Cuando la censura revela

Por Gustavo Abad
La censura –en este caso parcial, porque después se la enmendó– ocurrida esta semana contra El Telégrafo, cuando un funcionario impidió que se publicara una nota importante relacionada con el destino de este medio, no habría trascendido y no estaríamos debatiendo al respecto, si este no fuera un diario público o, por lo menos, en proceso de serlo. La reacción ante tamaño abuso impidió que se consumara del todo. Dejémosla entonces en el rango de intromisión.

Otra cosa es la censura a secas en los medios privados, que ocurre todos los días, pero nadie se entera de ello, excepto los que la ejercen y el círculo de amigos cercanos de los periodistas despedidos o amenazados de quedarse sin empleo por desobedientes. ¿Acaso algún medio privado ha explicado a sus lectores, oyentes o televidentes las razones por las que muchos periodistas han tenido que callarse? ¿Alguna vez los reporteros y columnistas de un medio privado han hecho pública su posición respecto de las decisiones de su empresa?

El valor de lo público ligado a la información y al periodismo radica precisamente en que permite que se hagan transparentes las peripecias del proceso informativo, la cocina de las noticias, y que las audiencias se enteren del juego de fuerzas interno mediante el cual se construye el relato periodístico.

Hay quienes ven en lo ocurrido en El Telégrafo un síntoma de debilidad del periodismo público. Yo sostengo que es todo lo contrario, una oportunidad para que se fortalezca el concepto de lo público, para que se incremente el debate sobre los asuntos de interés de todos. Mientras más se hable sobre el tema, mejor.

La vulnerabilidad del medio como tal, reflejada en la imposibilidad de evitar una intromisión de esa naturaleza, es otra cosa, que seguramente será explicada por quienes están a cargo de las investigaciones. El tema no puede quedarse en una denuncia, sino llegar al esclarecimiento de quién violentó la información y por orden de quién. El nuevo directorio tiene tarea.

Un directivo de un medio quiteño se preguntaba hace pocos días por qué el director y los articulistas de El Telégrafo proponemos ahora un debate sobre los medios públicos y rechazamos la injerencia del poder político. Yo me pregunto por qué ni él ni sus antecesores han propuesto en más de cien años un debate público sobre las injerencias de los poderes político, económico, incluso religioso, en su diario. ¿Acaso uno de sus mejores analistas no fue despedido hace dos años cuando criticó la doble moral de unos empresarios ligados a la industria textil? No se hagan los desentendidos.

Pero no caigamos en el binarismo de poner en un plato de la balanza los defectos y virtudes de los medios públicos y en otro los de los privados. El tema no se resuelve por oposición entre unos y otros ni por la suma de errores en ambas partes. El tema aquí es uno solo: la defensa de lo público en su relación con la información y el periodismo. Eso es independiente de si el mayor accionista de un medio es el Estado o el heredero de cuarta generación de una familia de empresarios. La función del periodismo es producir un bien público llamado información.

Por eso, que lo ocurrido no nos haga perder de vista que, en las cercanías de todo esto, persiste el afán de crear un nuevo medio “de corte popular” bajo la infraestructura de El Telégrafo. Los argumentos oficiales de que este diario genera pérdidas resultan muy débiles para sostener decisiones en cuanto a políticas de comunicación, puesto que un medio público en proceso de arranque inevitablemente deber ser subsidiado.

Otro argumento débil es que El Telégrafo no llega a “sectores populares”. Esta semana, el secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, sostuvo que el proyecto del nuevo diario sigue en pie. No dijo, sin embargo, qué debemos entender por popular, aunque sí puso como ejemplos los duetos Expreso-Extra y El Universo-Súper, es decir, un diario formal con fama de serio junto con su pariente chapucero. Tanta imaginación sorprende.

Desde el oficialismo se pretende aplicar la misma lógica del mercado, el mismo razonamiento de los empresarios de la industria mediática, para quienes la defensa de lo público en cuanto a información no es un ideal social sino una molestia para su negocio.
El Telégrafo 07-02-2010