Un metro cuadrado en el estadio

Gustavo Abad
Un periodista critica a un equipo de fútbol y a sus dirigentes. En represalia, los dirigentes le impiden al periodista ingresar al estadio a cubrir los partidos. El periodista invoca su derecho al trabajo y encuentra solidaridad en sus colegas. Los dirigentes argumentan que el estadio es propiedad privada y ellos se reservan el derecho de admisión. El monstruo de mil cabezas llamado opinión pública dice que los dirigentes no tienen derecho a discriminar al periodista por el solo hecho de ser crítico y exige su inmediata restitución al palco de prensa…

Esta vez coincido con el monstruo, por más recelo que me produzca su carácter voluble y engañoso. En lo que no coincido es en que el incidente entre el periodista Calos Víctor Morales y los dirigentes del Barcelona nos impida ver más allá de un altercado entre un “comentarista frontal y valiente” y unos “empresarios hipersensibles a la crítica”, como lo han reportado con forzado heroísmo la mayoría de los medios, especialmente de televisión. No dejemos pasar la oportunidad para reflexionar por qué se convierte en pública una actividad manejada por empresas privadas y cuál es la función del periodismo en todo esto.

Las sociedades liberales modernas acuñaron tres nociones dominantes de lo público, que mantienen su peso hasta ahora, aunque con demasiadas grietas. Una, lo que está a la vista y al alcance de todos. Dos, los bienes comunes que están en poder del Estado. Tres, lo que está regulado por normas que todos los miembros de una sociedad han acordado respetar. Bien ¿Qué es el fútbol entonces? No está a la vista ni al alcance de todos, porque hay que pagar para entrar al estadio. Tampoco está en poder del Estado, porque los clubes son instituciones privadas. Y no está regulado por normas que rijan a toda la sociedad. Parece simple pero no lo es.

El fútbol es una actividad privada y no tenemos que rendirle cuentas a nadie, dicen ciertos dirigentes cuando les conviene. Un argumento parecido tienen los dueños de los medios privados cuando no quieren someterse a regulación. Pero hace rato está en evidencia que lo público no se define por su visibilidad, ni por su pertenencia al Estado, ni por su sometimiento a reglas generales, sino también por la clase de intereses en juego. El fútbol tiene demasiados intereses en juego como para ser un territorio inviolable de los empresarios privados.

Por ejemplo, está su inmensa capacidad para generar audiencias. Lo único que sostiene al fútbol son sus audiencias cautivas, los millones de espectadores que invertimos nuestros recursos en este deporte, ya sea mediante el valor de una entrada o el de las horas frente al televisor. La inversión de las audiencias, ya sea en el espectáculo deportivo o en cualquiera de sus productos derivados, desde camisetas hasta paquetes turísticos, permite a las empresas invertir capitales para que los clubes tengan sofisticados estadios y los jugadores ganen sueldos millonarios. Pero también para que los dirigentes ganen tarima política, y cualquier tipo metido a la política debe preocuparnos a todos.

A mediados del año pasado, la mayoría de clubes de Argentina estaban en una crisis económica que ponía en peligro incluso el inicio del campeonato. Los clubes no tenían plata para pagar a los jugadores y debían mucho a sus auspiciantes. La empresa Torneos y Competencias, dueña de los derechos de transmisión y propiedad del grupo Clarín, estaba a punto de estrangular a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por incumplimiento de contratos.

¿Negocio privado? El gobierno de Cristina Fernández decidió que no, que el fútbol era una actividad indispensable en la salud mental de los argentinos y que el Estado debía garantizar a la gente su derecho a la información que, en este caso, equivalía a mirar los partidos por televisión. Compró los derechos de transmisión por señal abierta y, de paso, ajustó cuentas pendientes con Clarín, que juega en la oposición. El gobierno argentino salvó con dineros públicos a unas empresas privadas llamadas clubes, así como otros gobiernos salvan a unas empresas privadas llamadas bancos, con la diferencia de que en este caso nadie protestó. La presidente creó y movilizó las audiencias a su favor. No vengan a decir que es asunto privado.

Entonces el fútbol se convierte, de hecho, en una actividad pública. No importan aquí su visibilidad, ni su acceso, ni sus normas, ni quién es el dueño de los estadios, sino la capacidad para crear y movilizar audiencias, la mayoría de las veces para uso oportunista de los dirigentes. Todo depende de la suma de intereses económicos y políticos que están en juego.

Por eso, el periodismo debe ir más allá de protestar cuando a algún miembro del gremio le niegan la entrada al estadio y celebrar cuando le devuelven su metro cuadrado en el palco de prensa. El problema es que hay periodistas que sólo saben de fútbol y los que sólo saben de fútbol ni de fútbol saben.
El Telégrafo 21-03-2010