El acoso va por dentro

Por Gustavo Abad
Parece que el debate respecto de la relación entre medios y política va para largo. Mejor, porque mientras más se ventilen las ideas más claras las posiciones. La mía es que la relación histórica y natural entre política y comunicación ha mutado en un enfrentamiento instrumental entre el poder político y el poder mediático y que, en medio de semejante gresca, la primera damnificada es la información como bien público o, lo que es lo mismo, los asuntos públicos en su dimensión simbólica.

No sé si lo ha hecho bien o mal, si ha medido o no el efecto de sus palabras, pero es indudable que el estilo confrontador del presidente Correa le ha permitido posicionar en la gente una actitud de alerta, un creciente espíritu crítico respecto de la calidad de la información, monopolizada por los medios privados durante décadas. En ese sentido, el representante del poder político ha hecho más que lo que el conjunto de los medios ha estado dispuesto. Más que lo que la misma academia ha logrado por causa de su excesiva auto referencialidad. Repito, las formas y los mecanismos son materia de otra discusión.

Pero volvamos al tema de lo público. El enfrentamiento entre los poderes político y mediático en el Ecuador pasa también por la incorporación de la información como centro del debate sobre lo público, una demanda social a la que, curiosamente, se oponen los que, se supone, deberían estar más dispuestos, los medios de comunicación con abrumadora mayoría en manos privadas. La privatización del espacio público no se limita solo a la restricción del ingreso del ciudadano común a los llamados espacios regenerados ni al aprovechamiento de la obra pública en negocios particulares, sino al uso de la información y su significado en beneficio del interés privado.

De ahí surge el primer gran equívoco de este debate, que consiste en regar la idea de que el poder político está en contra de la prensa crítica e independiente, como sostiene la Sociedad Interamericana de Prensa y sus medios afiliados. Le sigue otra gran distorsión, según la cual, la libertad de expresión es un derecho solo de los medios y sus dueños, sin importar lo que pase con la libertad de expresión y, sobre todo, con el derecho a la información de toda la sociedad. ¿A qué llaman prensa crítica? La actitud crítica no consiste en dictaminar lo que está bien o mal, sino en proponer un modelo de interpretación coherente y creíble de la realidad.

¿Qué prensa quiere Correa?, se pregunta la revista Vanguardia. Qué nos importa la prensa que quiera Correa, digo yo. ¿Qué prensa estamos construyendo los periodistas, académicos y otros intelectuales con mayor o menor participación en los medios? Sería la pregunta más procedente. ¿Estamos preservando o despedazando un bien público? Una manera de respondernos sería indagar dónde reside la censura y donde se atenta más contra el derecho a la información, si en las esferas estatales o en los medios.

Un informe reciente del Observatorio de Medios de la Universidad de las Américas, sumillado por el investigador Fernando Checa, señala que las mayores amenazas al trabajo de los periodistas de medios escritos, radio y televisión no provienen del poder político sino de factores internos y externos relacionados con los propios medios. Según el informe, el 38% de 120 periodistas consultados afirma haber tenido que “sacrificar principios profesionales por temor a perder su trabajo”. La misma investigación señala también que el 44% de los periodistas se autocensura por presión de los dueños y directores, y que el 78% asegura que la mayor amenaza a su trabajo proviene de grupos de poder.

Detrás del falso dilema de una prensa crítica amenazada se oculta el secuestro de una enorme porción del espacio público, el de la información. Si hablamos de un acoso al trabajo periodístico, ese acoso va por dentro.
El Telégrafo 05-04-2009