deleznables: la disolución de la fundación ecologista Pacha Mama por realizar activismo político, como si el ecologismo no fuera una postura política; las sanciones contra El Universo y La Hora por resistirse a publicar la verdad oficial (o mentira institucionalizada) en nombre del derecho a la réplica; el truco de las enmiendas a la Constitución para garantizar la reelección indefinida; la suspensión de la visa a la académica Manuela Picq después de una golpiza policial para, según el informe, protegerla de los violentos; los intentos de llevar a juicio al caricaturista Bonil y al periodista Roberto Aguilar por mirar la realidad con ojo crítico; el actual proceso de disolución de Fundamedios por difundir opiniones políticas en las redes sociales (no difundirlas también es un acto político y nadie sanciona el silencio).

Sin embargo, el miedo y el cinismo no tendrían efectos devastadores si no estuvieran asistidos por una racionalidad jurídica, diseñada a la medida para ponerle ropaje legal al abuso. La Ley de Comunicación, el Decreto 16, el Código Integral Penal son apenas los engendros legales más visibles de esa máquina de prohibir y castigar en que ha devenido la llamada revolución ciudadana.

El correísmo, más que un movimiento político, parece una creencia religiosa. Y el pensamiento religioso es contradictorio y trágico porque ofrece todo pero a cambio exige todo. Ofrece la gloria eterna a cambio del sometimiento absoluto. Durante los últimos ocho años, el correísmo le ha planteado al país una fórmula religiosa: para llegar a un mundo de luz y progreso, primero hay que vivir una época de oscuridad y violencia. En otras palabras: nuestro gran proyecto de modernización capitalista –hace rato abandonó el eslogan de socialismo del siglo XXI– solo es posible mediante la persecución y silenciamiento de aquellos a quienes nuestro dedo acusador señale como enemigos.

Un enemigo del pueblo es, justamente, la obra de teatro en que la sociedad ecuatoriana puede verse reflejada. Hace muchos años que el teatro en este país –neutralizado por una pretendida asepsia ideológica– no se presentaba como una posibilidad de reflexión política. La obra original de Henrik Ibsen, dirigida por Christoph Baumann y adaptada por Roberto Aguilar, es una necesaria puesta al día de una tradición de teatro político, una línea siempre perturbadora para el mundo del orden y la obediencia que promueve el poder.

La función del arte es poner la mirada y los otros sentidos en esos lugares de la realidad y la experiencia humana que van a contracorriente de los discursos dominantes. La mirada de Un enemigo del pueblo nos sitúa en nuestro tiempo para percibir no las luces, sino la oscuridad. Para el poder totalitario –tanto que reclama para sí mismo el derecho a la resistencia y se arrepiente de haberlo “concedido” a la sociedad– todo aquel que ejerce un pensamiento distinto, que mira en lo profundo y no en lo superficial, que denuncia la corrupción o reclama sus derechos, es un enemigo del pueblo.

“Que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso; que la historia copie a la literatura es inconcebible…”, dice Borges en el cuento Tema del traidor y del héroe. En el Ecuador del correísmo se podría  pensar que la realidad está copiando a la novela y al teatro.

Los movimientos sociales organizados anuncian una marcha para este miércoles 16 de septiembre. Nuevamente me niego a aceptar la versión oficial de que es para desestabilizar al gobierno y hacerle el juego a la derecha –el correísmo bastante lo ha hecho ya–. La marcha es contra el miedo y el cinismo. Este miércoles, para deleite de muchos tecnócratas, académicos, periodistas, escritores que se han puesto al servicio del régimen, miles de manifestantes serán declarados enemigos del pueblo. 

La pelea en el lenguaje, cuando el poder se noquea a sí mismo

Por Gustavo Abad

Por qué será que cuando Bonil ironiza todo el mundo lo entiende, pero cuando Correa ironiza todos se rasgan las vestiduras, se preguntaba con fingida ingenuidad una escritora adepta al régimen, a propósito del lamentable “Heil Hitler” que soltó el mandatario en su cuenta de twitter para desafiar a quienes encuentran –con justicia o no– similitudes entre el correísmo y el fascismo. Porque hay una gran diferencia entre la ironía y el cinismo, diría yo para ayudar a esta señora a ubicarse un poco. La ironía es un producto de la inteligencia, el cinismo es un rasgo de la prepotencia. Una escritora, si conoce bien su oficio, debería saberlo.

El saludo nazi, como mensaje de un presidente latinoamericano, por más que quiera maquillarlo tardíamente, no logra el efecto irónico porque la carga oprobiosa de tal expresión supera cualquier juego del lenguaje. No se puede hacer malabarismo con tacos de dinamita. Tampoco se puede atribuir esa clase de exabruptos al temperamento de quien los pronuncia. Más bien se puede ver allí, reflejada en el lenguaje, la actitud de quien idealiza un proyecto totalitario, al que no le basta con dominar su propio discurso, sino que quiere también apropiarse del discurso del otro.

No es novedad que la principal estrategia del correísmo en sus ocho años de gobierno ha sido tomar el control del relato social. La disputa inicial con los medios privados –que tuvo cierto sentido cuando la llamada revolución ciudadana parecía un proyecto democrático– resultó ser, a la larga, el punto de partida para una batalla en todos los frentes donde se pone en juego el modo de nombrar las cosas. Montado sobre un desmesurado aparato de propaganda –al menos una veintena de medios estatales, al servicio del discurso oficial–; una poderosa herramienta jurídica –la Ley de Comunicación que, en lugar de ampliar los derechos, restringe las libertades–; un sistema de vigilancia en la red –los llamados troll center, unidades clandestinas de ataque contra cualquier posición disidente–; un fantoche institucional –la Supercom y el Cordicom, dedicados a juzgar no solo lo que se publica sino también lo que no se publica–, el correísmo parecía estar ganando la batalla.

Tan seguro estaba el oficialismo de haber alcanzado el control total del relato, que comenzó a maltratar la sustancia misma de todo relato: el lenguaje. El único régimen que se autodenomina de izquierda pero toma decisiones que ya las hubiera querido tomar la derecha pensó que tal engaño no era suficiente y se propuso demostrar que el que domina todo también puede dominar el lenguaje y reventarlo a su antojo. Así, le pareció que podía llamar cambio de la matriz productiva a la profundización del modelo extractivista, petrolero y minero; acusar de terroristas a quienes se oponen a la minería contaminante; calificar de reforma de la justicia a la cooptación de jueces condescendientes; sostener que vivimos en un estado laico pero diseñar las leyes según las convicciones religiosas de su líder; proclamar que está en contra de la violencia sexual y aprobar un Código Penal según el cual ninguna mujer violada puede abortar a menos que tenga una deficiencia mental o esté dispuesta a ir a la cárcel; jurar que está en contra de la reelección indefinida y promover enmiendas a la Constitución para garantizar su continuidad en el poder; decir que la negativa del Estado a reconocer la deuda con la Seguridad Social es para proteger el futuro de los jubilados; proclamar que el IESS no es de los afiliados; acusar de discriminación a los periodistas que critican a un asambleísta inepto…

En fin, como el mitómano que se cree su propia ficción, el correísmo se creyó que dominar todos los poderes del Estado lo autorizaba también a corromper el lenguaje y ponerlo a su servicio. Pensó que podía llamar periodismo al activismo oficialista que practican los medios públicos. El correísmo retorció a tal punto el uso de las palabras que no se dio cuenta cuándo las vació de sentido. Y ya nada significa lo que alguna vez dijo que significaba.

Como esos terrenos que se quedan inútiles después de muchos años sometidos al monocultivo y a los pesticidas, así el discurso oficial ha erosionado las palabras después de ocho años de un monólogo descalificador. Su lenguaje es pobre y repetitivo: “nosotros somos más”, “prohibido olvidar”, “los mismos de siempre”, “mediocres”, “corruptos”, “tirapiedras”, “enemigos de la revolución”. Qué aridez y qué cansancio. Como la pornografía –sexo explícito sin juego de seducción–, el discurso oficial –insulto primario sin imaginación–, parece más un brebaje emocional para los necios.

En el documental “When we were kings” (Cuando fuimos reyes), de Leon Gast, acerca del famoso combate entre Mohamed Alí y George Foreman en Kinshasa (1974), se puede ver cómo el aparentemente obtuso mundo del boxeo ofrece lecciones memorables de inteligencia estratégica. Alí, consciente de que el poderío físico de Foreman lo superaba, hizo lo que nadie esperaba. En lugar de bailar, como había prometido, se replegó sobre las cuerdas y dejó que su rival lo castigara a placer. De vez en cuando –según el emocionante relato de Norman Mailer–, levantaba la cabeza y decía: “me decepcionas George, no pegas tan fuerte como yo pensaba”. Y el otro se ponía loco de rabia. Al cabo de cinco asaltos, Foreman estaba exhausto. Sin pensarlo, se había noqueado a sí mismo. Entonces Alí supo que era su momento. Salió de las cuerdas y liquidó a su adversario con una rápida combinación. En el último segundo, se abstuvo de lanzar un golpe que tenía preparado, quizá para no arruinar –dice el mismo Mailer– la estética del gigante que caía.

Al correísmo parece sucederle lo mismo en la arena política ecuatoriana. Se ha noqueado a sí mismo. Ha pegado a tantos y con tanta furia, que se ha quedado sin fuerzas. Por eso, cualquier persona con capacidad de indignación levanta el dedo medio o baja los pulgares –hace poco lo hizo un adolescente– cuando pasa la caravana presidencial. Entonces el poder se vuelve loco. Acostumbrado a mandar y sancionar, no puede aceptar el mensaje detrás del gesto: “me decepcionas, no eres lo que dices, no te puedo respetar”.

Cuando el poder aniquila el debate jurídico mediante el control del legislativo; cuando coarta al ejercicio de los derechos mediante un sistema de justicia sometido a su conveniencia; cuando restringe la libertad de información mediante amenazas y enjuiciamientos a medios y periodistas, siente que puede controlar todo, incluso el sentido de las palabras. Se olvida que la palabra es un producto de la cultura y la cultura es la memoria colectiva de los pueblos. Se olvida que el lenguaje es el campo de la cultura donde ningún opresor ha podido vencer. Cuando un caricaturista ironiza, nos dice que hay múltiples maneras de ver el mundo. El poder está convencido de que solo hay una, la suya. Cuando un escritor cuestiona, revela que hay un pensamiento detrás del mensaje. El poder nos dice que detrás del suyo hay una máquina infalible. El artista tiene la imaginación para interpretar. El poder, las leyes para castigar.

Después de la matanza de Tlatelolco, en México (1968), el gobierno del PRI quiso imponer la versión oficial de que el Estado había sofocado un brote subversivo y que los estudiantes, en su confusión, se habían matado entre sí. Sin embargo, escritores y periodistas como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Carlos Fuentes y otros se encargaron de mantener vivo el relato de que aquello había sido un crimen de Estado. Fue una lucha de varias décadas para mantener viva una memoria. Ahora, no cabe duda de que fue el entonces presidente, Díaz Ordaz, el que ordenó apretar el gatillo. Frente a un partido que controlaba la justicia, el parlamento y los medios, los escritores optaron por dar la batalla en el campo del lenguaje y la cultura, el único espacio donde el pensador se enfrenta con el dominador y lo vence.

En el Ecuador, el correísmo tiene un selecto grupo de académicos, historiadores, escritores y periodistas dispuesto a construir para el futuro la versión de que la llamada revolución ciudadana fue un proyecto político transformador. Me pregunto, por ejemplo: ¿podrán negar quién ordenó la explotación petrolera en el Yasuní sin detenerse ante el peligro que eso supone para la vida de los pueblos aislados que allí habitan? Todo indica, más bien, que esta aventura solo pasará a la historia como el proyecto megalómano que alguna vez quiso imponernos un puñado de mentes alucinadas.

Bajo la lluvia

Por Gustavo Abad

La lluvia y las multitudes tienen mucho en común, pero lo principal es su sentido premonitorio. El anuncio de que algo grande viene en camino. Eso parece ocurrir esta tarde del 19 de marzo en el parque El Ejido, lugar de inicio de la marcha de las organizaciones sociales contra el gobierno de Rafael Correa, bajo una tenaz lluvia quiteña.

Así como las nubes se cargan gota a gota, la gente se junta cuerpo a cuerpo hasta que viene la descarga…

El grito de un estudiante con mochila y bandera me saca de estas cavilaciones:

“¡Que llueva, qué chucha, Quito está en la lucha…!”

Con esa pedagogía cualquiera entiende.

Y la descarga -que es en lo que estaba pensando- es portentosa. Más de treinta mil personas, empapadas pero resueltas, emprenden la marcha por la Guayaquil hacia San Francisco para decirle al régimen que no están dispuestas a aceptar la pulverización de la sociedad civil como política de Estado.

Los carteles de papel se deshacen bajo el temporal y las puntas de los paraguas se vuelven armas involuntarias contra los ojos. Si la lluvia en soledad te bajonea, la lluvia en masa te activa. El aguacero de este 19M no te aplaca, al contrario, te moviliza, te empuja hacia adelante. La marcha ocupa al menos veinte cuadras rumbo al Centro Histórico. La lluvia quiere igualar a todos bajo los ponchos de plástico, pero los cánticos y los carteles hablan de razones diversas para protestar. Esta tarde el cielo de la capital tiene tonalidades psíquicas.

Y ahí están los que no aceptan el encarcelamiento de líderes comunitarios por oponerse a los proyectos de megaminería; los que rechazan, por ofensiva y medieval, la prédica de la abstinencia como política pública de salud sexual y reproductiva; los que no pueden permanecer impávidos ante la persecución judicial a periodistas y caricaturistas críticos al régimen; los que critican las enmiendas constitucionales como recurso tramposo para implantar la reelección indefinida sin una consulta popular; los que no quieren la destrucción del Yasuní en busca del petróleo que se llevarán las empresas chinas…

La marcha va contra un largo inventario de abusos de poder en los últimos años. La gente movilizada el 19M quiere recuperar la calle como espacio de expresión política y no como un lugar de riesgo frente al poder. Desde su propio lugar, cada manifestante libra una lucha que es de todos a la vez: superar el miedo frente a un régimen que castiga la disidencia.

Tres filas de policías tras una cerca metálica obstruyen cada una de las entradas a la Plaza Grande, clausurada hace ocho años como centro político por un gobierno alérgico a la protesta social. El presidente de la República, para minimizar el valor de la marcha, se fue a inaugurar obras en Imbabura. Huérfanos de su líder, los seguidores del régimen, traídos a Quito la noche anterior, deambulan entumecidos bajo las goteras de Carondelet. Ningún funcionario hace el ademán de acogerlos. Aquí nada se mueve sin su voluntad.

La lluvia por fin se extingue cuando el grueso de la manifestación llega a San Francisco. Un helicóptero sobrevuela la plaza desbordada. El ruido de las aspas solo trae asociaciones catastróficas: tres de esos bichos comprados en La India se han venido a pique en los últimos años sin que el régimen haya aclarado las razones de tan sospechoso negocio.

 Abajo, sobre el adoquín centenario, la gente reclama un cauce para su inconformidad y no lo encuentra. Los liderazgos sociales todavía no se recuperan del todo. Esto de que el Estado conciba a la sociedad civil como su enemigo, tiene efectos devastadores. Entonces surge un grito reprimido por años, un desahogo que evoca los tiempos de un país asomado al abismo:

“¡Fuera, Correa, fuera…!”

Pepe Acacho, uno de los líderes indígenas enjuiciados por el régimen, llama a tiempo a la sensatez: “La marcha no es para tumbar a Correa, porque él solito se está tumbando…”, dice ante un grupo de periodistas, y desactiva el argumento oficial según el cual toda protesta es desestabilizadora. Aquí no hay conspiradores, lo que hay es un gobierno que finge sordera.

El helicóptero desaparece como si fuera una pieza anticuada. En su lugar aparece un dron. El escenario de pronto se torna futurista. El aparatejo resume todo un imaginario de control. La vigilancia tecnológica. La ciberinteligencia. Todos aquí están registrados. El poder no dialoga, te vigila. Si el régimen tuviera un símbolo acorde con su filosofía, éste sería un dron.

La multitud se vuelca hacia el cerco policial que se ha reforzado. El juego de opuestos salta a la vista: los cuerpos tiesos de los chapas versus los cuerpos libres de los manifestantes; los escudos antimotines versus las banderas de la diversidad; lo rígido contra lo que flamea. De este lado, una hora de cánticos frente a la tropa inmutable. Silencio desde el lado del orden y la represión.

Un grupo de estudiantes detiene a un tipo con una bomba Molotov a punto de soltarla. “¡Un infiltrado…!”, gritan, que quiere dar motivo para la represión. Cuando le preguntan su nombre, el hipotético agente finge borrachera. Los chicos le quitan su invento incendiario y lo dejan libre. Cuando se olvidan de su presencia, el tipo se cambia de camisa y se esfuma.

La lluvia reaparece y, como si fuera una señal esperada, comienza el desalojo. El cerco policial avanza haciendo sonar sus botas y escudos para causar el efecto sicológico de superioridad. El mensaje es simple: la tropa te expulsa del espacio público para que entiendas que el poder tiene la última palabra. Que te aguanta hasta que le da la gana y después te aplasta.

La multitud, que no está para jugarse estúpidamente el físico, sino para mostrar su dignidad, se dispersa al ritmo que le imponen los dueños de los escudos y los toletes. La gente hoy ha tomado las calles y ha dicho sin miedo lo que siente. Y regresa bajo la lluvia. Como diría Juan Subira: bajo esa puta lluvia que no deja de golpear…

Y el culpable del racismo en el Ecuador se llama…

Por Gustavo Abad

La Supercom y el Cordicom, los dos organismos de control de la comunicación en el Ecuador, han hecho lo que ningún juez haría sin que se lo tomara por chiflado. Los burócratas de la primera, basados en un informe de los burócratas del segundo, acaban de sancionar al caricaturista Xavier Bonilla “Bonil” y al diario El Universo bajo el argumento de haber cometido “discriminación indirecta” contra el “colectivo social afro-ecuatoriano” en una viñeta humorística. Lo asombroso es que en ninguna parte los sancionados aluden a dicho colectivo.

Pasado el primer espanto, uno se pregunta: ¿en qué consiste la discriminación indirecta?, ¿significa que esos juzgadores pueden leer las segundas, terceras o cuartas intenciones del presunto discriminador? Las faltas, las infracciones, los delitos, etc., se cometen o no se cometen. Lo que existe son varios niveles de participación y este no es el caso. Más bien parece una cantinflada jurídica para ocultar la inclinación con que actúan esos organismos a favor del oficialismo. ¿Alguien puede imaginarse un mundo donde se sancionen los actos fallidos: robo “indirecto”, estafa “indirecta”, secuestro “indirecto”…?

Aunque el tema es harto conocido, vale la pena recordar los hechos. El 5 de agosto de 2014, Bonil publicó una fotocaricatura respecto de una penosa intervención del asambleísta Agustín Delgado en el legislativo. Allí, el ex futbolista profesional y ahora legislador del oficialismo demostró tener serias dificultades para leer un texto y, por tanto, para desempeñar una función para la que se requiere al menos un nivel aceptable de dominio del lenguaje escrito.

La bancada oficialista y los simpatizantes del régimen reaccionaron en contra del caricaturista y lo acusaron de racismo, pese a que Bonil en ninguna parte había hecho alusión a la etnia, ni al color de piel, ni al origen socioeconómico del asambleísta, sino a su lamentable actuación como funcionario público. Si a los aspirantes a un cargo de ventanilla se les exige solvencia en la lectura y escritura, ¿por qué un legislador debería estar exonerado de esa responsabilidad?, ¿acaso se le confiaría el pilotaje de un avión a alguien que no supiera reconocer los controles del aparato?, ¿la Selección Nacional de Fútbol mandaría a la cancha a alguien que no pudiera dominar el balón?...

Ahora, El Universo deberá presentar una “disculpa pública a los colectivos afro-ecuatorianos” durante siete días consecutivos, y Bonil recibirá una amonestación por escrito “previniéndole de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas”. Para justificar su decisión, la Supercom se atiene al argumento de la parte acusadora que dice: “a través del tiempo y por distintas causas, los pueblos afros del Ecuador se han sentido discriminados socialmente en toda la estructura colectiva desde el fundamento del Estado ecuatoriano”.

Nada más cierto y nadie lo niega. Pero nada más falso que vender la ilusión de que se hace justicia histórica cargando sobre un diario y un caricaturista la responsabilidad por todo el racismo y la discriminación acumulados por la sociedad ecuatoriana a lo largo de su historia. Si lo vemos bien, el racismo aquí está en la mirada de los que defienden a Delgado y acusan al caricaturista, porque ahí donde Bonil vio a un asambleísta con dificultades para leer y desempeñar un cargo por el que gana más de 6.000 dólares mensuales, la Supercom y el Cordicom vieron a un negro pobre y discriminado.

El paternalismo con que los defensores del asambleísta lo han tratado es más discriminador que cualquier crítica. Y es más ofensivo, porque lo representa como un ser desvalido que por su condición étnica no puede ser criticado. Una pieza antropológica que se rompe si la tocan.

No obstante, lo cuestionable de todo esto, además de la sanción injusta, es el antecedente jurídico que construye. En lugar de hacer justicia, se alienta el ejercicio irresponsable de un cargo público. En adelante, cualquier funcionario podrá alegar descriminación indirecta de cualquier tipo cuando se ponga en evidencia su falta de preparación para el cargo. Ya me imagino a un médico, a un ministro, a un docente cuestionado por un mal ejercicio de su actividad, escudado en su origen étnico o socioeconómico para ocultar su ineptitud.

Visto con ironía, aquí no hay error, porque cuando se quiere causar daño y se lo causa, no hay error. Lo que hay es mala leche. Más bien, la resolución es coherente con la mentalidad de los servidores de un régimen que se atribuye ser el inventor de todo: la felicidad, la soberanía, la dignidad, la justicia, el desarrollo, las carreteras, la revolución… Todo lo que ha estado aquí hace cientos de años, ellos creen que se lo inventaron hace ocho, incluida la lucha contra el racismo.

Cuando alguien haga una caricatura de esos burócratas por su incapacidad para distinguir entre el humor político y el racismo histórico, nada raro sería que lo acusen de discriminación indirecta a los pobres de entendimiento.

Charlie Hebdo: el problema de la representación y los límites del poder

Por Gustavo Abad

A partir de la matanza perpetrada por extremistas islámicos contra los periodistas y caricaturistas del semanario francés Charlie Hebdo el pasado 7 de enero, se han posicionado dos principales corrientes al respecto: una de apoyo y solidaridad, que se resume en el frase “Yo soy Charlie”, y otra que toma distancia y cuestiona a las víctimas, que se resume a su vez en la frase “Yo no soy Charlie” e incluso en una más radical que dice “Abajo Charlie”.

Vistas superficialmente, se trata de dos posiciones contrarias. Pero si miramos su trasfondo filosófico, las dos confluyen en un mismo principio: el de la libertad de expresión. Tanto los que proclaman “Yo soy Charlie”, como los que refutan “Yo no soy Charlie”, se cobijan en el postulado liberal de que toda persona tiene derecho a expresar libremente las propias ideas sin por ello poner en riesgo su integridad y su vida. En otras palabras, toda persona que se exprese a favor o en contra de Charlie lo hace bajo el supuesto de que esa posición no le costará la vida.

La pregunta es: ¿acaso los periodistas y caricaturistas asesinados no actuaban bajo el mismo principio por el cual nosotros ahora nos pronunciamos a favor o en contra de lo que hacían y decían? La diferencia es que a ellos sí les costó la vida decir lo que pensaban. No hay duda entonces de que se ha impedido, mediante la violencia y la muerte, el ejercicio de un derecho. Por ello me parece insostenible la posición de “Yo no soy Charlie” así como la de “Abajo Charlie”, porque roza peligrosamente la idea de que hay una justificación –aunque sea deleznable- para la matanza.

La representación, ya sabemos, es la construcción simbólica del otro mediante el lenguaje y el discurso. Todo proceso de representación consiste en atribuir al otro ciertas características físicas, ciertos rasgos culturales, ciertas conductas psicológicas, cierto entorno físico y geográfico, etc. En suma, la representación es la construcción de una imagen mental del otro. Y toda relación social, política, cultural, etc., se basa en esa imagen mental, en esa representación. Entonces: ¿cuál es la representación que Charlie Hebdo hacía o hace del mundo islámico? Una observación y lectura de sus mensajes nos permite decir que la revista estiraba los límites de esa representación, que llevaba la sátira al extremo, que se movía a sus anchas en los territorios de lo grotesco.

He mencionado intencionalmente la palabra límites para plantear la siguiente pregunta: ¿cuáles son los límites de la representación? Eso depende de otras preguntas, entre ellas: ¿cuáles son las condiciones en que se produce la representación?. Y sobre todo: ¿quién es el objeto de la representación? Es muy importante anotar que el objeto de la representación de la revista, al menos en los últimos meses, no ha sido el mundo islámico a secas, sino una facción armada y adicta a la violencia denominada “Estado Islámico”, responsable del secuestro y la muerte de miles de personas.

En otras palabras, el objeto de esas caricaturas es una milicia al margen de la ley, que ejerce el poder mediante el terror y las decapitaciones. ¿Alguien ha logrado poner límites a la violencia de ese poder ilegítimo? Sin embargo, el foco de la revista no estaba puesto solamente en estas facciones armadas. Charle Hebdo ha caricaturizado también al presidente de Francia, al de Rusia, al de Estados Unidos, al Papa…, es decir a los que gobiernan el mundo. Y ya sabemos que los gobernantes son los sujetos paradigmáticos del poder.

Entonces surge una nueva  pregunta: ¿existen límites para ejercer la crítica y la representación del poder? ¿No será más bien al revés: que la fuerza de la comunicación consiste precisamente en ponerle límites es al poder, de cualquier naturaleza que este sea? Por ello, en casos como este, el señalamiento de los límites de un caricaturista siempre será especulativo, del tipo “¿debió hacerlo o no?”. En cambio, queda claro que el poder, sobre todo cuando se lo ejerce por la fuerza, no respeta ni siquiera el último límite todo, que es la vida del otro.

El caso de Charlie Hebdo, se quiera o no, sirve como horizonte para dimensionar y evaluar el conflicto de la libertad de expresión en el Ecuador. Pocos días después del asesinato, el Gobierno ecuatoriano, mediante la Secretaría de Comunicación y la Cancillería condenó el atentado. Incluso el secretario de Comunicación, Fernando Alvarado, adoptó en su cuenta de twitter el ícono y la leyenda de “Yo soy Charlie”. Sin embargo, en ningún momento el gobierno se ha referido al hecho como un atentado contra la libertad de expresión, y ha omitido decir que las víctimas eran periodistas y caricaturistas.

Este olvido no parece ser casual. Más bien revela una enorme contradicción. El mismo régimen que declara ante el mundo su solidaridad con el semanario francés, tiene ya una prolongada historia de enjuiciamientos y amenazas de encarcelamiento a periodistas y caricaturistas en el Ecuador. El periodista Roberto Aguilar lo dice más claro que yo: “Si Charlie Hebdo se publicara en el Ecuador, el correísmo simplemente no podría soportarlo. Ciertamente sus dibujantes no serían asesinados, pero probablemente estarían presos, pues lo que habitualmente publican en Francia, en el Ecuador correísta puede ser objeto de persecución penal.”

Y con esto volvemos al problema de la representación. El poder político tiene que ser extremadamente tolerante respecto de la manera cómo se lo concibe y se lo representa, porque lo suyo es una delegación temporal de autoridad. El gobernante no está ahí por una razón eugenésica u ontológica que le impida desprenderse de esa condición.

En el Ecuador no tenemos un conflicto entre culturas sino entre gobernantes y gobernados. El poder político, constituido en el Estado, se encarga de que cumplamos nuestros deberes en todo momento porque le hemos delegado esa capacidad. Por tanto, lo que nos queda a los ciudadanos es luchar por nuestros derechos. Y esa lucha es desigual, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. No es igual a nosotros, no es como nuestro vecino,  o nuestro compañero de clase.

En esa medida, el poder político tiene que reducir al mínimo su capacidad de sentirse ofendido por las críticas y las representaciones que hagamos de él los ciudadanos. Los enjuiciamientos a periodistas y caricaturistas en el Ecuador siguen siendo un claro abuso de autoridad. A eso sí hay que ponerle límites.