Por Gustavo Abad
A estas alturas, decir que la información es un bien público sujeto a regulación no es una novedad mediática sino una premisa política. Entonces hay que sacarle provecho a ese avance conceptual y entender que la Ley de Comunicación será el resultado sustancial del debate político y no un evento accidental de la información periodística.
Los únicos que no lo han entendido son los medios tradicionales, que han acudido a la estrategia de enturbiar las aguas y crear fantasmas respecto de un supuesto ataque a la libertad de expresión. Imposibilitados de aceptar que no son el único escenario de la deliberación pública, sino sus más privilegiados actores, esos medios se niegan a la existencia de una ley que, además de otorgarles derechos, los obligue a cumplir deberes.
El Comercio, por ejemplo, ha publicado durante esta semana una serie de artículos sobre temas de gran impacto social, bajo el lema “Los conoces porque pudimos informarte”, como si haber informado de aquello hubiera sido un favor de su parte y no su obligación. ¿Acaso cree El Comercio que hubiera podido dejar de informar sobre los casos Restrepo, Fybeca, tráfico de armas, crisis bancaria, entre otros, y seguir llamándose medio de comunicación? ¿Por qué no hacen El Comercio y El Universo un recuento de todos los temas sobre los que, pudiendo informar, no lo hicieron? Les puedo mandar una ayuda memoria. Reivindicar como un mérito especial lo que no es más que el cumplimiento del deber, francamente resulta delirante, además de tramposo. Si no fuera lamentable, sería cómico.
Pero a lo que iba es que los tres proyectos en estudio, promovidos por Rolando Panchana (oficialista), César Montúfar (oposición), y el Foro de la Comunicación, contienen propuestas, para ser debatidas y perfeccionadas, sobre temas claves como la distribución de frecuencias, el antimonopolio, la responsabilidad social, las veedurías, y otros. No obstante, perdura en ellos la tensa dualidad poder político versus poder mediático, como escenarios principales de lo público, una suerte de club de la pelea.
Quizá por ello no se ha entendido la importancia de otros aspectos, como el de la defensa de los valores éticos de los trabajadores de prensa. Lo más cercano es la cláusula de conciencia (proyecto de Panchana, art. 10; proyecto del Foro, art. 108), que ya consta en normativas anteriores, pero no se la ha tratado como una cuestión de ética pública. Hasta ahora, la cláusula de conciencia se ha reducido al derecho de los periodistas a mantener la reserva de sus fuentes, pero no se la ha utilizado para proteger a los reporteros cuando su libertad de expresión y su derecho al trabajo son amenazados por los propios medios, abrumadoramente en manos privadas.
Que el poder político ejerce presiones sobre el trabajo periodístico es innegable, pero en el caso ecuatoriano resulta mínimo o, como dicen los abogados, “peccata minuta” comparado con las presiones y el control interno ejercido por los directores, dueños y mandos administrativos sobre el trabajo de los reporteros, fotógrafos y otros trabajadores de prensa. Los medios tradicionales en el Ecuador están a una distancia infinita de ser el paraíso de la libertad de expresión que aseguran ser.
Los casos de periodistas amedrentados por el poder político no representan ni el comienzo de las decenas de periodistas obligados a renunciar por no estar de acuerdo con la censura, las precarias condiciones laborales y, sobre todo, por no allanarse a ejecutar órdenes reñidas con su ética profesional y con la dignidad del trabajo. Una larga lista de disidentes de esos medios lo corrobora. Lo que pasa es que a nadie lo censuran en público ni por escrito. Basta meterlo en la “congeladora” un par de meses para que el individuo escoja la renuncia como su única vía de liberación.
La única opción que han tenido hasta ahora los periodistas censurados, explotados e irrespetados, ha sido la inmolación, la disidencia. ¿Ante qué instancia han podido acudir o qué ley han podido invocar para reclamar su derecho a la libertad de expresión y al trabajo? Muchos llevan años en el desempleo ¿Quién les restituye a esos periodistas su integridad, su valoración individual y social, demolida al quebrarse el nexo entre sus ideales y su práctica profesional?
El uso efectivo de la cláusula de conciencia es un camino, tímido e inexplorado todavía, pero camino al fin, para restaurar la dignidad del trabajo periodístico, pulverizada por los que se dicen defensores de la libertad de expresión.
El Telégrafo o4-10-2009
sábado, 26 de septiembre de 2009
sábado, 29 de agosto de 2009
Climas de opinión
Por Gustavo Abad
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acusa al gobierno de totalitarismo. La misma autoridad que impone una conducta pública disciplinaria, que prohíbe besarse o andar con el torso desnudo por el Malecón, se siente víctima de totalitarismo. El exponente de una política municipal que proscribe desde el comercio informal hasta las demostraciones de amor en público se considera a sí mismo un abanderado en la lucha contra un supuesto abuso de poder.
Reviso la entrevista de cuatro páginas, sin firma de autor, que le dedica la revista Vanguardia al personero municipal (a propósito, hay medios donde sí se practican totalitarismos que reducen a los reporteros a ser unos fantasmas sin nombre, para que el único nombre visible sea el del editor) y leo al alcalde del puerto principal: “si alguien quiere pelear con mis cojones no va a pelear con los míos, que pelee con los de él”.
¿Puede quejarse de totalitarismo gubernamental quien rinde culto a ese totalitarismo histórico que mantiene como medida del valor o la competencia política a la mayor o menor carga de testosterona? ¿Acaso el totalitarismo machista y su correlato, la falocracia, no se sustentan en el mito de la solvencia testicular a la que tanto afecto parece tenerle el alcalde de Guayaquil?
Perdón, me extendí demasiado en lo del alcalde y la revista. A veces cuesta demasiado resumir tanta esquizofrenia, pero es necesario para buscar una explicación a la manera cómo se forma ese territorio común entre la política y la comunicación, llamado opinión pública, ese campo de batalla entre el conflicto y el consenso, que sirve para vigilar o legitimar al poder, según los símbolos que se pongan en juego.
El anuncio del presidente, Rafael Correa, de formar comités de defensa de la revolución ciudadana se afianza o se diluye no en los barrios ni en las casas donde se supone que funcionarían estas organizaciones, sino en la construcción de la llamada opinión pública al respecto. Y ésta tiene doble función. Por un lado, puede servir como instrumento racional de consenso social y, por otro, como herramienta violenta de control social, según el uso que hagan los actores políticos y el consumo que haga la población.
Por eso la llamada opinión pública es un territorio en disputa, cuyo resultado depende en gran medida de las opiniones preconcebidas que los contendientes puedan movilizar a su favor y en contra del otro. Totalitarismo, represión, cubanización… son los conceptos prefabricados que la oposición pone a circular en los medios, consciente de los efectos que éstos tienen en la sensibilidad social.
El gobierno, que durante más de dos años ha sabido colocar de su lado símbolos fuertes de transformación social (el propio presidente Correa lo es en sí mismo) no logra, en este caso, convocar razones con igual fuerza para construir una opinión pública ligada a la noción de consenso social. Difícil hacerlo cuando, desde el inicio, la carga simbólica y la experiencia histórica asociada a esa clase de comités en otros países, tienden a la noción de control social. No hay todavía un solo comité funcionando en los términos que la oposición les otorga, pero ya el clima de opinión en contra es difícil de remontar.
La opinión pública es un territorio difuso. Los que dicen tener la opinión pública a su favor merecen tanto crédito como los que dicen tener a dios a su favor. Lo que existe es un conjunto de opiniones preconcebidas, que entran en juego para crear climas de opinión a favor o en contra de algo. La gente percibe esos climas de opinión y su principal impulso es sumarse al más fuerte porque hay pocos impulsos más difíciles de refrenar que el de montarse en el carro ganador.
La idea de los comités de defensa de la revolución nace bajo un clima de opinión adverso y no hay argumento que lo despeje ni le facilite el camino en un territorio sembrado, por la oposición y la mayoría de medios, de conceptos preestablecidos.
El Telégrafo 30-08-2009
El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, acusa al gobierno de totalitarismo. La misma autoridad que impone una conducta pública disciplinaria, que prohíbe besarse o andar con el torso desnudo por el Malecón, se siente víctima de totalitarismo. El exponente de una política municipal que proscribe desde el comercio informal hasta las demostraciones de amor en público se considera a sí mismo un abanderado en la lucha contra un supuesto abuso de poder.
Reviso la entrevista de cuatro páginas, sin firma de autor, que le dedica la revista Vanguardia al personero municipal (a propósito, hay medios donde sí se practican totalitarismos que reducen a los reporteros a ser unos fantasmas sin nombre, para que el único nombre visible sea el del editor) y leo al alcalde del puerto principal: “si alguien quiere pelear con mis cojones no va a pelear con los míos, que pelee con los de él”.
¿Puede quejarse de totalitarismo gubernamental quien rinde culto a ese totalitarismo histórico que mantiene como medida del valor o la competencia política a la mayor o menor carga de testosterona? ¿Acaso el totalitarismo machista y su correlato, la falocracia, no se sustentan en el mito de la solvencia testicular a la que tanto afecto parece tenerle el alcalde de Guayaquil?
Perdón, me extendí demasiado en lo del alcalde y la revista. A veces cuesta demasiado resumir tanta esquizofrenia, pero es necesario para buscar una explicación a la manera cómo se forma ese territorio común entre la política y la comunicación, llamado opinión pública, ese campo de batalla entre el conflicto y el consenso, que sirve para vigilar o legitimar al poder, según los símbolos que se pongan en juego.
El anuncio del presidente, Rafael Correa, de formar comités de defensa de la revolución ciudadana se afianza o se diluye no en los barrios ni en las casas donde se supone que funcionarían estas organizaciones, sino en la construcción de la llamada opinión pública al respecto. Y ésta tiene doble función. Por un lado, puede servir como instrumento racional de consenso social y, por otro, como herramienta violenta de control social, según el uso que hagan los actores políticos y el consumo que haga la población.
Por eso la llamada opinión pública es un territorio en disputa, cuyo resultado depende en gran medida de las opiniones preconcebidas que los contendientes puedan movilizar a su favor y en contra del otro. Totalitarismo, represión, cubanización… son los conceptos prefabricados que la oposición pone a circular en los medios, consciente de los efectos que éstos tienen en la sensibilidad social.
El gobierno, que durante más de dos años ha sabido colocar de su lado símbolos fuertes de transformación social (el propio presidente Correa lo es en sí mismo) no logra, en este caso, convocar razones con igual fuerza para construir una opinión pública ligada a la noción de consenso social. Difícil hacerlo cuando, desde el inicio, la carga simbólica y la experiencia histórica asociada a esa clase de comités en otros países, tienden a la noción de control social. No hay todavía un solo comité funcionando en los términos que la oposición les otorga, pero ya el clima de opinión en contra es difícil de remontar.
La opinión pública es un territorio difuso. Los que dicen tener la opinión pública a su favor merecen tanto crédito como los que dicen tener a dios a su favor. Lo que existe es un conjunto de opiniones preconcebidas, que entran en juego para crear climas de opinión a favor o en contra de algo. La gente percibe esos climas de opinión y su principal impulso es sumarse al más fuerte porque hay pocos impulsos más difíciles de refrenar que el de montarse en el carro ganador.
La idea de los comités de defensa de la revolución nace bajo un clima de opinión adverso y no hay argumento que lo despeje ni le facilite el camino en un territorio sembrado, por la oposición y la mayoría de medios, de conceptos preestablecidos.
El Telégrafo 30-08-2009
sábado, 15 de agosto de 2009
Arenas políticas
Por Gustavo Abad
Los actos políticos son, inevitablemente, actos de comunicación. Y esos actos de comunicación se producen en lo que el investigador André Gosselin llama arenas políticas, esos espacios donde los actores políticos hacen público su discurso y su visión del mundo. Las arenas generalmente permiten ejercer una cierta dramaturgia, una puesta en escena, incluso una ritualización de las ideas.
Vista de esa manera, la posesión del Presidente Correa, al inicio de esta semana, resulta un ejercicio de visibilidad en varias arenas políticas, de las cuales, las más significativas, por su carga simbólica, son la ceremonia en la Asamblea Nacional y el espectáculo en el estadio Atahualpa.
Por la mañana, en la Asamblea Nacional, Correa revalida el proyecto político al que le apostamos quienes votamos por él. Rinde cuentas al país sobre resultados concretos de su liderazgo político: el último soldado gringo que quedaba en Manta acaba de marcharse hace pocos días; la población de miles de presos sin sentencia se ha reducido a unas cuantas decenas; avanza el proyecto para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra y conservar intacto ese patrimonio natural; Ecuador se ratifica contrario al proyecto guerrerista del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de poner siete bases militares al servicio de tropas estadounidenses; los banqueros dueños de medios tienen que escoger entre los bancos y los medios, no las dos cosas…
Correa le vende al país un proyecto político, un sueño posible, que rebasa el discurso y se concreta en actos de gobierno. Correa es, hasta ese momento y por sí mismo, el mejor narrador de la revolución ciudadana.
Por la noche, en el estadio Atahualpa, todo se trastoca. Es otra arena, otro público, otro discurso. Y uno busca, pero no encuentra, alguna concordancia, algún hilo de continuidad entre el discurso de la mañana y la teatralidad de la noche. “Voy a comerte el corazón a besos…”, Correa le hace el coro a Los Nocheros cuando las primeras banderas verdes se repliegan de cansancio luego de una jornada agotadora.
Hugo Chávez se deshace en piropos a:
- ¿Cómo es que tú te llamas?
-Aminta
- Ah ya… Aminta…
Después busca seducir al público con un poema épico a Bolívar.
Raúl Castro se lleva una rechifla tenaz por su relato cansino de una revolución de otro tiempo. Desubicado el orador, desinformado el público, no hay diálogo ni empatía y menos comunicación.
El viento helado sopla sobre la cancha del Atahualpa y los veinteañeros con blackberry miran al hermano de Fidel con una mezcla de indiferencia y desazón. Arremolinados frente al escenario, solo quieren saber a qué hora sale Calle 13, el grupo reguetonero que amaga dignificar el género con cierto mensaje político, todavía intermitente, limitado, pero más cercano a ellos al fin.
Correa recupera el micrófono y admite algo que no había querido antes, y es que su proyecto de revolución es vulnerable por falta de procesos de formación política no solo en el movimiento sino en la población. Nada más cierto. Lo perturbador es el anuncio del remedio que, según el Presidente, estaría en los comités de defensa de la revolución. Nada más contrario a la idea de revolución que el de unos ciudadanos vigilando el pensamiento de otros. Ojalá lo haya dicho solo como una metáfora.
Los actos políticos son actos de comunicación, y la comunicación se hace con símbolos, con narrativas. Correa es el único y solitario narrador de la revolución ciudadana. Por eso tiene que ponerse en la mañana el traje de estadista y por la noche hacer suyas también las nostalgias fosilizadas de sus cercanos consejeros, que le escriben discursos impecables para la Asamblea, pero no pueden crear para el estadio símbolos efectivos ni relatos creíbles de un proyecto inédito en el Ecuador.
El Telégrafo 16-08-2009
Los actos políticos son, inevitablemente, actos de comunicación. Y esos actos de comunicación se producen en lo que el investigador André Gosselin llama arenas políticas, esos espacios donde los actores políticos hacen público su discurso y su visión del mundo. Las arenas generalmente permiten ejercer una cierta dramaturgia, una puesta en escena, incluso una ritualización de las ideas.
Vista de esa manera, la posesión del Presidente Correa, al inicio de esta semana, resulta un ejercicio de visibilidad en varias arenas políticas, de las cuales, las más significativas, por su carga simbólica, son la ceremonia en la Asamblea Nacional y el espectáculo en el estadio Atahualpa.
Por la mañana, en la Asamblea Nacional, Correa revalida el proyecto político al que le apostamos quienes votamos por él. Rinde cuentas al país sobre resultados concretos de su liderazgo político: el último soldado gringo que quedaba en Manta acaba de marcharse hace pocos días; la población de miles de presos sin sentencia se ha reducido a unas cuantas decenas; avanza el proyecto para dejar el petróleo del Yasuní bajo tierra y conservar intacto ese patrimonio natural; Ecuador se ratifica contrario al proyecto guerrerista del presidente de Colombia, Álvaro Uribe, de poner siete bases militares al servicio de tropas estadounidenses; los banqueros dueños de medios tienen que escoger entre los bancos y los medios, no las dos cosas…
Correa le vende al país un proyecto político, un sueño posible, que rebasa el discurso y se concreta en actos de gobierno. Correa es, hasta ese momento y por sí mismo, el mejor narrador de la revolución ciudadana.
Por la noche, en el estadio Atahualpa, todo se trastoca. Es otra arena, otro público, otro discurso. Y uno busca, pero no encuentra, alguna concordancia, algún hilo de continuidad entre el discurso de la mañana y la teatralidad de la noche. “Voy a comerte el corazón a besos…”, Correa le hace el coro a Los Nocheros cuando las primeras banderas verdes se repliegan de cansancio luego de una jornada agotadora.
Hugo Chávez se deshace en piropos a:
- ¿Cómo es que tú te llamas?
-Aminta
- Ah ya… Aminta…
Después busca seducir al público con un poema épico a Bolívar.
Raúl Castro se lleva una rechifla tenaz por su relato cansino de una revolución de otro tiempo. Desubicado el orador, desinformado el público, no hay diálogo ni empatía y menos comunicación.
El viento helado sopla sobre la cancha del Atahualpa y los veinteañeros con blackberry miran al hermano de Fidel con una mezcla de indiferencia y desazón. Arremolinados frente al escenario, solo quieren saber a qué hora sale Calle 13, el grupo reguetonero que amaga dignificar el género con cierto mensaje político, todavía intermitente, limitado, pero más cercano a ellos al fin.
Correa recupera el micrófono y admite algo que no había querido antes, y es que su proyecto de revolución es vulnerable por falta de procesos de formación política no solo en el movimiento sino en la población. Nada más cierto. Lo perturbador es el anuncio del remedio que, según el Presidente, estaría en los comités de defensa de la revolución. Nada más contrario a la idea de revolución que el de unos ciudadanos vigilando el pensamiento de otros. Ojalá lo haya dicho solo como una metáfora.
Los actos políticos son actos de comunicación, y la comunicación se hace con símbolos, con narrativas. Correa es el único y solitario narrador de la revolución ciudadana. Por eso tiene que ponerse en la mañana el traje de estadista y por la noche hacer suyas también las nostalgias fosilizadas de sus cercanos consejeros, que le escriben discursos impecables para la Asamblea, pero no pueden crear para el estadio símbolos efectivos ni relatos creíbles de un proyecto inédito en el Ecuador.
El Telégrafo 16-08-2009
domingo, 2 de agosto de 2009
Si no fuera por la tele...
Por Gustavo Abad
El fútbol no hay que dejarlo solo a los comentaristas de la tele y menos a los que se desgañitan como hinchas con micrófono, en lugar de orientar el análisis del partido. Pero bueno, para no desviarnos del tema, digamos que cada quien se arregla lo mejor que puede con sus emociones.
A lo que voy es a que la llegada de Liga Deportiva Universitaria a la élite del fútbol mundial (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Vicecampeonato Mundial y actuación destacada en la reciente Copa de la Paz) aparte de la alegría de todo un país, nos recuerda la condición del fútbol como huella, ¡qué digo huella!, como profunda marca cultural de nuestro tiempo, con la cual las ciencias sociales siguen teniendo una gran deuda.
Para comenzar, este equipo o, mejor dicho, esta empresa deportiva hace que valga la pena desandar el camino de la evolución del fútbol ecuatoriano, desde cuando los hermanos Wright (no solo en la aviación había hermanos Wright) desembarcan en Guayaquil con la primera pelota, en 1899, hasta el desembarco del fútbol ecuatoriano en dos mundiales seguidos (2002 y 2006), sobre la nave mayor de una industria futbolística globalizada.
El fútbol llega al Ecuador como resultado del capitalismo expansivo de fines del siglo diecinueve, con Inglaterra a la cabeza de la industria y el comercio mundiales. Esto no lo digo yo, me lo explicó hace un tiempo Fernando Carrión, un académico apasionado por el fútbol, o sea, un tipo confiable. En otras palabras, llega montado sobre la maquinaria bulliciosa del progreso. Por eso los grandes equipos surgen ligados a empresas desarrollistas: Barcelona (puertos), Emelec (electricidad), Aucas (petróleo), Olmedo (ferrocarril), y solo una minoría proviene de entidades humanistas, como LDU, de la Universidad Central (aunque esa relación ya suena prehistórica).
Al principio, cuando la primera pelota sube de Guayaquil a Quito en el tren de Alfaro, jugadores, hinchas y dirigentes son la misma cosa porque muchos son las tres cosas a la vez. No hay estructura institucional ni marketing en ese mundo sin dioses donde el gran sentimiento es la defensa del terruño. Los de aquí contra los de allá, que se mantiene incluso hasta después de inaugurados los campeonatos profesionales en 1957.
Pero la trilogía hincha-jugador-dirigente, que domina la infancia y adolescencia del fútbol ecuatoriano y mundial se sacude con la llegada de un nuevo protagonista: la televisión. Entonces todo cambia. El hincha ya no tiene que ir al estadio, el jugador ya no dirije su festejo a los graderíos sino a las cámaras, la camiseta se convierte en valla publicitaria, los bordes de la cancha se parcelan para los anunciantes, el dirigente se convierte en empresario, y ya no importa de dónde es un equipo sino qué empresa lo auspicia, porque el mito deportivo local cede ante el mito económico global.
Muchos dirigentes entienden eso y cambian su antigua función de mecenas por la de inversionistas y hombres de negocios. Bueno, no muchos. El Barcelona llega a dos finales de la Copa Libertadores (90 y 98) por mérito deportivo, pero institucionalmente abrevando en la chequera del mecenas. Cuando ésta flaquea, viene la crisis, o sea, la-cri-sis, de la que no termina de salir en más de una década.
La diferencia que impone LDU radica en el cambio del mecenazgo por una gestión empresarial, que vende un producto masivo, que combina hábilmente lo económico con lo simbólico, que le monta al hincha un sentido de pertenencia a un equipo que practica formidablemente uno de los mejores inventos del espíritu colectivo, que gana siete campeonatos en la última década (cinco nacionales y dos internacionales). Le vende éxito, el producto mas codiciado en estos tiempos cuando la gente ya no se define por lo que produce sino por lo que consume.
“¿Por qué lloras?” Le pregunta un reportero a un hincha luego de que el equipo vendiera cara la derrota ante el Real Madrid. “Porque soy un hincha de verdad y no faltaré al estadio todo el año hasta volver a ser campeón”, contesta, como si fuera el inventor de la fidelidad. Entonces, la hinchada, esa fuerza motivadora de antes, es ahora también fuente de ingresos, no solo para el club, sino para toda una industria que mueve millones de dólares. Una industria donde cada hincha, ¡qué digo hincha!, cada aportante, cliente, consumidor, etc., lo hace con al menos novena minutos de su tiempo frente al televisor, que es lo máximo que yo estoy dispuesto a comprarle a la tele, y por eso me sentí excesivamente recompensado mirando desde una hamaca los goles de la Liga en el Santiago Bernabeu. O sea, la tele también tiene sus méritos.
El Telégrafo 02-08-2009
El fútbol no hay que dejarlo solo a los comentaristas de la tele y menos a los que se desgañitan como hinchas con micrófono, en lugar de orientar el análisis del partido. Pero bueno, para no desviarnos del tema, digamos que cada quien se arregla lo mejor que puede con sus emociones.
A lo que voy es a que la llegada de Liga Deportiva Universitaria a la élite del fútbol mundial (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Vicecampeonato Mundial y actuación destacada en la reciente Copa de la Paz) aparte de la alegría de todo un país, nos recuerda la condición del fútbol como huella, ¡qué digo huella!, como profunda marca cultural de nuestro tiempo, con la cual las ciencias sociales siguen teniendo una gran deuda.
Para comenzar, este equipo o, mejor dicho, esta empresa deportiva hace que valga la pena desandar el camino de la evolución del fútbol ecuatoriano, desde cuando los hermanos Wright (no solo en la aviación había hermanos Wright) desembarcan en Guayaquil con la primera pelota, en 1899, hasta el desembarco del fútbol ecuatoriano en dos mundiales seguidos (2002 y 2006), sobre la nave mayor de una industria futbolística globalizada.
El fútbol llega al Ecuador como resultado del capitalismo expansivo de fines del siglo diecinueve, con Inglaterra a la cabeza de la industria y el comercio mundiales. Esto no lo digo yo, me lo explicó hace un tiempo Fernando Carrión, un académico apasionado por el fútbol, o sea, un tipo confiable. En otras palabras, llega montado sobre la maquinaria bulliciosa del progreso. Por eso los grandes equipos surgen ligados a empresas desarrollistas: Barcelona (puertos), Emelec (electricidad), Aucas (petróleo), Olmedo (ferrocarril), y solo una minoría proviene de entidades humanistas, como LDU, de la Universidad Central (aunque esa relación ya suena prehistórica).
Al principio, cuando la primera pelota sube de Guayaquil a Quito en el tren de Alfaro, jugadores, hinchas y dirigentes son la misma cosa porque muchos son las tres cosas a la vez. No hay estructura institucional ni marketing en ese mundo sin dioses donde el gran sentimiento es la defensa del terruño. Los de aquí contra los de allá, que se mantiene incluso hasta después de inaugurados los campeonatos profesionales en 1957.
Pero la trilogía hincha-jugador-dirigente, que domina la infancia y adolescencia del fútbol ecuatoriano y mundial se sacude con la llegada de un nuevo protagonista: la televisión. Entonces todo cambia. El hincha ya no tiene que ir al estadio, el jugador ya no dirije su festejo a los graderíos sino a las cámaras, la camiseta se convierte en valla publicitaria, los bordes de la cancha se parcelan para los anunciantes, el dirigente se convierte en empresario, y ya no importa de dónde es un equipo sino qué empresa lo auspicia, porque el mito deportivo local cede ante el mito económico global.
Muchos dirigentes entienden eso y cambian su antigua función de mecenas por la de inversionistas y hombres de negocios. Bueno, no muchos. El Barcelona llega a dos finales de la Copa Libertadores (90 y 98) por mérito deportivo, pero institucionalmente abrevando en la chequera del mecenas. Cuando ésta flaquea, viene la crisis, o sea, la-cri-sis, de la que no termina de salir en más de una década.
La diferencia que impone LDU radica en el cambio del mecenazgo por una gestión empresarial, que vende un producto masivo, que combina hábilmente lo económico con lo simbólico, que le monta al hincha un sentido de pertenencia a un equipo que practica formidablemente uno de los mejores inventos del espíritu colectivo, que gana siete campeonatos en la última década (cinco nacionales y dos internacionales). Le vende éxito, el producto mas codiciado en estos tiempos cuando la gente ya no se define por lo que produce sino por lo que consume.
“¿Por qué lloras?” Le pregunta un reportero a un hincha luego de que el equipo vendiera cara la derrota ante el Real Madrid. “Porque soy un hincha de verdad y no faltaré al estadio todo el año hasta volver a ser campeón”, contesta, como si fuera el inventor de la fidelidad. Entonces, la hinchada, esa fuerza motivadora de antes, es ahora también fuente de ingresos, no solo para el club, sino para toda una industria que mueve millones de dólares. Una industria donde cada hincha, ¡qué digo hincha!, cada aportante, cliente, consumidor, etc., lo hace con al menos novena minutos de su tiempo frente al televisor, que es lo máximo que yo estoy dispuesto a comprarle a la tele, y por eso me sentí excesivamente recompensado mirando desde una hamaca los goles de la Liga en el Santiago Bernabeu. O sea, la tele también tiene sus méritos.
El Telégrafo 02-08-2009
domingo, 12 de julio de 2009
Cuando faltan pensadores sobran publicistas
Por Gustavo Abad
Hace varias semanas que algunos medios privados le venden al público el espejismo de que la libertad de expresión en el Ecuador se encuentra amenazada porque, entre otras cosas, dicen que el gobierno controla 15 medios. Como si el poder económico no controlara lo mismo pero multiplicado por diez, por cien o por mil, según el espacio local, regional o mundial donde hagamos la comparación.
Pero nadie explica qué quieren decir con eso de controlar, y ahí comienza la distorsión, porque no hacen la diferencia entre lo que significan los medios bajo administración estatal (algunos de ellos como resultado de la incautación de bienes a los banqueros corruptos); los órganos de difusión oficial (impresos o audiovisuales producidos por entidades públicas); los medios estatales (que surgen de la decisión histórica de incluir a la información como un bien público y un derecho garantizado por el Estado); y los medios públicos (ese nivel ideal al que se supone deberían llegar los estatales luego de superar las taras heredadas de la cultura periodística impuesta por los privados).
El falso dilema consiste en plantear un tema de manera tramposa y muchos medios privados lo hacen cuando, por ejemplo, ponen en un mismo saco a El Ciudadano y El Telégrafo. El primero es un órgano de difusión y propaganda de las actividades del gobierno, que se emite desde la Presidencia de la República. Contiene mucha información pero nada de periodismo. El segundo es un medio de comunicación estatal que tiene la misión de convertirse en un medio público. Y para serlo no basta solo con hacer visible la diversidad social y cultural, sino facilitar su intervención política. Tampoco es suficiente ensayar otras narrativas, sino también otras prácticas periodísticas. Es necesario cambiar viejos esquemas de relación interna –como los que dan lugar a un jodido desequilibrio regional– que pueden resultar más explosivos que los mal intencionados ataques externos, por mencionar un problema latente.
En otras palabras, estar bajo administración del Estado no es lo mismo que ser estatal, y ser estatal no es lo mismo que ser público, y nada de eso es lo mismo que estar bajo control del gobierno, como afirman ciertos medios bajo control de los empresarios.
Por eso resulta chocante otro falso dilema, planteado esta vez por el gobierno, de creer que la única información confiable es la oficial. Esta semana salió de la congeladora una instancia que había quedado fuera de juego hace más de un año, la Secretaría de Comunicación que, según las primeras informaciones, tiene la misión de conformar un Consejo Político de Comunicación y una Agencia de Noticias Gubernamental. Ese no es el problema porque entre las atribuciones del gobierno está la de tener canales de información. El problema, mejor dicho, el peligro es que comience a ganar terreno la intención de muchos altos funcionarios de crear una maquinaria de propaganda oficial y tratar a toda costa de meter en ella a los medios que están en camino de ser públicos. No en vano por estos días zumban las consultas a periodistas que podrían estar dispuestos a hacerse cargo de esos medios con la condición de sumarse a semejante bodrio.
Al parecer hay funcionarios que no entienden la diferencia entre comunicación y publicidad. O quizá la entienden muy bien y por eso mismo se hacen los que no saben. La comunicación nos ayuda a reconocer nuestro lugar en el mundo mientras la publicidad nos conmina a responder a ciegas a los estímulos. La comunicación nos habilita como ciudadanos y la publicidad nos encasilla como consumidores. Si algunos medios privados confunden el control de su calidad informativa con un atentado a la libertad de expresión, algunos funcionarios confunden comunicación con propaganda. La comunicación sirve para buscar y proponer nuevas formas de vida. La publicidad sirve para ganar elecciones. El síntoma de que a un gobierno le faltan pensadores es cuando le sobran publicistas.
El Telégrafo 12-07-2009
Hace varias semanas que algunos medios privados le venden al público el espejismo de que la libertad de expresión en el Ecuador se encuentra amenazada porque, entre otras cosas, dicen que el gobierno controla 15 medios. Como si el poder económico no controlara lo mismo pero multiplicado por diez, por cien o por mil, según el espacio local, regional o mundial donde hagamos la comparación.
Pero nadie explica qué quieren decir con eso de controlar, y ahí comienza la distorsión, porque no hacen la diferencia entre lo que significan los medios bajo administración estatal (algunos de ellos como resultado de la incautación de bienes a los banqueros corruptos); los órganos de difusión oficial (impresos o audiovisuales producidos por entidades públicas); los medios estatales (que surgen de la decisión histórica de incluir a la información como un bien público y un derecho garantizado por el Estado); y los medios públicos (ese nivel ideal al que se supone deberían llegar los estatales luego de superar las taras heredadas de la cultura periodística impuesta por los privados).
El falso dilema consiste en plantear un tema de manera tramposa y muchos medios privados lo hacen cuando, por ejemplo, ponen en un mismo saco a El Ciudadano y El Telégrafo. El primero es un órgano de difusión y propaganda de las actividades del gobierno, que se emite desde la Presidencia de la República. Contiene mucha información pero nada de periodismo. El segundo es un medio de comunicación estatal que tiene la misión de convertirse en un medio público. Y para serlo no basta solo con hacer visible la diversidad social y cultural, sino facilitar su intervención política. Tampoco es suficiente ensayar otras narrativas, sino también otras prácticas periodísticas. Es necesario cambiar viejos esquemas de relación interna –como los que dan lugar a un jodido desequilibrio regional– que pueden resultar más explosivos que los mal intencionados ataques externos, por mencionar un problema latente.
En otras palabras, estar bajo administración del Estado no es lo mismo que ser estatal, y ser estatal no es lo mismo que ser público, y nada de eso es lo mismo que estar bajo control del gobierno, como afirman ciertos medios bajo control de los empresarios.
Por eso resulta chocante otro falso dilema, planteado esta vez por el gobierno, de creer que la única información confiable es la oficial. Esta semana salió de la congeladora una instancia que había quedado fuera de juego hace más de un año, la Secretaría de Comunicación que, según las primeras informaciones, tiene la misión de conformar un Consejo Político de Comunicación y una Agencia de Noticias Gubernamental. Ese no es el problema porque entre las atribuciones del gobierno está la de tener canales de información. El problema, mejor dicho, el peligro es que comience a ganar terreno la intención de muchos altos funcionarios de crear una maquinaria de propaganda oficial y tratar a toda costa de meter en ella a los medios que están en camino de ser públicos. No en vano por estos días zumban las consultas a periodistas que podrían estar dispuestos a hacerse cargo de esos medios con la condición de sumarse a semejante bodrio.
Al parecer hay funcionarios que no entienden la diferencia entre comunicación y publicidad. O quizá la entienden muy bien y por eso mismo se hacen los que no saben. La comunicación nos ayuda a reconocer nuestro lugar en el mundo mientras la publicidad nos conmina a responder a ciegas a los estímulos. La comunicación nos habilita como ciudadanos y la publicidad nos encasilla como consumidores. Si algunos medios privados confunden el control de su calidad informativa con un atentado a la libertad de expresión, algunos funcionarios confunden comunicación con propaganda. La comunicación sirve para buscar y proponer nuevas formas de vida. La publicidad sirve para ganar elecciones. El síntoma de que a un gobierno le faltan pensadores es cuando le sobran publicistas.
El Telégrafo 12-07-2009
sábado, 27 de junio de 2009
Ajuste de cuentas y otros vicios
Por Gustavo Abad
Sin más preámbulos, dos vicios periodísticos que cobran vigencia en estos días.
1. Ajuste de cuentas
Que los medios estatales desarrollen un proceso que los convierta en verdaderos medios públicos es una demanda social irrefutable. Por supuesto, ya que no solo operan con recursos de todos, sino que también manejan un bien de todos, como es la información. Exigir que estos medios pongan en práctica sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no solo económicos sino de procedimientos internos, es parte de este proceso. Pero esa es una cosa, y otra muy distinta es la campaña de desprestigio a los medios públicos, especialmente contra El Telégrafo, emprendida por varios medios privados. Por ejemplo, el informe de un diario guayaquileño, basado en gran parte en una práctica muy arraigada en la cultura periodística, que todos los tratados de investigación recomiendan evitar, conocida como ajuste de cuentas.
En el Ecuador, muchas veces el periodismo de investigación −expresión mal usada pues, en rigor, toda forma de hacer periodismo exige un mínimo de investigación− comienza, no exclusiva pero sí mayoritariamente, en un ajuste de cuentas. La versión de alguien que se considera afectado por otra persona o institución siempre resulta oro en polvo para un investigador. El problema no está ahí, sino en otorgarle a esa versión el cien por ciento de credibilidad y publicarla sin contrastar con la de quien se pretende investigar. Eso descalifica la investigación y la convierte en mala intención.
Algunos medios privados acusan a los públicos de algo que ellos mismos practican. Varios reporteros de mi generación pueden dar cuenta de más de un editor o editora que consultaban durante horas a una poderosa embajada la conveniencia o no de publicar algo relacionado con el Plan Colombia o la Base de Manta, por si resultaba ofensivo para ese país. ¿Alguien ha investigado sobre esa manera de negociar un bien público como la información? Un principio fundamental de la investigación periodística es tener siempre puesto el ojo en el lugar del poder, no en el ajuste de cuentas. ¿Algún medio privado ha investigado o ha exigido transparencia a uno que, según la versión gubernamental, pertenece a empresas domiciliadas en paraísos fiscales solo con el fin de evadir impuestos en el Ecuador? Que sean transparentes los medios públicos, pero que comiencen por serlo los privados, porque de ellos proviene la cultura de la industria mediática dominante en este país.
2. “Instantaneísmo”
En la televisión existe una esquizofrenia llamada “en vivo y en directo”, ese impulso irreflexivo de ser los primeros en informar, de anotarse un “golpe” contra la competencia, como si para el público ver fuera igual a comprender. Alertados de que la muletilla ya resulta obsoleta, ahora los presentadores hablan de transmitir noticias “en tiempo real”, expresión más elegante, más eufemística también, pero una práctica igual de nociva para lo que se supone que es tarea del periodismo: buscar el significado de los hechos mediante una contextualización adecuada.
Ese inmediatismo del que pocos se salvan convierte al periodismo en “instantaneísmo”, o sea en el privilegio de las emociones y no de las reflexiones. Llegar primero es la consigna. Nosotros le mostramos la realidad y, si no la entiende, allá usted con su ignorancia, es el mensaje no dicho, pero asumido sin cuestionamientos en los medios televisivos. A la larga, esta doctrina efectista y utilitaria se vuelve contra esos mismos medios. Teleamazonas acaba de recibir una segunda sanción en pocas semanas, esta vez por haber transmitido la noticia de un supuesto centro clandestino de conteo de votos durante las elecciones de abril. Según el Conartel esa noticia contraviene la Ley de Radiodifusión y Televisión, que prohíbe transmitir información basada en supuestos. El argumento de un funcionario del canal confirma la cultura inmediatista: “No transmitimos la información basada en supuestos, era real lo que estaba pasando y eso se transmitió en vivo y en directo”.
Si dejamos por un rato de lado la consideración de que las entidades estatales no son las más calificadas para regular los contenidos de los medios o que el posible cierre de Teleamazonas sería una medida desmesurada, lo que en esencia pone al canal al borde de una tercera sanción es haber seguido el juego-negocio de la televisión, que consiste en convertir al periodismo en “instantaneísmo”.
El Telégrafo 28-06-2009
Sin más preámbulos, dos vicios periodísticos que cobran vigencia en estos días.
1. Ajuste de cuentas
Que los medios estatales desarrollen un proceso que los convierta en verdaderos medios públicos es una demanda social irrefutable. Por supuesto, ya que no solo operan con recursos de todos, sino que también manejan un bien de todos, como es la información. Exigir que estos medios pongan en práctica sistemas de transparencia y rendición de cuentas, no solo económicos sino de procedimientos internos, es parte de este proceso. Pero esa es una cosa, y otra muy distinta es la campaña de desprestigio a los medios públicos, especialmente contra El Telégrafo, emprendida por varios medios privados. Por ejemplo, el informe de un diario guayaquileño, basado en gran parte en una práctica muy arraigada en la cultura periodística, que todos los tratados de investigación recomiendan evitar, conocida como ajuste de cuentas.
En el Ecuador, muchas veces el periodismo de investigación −expresión mal usada pues, en rigor, toda forma de hacer periodismo exige un mínimo de investigación− comienza, no exclusiva pero sí mayoritariamente, en un ajuste de cuentas. La versión de alguien que se considera afectado por otra persona o institución siempre resulta oro en polvo para un investigador. El problema no está ahí, sino en otorgarle a esa versión el cien por ciento de credibilidad y publicarla sin contrastar con la de quien se pretende investigar. Eso descalifica la investigación y la convierte en mala intención.
Algunos medios privados acusan a los públicos de algo que ellos mismos practican. Varios reporteros de mi generación pueden dar cuenta de más de un editor o editora que consultaban durante horas a una poderosa embajada la conveniencia o no de publicar algo relacionado con el Plan Colombia o la Base de Manta, por si resultaba ofensivo para ese país. ¿Alguien ha investigado sobre esa manera de negociar un bien público como la información? Un principio fundamental de la investigación periodística es tener siempre puesto el ojo en el lugar del poder, no en el ajuste de cuentas. ¿Algún medio privado ha investigado o ha exigido transparencia a uno que, según la versión gubernamental, pertenece a empresas domiciliadas en paraísos fiscales solo con el fin de evadir impuestos en el Ecuador? Que sean transparentes los medios públicos, pero que comiencen por serlo los privados, porque de ellos proviene la cultura de la industria mediática dominante en este país.
2. “Instantaneísmo”
En la televisión existe una esquizofrenia llamada “en vivo y en directo”, ese impulso irreflexivo de ser los primeros en informar, de anotarse un “golpe” contra la competencia, como si para el público ver fuera igual a comprender. Alertados de que la muletilla ya resulta obsoleta, ahora los presentadores hablan de transmitir noticias “en tiempo real”, expresión más elegante, más eufemística también, pero una práctica igual de nociva para lo que se supone que es tarea del periodismo: buscar el significado de los hechos mediante una contextualización adecuada.
Ese inmediatismo del que pocos se salvan convierte al periodismo en “instantaneísmo”, o sea en el privilegio de las emociones y no de las reflexiones. Llegar primero es la consigna. Nosotros le mostramos la realidad y, si no la entiende, allá usted con su ignorancia, es el mensaje no dicho, pero asumido sin cuestionamientos en los medios televisivos. A la larga, esta doctrina efectista y utilitaria se vuelve contra esos mismos medios. Teleamazonas acaba de recibir una segunda sanción en pocas semanas, esta vez por haber transmitido la noticia de un supuesto centro clandestino de conteo de votos durante las elecciones de abril. Según el Conartel esa noticia contraviene la Ley de Radiodifusión y Televisión, que prohíbe transmitir información basada en supuestos. El argumento de un funcionario del canal confirma la cultura inmediatista: “No transmitimos la información basada en supuestos, era real lo que estaba pasando y eso se transmitió en vivo y en directo”.
Si dejamos por un rato de lado la consideración de que las entidades estatales no son las más calificadas para regular los contenidos de los medios o que el posible cierre de Teleamazonas sería una medida desmesurada, lo que en esencia pone al canal al borde de una tercera sanción es haber seguido el juego-negocio de la televisión, que consiste en convertir al periodismo en “instantaneísmo”.
El Telégrafo 28-06-2009
La sanción del público
Por Gustavo Abad
Casi todos los que se convocaron hace dos semanas frente al Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) son jóvenes de un colectivo llamado DiablUma, que se dedican al activismo cultural hace varios años. Estaban ahí para exigir a esa entidad de control que ratificara la sanción impuesta a Teleamazonas por transmitir imágenes de las corridas de toros en horario no autorizado durante el último aniversario de la fundación española de Quito, algo que ellos se niegan a celebrar con un argumento irrefutable: las masacres no se celebran.
Fueron precisamente los DiablUma junto con Protección de Animales Ecuador (PAE) las organizaciones que a fines del año pasado pidieron a la Defensoría del Pueblo que tomara medidas para proteger especialmente a los niños de las imágenes sangrientas de la llamada fiesta brava. La demanda pasó administrativamente hasta el Conartel, que emitió la resolución 5377 de noviembre de 2008 en la que prohíbe la transmisión de escenas de violencia y crueldad derivadas de las corridas de toros.
Dicho de otro modo, la sanción al autodenominado “lindo canal” no se origina en una retaliación del poder político por tratarse de un, también autodenominado, “medio crítico” sino en la acción de la sociedad civil organizada y movilizada en defensa de su derecho a contar con una televisión de mejor calidad. Ahí está la clave de este asunto. Por primera vez se logra una sanción real y efectiva a un medio, como resultado de una demanda de los consumidores que todos los días sufren mala televisión, porque hasta ahora algunos medios solo habían recibido sanciones morales de las audiencias.
Recordemos que hace cuatro años ese mismo canal recibió tal cantidad de críticas de los televidentes que se vio obligado a quitar de la programación una cosa llamada Jackass, uno de esos engendros de MTV en la cresta de la telebasura. No hubo ahí intervención estatal sino pura sanción ciudadana. Recordemos también que no fue el poder político el que rodeó el edificio de ese canal hasta obligar a sus reporteros a salir a las calles a informar lo que pasaba en ese abril cuando el país se deshizo de un coronel afiebrado. Fue el reclamo de la gente lo que los obligó a hacer su tarea aunque sea a regañadientes.
Pero volvamos al plantón frente al Conartel. Fue quizá la manifestación con mayor cobertura en torno a este tema. Llegaron todos los medios, todas las cámaras y los activistas enronquecieron de tanto hablar. Pero esa misma noche sus voces no aparecieron en casi ningún noticiero de televisión. Al contrario, la noticia dominante se refería a las manifestaciones de respaldo a Telemazonas. El cinismo se completó cuando, para ilustrar el montaje del apoyo masivo al canal, varios noticieros usaron la imagen de los que en la mañana pedían exactamente lo contrario: sanción. Al ver eso uno se pregunta ¿Ni siquiera el hecho de estar en el banquillo de los acusados aplaca en esos canales su impulso manipulador? ¿Alguno de los jóvenes, cuya imagen fue usada dolosamente, tiene oportunidad de reclamar? ¿Por qué ellos tienen que manifestarse en la calle mientras la pantalla queda para presentadores como Jorge Ortiz o Bernardo Abad, que en su reducido criterio se creen representantes de la libertad de expresión?
Entonces el tema del debate no son Los Simpson, ni Dragon Ball Z, como plantean los que le dibujan una mordaza al bobo de Homero en la revista Vanguardia. Sí es un tema de preocupación el hecho de que la regulación de los contenidos provenga de una entidad estatal como el Conartel, que está para administrar otros aspectos de la comunicación, menos los contenidos. Pero el tema central, el de valor histórico, que se juega en estos momentos es cómo garantizar que quien juzgue a los medios no sea un organismo oficial, sino social, comunitario, académico, cultural, etc., sobre la base de una proceso de lectura crítica que involucre principalmente a los usuarios. Los DiablUma ya están haciendo su parte y hay que enriquecer ese proceso.
El tema es la responsabilidad social de los medios, la demolición del mito de que tener un micrófono autoriza a ciertos presentadores a decir lo que les da la gana. El tema es construir otra relación con las audiencias. Y las audiencias, en el caso Teleamazonas, ya tienen su veredicto. Cuando Ortiz y compañía hicieron el sainete de sellarse la boca con esparadrapo, cientos de correos circularon con un deseo que es a la vez una sentencia: ojalá se quedaran así. Yo no diría tanto, aunque sí esperaría que le bajen los decibeles a su estridencia.
El Telégrafo 21-06-2009
Casi todos los que se convocaron hace dos semanas frente al Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel) son jóvenes de un colectivo llamado DiablUma, que se dedican al activismo cultural hace varios años. Estaban ahí para exigir a esa entidad de control que ratificara la sanción impuesta a Teleamazonas por transmitir imágenes de las corridas de toros en horario no autorizado durante el último aniversario de la fundación española de Quito, algo que ellos se niegan a celebrar con un argumento irrefutable: las masacres no se celebran.
Fueron precisamente los DiablUma junto con Protección de Animales Ecuador (PAE) las organizaciones que a fines del año pasado pidieron a la Defensoría del Pueblo que tomara medidas para proteger especialmente a los niños de las imágenes sangrientas de la llamada fiesta brava. La demanda pasó administrativamente hasta el Conartel, que emitió la resolución 5377 de noviembre de 2008 en la que prohíbe la transmisión de escenas de violencia y crueldad derivadas de las corridas de toros.
Dicho de otro modo, la sanción al autodenominado “lindo canal” no se origina en una retaliación del poder político por tratarse de un, también autodenominado, “medio crítico” sino en la acción de la sociedad civil organizada y movilizada en defensa de su derecho a contar con una televisión de mejor calidad. Ahí está la clave de este asunto. Por primera vez se logra una sanción real y efectiva a un medio, como resultado de una demanda de los consumidores que todos los días sufren mala televisión, porque hasta ahora algunos medios solo habían recibido sanciones morales de las audiencias.
Recordemos que hace cuatro años ese mismo canal recibió tal cantidad de críticas de los televidentes que se vio obligado a quitar de la programación una cosa llamada Jackass, uno de esos engendros de MTV en la cresta de la telebasura. No hubo ahí intervención estatal sino pura sanción ciudadana. Recordemos también que no fue el poder político el que rodeó el edificio de ese canal hasta obligar a sus reporteros a salir a las calles a informar lo que pasaba en ese abril cuando el país se deshizo de un coronel afiebrado. Fue el reclamo de la gente lo que los obligó a hacer su tarea aunque sea a regañadientes.
Pero volvamos al plantón frente al Conartel. Fue quizá la manifestación con mayor cobertura en torno a este tema. Llegaron todos los medios, todas las cámaras y los activistas enronquecieron de tanto hablar. Pero esa misma noche sus voces no aparecieron en casi ningún noticiero de televisión. Al contrario, la noticia dominante se refería a las manifestaciones de respaldo a Telemazonas. El cinismo se completó cuando, para ilustrar el montaje del apoyo masivo al canal, varios noticieros usaron la imagen de los que en la mañana pedían exactamente lo contrario: sanción. Al ver eso uno se pregunta ¿Ni siquiera el hecho de estar en el banquillo de los acusados aplaca en esos canales su impulso manipulador? ¿Alguno de los jóvenes, cuya imagen fue usada dolosamente, tiene oportunidad de reclamar? ¿Por qué ellos tienen que manifestarse en la calle mientras la pantalla queda para presentadores como Jorge Ortiz o Bernardo Abad, que en su reducido criterio se creen representantes de la libertad de expresión?
Entonces el tema del debate no son Los Simpson, ni Dragon Ball Z, como plantean los que le dibujan una mordaza al bobo de Homero en la revista Vanguardia. Sí es un tema de preocupación el hecho de que la regulación de los contenidos provenga de una entidad estatal como el Conartel, que está para administrar otros aspectos de la comunicación, menos los contenidos. Pero el tema central, el de valor histórico, que se juega en estos momentos es cómo garantizar que quien juzgue a los medios no sea un organismo oficial, sino social, comunitario, académico, cultural, etc., sobre la base de una proceso de lectura crítica que involucre principalmente a los usuarios. Los DiablUma ya están haciendo su parte y hay que enriquecer ese proceso.
El tema es la responsabilidad social de los medios, la demolición del mito de que tener un micrófono autoriza a ciertos presentadores a decir lo que les da la gana. El tema es construir otra relación con las audiencias. Y las audiencias, en el caso Teleamazonas, ya tienen su veredicto. Cuando Ortiz y compañía hicieron el sainete de sellarse la boca con esparadrapo, cientos de correos circularon con un deseo que es a la vez una sentencia: ojalá se quedaran así. Yo no diría tanto, aunque sí esperaría que le bajen los decibeles a su estridencia.
El Telégrafo 21-06-2009
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