Por Gustavo Abad
Sin más preámbulos, dos vicios periodísticos que cobran vigencia en estos días.
1. Ajuste de cuentas
Que los medios estatales desarrollen un proceso que los convierta en verdaderos medios públicos es una demanda social irrefutable. Por supuesto, ya que no solo operan con recursos de todos, sino que también manejan un bien de todos, como es la información. Exigir que estos medios pongan en práctica sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no solo económicos sino de procedimientos internos, es parte de este proceso. Pero esa es una cosa, y otra muy distinta es la campaña de desprestigio a los medios públicos, especialmente contra El Telégrafo, emprendida por varios medios privados. Por ejemplo, el informe de un diario guayaquileño, basado en gran parte en una práctica muy arraigada en la cultura periodística, que todos los tratados de investigación recomiendan evitar, conocida como ajuste de cuentas.
En el Ecuador, muchas veces el periodismo de investigación −expresión mal usada pues, en rigor, toda forma de hacer periodismo exige un mínimo de investigación− comienza, no exclusiva pero sí mayoritariamente, en un ajuste de cuentas. La versión de alguien que se considera afectado por otra persona o institución siempre resulta oro en polvo para un investigador. El problema no está ahí, sino en otorgarle a esa versión el cien por ciento de credibilidad y publicarla sin contrastar con la de quien se pretende investigar. Eso descalifica la investigación y la convierte en mala intención.
Algunos medios privados acusan a los públicos de algo que ellos mismos practican. Varios reporteros de mi generación pueden dar cuenta de más de un editor o editora que consultaban durante horas a una poderosa embajada la conveniencia o no de publicar algo relacionado con el Plan Colombia o la Base de Manta, por si resultaba ofensivo para ese país. ¿Alguien ha investigado sobre esa manera de negociar un bien público como la información? Un principio fundamental de la investigación periodística es tener siempre puesto el ojo en el lugar del poder, no en el ajuste de cuentas. ¿Algún medio privado ha investigado o ha exigido transparencia a uno que, según la versión gubernamental, pertenece a empresas domiciliadas en paraísos fiscales solo con el fin de evadir impuestos en el Ecuador? Que sean transparentes los medios públicos, pero que comiencen por serlo los privados, porque de ellos proviene la cultura de la industria mediática dominante en este país.
2. “Instantaneísmo”
En la televisión existe una esquizofrenia llamada “en vivo y en directo”, ese impulso irreflexivo de ser los primeros en informar, de anotarse un “golpe” contra la competencia, como si para el público ver fuera igual a comprender. Alertados de que la muletilla ya resulta obsoleta, ahora los presentadores hablan de transmitir noticias “en tiempo real”, expresión más elegante, más eufemística también, pero una práctica igual de nociva para lo que se supone que es tarea del periodismo: buscar el significado de los hechos mediante una contextualización adecuada.
Ese inmediatismo del que pocos se salvan convierte al periodismo en “instantaneísmo”, o sea en el privilegio de las emociones y no de las reflexiones. Llegar primero es la consigna. Nosotros le mostramos la realidad y, si no la entiende, allá usted con su ignorancia, es el mensaje no dicho, pero asumido sin cuestionamientos en los medios televisivos. A la larga, esta doctrina efectista y utilitaria se vuelve contra esos mismos medios. Teleamazonas acaba de recibir una segunda sanción en pocas semanas, esta vez por haber transmitido la noticia de un supuesto centro clandestino de conteo de votos durante las elecciones de abril. Según el Conartel esa noticia contraviene la Ley de Radiodifusión y Televisión, que prohíbe transmitir información basada en supuestos. El argumento de un funcionario del canal confirma la cultura inmediatista: “No transmitimos la información basada en supuestos, era real lo que estaba pasando y eso se transmitió en vivo y en directo”.
Si dejamos por un rato de lado la consideración de que las entidades estatales no son las más calificadas para regular los contenidos de los medios o que el posible cierre de Teleamazonas sería una medida desmesurada, lo que en esencia pone al canal al borde de una tercera sanción es haber seguido el juego-negocio de la televisión, que consiste en convertir al periodismo en “instantaneísmo”.
El Telégrafo 28-06-2009
sábado, 27 de junio de 2009
La sanción del público
Por Gustavo Abad
Casi todos los que se convocaron hace dos semanas frente al Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) son jóvenes de un colectivo llamado DiablUma, que se dedican al activismo cultural hace varios años. Estaban ahí para exigir a esa entidad de control que ratificara la sanción impuesta a Teleamazonas por transmitir imágenes de las corridas de toros en horario no autorizado durante el último aniversario de la fundación española de Quito, algo que ellos se niegan a celebrar con un argumento irrefutable: las masacres no se celebran.
Fueron precisamente los DiablUma junto con Protección de Animales Ecuador (PAE) las organizaciones que a fines del año pasado pidieron a la Defensoría del Pueblo que tomara medidas para proteger especialmente a los niños de las imágenes sangrientas de la llamada fiesta brava. La demanda pasó administrativamente hasta el Conartel, que emitió la resolución 5377 de noviembre de 2008 en la que prohíbe la transmisión de escenas de violencia y crueldad derivadas de las corridas de toros.
Dicho de otro modo, la sanción al autodenominado “lindo canal” no se origina en una retaliación del poder político por tratarse de un, también autodenominado, “medio crítico” sino en la acción de la sociedad civil organizada y movilizada en defensa de su derecho a contar con una televisión de mejor calidad. Ahí está la clave de este asunto. Por primera vez se logra una sanción real y efectiva a un medio, como resultado de una demanda de los consumidores que todos los días sufren mala televisión, porque hasta ahora algunos medios solo habían recibido sanciones morales de las audiencias.
Recordemos que hace cuatro años ese mismo canal recibió tal cantidad de críticas de los televidentes que se vio obligado a quitar de la programación una cosa llamada Jackass, uno de esos engendros de MTV en la cresta de la telebasura. No hubo ahí intervención estatal sino pura sanción ciudadana. Recordemos también que no fue el poder político el que rodeó el edificio de ese canal hasta obligar a sus reporteros a salir a las calles a informar lo que pasaba en ese abril cuando el país se deshizo de un coronel afiebrado. Fue el reclamo de la gente lo que los obligó a hacer su tarea aunque sea a regañadientes.
Pero volvamos al plantón frente al Conartel. Fue quizá la manifestación con mayor cobertura en torno a este tema. Llegaron todos los medios, todas las cámaras y los activistas enronquecieron de tanto hablar. Pero esa misma noche sus voces no aparecieron en casi ningún noticiero de televisión. Al contrario, la noticia dominante se refería a las manifestaciones de respaldo a Telemazonas. El cinismo se completó cuando, para ilustrar el montaje del apoyo masivo al canal, varios noticieros usaron la imagen de los que en la mañana pedían exactamente lo contrario: sanción. Al ver eso uno se pregunta ¿Ni siquiera el hecho de estar en el banquillo de los acusados aplaca en esos canales su impulso manipulador? ¿Alguno de los jóvenes, cuya imagen fue usada dolosamente, tiene oportunidad de reclamar? ¿Por qué ellos tienen que manifestarse en la calle mientras la pantalla queda para presentadores como Jorge Ortiz o Bernardo Abad, que en su reducido criterio se creen representantes de la libertad de expresión?
Entonces el tema del debate no son Los Simpson, ni Dragon Ball Z, como plantean los que le dibujan una mordaza al bobo de Homero en la revista Vanguardia. Sí es un tema de preocupación el hecho de que la regulación de los contenidos provenga de una entidad estatal como el Conartel, que está para administrar otros aspectos de la comunicación, menos los contenidos. Pero el tema central, el de valor histórico, que se juega en estos momentos es cómo garantizar que quien juzgue a los medios no sea un organismo oficial, sino social, comunitario, académico, cultural, etc., sobre la base de una proceso de lectura crítica que involucre principalmente a los usuarios. Los DiablUma ya están haciendo su parte y hay que enriquecer ese proceso.
El tema es la responsabilidad social de los medios, la demolición del mito de que tener un micrófono autoriza a ciertos presentadores a decir lo que les da la gana. El tema es construir otra relación con las audiencias. Y las audiencias, en el caso Teleamazonas, ya tienen su veredicto. Cuando Ortiz y compañía hicieron el sainete de sellarse la boca con esparadrapo, cientos de correos circularon con un deseo que es a la vez una sentencia: ojalá se quedaran así. Yo no diría tanto, aunque sí esperaría que le bajen los decibeles a su estridencia.
El Telégrafo 21-06-2009
Casi todos los que se convocaron hace dos semanas frente al Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) son jóvenes de un colectivo llamado DiablUma, que se dedican al activismo cultural hace varios años. Estaban ahí para exigir a esa entidad de control que ratificara la sanción impuesta a Teleamazonas por transmitir imágenes de las corridas de toros en horario no autorizado durante el último aniversario de la fundación española de Quito, algo que ellos se niegan a celebrar con un argumento irrefutable: las masacres no se celebran.
Fueron precisamente los DiablUma junto con Protección de Animales Ecuador (PAE) las organizaciones que a fines del año pasado pidieron a la Defensoría del Pueblo que tomara medidas para proteger especialmente a los niños de las imágenes sangrientas de la llamada fiesta brava. La demanda pasó administrativamente hasta el Conartel, que emitió la resolución 5377 de noviembre de 2008 en la que prohíbe la transmisión de escenas de violencia y crueldad derivadas de las corridas de toros.
Dicho de otro modo, la sanción al autodenominado “lindo canal” no se origina en una retaliación del poder político por tratarse de un, también autodenominado, “medio crítico” sino en la acción de la sociedad civil organizada y movilizada en defensa de su derecho a contar con una televisión de mejor calidad. Ahí está la clave de este asunto. Por primera vez se logra una sanción real y efectiva a un medio, como resultado de una demanda de los consumidores que todos los días sufren mala televisión, porque hasta ahora algunos medios solo habían recibido sanciones morales de las audiencias.
Recordemos que hace cuatro años ese mismo canal recibió tal cantidad de críticas de los televidentes que se vio obligado a quitar de la programación una cosa llamada Jackass, uno de esos engendros de MTV en la cresta de la telebasura. No hubo ahí intervención estatal sino pura sanción ciudadana. Recordemos también que no fue el poder político el que rodeó el edificio de ese canal hasta obligar a sus reporteros a salir a las calles a informar lo que pasaba en ese abril cuando el país se deshizo de un coronel afiebrado. Fue el reclamo de la gente lo que los obligó a hacer su tarea aunque sea a regañadientes.
Pero volvamos al plantón frente al Conartel. Fue quizá la manifestación con mayor cobertura en torno a este tema. Llegaron todos los medios, todas las cámaras y los activistas enronquecieron de tanto hablar. Pero esa misma noche sus voces no aparecieron en casi ningún noticiero de televisión. Al contrario, la noticia dominante se refería a las manifestaciones de respaldo a Telemazonas. El cinismo se completó cuando, para ilustrar el montaje del apoyo masivo al canal, varios noticieros usaron la imagen de los que en la mañana pedían exactamente lo contrario: sanción. Al ver eso uno se pregunta ¿Ni siquiera el hecho de estar en el banquillo de los acusados aplaca en esos canales su impulso manipulador? ¿Alguno de los jóvenes, cuya imagen fue usada dolosamente, tiene oportunidad de reclamar? ¿Por qué ellos tienen que manifestarse en la calle mientras la pantalla queda para presentadores como Jorge Ortiz o Bernardo Abad, que en su reducido criterio se creen representantes de la libertad de expresión?
Entonces el tema del debate no son Los Simpson, ni Dragon Ball Z, como plantean los que le dibujan una mordaza al bobo de Homero en la revista Vanguardia. Sí es un tema de preocupación el hecho de que la regulación de los contenidos provenga de una entidad estatal como el Conartel, que está para administrar otros aspectos de la comunicación, menos los contenidos. Pero el tema central, el de valor histórico, que se juega en estos momentos es cómo garantizar que quien juzgue a los medios no sea un organismo oficial, sino social, comunitario, académico, cultural, etc., sobre la base de una proceso de lectura crítica que involucre principalmente a los usuarios. Los DiablUma ya están haciendo su parte y hay que enriquecer ese proceso.
El tema es la responsabilidad social de los medios, la demolición del mito de que tener un micrófono autoriza a ciertos presentadores a decir lo que les da la gana. El tema es construir otra relación con las audiencias. Y las audiencias, en el caso Teleamazonas, ya tienen su veredicto. Cuando Ortiz y compañía hicieron el sainete de sellarse la boca con esparadrapo, cientos de correos circularon con un deseo que es a la vez una sentencia: ojalá se quedaran así. Yo no diría tanto, aunque sí esperaría que le bajen los decibeles a su estridencia.
El Telégrafo 21-06-2009
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