Cuando faltan pensadores sobran publicistas

Por Gustavo Abad
Hace varias semanas que algunos medios privados le venden al público el espejismo de que la libertad de expresión en el Ecuador se encuentra amenazada porque, entre otras cosas, dicen que el gobierno controla 15 medios. Como si el poder económico no controlara lo mismo pero multiplicado por diez, por cien o por mil, según el espacio local, regional o mundial donde hagamos la comparación.

Pero nadie explica qué quieren decir con eso de controlar, y ahí comienza la distorsión, porque no hacen la diferencia entre lo que significan los medios bajo administración estatal (algunos de ellos como resultado de la incautación de bienes a los banqueros corruptos); los órganos de difusión oficial (impresos o audiovisuales producidos por entidades públicas); los medios estatales (que surgen de la decisión histórica de incluir a la información como un bien público y un derecho garantizado por el Estado); y los medios públicos (ese nivel ideal al que se supone deberían llegar los estatales luego de superar las taras heredadas de la cultura periodística impuesta por los privados).

El falso dilema consiste en plantear un tema de manera tramposa y muchos medios privados lo hacen cuando, por ejemplo, ponen en un mismo saco a El Ciudadano y El Telégrafo. El primero es un órgano de difusión y propaganda de las actividades del gobierno, que se emite desde la Presidencia de la República. Contiene mucha información pero nada de periodismo. El segundo es un medio de comunicación estatal que tiene la misión de convertirse en un medio público. Y para serlo no basta solo con hacer visible la diversidad social y cultural, sino facilitar su intervención política. Tampoco es suficiente ensayar otras narrativas, sino también otras prácticas periodísticas. Es necesario cambiar viejos esquemas de relación interna –como los que dan lugar a un jodido desequilibrio regional– que pueden resultar más explosivos que los mal intencionados ataques externos, por mencionar un problema latente.

En otras palabras, estar bajo administración del Estado no es lo mismo que ser estatal, y ser estatal no es lo mismo que ser público, y nada de eso es lo mismo que estar bajo control del gobierno, como afirman ciertos medios bajo control de los empresarios.

Por eso resulta chocante otro falso dilema, planteado esta vez por el gobierno, de creer que la única información confiable es la oficial. Esta semana salió de la congeladora una instancia que había quedado fuera de juego hace más de un año, la Secretaría de Comunicación que, según las primeras informaciones, tiene la misión de conformar un Consejo Político de Comunicación y una Agencia de Noticias Gubernamental. Ese no es el problema porque entre las atribuciones del gobierno está la de tener canales de información. El problema, mejor dicho, el peligro es que comience a ganar terreno la intención de muchos altos funcionarios de crear una maquinaria de propaganda oficial y tratar a toda costa de meter en ella a los medios que están en camino de ser públicos. No en vano por estos días zumban las consultas a periodistas que podrían estar dispuestos a hacerse cargo de esos medios con la condición de sumarse a semejante bodrio.

Al parecer hay funcionarios que no entienden la diferencia entre comunicación y publicidad. O quizá la entienden muy bien y por eso mismo se hacen los que no saben. La comunicación nos ayuda a reconocer nuestro lugar en el mundo mientras la publicidad nos conmina a responder a ciegas a los estímulos. La comunicación nos habilita como ciudadanos y la publicidad nos encasilla como consumidores. Si algunos medios privados confunden el control de su calidad informativa con un atentado a la libertad de expresión, algunos funcionarios confunden comunicación con propaganda. La comunicación sirve para buscar y proponer nuevas formas de vida. La publicidad sirve para ganar elecciones. El síntoma de que a un gobierno le faltan pensadores es cuando le sobran publicistas.
El Telégrafo 12-07-2009