Por Gustavo Abad
El filósofo Walter Benjamin decía que los seres humanos no hablamos mediante el lenguaje, sino que somos en el lenguaje. El ser y el lenguaje forman una misma unidad espiritual, apuntaba el pensador judío alemán para recalcar el valor de las palabras en la historia y en la cultura.
Los gobernantes son los sujetos del poder por excelencia y el poder se ejerce, tradicionalmente, por coacción o persuasión. En otras palabras, los gobernantes procuran el dominio político, pero también el consentimiento cultural. Ahí es donde entra el lenguaje, como vehículo del poder.
“Yo puedo decidir a quién enjuicio o no, y no me da la gana de enjuiciar al ingeniero Fabricio Correa…”, dijo ayer el presidente de la República, Rafael Correa, luego de ofrecer su testimonio en el juicio por supuesto daño moral, que sigue contra los autores del libro “El Gran Hermano”. Como se sabe, el libro es una investigación periodística que revela los negocios de su hermano, Fabricio, con el Estado.
No importa quién haya hecho la pregunta, ni para qué medio trabaje, la respuesta del primer mandatario solo produce asociaciones negativas, nefastas para ser más claros. Si no, recordemos el célebre “pacto de la regalada gana…” entre roldosistas y socialcristianos en la época de la llamada “partidocracia”, que viene a mi memoria como un eco de la prepotencia de aquella clase política embriagada de poder.
Por ello, la respuesta de Correa es inaceptable más allá de las circunstancias que rodean este juicio puntual. Las palabras son la envoltura lingüística con que se proyecta la psiquis. Y la psiquis de una persona que hace o deja de hacer las cosas porque le da o no le da la gana es algo que produce desconfianza. Y miedo, cuando se trata de un gobernante.
“Con mi plata yo hago lo que me da la gana…”, suelen decir los que están seguros de tenerla en demasía y no saben qué hacer con tanta riqueza. Esa incontinencia emocional por demostrar su capacidad acumulativa es lo que caracteriza a los llamados “nuevos ricos” y por eso derrochan a placer.
Cuando Mónica Chuji definió como nuevo rico a un publicista investido de autoridad, a mi modo de entender, no solo se refería al tema económico, sino también a la tendencia de muchos funcionarios de este gobierno a manejar su parcela de poder como les da la gana. Mejor dicho, no saben qué hacer con él y por eso lo dilapidan en juicios y amenazas.
Parafraseando al escritor español Alex Grijelmo, parece que el genio del idioma ha puesto a nuestro alcance una nueva categoría sociocultural, el “nuevorriquismo”, que podríamos definir como una predisposición de alguien a dilapidar un capital adquirido de golpe, sin mayor consciencia de ello, sin que medie, entre sus impulsos y sus actos, un proceso de reflexión.
“En mi medio yo publico lo que me da la gana y, si no le gusta, cambie de canal o no lea el periódico…” dicen también los que ejercen el “nuevorriquismo” mediático, privado o estatal. Y así, entramos cada vez más en una dimensión emocional y ofuscada del ejercicio del poder mediante el lenguaje. Qué maestro era Benjamin.
Ya sabemos que el concepto de capital no es solo económico. También existe el capital político, el social, el cultural y otros. Aquí, lo que asusta no es tanto la soberbia del nuevo rico económico, que hace con su plata lo que le da la gana. También asusta la violencia del nuevo rico mediático, que informa según sus vísceras, ya sea al servicio del gobierno o de las empresas de medios. Y la lista de esos nuevos ricos se vuelve muy larga…
Sin embargo, lo que asusta realmente es el posible surgimiento de un “nuevorriquismo” político, cuyos exponentes enjuician o dejan de enjuiciar, perdonan o dejan de perdonar, según la escala del poder que ocupan. Pero, sobre todo, que dilapidan su capital político según les dicta su real gana.
martes, 29 de noviembre de 2011
lunes, 14 de noviembre de 2011
El club de la pelea...
Amigas y amigos, el silencio en que ha permanecido mi querido blog en las últimas semanas se debe a que he estado ocupado en la edición de un libro que espero sea de su interés y su agrado. El título lo tomo prestado de un reportaje que publiqué hace poco más de un año y que, a la vez, remite a una metáfora cinematográfica muy conocida, en fin…
Este libro se compone de cuatro textos escritos entre 2005 y 2010 como parte de mi trabajo de periodista e investigador de la comunicación. Cada uno responde a una coyuntura específica pero, en su conjunto, ofrecen un registro sistemático de las complejas relaciones entre comunicación y política en el Ecuador, expresadas principalmente en la confrontación entre medios y gobierno durante estos años.
La idea de juntarlos en un solo volumen obedece a la necesidad de señalar un punto de partida, describir una trayectoria, concentrar una memoria y, sobre todo, ofrecer un mapa orientador del recorrido y las transformaciones experimentadas por los dos principales actores de este conflicto: el poder político y el poder mediático.
De manera que el conjunto de ensayos recogidos aquí dan cuenta de unos hechos, unos discursos y unos actores políticos y sociales que han tenido tiempo de evolucionar en estos años. Y en ese proceso, algunos se reafirman y otros se niegan a sí mismos. El Lucio Gutiérrez que huyó en helicóptero de la ira popular no se parece al personaje que ahora intenta aglutinar a la oposición; el Paco Velasco que abdicó del espejismo de la objetividad y ofreció los micrófonos de su radio para que se expresara la diversidad cultural no se parece al asambleísta que hace esfuerzos ahora por mantenerse en la gracia del poder; el Rafael Correa que capitalizó la ola de indignación moral para llegar al poder con un discurso esperanzador no se parece al mandatario intolerante que clausura el diálogo y anula la crítica como recursos del pensamiento; los medios tradicionalmente alineados con el discurso del orden y la estabilidad no se parecen a los medios que ahora se vuelcan al activismo político, y se muestran complacientes con actos desestabilizadores como el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010; el diario El Telégrafo, que propuso narrativas frescas y enfoques distintos en sus inicios como medio público, no es el mismo que ahora se muestra obsecuente con el poder político…
El resto se los cuento en el libro, que está disponible en CIESPAL
Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
www.ciespal.net; comunicacion@ciespal.net
593-2-2548011
Un abrazo
Gustavo
domingo, 24 de julio de 2011
La sentencia
Por Gustavo Abad
La desmesura es esa dimensión de la realidad que supera nuestras capacidades y nos lleva a perder los marcos de referencia que hacen posible la convivencia social. La desmesura es el concepto que mejor aplica a la sentencia contra tres directivos y un ex articulista de diario El Universo en el juicio por supuestas injurias calumniosas que lleva contra ellos el presidente de la República, Rafael Correa. Tres años de cárcel para los demandados más 40 millones de dólares a favor del demandante resultan, desde todo punto de vista, desmesurados. El efecto, además de la pérdida de la libertad de cuatro personas, podría ser la quiebra de esa empresa periodística.
¿Por qué se ha llegado a este estado de cosas? En este caso puntual hay una cadena de hechos que se inscriben en la mencionada línea de lo desmesurado. El artículo “No a las mentiras” de Emilio Palacio, motivo de la demanda, es un monumento a la falta de rigor periodístico; las penas de cárcel y el monto de la indemnización exigidas por Correa sobrepasan lo humanamente razonable; la rapidez con la que el juez Juan Paredes dictó sentencia excede la frontera de lo absurdo, solo para hablar de los hechos más relevantes en este caso. Sin embargo, recordemos que esta sentencia no es aislada, sino que existe una historia y un contexto previos, que explican en gran parte las razones de tamaña locura.
Propongo una reflexión sobre tres aspectos claves: 1. El modelo dramático del conflicto; 2. La conducta periodística dominante; y 3. El ejercicio mezquino del poder en todo este tiempo.
1. El modelo dramático
Lo primero que hay que considerar es que la sentencia contra El Universo representa solo el pico más alto de la confrontación entre los poderes político y mediático en el Ecuador. Es el resultado de cuatro años de golpes bajos que han intercambiado estos dos actores bajo la falsa premisa de que la sobrevivencia del uno depende de la anulación del otro. Si dejamos por un momento en suspenso los aspectos jurídico-políticos de este tema, y lo miramos desde los fundamentos de la dramaturgia, tenemos a dos actores melodramáticos, porque cada uno se declara víctima del otro y, desde esa posición, pretenden enseñarle al mundo lo que es correcto y deseable.
En el melodrama clásico, la fuerza que mueve a los personajes es moral. Toda acción se justifica en nombre de un gran ideal ya sea individual o colectivo. En este caso, el ideal de la “libertad de expresión” de los medios se confronta con el de la “honra del presidente”, como si fueran principios inapelables. Así, tanto la fórmula que opone “gobierno autoritario” contra “medios defensores de la libertad”, como la que opone “gobierno democrático” contra “medios corruptos” han llevado el conflicto a un estado de cosas fuera de la medida. ¿Dónde está el equilibrio entre la legítima demanda de restitución de los derechos de una persona ofendida y una sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de indemnización? El tremendismo es otra cara de la desmesura.
Cuando los personajes de un drama creen que actúan movidos por los más altos ideales, no pueden mostrar debilidad. Entonces el conflicto se prolonga hasta el infinito, porque una de las características del melodrama es la imposibilidad de encontrar salida. Se consume en sí mismo y se ahoga en su propia violencia, en este caso, verbal de parte y parte hasta que uno logre la eliminación del otro. Lo grave es que ambos actores pretenden que el resto de la sociedad saque de ellos lecciones para vivir.
2. La conducta periodística
En segundo lugar, no olvidemos que durante todos estos años el discurso mediático, penosamente, ha estado acaparado por sus figuras más sobredimensionadas –Carlos Vera, Jorge Ortiz, Emilio Palacio y otros- que han aportado más rabia y ofuscamiento que serenidad y reflexión. Por eso, cuando el conflicto no logra una salida, aparece la figura del “mártir”, convencido de que su sacrificio salvará a los demás. Muchos periodistas han querido jugar ese rol mediante la estrategia de hacerse despedazar en público por el representante del poder político. El objetivo, lograr contra éste una sanción moral y alcanzar para ellos el sitial de restauradores de la democracia.
En gran medida, lo ocurrido con El Universo obedece a las aspiraciones de su ahora ex editor de opinión de alcanzar el altar de los periodistas inmolados. En varias ocasiones, Palacio ha ido en busca de ese papel, pero ni ha logrado la sanción moral contra el poder ni se ha convertido en salvador de su gremio ni ha restaurado la credibilidad de los medios. Sí ha logrado, en cambio, involucrar en su bronca personal a todo El Universo y poner en riesgo la sobrevivencia de un diario que, no por conservador y sacerdotal, deja de ser una institución histórica del periodismo ecuatoriano.
3. El ejercicio del poder
En tercer lugar, hay que considerar lo que todo esto significa como síntoma político, social y cultural. Si el proyecto oficialista de reformar el sistema de justicia fue considerado una estrategia para controlar a los jueces, ahora ya no queda duda de cuál será la conducta de los jueces designados por la comisión encargada de esa reforma. Un escenario de medios cerrados y periodistas presos está a las puertas. No es del todo cierto que esto provocará censura y autocensura en los medios, pues éstos no pueden quejarse de lo que han practicado toda la vida con sus periodistas. La diferencia es que ahora hay más motivos para pensar que los trabajadores de prensa tendrán que vérselas no solo con la censura de sus jefes sino también con la persecución judicial.
Queda claro que el proyecto de Correa nunca fue la lucha política por la transformación del campo mediático y el mejoramiento del periodismo en este país. Lo suyo es exhibir la cabeza del enemigo para escarmiento de los demás como ya lo ha intentado antes. La rigurosidad periodística y la habilidad discursiva de los autores de “El Gran Hermano” los ha salvado, hasta ahora, de ese objetivo. Pero la deplorable calidad intelectual del artículo de Palacio le ofreció a Correa una oportunidad inmejorable. Uno de los efectos de todo esto es que el proyecto de Ley de Comunicación y la creación de un Consejo de Regulación quedan ahora seriamente lesionados en su legitimidad política.
Al final, y esto también es lamentable, la sentencia contra El Universo es un golpe bajo del poder político contra los medios. Pero solo hasta que el poder mediático se lo devuelva. Correa exhibe su poder de manera impúdica, pero al frente no tiene precisamente a un contendor indefenso y confiable.
La desmesura es esa dimensión de la realidad que supera nuestras capacidades y nos lleva a perder los marcos de referencia que hacen posible la convivencia social. La desmesura es el concepto que mejor aplica a la sentencia contra tres directivos y un ex articulista de diario El Universo en el juicio por supuestas injurias calumniosas que lleva contra ellos el presidente de la República, Rafael Correa. Tres años de cárcel para los demandados más 40 millones de dólares a favor del demandante resultan, desde todo punto de vista, desmesurados. El efecto, además de la pérdida de la libertad de cuatro personas, podría ser la quiebra de esa empresa periodística.
¿Por qué se ha llegado a este estado de cosas? En este caso puntual hay una cadena de hechos que se inscriben en la mencionada línea de lo desmesurado. El artículo “No a las mentiras” de Emilio Palacio, motivo de la demanda, es un monumento a la falta de rigor periodístico; las penas de cárcel y el monto de la indemnización exigidas por Correa sobrepasan lo humanamente razonable; la rapidez con la que el juez Juan Paredes dictó sentencia excede la frontera de lo absurdo, solo para hablar de los hechos más relevantes en este caso. Sin embargo, recordemos que esta sentencia no es aislada, sino que existe una historia y un contexto previos, que explican en gran parte las razones de tamaña locura.
Propongo una reflexión sobre tres aspectos claves: 1. El modelo dramático del conflicto; 2. La conducta periodística dominante; y 3. El ejercicio mezquino del poder en todo este tiempo.
1. El modelo dramático
Lo primero que hay que considerar es que la sentencia contra El Universo representa solo el pico más alto de la confrontación entre los poderes político y mediático en el Ecuador. Es el resultado de cuatro años de golpes bajos que han intercambiado estos dos actores bajo la falsa premisa de que la sobrevivencia del uno depende de la anulación del otro. Si dejamos por un momento en suspenso los aspectos jurídico-políticos de este tema, y lo miramos desde los fundamentos de la dramaturgia, tenemos a dos actores melodramáticos, porque cada uno se declara víctima del otro y, desde esa posición, pretenden enseñarle al mundo lo que es correcto y deseable.
En el melodrama clásico, la fuerza que mueve a los personajes es moral. Toda acción se justifica en nombre de un gran ideal ya sea individual o colectivo. En este caso, el ideal de la “libertad de expresión” de los medios se confronta con el de la “honra del presidente”, como si fueran principios inapelables. Así, tanto la fórmula que opone “gobierno autoritario” contra “medios defensores de la libertad”, como la que opone “gobierno democrático” contra “medios corruptos” han llevado el conflicto a un estado de cosas fuera de la medida. ¿Dónde está el equilibrio entre la legítima demanda de restitución de los derechos de una persona ofendida y una sentencia de tres años de cárcel y 40 millones de indemnización? El tremendismo es otra cara de la desmesura.
Cuando los personajes de un drama creen que actúan movidos por los más altos ideales, no pueden mostrar debilidad. Entonces el conflicto se prolonga hasta el infinito, porque una de las características del melodrama es la imposibilidad de encontrar salida. Se consume en sí mismo y se ahoga en su propia violencia, en este caso, verbal de parte y parte hasta que uno logre la eliminación del otro. Lo grave es que ambos actores pretenden que el resto de la sociedad saque de ellos lecciones para vivir.
2. La conducta periodística
En segundo lugar, no olvidemos que durante todos estos años el discurso mediático, penosamente, ha estado acaparado por sus figuras más sobredimensionadas –Carlos Vera, Jorge Ortiz, Emilio Palacio y otros- que han aportado más rabia y ofuscamiento que serenidad y reflexión. Por eso, cuando el conflicto no logra una salida, aparece la figura del “mártir”, convencido de que su sacrificio salvará a los demás. Muchos periodistas han querido jugar ese rol mediante la estrategia de hacerse despedazar en público por el representante del poder político. El objetivo, lograr contra éste una sanción moral y alcanzar para ellos el sitial de restauradores de la democracia.
En gran medida, lo ocurrido con El Universo obedece a las aspiraciones de su ahora ex editor de opinión de alcanzar el altar de los periodistas inmolados. En varias ocasiones, Palacio ha ido en busca de ese papel, pero ni ha logrado la sanción moral contra el poder ni se ha convertido en salvador de su gremio ni ha restaurado la credibilidad de los medios. Sí ha logrado, en cambio, involucrar en su bronca personal a todo El Universo y poner en riesgo la sobrevivencia de un diario que, no por conservador y sacerdotal, deja de ser una institución histórica del periodismo ecuatoriano.
3. El ejercicio del poder
En tercer lugar, hay que considerar lo que todo esto significa como síntoma político, social y cultural. Si el proyecto oficialista de reformar el sistema de justicia fue considerado una estrategia para controlar a los jueces, ahora ya no queda duda de cuál será la conducta de los jueces designados por la comisión encargada de esa reforma. Un escenario de medios cerrados y periodistas presos está a las puertas. No es del todo cierto que esto provocará censura y autocensura en los medios, pues éstos no pueden quejarse de lo que han practicado toda la vida con sus periodistas. La diferencia es que ahora hay más motivos para pensar que los trabajadores de prensa tendrán que vérselas no solo con la censura de sus jefes sino también con la persecución judicial.
Queda claro que el proyecto de Correa nunca fue la lucha política por la transformación del campo mediático y el mejoramiento del periodismo en este país. Lo suyo es exhibir la cabeza del enemigo para escarmiento de los demás como ya lo ha intentado antes. La rigurosidad periodística y la habilidad discursiva de los autores de “El Gran Hermano” los ha salvado, hasta ahora, de ese objetivo. Pero la deplorable calidad intelectual del artículo de Palacio le ofreció a Correa una oportunidad inmejorable. Uno de los efectos de todo esto es que el proyecto de Ley de Comunicación y la creación de un Consejo de Regulación quedan ahora seriamente lesionados en su legitimidad política.
Al final, y esto también es lamentable, la sentencia contra El Universo es un golpe bajo del poder político contra los medios. Pero solo hasta que el poder mediático se lo devuelva. Correa exhibe su poder de manera impúdica, pero al frente no tiene precisamente a un contendor indefenso y confiable.
lunes, 20 de junio de 2011
Responsabilidad social en lugar de ulterior
Por Gustavo Abad
En agosto del año pasado, en este mismo espacio abrimos un debate acerca de la manera poco responsable con que algunos medios usan las imágenes de las víctimas de la violencia. El tema surgió a partir de las fotos del sobreviviente ecuatoriano de la matanza de Tamaulipas. En ese entonces, algunos medios mostraron incluso imágenes y otros datos de los familiares y de la comunidad del afectado.
Casi un año después, el escenario pos-consulta nos pone de nuevo ante el debate de la Ley de Comunicación y, dentro de ella, la conformación de un Consejo de Regulación de la actividad informativa. Se plantea que ese consejo podrá establecer criterios de “responsabilidad ulterior” de los medios y periodistas. Aquí surge un límite conceptual, pues el adjetivo ulterior restringe el concepto responsabilidad a los efectos posteriores de los mensajes informativos y no toma en cuenta los procesos de producción.
Coincidentemente, los medios también retoman el caso Tamaulipas. Esta vez para denunciar que el gobierno ha retirado el apoyo al sobreviviente y a su familia pese a estar dentro del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía. Teleamazonas, por ejemplo, transmitió hace dos semanas una entrevista de 15 minutos vía Skype con el afectado, en la que nadie se preocupó de difuminar el rostro, modificar la voz, ni ensayar alguna otra precaución para proteger la identidad del testigo clave.
De todos modos, este es solo uno de los ejemplos más visibles de lo que ocurre cuando los medios informan sin observar criterios éticos. En general, las noticias sobre las víctimas de la violencia en los medios transgreden los derechos de las personas al menos de tres maneras: espectacularización, indefensión y revictimización, como lo explico a continuación.
La espectacularización se produce cuando los medios ofrecen datos e imágenes que explotan el dolor ajeno como un espectáculo (cuerpos heridos, gritos, lágrimas y otras expresiones de sufrimiento…) En este caso, varios medios mostraron nuevamente las imágenes de los cadáveres amontonados así como el rostro herido del compatriota migrante.
La indefensión, en cambio, es el estado en el que los medios dejan a las personas cuando publican datos e imágenes que ponen en riesgo sus vidas o las de sus familiares (nombres, retratos, lugares, actividades, procedencias…) Mostrar durante 15 minutos el rostro del afectado, lo deja en situación de ser fácilmente reconocido por cualquier traficante de personas dispuesto a borrar las pruebas de su ilícito.
La revictimización consiste en reproducir situaciones dolorosas que hacen daño físico y sicológico a los afectados (recuento de hechos, descripciones, dramatizaciones…) Nuevamente el sobreviviente tiene que relatar detalles de su situación: su frustración, sus carencias, su abandono…
Todo esto es posible advertir y evitar antes de la emisión de las noticias. Sin embargo, en muchos casos, la escasa formación de los periodistas les impide entender los efectos sociales de su trabajo. En otros, los entienden pero no les importa. En ese panorama ¿Cuál es la utilidad del concepto responsabilidad ulterior si el daño ya está hecho? ¿Acaso no es más importante legislar para cambiar las prácticas periodísticas en lugar de hacerlo para penalizar las faltas?
Entonces se hace necesario situar el debate en torno al concepto más amplio de responsabilidad social de los medios y periodistas. Este concepto, que prácticamente ha desaparecido de las salas de redacción, se refiere a la obligación de pensar y prever las consecuencias sociales y políticas de la información; los efectos culturales del lenguaje periodístico; las emociones derivadas del modo de nombrar las cosas; las relaciones de poder afianzadas según los enfoques informativos, entre otras cosas.
La responsabilidad social no puede quedarse en el nivel declarativo. La futura Ley de Comunicación debería enfocarse también en la necesidad de contar con una instancia formal, con capacidad de plantear los estándares básicos de la responsabilidad social, pero también con capacidad para asumir, por denuncia o de oficio, la defensa de personas afectadas en sus derechos cuando los medios no observan criterios de responsabilidad social.
Esa instancia podría ser la Defensoría del Público, que consta en los proyectos iniciales, pero que no ha sido impulsada con la suficiente fuerza en los debates posteriores. Una instancia capaz de construir una carta de navegación con los conceptos fundamentales de responsabilidad social y dimensionar en términos legales los efectos de las malas prácticas periodísticas en la vida de la gente.
En agosto del año pasado, en este mismo espacio abrimos un debate acerca de la manera poco responsable con que algunos medios usan las imágenes de las víctimas de la violencia. El tema surgió a partir de las fotos del sobreviviente ecuatoriano de la matanza de Tamaulipas. En ese entonces, algunos medios mostraron incluso imágenes y otros datos de los familiares y de la comunidad del afectado.
Casi un año después, el escenario pos-consulta nos pone de nuevo ante el debate de la Ley de Comunicación y, dentro de ella, la conformación de un Consejo de Regulación de la actividad informativa. Se plantea que ese consejo podrá establecer criterios de “responsabilidad ulterior” de los medios y periodistas. Aquí surge un límite conceptual, pues el adjetivo ulterior restringe el concepto responsabilidad a los efectos posteriores de los mensajes informativos y no toma en cuenta los procesos de producción.
Coincidentemente, los medios también retoman el caso Tamaulipas. Esta vez para denunciar que el gobierno ha retirado el apoyo al sobreviviente y a su familia pese a estar dentro del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía. Teleamazonas, por ejemplo, transmitió hace dos semanas una entrevista de 15 minutos vía Skype con el afectado, en la que nadie se preocupó de difuminar el rostro, modificar la voz, ni ensayar alguna otra precaución para proteger la identidad del testigo clave.
De todos modos, este es solo uno de los ejemplos más visibles de lo que ocurre cuando los medios informan sin observar criterios éticos. En general, las noticias sobre las víctimas de la violencia en los medios transgreden los derechos de las personas al menos de tres maneras: espectacularización, indefensión y revictimización, como lo explico a continuación.
La espectacularización se produce cuando los medios ofrecen datos e imágenes que explotan el dolor ajeno como un espectáculo (cuerpos heridos, gritos, lágrimas y otras expresiones de sufrimiento…) En este caso, varios medios mostraron nuevamente las imágenes de los cadáveres amontonados así como el rostro herido del compatriota migrante.
La indefensión, en cambio, es el estado en el que los medios dejan a las personas cuando publican datos e imágenes que ponen en riesgo sus vidas o las de sus familiares (nombres, retratos, lugares, actividades, procedencias…) Mostrar durante 15 minutos el rostro del afectado, lo deja en situación de ser fácilmente reconocido por cualquier traficante de personas dispuesto a borrar las pruebas de su ilícito.
La revictimización consiste en reproducir situaciones dolorosas que hacen daño físico y sicológico a los afectados (recuento de hechos, descripciones, dramatizaciones…) Nuevamente el sobreviviente tiene que relatar detalles de su situación: su frustración, sus carencias, su abandono…
Todo esto es posible advertir y evitar antes de la emisión de las noticias. Sin embargo, en muchos casos, la escasa formación de los periodistas les impide entender los efectos sociales de su trabajo. En otros, los entienden pero no les importa. En ese panorama ¿Cuál es la utilidad del concepto responsabilidad ulterior si el daño ya está hecho? ¿Acaso no es más importante legislar para cambiar las prácticas periodísticas en lugar de hacerlo para penalizar las faltas?
Entonces se hace necesario situar el debate en torno al concepto más amplio de responsabilidad social de los medios y periodistas. Este concepto, que prácticamente ha desaparecido de las salas de redacción, se refiere a la obligación de pensar y prever las consecuencias sociales y políticas de la información; los efectos culturales del lenguaje periodístico; las emociones derivadas del modo de nombrar las cosas; las relaciones de poder afianzadas según los enfoques informativos, entre otras cosas.
La responsabilidad social no puede quedarse en el nivel declarativo. La futura Ley de Comunicación debería enfocarse también en la necesidad de contar con una instancia formal, con capacidad de plantear los estándares básicos de la responsabilidad social, pero también con capacidad para asumir, por denuncia o de oficio, la defensa de personas afectadas en sus derechos cuando los medios no observan criterios de responsabilidad social.
Esa instancia podría ser la Defensoría del Público, que consta en los proyectos iniciales, pero que no ha sido impulsada con la suficiente fuerza en los debates posteriores. Una instancia capaz de construir una carta de navegación con los conceptos fundamentales de responsabilidad social y dimensionar en términos legales los efectos de las malas prácticas periodísticas en la vida de la gente.
lunes, 9 de mayo de 2011
Triunfalismo oficial versus disidencia crítica
Por Gustavo Abad
“Ecuador respalda masivamente las tesis de Correa” es el titular de El Telégrafo del 8 de mayo, día siguiente de la consulta popular. Y más abajo, con enormes letras amarillas sobre fondo negro: “62% SÍ. 38% NO”, como marcador electrónico en partido de básquet. El mensaje triunfalista del diario estatal se completa con una foto de media página del presidente Correa con el pulgar arriba en señal de triunfo.
El Telégrafo hace desde el lado oficial exactamente lo mismo que hacen los medios privados desde la oposición: proselitismo en lugar de periodismo. De otra manera no se explica que sustentara su afirmación en un “exit poll” de una firma contratada por el oficialismo sin prever que, pocas horas después, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) proyectaría un apretado triunfo del SÍ sobre el NO por alrededor del 5%.
El papelón del que en otro momento fue un buen proyecto de diario público remarca el alineamiento y la militancia de algunos de sus jefes con el movimiento oficialista. Pero lo realmente lamentable de este tipo de titulares celebratorios, más cercanos al adulo que a la información, es que le niegan a la población mensajes periodísticamente más honestos y políticamente más útiles.
De todas maneras, el proselitismo de los medios estatales a favor de un jefe, y el de los medios privados a favor de un dueño, resultan a estas alturas apenas otro asunto molestoso y cotidiano, como el mal aliento. Mejor pasemos a otro nivel de análisis, pues los resultados de la consulta permiten una lectura en términos de comunicación política, es decir, del efecto de las acciones y de los mensajes en la vida democrática.
Lo primero que salta a la vista es una considerable pérdida del capital político del gobierno y del presidente Correa. Al mismo tiempo, es notable el incremento de las posiciones críticas que, en este caso, no necesariamente corresponden a la oposición, ni a los medios privados, ni a la derecha tradicional. Todo lo contrario, el alto nivel de votación negativa (las proyecciones hablan de un 45%) provienen de una corriente disidente de las mismas fuerzas que ayudaron a plantear hace casi cinco años el proyecto de la revolución ciudadana.
Esto significa que la tendencia gubernamental de ganar las batallas electorales de manera arrolladora se ha eclipsado. En las seis jornadas electorales anteriores, las tesis del oficialismo ganaron por márgenes de alrededor del 40% ¿De dónde proviene ese 25 a 30 por ciento que pudo votar por el SÍ pero esta vez escogió el NO? Con toda certeza no proviene de los cadáveres políticos de la llamada partidocracia, tampoco del periodismo proselitista de los medios tradicionales. Que no se crean ganadores los que nada han hecho para mejorar la cultura política de este país. Que los Gutiérrez, Hurtado, Vera, Páez, Montúfar no se emocionen porque no han ganado nada. Es Correa el que ha perdido.
Más bien hay que pensar en las causas de ese alto nivel de disidencia de quienes alguna vez creyeron en el proyecto de la revolución ciudadana y ahora no pueden avalar un modo autista de ejercer el poder. La elevada opción por el NO deja en claro que el déficit de comunicación política del gobierno comienza a pasarle factura y que el ejercicio crítico de la población se manifiesta más allá de las refriegas cotidianas. La tesis gobiernista de que “el que no está conmigo está en mi contra” comienza a demostrar su falacia. Disparar contra los del mismo bando y denigrar a los aliados naturales tiene efectos devastadores.
Recordemos un caso reciente. Cuando el ecologista Luis Corral, en medio de un acto político en el coliseo de Zamora, exige al presidente Correa respuestas acerca de los proyectos mineros en esa zona, la reacción del mandatario es tremebunda. En lugar de ofrecer respuestas, decide arengar a los asistentes y construir una atmósfera emocional y violenta en contra del ecologista. Predispone a todo el coliseo y manda a todo su aparataje de seguridad en contra de una sola persona. Corral termina expulsado y golpeado por los simpatizantes de un mandatario que afirma reconocer los derechos de la naturaleza. Esa falta de generosidad y de compasión con el otro en el ejercicio del poder es lo que realmente asusta.
Lo ocurrido en Zamora es parte de una cadena de acciones y mensajes que minan el capital político de un líder que algún día ofreció cambios profundos en esta sociedad necesitada de ellos. Pero no de esa manera. Descalificación de las voces disidentes (Alberto Acosta y decenas de pensadores de alto nivel, excluidos del proyecto por pensar distinto); criminalización de la protesta social (cerca de doscientos dirigentes indígenas enjuiciados por terrorismo); aniquilamiento del proyecto de medios públicos (subsumidos por el aparato de propaganda oficial); adelanto de trabajos para la explotación petrolera en el Yasuní (el proyecto de mantener el petróleo en tierra cada vez es más lejano) solo para mencionar los casos más evidentes, donde el discurso de cambio queda anulado por las acciones y los mensajes políticos.
El castigo en las urnas no es oposición tradicional sino disidencia crítica.
“Ecuador respalda masivamente las tesis de Correa” es el titular de El Telégrafo del 8 de mayo, día siguiente de la consulta popular. Y más abajo, con enormes letras amarillas sobre fondo negro: “62% SÍ. 38% NO”, como marcador electrónico en partido de básquet. El mensaje triunfalista del diario estatal se completa con una foto de media página del presidente Correa con el pulgar arriba en señal de triunfo.
El Telégrafo hace desde el lado oficial exactamente lo mismo que hacen los medios privados desde la oposición: proselitismo en lugar de periodismo. De otra manera no se explica que sustentara su afirmación en un “exit poll” de una firma contratada por el oficialismo sin prever que, pocas horas después, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) proyectaría un apretado triunfo del SÍ sobre el NO por alrededor del 5%.
El papelón del que en otro momento fue un buen proyecto de diario público remarca el alineamiento y la militancia de algunos de sus jefes con el movimiento oficialista. Pero lo realmente lamentable de este tipo de titulares celebratorios, más cercanos al adulo que a la información, es que le niegan a la población mensajes periodísticamente más honestos y políticamente más útiles.
De todas maneras, el proselitismo de los medios estatales a favor de un jefe, y el de los medios privados a favor de un dueño, resultan a estas alturas apenas otro asunto molestoso y cotidiano, como el mal aliento. Mejor pasemos a otro nivel de análisis, pues los resultados de la consulta permiten una lectura en términos de comunicación política, es decir, del efecto de las acciones y de los mensajes en la vida democrática.
Lo primero que salta a la vista es una considerable pérdida del capital político del gobierno y del presidente Correa. Al mismo tiempo, es notable el incremento de las posiciones críticas que, en este caso, no necesariamente corresponden a la oposición, ni a los medios privados, ni a la derecha tradicional. Todo lo contrario, el alto nivel de votación negativa (las proyecciones hablan de un 45%) provienen de una corriente disidente de las mismas fuerzas que ayudaron a plantear hace casi cinco años el proyecto de la revolución ciudadana.
Esto significa que la tendencia gubernamental de ganar las batallas electorales de manera arrolladora se ha eclipsado. En las seis jornadas electorales anteriores, las tesis del oficialismo ganaron por márgenes de alrededor del 40% ¿De dónde proviene ese 25 a 30 por ciento que pudo votar por el SÍ pero esta vez escogió el NO? Con toda certeza no proviene de los cadáveres políticos de la llamada partidocracia, tampoco del periodismo proselitista de los medios tradicionales. Que no se crean ganadores los que nada han hecho para mejorar la cultura política de este país. Que los Gutiérrez, Hurtado, Vera, Páez, Montúfar no se emocionen porque no han ganado nada. Es Correa el que ha perdido.
Más bien hay que pensar en las causas de ese alto nivel de disidencia de quienes alguna vez creyeron en el proyecto de la revolución ciudadana y ahora no pueden avalar un modo autista de ejercer el poder. La elevada opción por el NO deja en claro que el déficit de comunicación política del gobierno comienza a pasarle factura y que el ejercicio crítico de la población se manifiesta más allá de las refriegas cotidianas. La tesis gobiernista de que “el que no está conmigo está en mi contra” comienza a demostrar su falacia. Disparar contra los del mismo bando y denigrar a los aliados naturales tiene efectos devastadores.
Recordemos un caso reciente. Cuando el ecologista Luis Corral, en medio de un acto político en el coliseo de Zamora, exige al presidente Correa respuestas acerca de los proyectos mineros en esa zona, la reacción del mandatario es tremebunda. En lugar de ofrecer respuestas, decide arengar a los asistentes y construir una atmósfera emocional y violenta en contra del ecologista. Predispone a todo el coliseo y manda a todo su aparataje de seguridad en contra de una sola persona. Corral termina expulsado y golpeado por los simpatizantes de un mandatario que afirma reconocer los derechos de la naturaleza. Esa falta de generosidad y de compasión con el otro en el ejercicio del poder es lo que realmente asusta.
Lo ocurrido en Zamora es parte de una cadena de acciones y mensajes que minan el capital político de un líder que algún día ofreció cambios profundos en esta sociedad necesitada de ellos. Pero no de esa manera. Descalificación de las voces disidentes (Alberto Acosta y decenas de pensadores de alto nivel, excluidos del proyecto por pensar distinto); criminalización de la protesta social (cerca de doscientos dirigentes indígenas enjuiciados por terrorismo); aniquilamiento del proyecto de medios públicos (subsumidos por el aparato de propaganda oficial); adelanto de trabajos para la explotación petrolera en el Yasuní (el proyecto de mantener el petróleo en tierra cada vez es más lejano) solo para mencionar los casos más evidentes, donde el discurso de cambio queda anulado por las acciones y los mensajes políticos.
El castigo en las urnas no es oposición tradicional sino disidencia crítica.
jueves, 31 de marzo de 2011
Demanda contra “El Gran Hermano” reduce la historia a casuística
Gustavo Abad
Cuando diario Expreso publicó el reportaje “Las obras que ejecuta el hermano del presidente”, en junio de 2009, era difícil prever que, veintiún meses después, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, principales responsables de ese trabajo, tendrían que cargar sobre sus huesos y recursos el efecto de los golpes bajos que han intercambiado en los últimos cuatro años los poderes político y mediático en el Ecuador.
La investigación inicial reveló que un grupo de empresas a las que estaba vinculado Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente Rafael Correa, había obtenido contratos con el Estado por alrededor de 100 millones de dólares. Después, en agosto de 2010, Calderón y Zurita presentan el libro “El Gran Hermano”, en el que profundizan la investigación inicial, encuentran nuevos datos y despliegan un amplio relato sobre la corrupción en las altas esferas del poder.
Ahora, los dos periodistas afrontan un juicio planteado por el presidente Correa bajo la figura de “daño moral” por el contenido del libro. Aunque la investigación no señala responsables de delitos específicos, es una disección profunda de un tema clásico en el manejo de la cosa pública en el Ecuador: el tráfico de influencias. La reacción inicial del gobierno fue decir que se trataba de otra maniobra mediática para desacreditarlo, pero hasta ahora no ha podido desmentir los datos del trabajo periodístico.
Sin embargo, lo más grave de todo esto es que el juicio entablado por el mandatario contra los periodistas transforma el escenario inicial, de una necesaria lucha política por la transformación de las estructuras del campo mediático en el Ecuador, a una querella entre una autoridad ofendida y dos trabajadores de prensa sobrecargados con una responsabilidad que, para ser justos, nos corresponde a todos. El juicio contra los autores de “El Gran Hermano” reduce la compleja relación histórica entre comunicación y política al litigio coyuntural entre periodistas y autoridades. El presidente Correa, como acusador, convierte la historia en casuística.
Estamos ante una posición que desvirtúa la legítima la lucha política por la reconfiguración del espacio mediático. Quizá eso explique en gran parte el fracaso en el debate de la Ley de Comunicación; la tardanza de la sanción a los responsables de la asignación fraudulenta de frecuencias; la ilusoria desvinculación entre los poderes económicos y los medios; la ausencia de un órgano de regulación legítimo. El mejor argumento que puede dar el Presidente a la oposición es enjuiciar a todos los periodistas que pueda.
En un país como el nuestro, donde los gobiernos piensan que en ellos comienza y termina la política y donde los medios piensan lo mismo respecto de la comunicación, resulta tan fácil como peligroso pensar que toda esta confrontación se resuelve judicializando la actividad periodística. El juicio contra Calderón y Zurita abona esta falsa premisa porque, más allá de lo que pase en este caso, las estructuras del campo mediático, las relaciones de poder que ahí se manejan, las injerencias económicas y políticas en los procesos informativos, siguen intactas.
Lo paradójico es que dos periodistas, que han hecho exactamente lo que el gobierno ha demandado de esta profesión –rigurosidad informativa, contrastación de fuentes, verificación de datos, etc.– tienen que defenderse en los juzgados –con todo el desgaste emocional y económico que eso significa– de los efectos de una pelea que comenzó hace cuatro años entre un gobierno con discurso radical de izquierda y unas empresas de medios defensoras del establecimiento y sus privilegios.
En su trabajo, Calderón y Zurita exponen la diferencia entre hacer política contra el gobierno desde los medios y hacer investigación periodística siguiendo las normas del buen oficio. Ellos hicieron lo que tenían que hacer: periodismo y no proselitismo. Otra cosa es lo que hace la mayoría de medios privados y estatales, donde se impone un discurso corporativo de defensa del dueño: proselitismo y no periodismo.
El deseo personal de Correa de escarmentar a dos periodistas desplaza el foco de atención y conduce a olvidar que los temas centrales del debate político-comunicacional en el Ecuador, como el régimen de propiedad de las empresas informativas; las instancias de regulación; las condiciones laborales de los trabajadores de prensa; la censura y autocensura interna en los medios; los derechos colectivos a la comunicación y a la información, entre otros, siguen entrampados en medio de tanto ruido y demandas estériles.
Cuando diario Expreso publicó el reportaje “Las obras que ejecuta el hermano del presidente”, en junio de 2009, era difícil prever que, veintiún meses después, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, principales responsables de ese trabajo, tendrían que cargar sobre sus huesos y recursos el efecto de los golpes bajos que han intercambiado en los últimos cuatro años los poderes político y mediático en el Ecuador.
La investigación inicial reveló que un grupo de empresas a las que estaba vinculado Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente Rafael Correa, había obtenido contratos con el Estado por alrededor de 100 millones de dólares. Después, en agosto de 2010, Calderón y Zurita presentan el libro “El Gran Hermano”, en el que profundizan la investigación inicial, encuentran nuevos datos y despliegan un amplio relato sobre la corrupción en las altas esferas del poder.
Ahora, los dos periodistas afrontan un juicio planteado por el presidente Correa bajo la figura de “daño moral” por el contenido del libro. Aunque la investigación no señala responsables de delitos específicos, es una disección profunda de un tema clásico en el manejo de la cosa pública en el Ecuador: el tráfico de influencias. La reacción inicial del gobierno fue decir que se trataba de otra maniobra mediática para desacreditarlo, pero hasta ahora no ha podido desmentir los datos del trabajo periodístico.
Sin embargo, lo más grave de todo esto es que el juicio entablado por el mandatario contra los periodistas transforma el escenario inicial, de una necesaria lucha política por la transformación de las estructuras del campo mediático en el Ecuador, a una querella entre una autoridad ofendida y dos trabajadores de prensa sobrecargados con una responsabilidad que, para ser justos, nos corresponde a todos. El juicio contra los autores de “El Gran Hermano” reduce la compleja relación histórica entre comunicación y política al litigio coyuntural entre periodistas y autoridades. El presidente Correa, como acusador, convierte la historia en casuística.
Estamos ante una posición que desvirtúa la legítima la lucha política por la reconfiguración del espacio mediático. Quizá eso explique en gran parte el fracaso en el debate de la Ley de Comunicación; la tardanza de la sanción a los responsables de la asignación fraudulenta de frecuencias; la ilusoria desvinculación entre los poderes económicos y los medios; la ausencia de un órgano de regulación legítimo. El mejor argumento que puede dar el Presidente a la oposición es enjuiciar a todos los periodistas que pueda.
En un país como el nuestro, donde los gobiernos piensan que en ellos comienza y termina la política y donde los medios piensan lo mismo respecto de la comunicación, resulta tan fácil como peligroso pensar que toda esta confrontación se resuelve judicializando la actividad periodística. El juicio contra Calderón y Zurita abona esta falsa premisa porque, más allá de lo que pase en este caso, las estructuras del campo mediático, las relaciones de poder que ahí se manejan, las injerencias económicas y políticas en los procesos informativos, siguen intactas.
Lo paradójico es que dos periodistas, que han hecho exactamente lo que el gobierno ha demandado de esta profesión –rigurosidad informativa, contrastación de fuentes, verificación de datos, etc.– tienen que defenderse en los juzgados –con todo el desgaste emocional y económico que eso significa– de los efectos de una pelea que comenzó hace cuatro años entre un gobierno con discurso radical de izquierda y unas empresas de medios defensoras del establecimiento y sus privilegios.
En su trabajo, Calderón y Zurita exponen la diferencia entre hacer política contra el gobierno desde los medios y hacer investigación periodística siguiendo las normas del buen oficio. Ellos hicieron lo que tenían que hacer: periodismo y no proselitismo. Otra cosa es lo que hace la mayoría de medios privados y estatales, donde se impone un discurso corporativo de defensa del dueño: proselitismo y no periodismo.
El deseo personal de Correa de escarmentar a dos periodistas desplaza el foco de atención y conduce a olvidar que los temas centrales del debate político-comunicacional en el Ecuador, como el régimen de propiedad de las empresas informativas; las instancias de regulación; las condiciones laborales de los trabajadores de prensa; la censura y autocensura interna en los medios; los derechos colectivos a la comunicación y a la información, entre otros, siguen entrampados en medio de tanto ruido y demandas estériles.
martes, 25 de enero de 2011
El periodismo es más que "contar historias"
Por Gustavo Abad
Uno de los efectos dañinos de los lugares comunes es impedir el libre flujo del pensamiento. Pretender que se puede explicar ideas complejas mediante frases prefabricadas es ponerle trampas al debate, levantar murallas para que todos nos estrellemos.
Justamente en estos tiempos, cuando los medios de comunicación están bajo la mirada crítica de la sociedad, algunos de los llamados “referentes” del periodismo ecuatoriano intentan defender esta profesión a partir de lugares comunes que sólo aumentan la desazón.
Cuando les preguntan qué es para ellos el periodismo, desempolvan lo que consideran una máxima irrefutable y contestan: “el periodismo es contar historias…”. Resuelto el problema, según ellos.
Admitamos que es tentador pensar así. Pero, en ese caso ¿Qué sentido tiene debatir una Ley de Comunicación? ¿Por qué tenemos que desvincular a los medios de la banca privada? ¿Servirá de algo luchar por mejores condiciones de trabajo para los periodistas? ¿Tiene alguna utilidad el reparto equitativo de frecuencias?... y otros temas álgidos si, al final de cuentas, todo se reduce a… ¡contar historias!
Según esta definición, evidentemente incompleta y tramposa, cualquier debate o normativa sobre el periodismo resultan banales y accesorios. Total, para contar historias no hacen falta. El “Cuentero de Muisne” también contaba historias y sólo necesitaba fantasía y poca vergüenza.
Los que se compran tal simpleza andan por ahí escribiendo sobre niños maltratados sin decir quién debe responder por sus derechos vulnerados; sobre trabajadoras sexuales echadas a la calle sin decir quién debe restituir su salud y su seguridad; sobre secuestros y extorsiones sin decir cuánto tiene que ver en ello la corrupción de la justicia; sobre violaciones a los derechos humanos sin señalar la responsabilidad del Estado…
Hace poco, en Teleamazonas “contaron la historia” de los niños que se suicidan en Chunchi como consecuencia de la migración de sus padres. Aparte de exponer los testimonios dolorosos de esos niños, nunca buscaron una respuesta ante las autoridades de salud (la depresión es un asunto de salud pública) ni de bienestar social (el abandono familiar es una forma de violencia) ni de migración (que tanto hablan de planes de retorno de los migrantes económicos) Nada de eso, se limitaron al cuento.
El periodismo cuenta historias, por supuesto que lo hace, pero es mucho más que narración dramática. Es una actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la construcción de sentidos acerca de la realidad. Por lo tanto, es una práctica comunicacional de intervención política, social y cultural, con profunda incidencia en la organización democrática de las sociedades contemporáneas.
Decir que el periodismo es contar historias es como decir que la política es elegir gobernantes. Si todo fuera cuento ¿Dónde quedan las relaciones de poder, que el periodismo no crea, pero puede ayudar a sostener? ¿Dónde quedan los derechos humanos, que el periodismo no inventa, pero puede ayudar a respetar? ¿Dónde queda la participación política, que el periodismo no garantiza, pero es capaz de facilitar?
Los maestros del periodismo narrativo dejaron grandes enseñanzas en cuanto a técnicas de reportería, usos del lenguaje, recreación de ambientes, ritmos del relato, entre otras cosas útiles. Por eso siguen siendo respetables. Pero no son pocos los casos en que ellos mismos perdieron de vista el trasfondo histórico y político de sus historias por apostarle a una matriz dramática que terminó por “ficcionalizar” la realidad aunque no se lo propusieran. Algún rato habrá que ocuparse más a fondo de ese tema.
Volviendo a nuestro medio, el “narrativismo” (digámoslo con esa palabra para resaltar su falacia) del que hablan nuestros “referentes” no va más allá de la autocomplacencia del narrador, de su pretensión estética. Ahí está la trampa, porque es una forma de periodismo evasivo, que rehúye a la posibilidad de interrogar al poder con un discurso capaz de sacudirlo. Dicho de otra manera, al poder no lo perturba el cuento ni el drama, sino la investigación rigurosa, la información organizada y los datos confirmados.
El periodismo es mucho más que contar historias. Digamos que aspira a contar la historia con riqueza expresiva, con recursos lingüísticos idóneos, con imaginación y buena sintaxis. Eso es otra cosa y, si fracasa en el intento, por lo menos no suena tan despistado.
25-01-2001
Uno de los efectos dañinos de los lugares comunes es impedir el libre flujo del pensamiento. Pretender que se puede explicar ideas complejas mediante frases prefabricadas es ponerle trampas al debate, levantar murallas para que todos nos estrellemos.
Justamente en estos tiempos, cuando los medios de comunicación están bajo la mirada crítica de la sociedad, algunos de los llamados “referentes” del periodismo ecuatoriano intentan defender esta profesión a partir de lugares comunes que sólo aumentan la desazón.
Cuando les preguntan qué es para ellos el periodismo, desempolvan lo que consideran una máxima irrefutable y contestan: “el periodismo es contar historias…”. Resuelto el problema, según ellos.
Admitamos que es tentador pensar así. Pero, en ese caso ¿Qué sentido tiene debatir una Ley de Comunicación? ¿Por qué tenemos que desvincular a los medios de la banca privada? ¿Servirá de algo luchar por mejores condiciones de trabajo para los periodistas? ¿Tiene alguna utilidad el reparto equitativo de frecuencias?... y otros temas álgidos si, al final de cuentas, todo se reduce a… ¡contar historias!
Según esta definición, evidentemente incompleta y tramposa, cualquier debate o normativa sobre el periodismo resultan banales y accesorios. Total, para contar historias no hacen falta. El “Cuentero de Muisne” también contaba historias y sólo necesitaba fantasía y poca vergüenza.
Los que se compran tal simpleza andan por ahí escribiendo sobre niños maltratados sin decir quién debe responder por sus derechos vulnerados; sobre trabajadoras sexuales echadas a la calle sin decir quién debe restituir su salud y su seguridad; sobre secuestros y extorsiones sin decir cuánto tiene que ver en ello la corrupción de la justicia; sobre violaciones a los derechos humanos sin señalar la responsabilidad del Estado…
Hace poco, en Teleamazonas “contaron la historia” de los niños que se suicidan en Chunchi como consecuencia de la migración de sus padres. Aparte de exponer los testimonios dolorosos de esos niños, nunca buscaron una respuesta ante las autoridades de salud (la depresión es un asunto de salud pública) ni de bienestar social (el abandono familiar es una forma de violencia) ni de migración (que tanto hablan de planes de retorno de los migrantes económicos) Nada de eso, se limitaron al cuento.
El periodismo cuenta historias, por supuesto que lo hace, pero es mucho más que narración dramática. Es una actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la construcción de sentidos acerca de la realidad. Por lo tanto, es una práctica comunicacional de intervención política, social y cultural, con profunda incidencia en la organización democrática de las sociedades contemporáneas.
Decir que el periodismo es contar historias es como decir que la política es elegir gobernantes. Si todo fuera cuento ¿Dónde quedan las relaciones de poder, que el periodismo no crea, pero puede ayudar a sostener? ¿Dónde quedan los derechos humanos, que el periodismo no inventa, pero puede ayudar a respetar? ¿Dónde queda la participación política, que el periodismo no garantiza, pero es capaz de facilitar?
Los maestros del periodismo narrativo dejaron grandes enseñanzas en cuanto a técnicas de reportería, usos del lenguaje, recreación de ambientes, ritmos del relato, entre otras cosas útiles. Por eso siguen siendo respetables. Pero no son pocos los casos en que ellos mismos perdieron de vista el trasfondo histórico y político de sus historias por apostarle a una matriz dramática que terminó por “ficcionalizar” la realidad aunque no se lo propusieran. Algún rato habrá que ocuparse más a fondo de ese tema.
Volviendo a nuestro medio, el “narrativismo” (digámoslo con esa palabra para resaltar su falacia) del que hablan nuestros “referentes” no va más allá de la autocomplacencia del narrador, de su pretensión estética. Ahí está la trampa, porque es una forma de periodismo evasivo, que rehúye a la posibilidad de interrogar al poder con un discurso capaz de sacudirlo. Dicho de otra manera, al poder no lo perturba el cuento ni el drama, sino la investigación rigurosa, la información organizada y los datos confirmados.
El periodismo es mucho más que contar historias. Digamos que aspira a contar la historia con riqueza expresiva, con recursos lingüísticos idóneos, con imaginación y buena sintaxis. Eso es otra cosa y, si fracasa en el intento, por lo menos no suena tan despistado.
25-01-2001
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