Botrosa frente al espejo

Por Gustavo Abad
“El Pambilar está amenazado por las invasiones” titula diario El Comercio en la edición del pasado 18 de abril. El informe de tres cuartos de página, con cuatro fotos a color, llama la atención por la importancia del tema, puesto que ese bosque esmeraldeño fue devuelto hace mes y medio al Estado luego de haber permanecido durante casi dos décadas en manos de la empresa maderera Botrosa, una de las mayores explotadoras de bosques en el Ecuador.

Entonces uno comienza a leer en espera de algún dato acerca de qué pasará en adelante con ese bosque, qué programas de manejo están en camino, de qué manera la población de la zona se podrá beneficiar de la conservación del patrimonio forestal, qué nuevas acciones tomará el Estado para salvar a éste y otros bosques de la provincia de Esmeraldas, arrasados casi hasta su desaparición por madereras y camaroneras en los último 30 años.

Pero no, lo que viene es una apología a la empresa Botrosa, un largo recuento de las supuestas buenas acciones destinadas, según dicen, a conservar el bosque. Si nos creemos la versión de El Comercio, deberíamos hacer una romería para agradecer a Botrosa por su gran labor conservacionista y su apoyo desinteresado al desarrollo social de los pueblos más abandonados del Ecuador. Sospechosa imagen creada por ese diario, que hace el papel de espejo distorsionador, para lavar la imagen de una empresa cuyas ganancias son directamente proporcionales a la cantidad de árboles talados.

El Comercio nos vende como informe periodístico un texto que tiene todas las características de un publirreportaje mal disimulado. Para comenzar, la principal fuente es la propia Botrosa a través de un funcionario, cuyas afirmaciones son aceptadas como irrefutables puesto que en ningún momento se las confronta con otras fuentes. Recoge superficialmente el testimonio de cuatro pobladores de la zona. El Comercio afirma que el bosque está amenazado por las invasiones y no por las madereras, pero no dice quiénes son ni presenta la versión de los supuestos invasores.

Periodismo que privilegia una sola fuente no es periodismo y, menos aún, si se trata de una fuente socialmente cuestionada. Eso lo saben bien los jefes de información de ese diario, pero todo indica que, cuando se trata de Botrosa, prefieren hacerse los desentendidos. En el informe aludido, no se consulta a organizaciones ecologistas, a dirigentes comunitarios, tampoco a investigadores, que cuestionan la actividad de esa y otras madereras en el Ecuador.

El pasado 16 de marzo, una organización ecologista y tres de derechos humanos (Acción Ecológica, CEDHU, INREDH y CDES) denunciaron, mediante una carta pública dirigida al presidente, Rafael Correa, el asesinato de los esposos José Aguilar y Yola Garófalo, líderes ecologistas populares. Los denunciantes sostienen que la muerte de los campesinos se produjo en un contexto con más de una década de enfrentamientos entre los habitantes del sitio Hoja Blanca y la empresa Botrosa, en la zona de El Pambilar.

No se ha visto en algún medio una investigación profunda sobre el tema. Ellos miran para otro lado incluso cuando hay muertos de por medio. La doble moral de muchos jefes periodísticos de los medios privados los lleva a celebrar la censura ejercida por un sector oportunista del gobierno en los medios públicos, pero se callan frente a la censura y las injerencias que el poder económico ejerce sobre sus propios medios.

Hace poco, uno de los responsables de la línea informativa de El Comercio escribía, muy en su estilo sacerdotal de los sábados, un comentario respecto de lo que él llama el omnipoder político, que existe pero no es el único. Seguramente no ha leído lo que el omnipoder económico hace en sus propias páginas. Mejor dicho, sí lo ha leído, pero prefiere mirar para otro lado, como hacen muchos. A eso le llaman periodismo independiente.

Carta de los columnistas de El Telegrafo

EDITORIALISTAS DE DIARIO EL TELÉGRAFO A LA CIUDADANÍA

Como es de conocimiento público, el pasado jueves 25 de marzo, el Directorio de El Telégrafo ordenó la separación del director del diario, Rubén Montoya, y el 1 de abril censuró algunas columnas de opinión, lo que provocó la renuncia de Carol Murillo, subdirectora del periódico; directivos ambos que mantuvieron una posición crítica respecto de la creación de un medio supuestamente "de corte popular" bajo la infraestructura de El Telégrafo. Al mismo tiempo se produjo la arbitraria separación de editores de varias secciones, quienes incluso fueron impedidos por la fuerza de acceder a sus lugares de trabajo. A lo anterior se suma una insólita nota, publicada en la edición del 1 de abril, en la que el nuevo directorio de El Telégrafo, en aras de justificar estos atropellos, indica que "se establece la necesidad de que no se emitan comentarios, informaciones estratégicas y otras estrictamente internas en las páginas editoriales de nuestros editorialistas y columnistas". ¿Cuál es la diferencia entre las prácticas coercitivas y mecanismos de censura interna de ciertos medios privados y las acciones tomadas por el actual Directorio de El Telégrafo?

Por ello, rechazamos estos actos de censura y de violación de los derechos a la libertad de expresión y de prensa, incompatibles con la Constitución y el proyecto de creación de medios públicos. Esto refuerza nuestra opinión respecto del giro total en las políticas editoriales actuales, incongruentes con las que estuvieron vigentes desde la refundación del periódico; cuya responsabilidad recae no sólo en el presente Directorio, sino también en el Ministerio de Telecomunicaciones y, en términos más amplios, en un sector del actual gobierno que confunde la comunicación como servicio público con el publi - gobierno.

Queremos reafirmar nuestra profunda convicción en torno a la importancia de construir lo público en el periodismo. Ello supone hacer visibles la pluralidad y el disenso en la producción informativa, algo impensable en el actual sistema monopólico y monológico de medios privados. El Ecuador carga con el peso histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público en sus diversas formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad formal, a la construcción de pensamiento crítico.

La construcción de lo público representa una de las mayores garantías para el ejercicio efectivo de la democracia de la que tanto se habla en los ámbitos gubernamentales. Es por ello que sostenemos que un medio público tiene el desafío de promover el debate y de apostar a la visibilización de opiniones diversas, en el marco de las transformaciones sociales y culturales ofrecidas por el gobierno de la "Revolución Ciudadana". Esta posibilidad inédita en la historia de nuestro país no se puede echar a perder por las burdas y autoritarias decisiones del actual Directorio.

Creemos que el conjunto de acontecimientos señalados indican un retroceso del proyecto de construcción de medios públicos en el Ecuador y un precedente nefasto para una discusión amplia y democrática de una Ley de Comunicación.

Hasta aquí, el colectivo de articulistas de El Telégrafo ha resuelto desarrollar dos líneas de acción. Por una parte, un grupo de editorialistas seguirá escribiendo sus artículos en el periódico haciendo pleno uso de su derecho a la libertad de expresión y opinión. Por otro lado, los abajo firmantes han decidido dejar de escribir en el medio.

Desde ambas posiciones demandamos la urgencia de incorporar en dicha Ley, un capítulo relativo a los medios públicos en términos que posibiliten a futuro su independencia editorial y autonomías administrativa y financiera, que garanticen la calidad periodística y la eficiente utilización de los recursos públicos que hacen posible su funcionamiento.

Quito, 5 de abril de 2010

Gustavo Abad C.I 1102754262
Jaime Breilh C.I 1700162066
Silvia Buendía C.I 091267845-5
Guillermo Bustos C.I 1706387261
Santiago Cabrera C.I 1709827768
Ricardo Cevallos C.I 0909017600
Juan Martín Cueva C.I 1708764939
Ángel Emilio Hidalgo C.I 0915240220
Lucrecia Maldonado C.I 1707307276
Mateo Martínez C.I 1712566437
Alejandro Moreano C.I 1701288258
Alicia Ortega C.I 0907907166
Pablo Ospina C.I 171113745-3
Hernán Reyes C.I 1705579801
Amelia Ribadeneira C.I 1712483310 Santiago Rosero C.I 1711180487
Iván Sierra C.I 0904932472
Floresmilo Simbaña C. I 1711662286
Ylonka Tillería C. I 1706615489
José Villamarín C.I 1000872372

Estrategia de aniquilamiento

El presente artículo constituye mi carta de renuncia como columnista de El Telégrafo

Por Gustavo Abad
Tres periodistas despedidos en menos de una semana; dos artículos censurados en los últimos dos meses por una mano inquisidora que se pasea por la redacción de El Telégrafo sin que nadie le ponga freno. Estas son solo las señales más visibles del clima de tensión que se vive en el primer diario público del Ecuador. Comenzó con el despido del director, Rubén Montoya, y siguió con el de los editores de Diversidad, Mariuxi León, y de Economía, Fausto Lara, sin que las razones de su exclusión hayan sido aclaradas suficientemente.

Todo comenzó a finales del año anterior, cuando ciertos funcionarios, que confunden la información con la propaganda, decidieron que El Telégrafo no era lo suficientemente funcional al discurso oficialista y que había que desmantelarlo para crear un nuevo diario, supuestamente de estilo popular, destinado a servir mejor a sus planes. “No te sorprendas de que muy pronto nos metan un diario de propaganda oficialista junto con El Telégrafo” me dijo entonces una periodista de este diario, que sabía lo que se avecinaba.

Lo que no sospechaba era que comenzaba a tomar forma una estrategia de destrucción del proyecto de medio público. La primera arremetida ocurrió a inicios de febrero de este año. El entonces director, Rubén Montoya, denunció la censura de una nota en la que daba cuenta de algunas decisiones de interés público, que a alguien no le convenía que se difundieran. Los medios privados, acostumbrados a buscar el escándalo antes que los asuntos de fondo, lo celebraron como una debilidad del periodismo público. Nunca se supo quién ejecutó la censura ni por orden de quién y eso comienza a tener consecuencias.

Fue una primera pulseada, muy parecida a la clásica estrategia que aplican los de arriba en ciertas empresas públicas y privadas, que consiste en debilitar cualquier equipo violentando la jerarquía de mando. Esa primera censura tenía la finalidad de pasarse por encima del director, para luego evaluar los resultados. La reacción de los periodistas y articulistas de opinión, que rechazamos públicamente esa intervención, hizo que se detuvieran un poco.

Sin embargo, la semana pasada retomaron la ofensiva, con más fuerza y consecuencias más graves que la vez anterior. Ya no está Montoya y el equipo de periodistas, según varios testimonios recogidos para esta columna, ha sido conminado a la obediencia por miedo a perder su trabajo. Todos estos sucesos constituyen señales inconfundibles de una estrategia de aniquilamiento contra uno de los últimos proyectos coherentes del actual gobierno. Hay quienes prefieren pasar la página, echar tierra sobre lo que ha pasado, como si nada de esto tuviera importancia. Prefiero la honestidad individual a la amnesia colectiva.

Ciertos editores y reporteros de la mayoría de medios privados se regodean con especulaciones respecto de esta situación crítica. Se olvidan de que ellos nunca han tenido la voluntad ni la honradez de plantear un debate público respecto de sus propias condiciones de censura, amedrentamiento e inestabilidad laboral, que se reproducen todos los días en sus medios. No recuerdo, por ejemplo, que alguno de los detractores de los medios públicos haya criticado con la misma fuerza los despidos ocurridos en los últimos años en diarios como El Comercio y El Universo, por citar solo dos casos.

La posibilidad de que logren extinguir a El Telégrafo está cercana. Si no se puede evitar la extinción, por lo menos que sirva para dejar un marca, una huella visible de un esfuerzo genuino de construir el periodismo público en el Ecuador y un testimonio claro de que hay muchos dispuestos a ser sus enterradores.