Estado de excepción y diversidad informativa

Gustavo Abad

Hace apenas un par de días, en un diálogo entre periodistas, académicos y estudiantes, algunos planteamos la necesidad de entender que las garantías de la democracia no están en la información mediatizada sino en la política, y que toda acción para modificar la relación de fuerzas en el ámbito de la comunicación es, en última instancia, una acción política.

Pocas horas después, el Ecuador amanecía con la noticia de la insurrección de un grupo de policías bajo el argumento de que el gobierno había reducido algunos de sus privilegios laborales. El conflicto tomó cuerpo cuando el presidente Correa salió -innecesariamente para muchos- a “ponerle el pecho a las balas” y terminó herido y secuestrado por doce horas en el Hospital de la Policía.

Entonces entramos en terreno pantanoso para la mayoría de los medios porque, entre otras cosas, no terminan de asimilar la relación entre comunicación y política en términos de servicio público, es decir, no han sabido reflexionar ni responder a la pregunta ¿Qué tipo de información necesita el país en esos trances? ¿La que puede contribuir a mantener el orden democrático o la que magnifica el caos y la inestabilidad?

La respuesta parece fácil, pero no para los empresarios de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que en un comunicado de hoy rechazan, entre otras cosas, “la decisión gubernamental de obligar a todos los medios audiovisuales a plegar a una cadena nacional ‘indefinida e ininterrumpida’, pues al amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de los hechos que no sean los oficiales”.

Seguramente se refieren a que, mientras el presidente Correa se dirigía al país, a través de un medio estatal, para explicar su estado de salud, los canales privados transmitían en directo los saqueos de que eran objeto algunos locales comerciales en Guayaquil y repetían sin cesar las tomas que más parecían reflejar el nerviosismo callejero. La defensa de la diversidad informativa no siempre concuerda con la demanda de un servicio público.

Se les olvida a los señores de la AEDEP lo que significa un “Estado de excepción”. Los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República son claros al respecto. Señalan que en caso de una “grave conmoción interna” el Presidente puede “suspender o limitar (…) el derecho a la libertad de información…”. Además, “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”.

De modo que la cadena de la que tanto se quejan los empresarios de medios no sólo era legal sino necesaria. En otras palabras, no fue sólo una decisión informativa, sino política. Ahí está la relación que tanto les cuesta ver a los dueños de periódicos, radios y canales privados. A estas alturas, no creo que lo hagan por desconocimiento de la norma, sino por algún otro tipo de carencias o de bajezas. Rebelarse contra un Estado de excepción en dictadura es heroísmo, pero hacerlo en democracia es golpismo.

Por supuesto que podemos lamentar el manejo estrictamente periodístico que hicieron los medios estatales en esta cadena. Una cosa es que la televisión y la radio públicas hagan de matrices en una situación crítica y otra es que algunos de sus periodistas crean que pueden arengar a la población con un discurso partidista. Una cosa es que refuercen el pedido generalizado de garantizar la integridad del primer mandatario y otra es que nos sometan a horas de apología de un líder político y alienten a la población a exponerse a las balas, como lo hizo una locutora de la radio pública.

A veces las formas pueden llegar a desdibujar los principios. Eso es lo peligroso e irresponsable tanto en medios públicos como privados, por más Estado de excepción que nos obligue.