¡Más respeto tengan ellos!

Por Gustavo Abad
La ciudades amazónicas de Lago Agrio y Coca estaban desabastecidas, con las carreteras cerradas y paralizado el flujo de combustibles y alimentos. Era agosto de 2005 y los habitantes de esa región llevaban varios días de protesta con el fin de presionar al gobierno por una redistribución justa de las riquezas petroleras. Un equipo de un canal quiteño cubría las manifestaciones en Lago Agrio, cerca de una multitud que esperaba ver sus reclamos en algún medio nacional. Entonces aparece el presentador estrella del noticiero y, desde la comodidad del set de noticias en la capital, califica a los manifestantes como vándalos y terroristas.

Nunca se le ocurrió que sus palabras no solo criminalizaban el derecho a la protesta, sino que ponían en riesgo la integridad de su propio equipo, en ese momento rodeado de gente a punto de reaccionar violentamente al verse ofendida de esa manera. Aterrados, el camarógrafo, el asistente y la reportera rogaban que su jefe se callara. “Si lo tuviera enfrente lo callaría de otra manera”, me confesó luego el camarógrafo haciendo un gesto inequívoco con las manos. Hace pocos días, ese mismo presentador le abrió los micrófonos a Fabricio Correa y celebró con él sus prejuicios homofóbicos.

El ejercicio periodístico está lleno de episodios como este. Lo traigo aquí a propósito del debate sobre la responsabilidad ulterior, artículo 11 del Proyecto de Ley de Comunicación. Esperemos que el aplazamiento del debate permita ampliar y enriquecer su significado. La pobreza a la que lo redujeron los autores del proyecto ha permitido a muchos medios manipular hábilmente el concepto para decir que se trata de una censura previa o un intento de judicializar el periodismo.

La responsabilidad ulterior no es censura ni judicialización, sino la obligación de que medios y periodistas se hagan cargo de los efectos de lo que dicen o escriben. ¿Hubiera sido censura si el canal le ponía límites al presentador conociendo su escaso criterio? Claro que no, y además tenía la obligación de contratar a alguien mejor capacitado para ese trabajo. ¿Hubiera sido judicializar el periodismo si el insultador recibía una sanción, no digamos penal, pero sí profesional? Para nada, y además debía recibir un escarmiento moral, no solo por ofender a la población, sino por poner en riesgo la seguridad de sus compañeros.

En la redacción de un diario, un amigo periodista me decía que no es necesaria una Ley de Comunicación para que los medios observen su responsabilidad social, puesto que ya existen delitos tipificados como calumnia, injuria y otros. Su argumento: “Si yo mañana te acuso de ladrón en mi periódico, estás en todo el derecho de iniciarme un juicio”. ¡Gran cosa! Como si todo pudiera resolverse en los juzgados. No se trata de andar por la vida iniciando juicios contra todo el que irrespeta la dignidad de los demás. Se trata de establecer y hacer respetar unos procedimientos, unos parámetros que eviten que se publique una información no verificada y no contrastada. Se trata de que los medios y los periodistas adquieran mayor conciencia de su capacidad de causar daño.

Hace pocos meses, jugaban Ecuador versus Jamaica en el Giants Stadium de Nueva Jersey. Sale Jamaica a la cancha y el mejor comentario que se le ocurre a uno de los “referentes” del periodismo deportivo ecuatoriano es: “Aquí vienen los reggae boys”. Risitas cómplices de sus compañeros. Después, la cámara enfoca a los hinchas ecuatorianos en los graderíos, sonrientes por saludar a su equipo. El comentario del periodista es por demás ofensivo. “Sonríanse ahora, que ya los quiero ver a la salida, cuando los visite la migra”. En menos de dos minutos, el comentarista ofendió a los jugadores rivales, a los migrantes ecuatorianos y a la inteligencia del público. El mito de la autorregulación solo oculta la irresponsabilidad.

Hace varias semanas, una veintena de diarios y revistas proclaman “+RESPETO”. Pretenden convencernos de que cualquier Ley de Comunicación es un atentado a la libertad. El miércoles anterior, durante la concentración organizada por Carlos Vera “en defensa de la libertad”, en un emblemático parque de Quito, el animador vociferaba sus prejuicios xenófobos: “No más cubanos ni extranjeros indeseables en el Ecuador”. Vera ni siquiera hizo el ademán de pedirle a su compañero de tarima que bajara el tono. Varios asistentes al mitin del ex periodista, ahora aspirante a político, llevaban pancartas y camisetas que decían “No al matrimonio gay. Fuera homosexuales”. Con tal discurso xenófobo y homofóbico por delante, tienen la doble moral de exigir respeto.

¡Más respeto tengan ellos!

El Telégrafo 13-12-2009