Gustavo Abad
Un periodista critica a un equipo de fútbol y a sus dirigentes. En represalia, los dirigentes le impiden al periodista ingresar al estadio a cubrir los partidos. El periodista invoca su derecho al trabajo y encuentra solidaridad en sus colegas. Los dirigentes argumentan que el estadio es propiedad privada y ellos se reservan el derecho de admisión. El monstruo de mil cabezas llamado opinión pública dice que los dirigentes no tienen derecho a discriminar al periodista por el solo hecho de ser crítico y exige su inmediata restitución al palco de prensa…
Esta vez coincido con el monstruo, por más recelo que me produzca su carácter voluble y engañoso. En lo que no coincido es en que el incidente entre el periodista Calos Víctor Morales y los dirigentes del Barcelona nos impida ver más allá de un altercado entre un “comentarista frontal y valiente” y unos “empresarios hipersensibles a la crítica”, como lo han reportado con forzado heroísmo la mayoría de los medios, especialmente de televisión. No dejemos pasar la oportunidad para reflexionar por qué se convierte en pública una actividad manejada por empresas privadas y cuál es la función del periodismo en todo esto.
Las sociedades liberales modernas acuñaron tres nociones dominantes de lo público, que mantienen su peso hasta ahora, aunque con demasiadas grietas. Una, lo que está a la vista y al alcance de todos. Dos, los bienes comunes que están en poder del Estado. Tres, lo que está regulado por normas que todos los miembros de una sociedad han acordado respetar. Bien ¿Qué es el fútbol entonces? No está a la vista ni al alcance de todos, porque hay que pagar para entrar al estadio. Tampoco está en poder del Estado, porque los clubes son instituciones privadas. Y no está regulado por normas que rijan a toda la sociedad. Parece simple pero no lo es.
El fútbol es una actividad privada y no tenemos que rendirle cuentas a nadie, dicen ciertos dirigentes cuando les conviene. Un argumento parecido tienen los dueños de los medios privados cuando no quieren someterse a regulación. Pero hace rato está en evidencia que lo público no se define por su visibilidad, ni por su pertenencia al Estado, ni por su sometimiento a reglas generales, sino también por la clase de intereses en juego. El fútbol tiene demasiados intereses en juego como para ser un territorio inviolable de los empresarios privados.
Por ejemplo, está su inmensa capacidad para generar audiencias. Lo único que sostiene al fútbol son sus audiencias cautivas, los millones de espectadores que invertimos nuestros recursos en este deporte, ya sea mediante el valor de una entrada o el de las horas frente al televisor. La inversión de las audiencias, ya sea en el espectáculo deportivo o en cualquiera de sus productos derivados, desde camisetas hasta paquetes turísticos, permite a las empresas invertir capitales para que los clubes tengan sofisticados estadios y los jugadores ganen sueldos millonarios. Pero también para que los dirigentes ganen tarima política, y cualquier tipo metido a la política debe preocuparnos a todos.
A mediados del año pasado, la mayoría de clubes de Argentina estaban en una crisis económica que ponía en peligro incluso el inicio del campeonato. Los clubes no tenían plata para pagar a los jugadores y debían mucho a sus auspiciantes. La empresa Torneos y Competencias, dueña de los derechos de transmisión y propiedad del grupo Clarín, estaba a punto de estrangular a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por incumplimiento de contratos.
¿Negocio privado? El gobierno de Cristina Fernández decidió que no, que el fútbol era una actividad indispensable en la salud mental de los argentinos y que el Estado debía garantizar a la gente su derecho a la información que, en este caso, equivalía a mirar los partidos por televisión. Compró los derechos de transmisión por señal abierta y, de paso, ajustó cuentas pendientes con Clarín, que juega en la oposición. El gobierno argentino salvó con dineros públicos a unas empresas privadas llamadas clubes, así como otros gobiernos salvan a unas empresas privadas llamadas bancos, con la diferencia de que en este caso nadie protestó. La presidente creó y movilizó las audiencias a su favor. No vengan a decir que es asunto privado.
Entonces el fútbol se convierte, de hecho, en una actividad pública. No importan aquí su visibilidad, ni su acceso, ni sus normas, ni quién es el dueño de los estadios, sino la capacidad para crear y movilizar audiencias, la mayoría de las veces para uso oportunista de los dirigentes. Todo depende de la suma de intereses económicos y políticos que están en juego.
Por eso, el periodismo debe ir más allá de protestar cuando a algún miembro del gremio le niegan la entrada al estadio y celebrar cuando le devuelven su metro cuadrado en el palco de prensa. El problema es que hay periodistas que sólo saben de fútbol y los que sólo saben de fútbol ni de fútbol saben.
El Telégrafo 21-03-2010
domingo, 21 de marzo de 2010
domingo, 7 de marzo de 2010
Deseos proyectados como noticias
Por Gustavo Abad
Si hacemos una revisión de algunos hechos y sus respectivas versiones periodísticas durante las últimas dos semanas, resulta inevitable preguntarse ¿cuándo el periodismo dejó de ser una versión confiable de la realidad para convertirse en una expresión de los propios deseos de ciertos medios y periodistas? Entendamos por confiable lo demostrable y lo creíble. El resto debe ser puesto bajo sospecha con sobra de razones. Veamos solo dos casos:
1. “Un proyecto de oposición”
La cobertura del proselitismo político de Carlos Vera es uno de los ejemplos que mejor reflejan esta tendencia de ciertos medios a vender como noticias sus propios actos de fe. “Vera suma adeptos a su plan” tituló El Comercio en portada, el día siguiente a la concentración convocada por el ex periodista en el parque La Carolina. La foto, convenientemente editada hasta la cabeza de los asistentes de la última fila, crea la ilusión de una multitud desbordante, cuando lo único que había más allá del cuadro era el pasto vacío. En interiores, la nota se titula “Vera lanzó su proyecto de oposición” y con eso el diario redondea una versión que se cae por inconsistente.
Primero: ¿por qué debemos creer que Vera “suma” adeptos a su plan? En ningún momento el medio ofrece una comparación de cifras, aunque sean aproximadas, que permita concluir que el ex periodista tenía antes un número de seguidores y ahora tiene más. Segundo: ¿por qué debemos creer que nuestro debutante en las tarimas tiene un “proyecto” de oposición? Si nos fijamos bien, lo único que ha exhibido es un listado de ideas sueltas, una ayuda memoria, como las que llevan los gerentes a los almuerzos de ejecutivos. Los que quieran ver ahí un proyecto de oposición, en realidad están viendo una proyección de sus propios deseos.
Un proyecto honesto de oposición sería saludable, no solo para los detractores del gobierno sino para remozar los valores democráticos del país. Pero eso no justifica que, a falta de un proyecto de esa naturaleza, ciertos medios se lo inventen.
2. “Un triunfo de la prensa libre”
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló esta semana a favor de Teleamazonas y declaró la nulidad de dos sanciones impuestas a ese canal por el antiguo Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) el año anterior. Recordemos que las sanciones se dieron, en una ocasión, por transmitir imágenes de corridas de toros fuera del horario permitido y, en otra, por la difusión de una noticia sobre un supuesto centro clandestino de cómputo electoral en Guayaquil. Ambos casos sirvieron después como base para una suspensión de tres días, ordenada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) en diciembre pasado.
El Tribunal consideró que en ambos casos los organismos de control habían incurrido en “silencio administrativo” al no contestar a tiempo los requerimientos de los abogados del canal. En otras palabras, establece que hubo errores en el proceso, lo cual favorece a la estación televisiva en la decisión última.
De acuerdo, pero eso no justifica que un presentador de escaso criterio se crea con derecho a editorializar la noticia y proclamar que esa decisión es un “triunfo de la prensa libre”, como si las aguas se pudieran enturbiar impunemente. Otros medios han repetido la muletilla de “la libertad de expresión gana una batalla”. Una cosa son los posibles errores en el proceso de juzgamiento y otra la mala intención de vender la noticia como un respaldo legal a la mala práctica periodística.
La Comisión que tramita la Ley de Comunicación en la Asamblea debería tomar en cuenta que este caso refleja uno de los riesgos de judicializar el periodismo: trasladar a la cancha de lo legal lo que deber resolverse en el de la ética. El Tribunal se ha pronunciado sobre el derecho que le asiste a todo acusado de tener un proceso limpio, no sobre la causa por la que fue sancionado.
En todos estos meses, Teleamazonas no ha podido defender su posición con argumentos periodísticos convincentes porque no los tiene. El bodrio de información que originó la sanción es indefendible dentro de lo que se conoce como el buen oficio. Por eso su estrategia ha sido tirar la pelota al córner de la libertad de expresión y el debido proceso. Hasta ahora parece que le resulta, aunque deja más claro que nunca que lo suyo es convertir al periodismo en la expresión de sus propios deseos.
El Telégrafo, 07-03-2010
Si hacemos una revisión de algunos hechos y sus respectivas versiones periodísticas durante las últimas dos semanas, resulta inevitable preguntarse ¿cuándo el periodismo dejó de ser una versión confiable de la realidad para convertirse en una expresión de los propios deseos de ciertos medios y periodistas? Entendamos por confiable lo demostrable y lo creíble. El resto debe ser puesto bajo sospecha con sobra de razones. Veamos solo dos casos:
1. “Un proyecto de oposición”
La cobertura del proselitismo político de Carlos Vera es uno de los ejemplos que mejor reflejan esta tendencia de ciertos medios a vender como noticias sus propios actos de fe. “Vera suma adeptos a su plan” tituló El Comercio en portada, el día siguiente a la concentración convocada por el ex periodista en el parque La Carolina. La foto, convenientemente editada hasta la cabeza de los asistentes de la última fila, crea la ilusión de una multitud desbordante, cuando lo único que había más allá del cuadro era el pasto vacío. En interiores, la nota se titula “Vera lanzó su proyecto de oposición” y con eso el diario redondea una versión que se cae por inconsistente.
Primero: ¿por qué debemos creer que Vera “suma” adeptos a su plan? En ningún momento el medio ofrece una comparación de cifras, aunque sean aproximadas, que permita concluir que el ex periodista tenía antes un número de seguidores y ahora tiene más. Segundo: ¿por qué debemos creer que nuestro debutante en las tarimas tiene un “proyecto” de oposición? Si nos fijamos bien, lo único que ha exhibido es un listado de ideas sueltas, una ayuda memoria, como las que llevan los gerentes a los almuerzos de ejecutivos. Los que quieran ver ahí un proyecto de oposición, en realidad están viendo una proyección de sus propios deseos.
Un proyecto honesto de oposición sería saludable, no solo para los detractores del gobierno sino para remozar los valores democráticos del país. Pero eso no justifica que, a falta de un proyecto de esa naturaleza, ciertos medios se lo inventen.
2. “Un triunfo de la prensa libre”
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló esta semana a favor de Teleamazonas y declaró la nulidad de dos sanciones impuestas a ese canal por el antiguo Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conartel) el año anterior. Recordemos que las sanciones se dieron, en una ocasión, por transmitir imágenes de corridas de toros fuera del horario permitido y, en otra, por la difusión de una noticia sobre un supuesto centro clandestino de cómputo electoral en Guayaquil. Ambos casos sirvieron después como base para una suspensión de tres días, ordenada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Suptel) en diciembre pasado.
El Tribunal consideró que en ambos casos los organismos de control habían incurrido en “silencio administrativo” al no contestar a tiempo los requerimientos de los abogados del canal. En otras palabras, establece que hubo errores en el proceso, lo cual favorece a la estación televisiva en la decisión última.
De acuerdo, pero eso no justifica que un presentador de escaso criterio se crea con derecho a editorializar la noticia y proclamar que esa decisión es un “triunfo de la prensa libre”, como si las aguas se pudieran enturbiar impunemente. Otros medios han repetido la muletilla de “la libertad de expresión gana una batalla”. Una cosa son los posibles errores en el proceso de juzgamiento y otra la mala intención de vender la noticia como un respaldo legal a la mala práctica periodística.
La Comisión que tramita la Ley de Comunicación en la Asamblea debería tomar en cuenta que este caso refleja uno de los riesgos de judicializar el periodismo: trasladar a la cancha de lo legal lo que deber resolverse en el de la ética. El Tribunal se ha pronunciado sobre el derecho que le asiste a todo acusado de tener un proceso limpio, no sobre la causa por la que fue sancionado.
En todos estos meses, Teleamazonas no ha podido defender su posición con argumentos periodísticos convincentes porque no los tiene. El bodrio de información que originó la sanción es indefendible dentro de lo que se conoce como el buen oficio. Por eso su estrategia ha sido tirar la pelota al córner de la libertad de expresión y el debido proceso. Hasta ahora parece que le resulta, aunque deja más claro que nunca que lo suyo es convertir al periodismo en la expresión de sus propios deseos.
El Telégrafo, 07-03-2010
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