Por Gustavo Abad
En agosto del año pasado, en este mismo espacio abrimos un debate acerca de la manera poco responsable con que algunos medios usan las imágenes de las víctimas de la violencia. El tema surgió a partir de las fotos del sobreviviente ecuatoriano de la matanza de Tamaulipas. En ese entonces, algunos medios mostraron incluso imágenes y otros datos de los familiares y de la comunidad del afectado.
Casi un año después, el escenario pos-consulta nos pone de nuevo ante el debate de la Ley de Comunicación y, dentro de ella, la conformación de un Consejo de Regulación de la actividad informativa. Se plantea que ese consejo podrá establecer criterios de “responsabilidad ulterior” de los medios y periodistas. Aquí surge un límite conceptual, pues el adjetivo ulterior restringe el concepto responsabilidad a los efectos posteriores de los mensajes informativos y no toma en cuenta los procesos de producción.
Coincidentemente, los medios también retoman el caso Tamaulipas. Esta vez para denunciar que el gobierno ha retirado el apoyo al sobreviviente y a su familia pese a estar dentro del Programa de Protección de Testigos de la Fiscalía. Teleamazonas, por ejemplo, transmitió hace dos semanas una entrevista de 15 minutos vía Skype con el afectado, en la que nadie se preocupó de difuminar el rostro, modificar la voz, ni ensayar alguna otra precaución para proteger la identidad del testigo clave.
De todos modos, este es solo uno de los ejemplos más visibles de lo que ocurre cuando los medios informan sin observar criterios éticos. En general, las noticias sobre las víctimas de la violencia en los medios transgreden los derechos de las personas al menos de tres maneras: espectacularización, indefensión y revictimización, como lo explico a continuación.
La espectacularización se produce cuando los medios ofrecen datos e imágenes que explotan el dolor ajeno como un espectáculo (cuerpos heridos, gritos, lágrimas y otras expresiones de sufrimiento…) En este caso, varios medios mostraron nuevamente las imágenes de los cadáveres amontonados así como el rostro herido del compatriota migrante.
La indefensión, en cambio, es el estado en el que los medios dejan a las personas cuando publican datos e imágenes que ponen en riesgo sus vidas o las de sus familiares (nombres, retratos, lugares, actividades, procedencias…) Mostrar durante 15 minutos el rostro del afectado, lo deja en situación de ser fácilmente reconocido por cualquier traficante de personas dispuesto a borrar las pruebas de su ilícito.
La revictimización consiste en reproducir situaciones dolorosas que hacen daño físico y sicológico a los afectados (recuento de hechos, descripciones, dramatizaciones…) Nuevamente el sobreviviente tiene que relatar detalles de su situación: su frustración, sus carencias, su abandono…
Todo esto es posible advertir y evitar antes de la emisión de las noticias. Sin embargo, en muchos casos, la escasa formación de los periodistas les impide entender los efectos sociales de su trabajo. En otros, los entienden pero no les importa. En ese panorama ¿Cuál es la utilidad del concepto responsabilidad ulterior si el daño ya está hecho? ¿Acaso no es más importante legislar para cambiar las prácticas periodísticas en lugar de hacerlo para penalizar las faltas?
Entonces se hace necesario situar el debate en torno al concepto más amplio de responsabilidad social de los medios y periodistas. Este concepto, que prácticamente ha desaparecido de las salas de redacción, se refiere a la obligación de pensar y prever las consecuencias sociales y políticas de la información; los efectos culturales del lenguaje periodístico; las emociones derivadas del modo de nombrar las cosas; las relaciones de poder afianzadas según los enfoques informativos, entre otras cosas.
La responsabilidad social no puede quedarse en el nivel declarativo. La futura Ley de Comunicación debería enfocarse también en la necesidad de contar con una instancia formal, con capacidad de plantear los estándares básicos de la responsabilidad social, pero también con capacidad para asumir, por denuncia o de oficio, la defensa de personas afectadas en sus derechos cuando los medios no observan criterios de responsabilidad social.
Esa instancia podría ser la Defensoría del Público, que consta en los proyectos iniciales, pero que no ha sido impulsada con la suficiente fuerza en los debates posteriores. Una instancia capaz de construir una carta de navegación con los conceptos fundamentales de responsabilidad social y dimensionar en términos legales los efectos de las malas prácticas periodísticas en la vida de la gente.
lunes, 20 de junio de 2011
lunes, 9 de mayo de 2011
Triunfalismo oficial versus disidencia crítica
Por Gustavo Abad
“Ecuador respalda masivamente las tesis de Correa” es el titular de El Telégrafo del 8 de mayo, día siguiente de la consulta popular. Y más abajo, con enormes letras amarillas sobre fondo negro: “62% SÍ. 38% NO”, como marcador electrónico en partido de básquet. El mensaje triunfalista del diario estatal se completa con una foto de media página del presidente Correa con el pulgar arriba en señal de triunfo.
El Telégrafo hace desde el lado oficial exactamente lo mismo que hacen los medios privados desde la oposición: proselitismo en lugar de periodismo. De otra manera no se explica que sustentara su afirmación en un “exit poll” de una firma contratada por el oficialismo sin prever que, pocas horas después, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) proyectaría un apretado triunfo del SÍ sobre el NO por alrededor del 5%.
El papelón del que en otro momento fue un buen proyecto de diario público remarca el alineamiento y la militancia de algunos de sus jefes con el movimiento oficialista. Pero lo realmente lamentable de este tipo de titulares celebratorios, más cercanos al adulo que a la información, es que le niegan a la población mensajes periodísticamente más honestos y políticamente más útiles.
De todas maneras, el proselitismo de los medios estatales a favor de un jefe, y el de los medios privados a favor de un dueño, resultan a estas alturas apenas otro asunto molestoso y cotidiano, como el mal aliento. Mejor pasemos a otro nivel de análisis, pues los resultados de la consulta permiten una lectura en términos de comunicación política, es decir, del efecto de las acciones y de los mensajes en la vida democrática.
Lo primero que salta a la vista es una considerable pérdida del capital político del gobierno y del presidente Correa. Al mismo tiempo, es notable el incremento de las posiciones críticas que, en este caso, no necesariamente corresponden a la oposición, ni a los medios privados, ni a la derecha tradicional. Todo lo contrario, el alto nivel de votación negativa (las proyecciones hablan de un 45%) provienen de una corriente disidente de las mismas fuerzas que ayudaron a plantear hace casi cinco años el proyecto de la revolución ciudadana.
Esto significa que la tendencia gubernamental de ganar las batallas electorales de manera arrolladora se ha eclipsado. En las seis jornadas electorales anteriores, las tesis del oficialismo ganaron por márgenes de alrededor del 40% ¿De dónde proviene ese 25 a 30 por ciento que pudo votar por el SÍ pero esta vez escogió el NO? Con toda certeza no proviene de los cadáveres políticos de la llamada partidocracia, tampoco del periodismo proselitista de los medios tradicionales. Que no se crean ganadores los que nada han hecho para mejorar la cultura política de este país. Que los Gutiérrez, Hurtado, Vera, Páez, Montúfar no se emocionen porque no han ganado nada. Es Correa el que ha perdido.
Más bien hay que pensar en las causas de ese alto nivel de disidencia de quienes alguna vez creyeron en el proyecto de la revolución ciudadana y ahora no pueden avalar un modo autista de ejercer el poder. La elevada opción por el NO deja en claro que el déficit de comunicación política del gobierno comienza a pasarle factura y que el ejercicio crítico de la población se manifiesta más allá de las refriegas cotidianas. La tesis gobiernista de que “el que no está conmigo está en mi contra” comienza a demostrar su falacia. Disparar contra los del mismo bando y denigrar a los aliados naturales tiene efectos devastadores.
Recordemos un caso reciente. Cuando el ecologista Luis Corral, en medio de un acto político en el coliseo de Zamora, exige al presidente Correa respuestas acerca de los proyectos mineros en esa zona, la reacción del mandatario es tremebunda. En lugar de ofrecer respuestas, decide arengar a los asistentes y construir una atmósfera emocional y violenta en contra del ecologista. Predispone a todo el coliseo y manda a todo su aparataje de seguridad en contra de una sola persona. Corral termina expulsado y golpeado por los simpatizantes de un mandatario que afirma reconocer los derechos de la naturaleza. Esa falta de generosidad y de compasión con el otro en el ejercicio del poder es lo que realmente asusta.
Lo ocurrido en Zamora es parte de una cadena de acciones y mensajes que minan el capital político de un líder que algún día ofreció cambios profundos en esta sociedad necesitada de ellos. Pero no de esa manera. Descalificación de las voces disidentes (Alberto Acosta y decenas de pensadores de alto nivel, excluidos del proyecto por pensar distinto); criminalización de la protesta social (cerca de doscientos dirigentes indígenas enjuiciados por terrorismo); aniquilamiento del proyecto de medios públicos (subsumidos por el aparato de propaganda oficial); adelanto de trabajos para la explotación petrolera en el Yasuní (el proyecto de mantener el petróleo en tierra cada vez es más lejano) solo para mencionar los casos más evidentes, donde el discurso de cambio queda anulado por las acciones y los mensajes políticos.
El castigo en las urnas no es oposición tradicional sino disidencia crítica.
“Ecuador respalda masivamente las tesis de Correa” es el titular de El Telégrafo del 8 de mayo, día siguiente de la consulta popular. Y más abajo, con enormes letras amarillas sobre fondo negro: “62% SÍ. 38% NO”, como marcador electrónico en partido de básquet. El mensaje triunfalista del diario estatal se completa con una foto de media página del presidente Correa con el pulgar arriba en señal de triunfo.
El Telégrafo hace desde el lado oficial exactamente lo mismo que hacen los medios privados desde la oposición: proselitismo en lugar de periodismo. De otra manera no se explica que sustentara su afirmación en un “exit poll” de una firma contratada por el oficialismo sin prever que, pocas horas después, el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE) proyectaría un apretado triunfo del SÍ sobre el NO por alrededor del 5%.
El papelón del que en otro momento fue un buen proyecto de diario público remarca el alineamiento y la militancia de algunos de sus jefes con el movimiento oficialista. Pero lo realmente lamentable de este tipo de titulares celebratorios, más cercanos al adulo que a la información, es que le niegan a la población mensajes periodísticamente más honestos y políticamente más útiles.
De todas maneras, el proselitismo de los medios estatales a favor de un jefe, y el de los medios privados a favor de un dueño, resultan a estas alturas apenas otro asunto molestoso y cotidiano, como el mal aliento. Mejor pasemos a otro nivel de análisis, pues los resultados de la consulta permiten una lectura en términos de comunicación política, es decir, del efecto de las acciones y de los mensajes en la vida democrática.
Lo primero que salta a la vista es una considerable pérdida del capital político del gobierno y del presidente Correa. Al mismo tiempo, es notable el incremento de las posiciones críticas que, en este caso, no necesariamente corresponden a la oposición, ni a los medios privados, ni a la derecha tradicional. Todo lo contrario, el alto nivel de votación negativa (las proyecciones hablan de un 45%) provienen de una corriente disidente de las mismas fuerzas que ayudaron a plantear hace casi cinco años el proyecto de la revolución ciudadana.
Esto significa que la tendencia gubernamental de ganar las batallas electorales de manera arrolladora se ha eclipsado. En las seis jornadas electorales anteriores, las tesis del oficialismo ganaron por márgenes de alrededor del 40% ¿De dónde proviene ese 25 a 30 por ciento que pudo votar por el SÍ pero esta vez escogió el NO? Con toda certeza no proviene de los cadáveres políticos de la llamada partidocracia, tampoco del periodismo proselitista de los medios tradicionales. Que no se crean ganadores los que nada han hecho para mejorar la cultura política de este país. Que los Gutiérrez, Hurtado, Vera, Páez, Montúfar no se emocionen porque no han ganado nada. Es Correa el que ha perdido.
Más bien hay que pensar en las causas de ese alto nivel de disidencia de quienes alguna vez creyeron en el proyecto de la revolución ciudadana y ahora no pueden avalar un modo autista de ejercer el poder. La elevada opción por el NO deja en claro que el déficit de comunicación política del gobierno comienza a pasarle factura y que el ejercicio crítico de la población se manifiesta más allá de las refriegas cotidianas. La tesis gobiernista de que “el que no está conmigo está en mi contra” comienza a demostrar su falacia. Disparar contra los del mismo bando y denigrar a los aliados naturales tiene efectos devastadores.
Recordemos un caso reciente. Cuando el ecologista Luis Corral, en medio de un acto político en el coliseo de Zamora, exige al presidente Correa respuestas acerca de los proyectos mineros en esa zona, la reacción del mandatario es tremebunda. En lugar de ofrecer respuestas, decide arengar a los asistentes y construir una atmósfera emocional y violenta en contra del ecologista. Predispone a todo el coliseo y manda a todo su aparataje de seguridad en contra de una sola persona. Corral termina expulsado y golpeado por los simpatizantes de un mandatario que afirma reconocer los derechos de la naturaleza. Esa falta de generosidad y de compasión con el otro en el ejercicio del poder es lo que realmente asusta.
Lo ocurrido en Zamora es parte de una cadena de acciones y mensajes que minan el capital político de un líder que algún día ofreció cambios profundos en esta sociedad necesitada de ellos. Pero no de esa manera. Descalificación de las voces disidentes (Alberto Acosta y decenas de pensadores de alto nivel, excluidos del proyecto por pensar distinto); criminalización de la protesta social (cerca de doscientos dirigentes indígenas enjuiciados por terrorismo); aniquilamiento del proyecto de medios públicos (subsumidos por el aparato de propaganda oficial); adelanto de trabajos para la explotación petrolera en el Yasuní (el proyecto de mantener el petróleo en tierra cada vez es más lejano) solo para mencionar los casos más evidentes, donde el discurso de cambio queda anulado por las acciones y los mensajes políticos.
El castigo en las urnas no es oposición tradicional sino disidencia crítica.
jueves, 31 de marzo de 2011
Demanda contra “El Gran Hermano” reduce la historia a casuística
Gustavo Abad
Cuando diario Expreso publicó el reportaje “Las obras que ejecuta el hermano del presidente”, en junio de 2009, era difícil prever que, veintiún meses después, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, principales responsables de ese trabajo, tendrían que cargar sobre sus huesos y recursos el efecto de los golpes bajos que han intercambiado en los últimos cuatro años los poderes político y mediático en el Ecuador.
La investigación inicial reveló que un grupo de empresas a las que estaba vinculado Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente Rafael Correa, había obtenido contratos con el Estado por alrededor de 100 millones de dólares. Después, en agosto de 2010, Calderón y Zurita presentan el libro “El Gran Hermano”, en el que profundizan la investigación inicial, encuentran nuevos datos y despliegan un amplio relato sobre la corrupción en las altas esferas del poder.
Ahora, los dos periodistas afrontan un juicio planteado por el presidente Correa bajo la figura de “daño moral” por el contenido del libro. Aunque la investigación no señala responsables de delitos específicos, es una disección profunda de un tema clásico en el manejo de la cosa pública en el Ecuador: el tráfico de influencias. La reacción inicial del gobierno fue decir que se trataba de otra maniobra mediática para desacreditarlo, pero hasta ahora no ha podido desmentir los datos del trabajo periodístico.
Sin embargo, lo más grave de todo esto es que el juicio entablado por el mandatario contra los periodistas transforma el escenario inicial, de una necesaria lucha política por la transformación de las estructuras del campo mediático en el Ecuador, a una querella entre una autoridad ofendida y dos trabajadores de prensa sobrecargados con una responsabilidad que, para ser justos, nos corresponde a todos. El juicio contra los autores de “El Gran Hermano” reduce la compleja relación histórica entre comunicación y política al litigio coyuntural entre periodistas y autoridades. El presidente Correa, como acusador, convierte la historia en casuística.
Estamos ante una posición que desvirtúa la legítima la lucha política por la reconfiguración del espacio mediático. Quizá eso explique en gran parte el fracaso en el debate de la Ley de Comunicación; la tardanza de la sanción a los responsables de la asignación fraudulenta de frecuencias; la ilusoria desvinculación entre los poderes económicos y los medios; la ausencia de un órgano de regulación legítimo. El mejor argumento que puede dar el Presidente a la oposición es enjuiciar a todos los periodistas que pueda.
En un país como el nuestro, donde los gobiernos piensan que en ellos comienza y termina la política y donde los medios piensan lo mismo respecto de la comunicación, resulta tan fácil como peligroso pensar que toda esta confrontación se resuelve judicializando la actividad periodística. El juicio contra Calderón y Zurita abona esta falsa premisa porque, más allá de lo que pase en este caso, las estructuras del campo mediático, las relaciones de poder que ahí se manejan, las injerencias económicas y políticas en los procesos informativos, siguen intactas.
Lo paradójico es que dos periodistas, que han hecho exactamente lo que el gobierno ha demandado de esta profesión –rigurosidad informativa, contrastación de fuentes, verificación de datos, etc.– tienen que defenderse en los juzgados –con todo el desgaste emocional y económico que eso significa– de los efectos de una pelea que comenzó hace cuatro años entre un gobierno con discurso radical de izquierda y unas empresas de medios defensoras del establecimiento y sus privilegios.
En su trabajo, Calderón y Zurita exponen la diferencia entre hacer política contra el gobierno desde los medios y hacer investigación periodística siguiendo las normas del buen oficio. Ellos hicieron lo que tenían que hacer: periodismo y no proselitismo. Otra cosa es lo que hace la mayoría de medios privados y estatales, donde se impone un discurso corporativo de defensa del dueño: proselitismo y no periodismo.
El deseo personal de Correa de escarmentar a dos periodistas desplaza el foco de atención y conduce a olvidar que los temas centrales del debate político-comunicacional en el Ecuador, como el régimen de propiedad de las empresas informativas; las instancias de regulación; las condiciones laborales de los trabajadores de prensa; la censura y autocensura interna en los medios; los derechos colectivos a la comunicación y a la información, entre otros, siguen entrampados en medio de tanto ruido y demandas estériles.
Cuando diario Expreso publicó el reportaje “Las obras que ejecuta el hermano del presidente”, en junio de 2009, era difícil prever que, veintiún meses después, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, principales responsables de ese trabajo, tendrían que cargar sobre sus huesos y recursos el efecto de los golpes bajos que han intercambiado en los últimos cuatro años los poderes político y mediático en el Ecuador.
La investigación inicial reveló que un grupo de empresas a las que estaba vinculado Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente Rafael Correa, había obtenido contratos con el Estado por alrededor de 100 millones de dólares. Después, en agosto de 2010, Calderón y Zurita presentan el libro “El Gran Hermano”, en el que profundizan la investigación inicial, encuentran nuevos datos y despliegan un amplio relato sobre la corrupción en las altas esferas del poder.
Ahora, los dos periodistas afrontan un juicio planteado por el presidente Correa bajo la figura de “daño moral” por el contenido del libro. Aunque la investigación no señala responsables de delitos específicos, es una disección profunda de un tema clásico en el manejo de la cosa pública en el Ecuador: el tráfico de influencias. La reacción inicial del gobierno fue decir que se trataba de otra maniobra mediática para desacreditarlo, pero hasta ahora no ha podido desmentir los datos del trabajo periodístico.
Sin embargo, lo más grave de todo esto es que el juicio entablado por el mandatario contra los periodistas transforma el escenario inicial, de una necesaria lucha política por la transformación de las estructuras del campo mediático en el Ecuador, a una querella entre una autoridad ofendida y dos trabajadores de prensa sobrecargados con una responsabilidad que, para ser justos, nos corresponde a todos. El juicio contra los autores de “El Gran Hermano” reduce la compleja relación histórica entre comunicación y política al litigio coyuntural entre periodistas y autoridades. El presidente Correa, como acusador, convierte la historia en casuística.
Estamos ante una posición que desvirtúa la legítima la lucha política por la reconfiguración del espacio mediático. Quizá eso explique en gran parte el fracaso en el debate de la Ley de Comunicación; la tardanza de la sanción a los responsables de la asignación fraudulenta de frecuencias; la ilusoria desvinculación entre los poderes económicos y los medios; la ausencia de un órgano de regulación legítimo. El mejor argumento que puede dar el Presidente a la oposición es enjuiciar a todos los periodistas que pueda.
En un país como el nuestro, donde los gobiernos piensan que en ellos comienza y termina la política y donde los medios piensan lo mismo respecto de la comunicación, resulta tan fácil como peligroso pensar que toda esta confrontación se resuelve judicializando la actividad periodística. El juicio contra Calderón y Zurita abona esta falsa premisa porque, más allá de lo que pase en este caso, las estructuras del campo mediático, las relaciones de poder que ahí se manejan, las injerencias económicas y políticas en los procesos informativos, siguen intactas.
Lo paradójico es que dos periodistas, que han hecho exactamente lo que el gobierno ha demandado de esta profesión –rigurosidad informativa, contrastación de fuentes, verificación de datos, etc.– tienen que defenderse en los juzgados –con todo el desgaste emocional y económico que eso significa– de los efectos de una pelea que comenzó hace cuatro años entre un gobierno con discurso radical de izquierda y unas empresas de medios defensoras del establecimiento y sus privilegios.
En su trabajo, Calderón y Zurita exponen la diferencia entre hacer política contra el gobierno desde los medios y hacer investigación periodística siguiendo las normas del buen oficio. Ellos hicieron lo que tenían que hacer: periodismo y no proselitismo. Otra cosa es lo que hace la mayoría de medios privados y estatales, donde se impone un discurso corporativo de defensa del dueño: proselitismo y no periodismo.
El deseo personal de Correa de escarmentar a dos periodistas desplaza el foco de atención y conduce a olvidar que los temas centrales del debate político-comunicacional en el Ecuador, como el régimen de propiedad de las empresas informativas; las instancias de regulación; las condiciones laborales de los trabajadores de prensa; la censura y autocensura interna en los medios; los derechos colectivos a la comunicación y a la información, entre otros, siguen entrampados en medio de tanto ruido y demandas estériles.
martes, 25 de enero de 2011
El periodismo es más que "contar historias"
Por Gustavo Abad
Uno de los efectos dañinos de los lugares comunes es impedir el libre flujo del pensamiento. Pretender que se puede explicar ideas complejas mediante frases prefabricadas es ponerle trampas al debate, levantar murallas para que todos nos estrellemos.
Justamente en estos tiempos, cuando los medios de comunicación están bajo la mirada crítica de la sociedad, algunos de los llamados “referentes” del periodismo ecuatoriano intentan defender esta profesión a partir de lugares comunes que sólo aumentan la desazón.
Cuando les preguntan qué es para ellos el periodismo, desempolvan lo que consideran una máxima irrefutable y contestan: “el periodismo es contar historias…”. Resuelto el problema, según ellos.
Admitamos que es tentador pensar así. Pero, en ese caso ¿Qué sentido tiene debatir una Ley de Comunicación? ¿Por qué tenemos que desvincular a los medios de la banca privada? ¿Servirá de algo luchar por mejores condiciones de trabajo para los periodistas? ¿Tiene alguna utilidad el reparto equitativo de frecuencias?... y otros temas álgidos si, al final de cuentas, todo se reduce a… ¡contar historias!
Según esta definición, evidentemente incompleta y tramposa, cualquier debate o normativa sobre el periodismo resultan banales y accesorios. Total, para contar historias no hacen falta. El “Cuentero de Muisne” también contaba historias y sólo necesitaba fantasía y poca vergüenza.
Los que se compran tal simpleza andan por ahí escribiendo sobre niños maltratados sin decir quién debe responder por sus derechos vulnerados; sobre trabajadoras sexuales echadas a la calle sin decir quién debe restituir su salud y su seguridad; sobre secuestros y extorsiones sin decir cuánto tiene que ver en ello la corrupción de la justicia; sobre violaciones a los derechos humanos sin señalar la responsabilidad del Estado…
Hace poco, en Teleamazonas “contaron la historia” de los niños que se suicidan en Chunchi como consecuencia de la migración de sus padres. Aparte de exponer los testimonios dolorosos de esos niños, nunca buscaron una respuesta ante las autoridades de salud (la depresión es un asunto de salud pública) ni de bienestar social (el abandono familiar es una forma de violencia) ni de migración (que tanto hablan de planes de retorno de los migrantes económicos) Nada de eso, se limitaron al cuento.
El periodismo cuenta historias, por supuesto que lo hace, pero es mucho más que narración dramática. Es una actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la construcción de sentidos acerca de la realidad. Por lo tanto, es una práctica comunicacional de intervención política, social y cultural, con profunda incidencia en la organización democrática de las sociedades contemporáneas.
Decir que el periodismo es contar historias es como decir que la política es elegir gobernantes. Si todo fuera cuento ¿Dónde quedan las relaciones de poder, que el periodismo no crea, pero puede ayudar a sostener? ¿Dónde quedan los derechos humanos, que el periodismo no inventa, pero puede ayudar a respetar? ¿Dónde queda la participación política, que el periodismo no garantiza, pero es capaz de facilitar?
Los maestros del periodismo narrativo dejaron grandes enseñanzas en cuanto a técnicas de reportería, usos del lenguaje, recreación de ambientes, ritmos del relato, entre otras cosas útiles. Por eso siguen siendo respetables. Pero no son pocos los casos en que ellos mismos perdieron de vista el trasfondo histórico y político de sus historias por apostarle a una matriz dramática que terminó por “ficcionalizar” la realidad aunque no se lo propusieran. Algún rato habrá que ocuparse más a fondo de ese tema.
Volviendo a nuestro medio, el “narrativismo” (digámoslo con esa palabra para resaltar su falacia) del que hablan nuestros “referentes” no va más allá de la autocomplacencia del narrador, de su pretensión estética. Ahí está la trampa, porque es una forma de periodismo evasivo, que rehúye a la posibilidad de interrogar al poder con un discurso capaz de sacudirlo. Dicho de otra manera, al poder no lo perturba el cuento ni el drama, sino la investigación rigurosa, la información organizada y los datos confirmados.
El periodismo es mucho más que contar historias. Digamos que aspira a contar la historia con riqueza expresiva, con recursos lingüísticos idóneos, con imaginación y buena sintaxis. Eso es otra cosa y, si fracasa en el intento, por lo menos no suena tan despistado.
25-01-2001
Uno de los efectos dañinos de los lugares comunes es impedir el libre flujo del pensamiento. Pretender que se puede explicar ideas complejas mediante frases prefabricadas es ponerle trampas al debate, levantar murallas para que todos nos estrellemos.
Justamente en estos tiempos, cuando los medios de comunicación están bajo la mirada crítica de la sociedad, algunos de los llamados “referentes” del periodismo ecuatoriano intentan defender esta profesión a partir de lugares comunes que sólo aumentan la desazón.
Cuando les preguntan qué es para ellos el periodismo, desempolvan lo que consideran una máxima irrefutable y contestan: “el periodismo es contar historias…”. Resuelto el problema, según ellos.
Admitamos que es tentador pensar así. Pero, en ese caso ¿Qué sentido tiene debatir una Ley de Comunicación? ¿Por qué tenemos que desvincular a los medios de la banca privada? ¿Servirá de algo luchar por mejores condiciones de trabajo para los periodistas? ¿Tiene alguna utilidad el reparto equitativo de frecuencias?... y otros temas álgidos si, al final de cuentas, todo se reduce a… ¡contar historias!
Según esta definición, evidentemente incompleta y tramposa, cualquier debate o normativa sobre el periodismo resultan banales y accesorios. Total, para contar historias no hacen falta. El “Cuentero de Muisne” también contaba historias y sólo necesitaba fantasía y poca vergüenza.
Los que se compran tal simpleza andan por ahí escribiendo sobre niños maltratados sin decir quién debe responder por sus derechos vulnerados; sobre trabajadoras sexuales echadas a la calle sin decir quién debe restituir su salud y su seguridad; sobre secuestros y extorsiones sin decir cuánto tiene que ver en ello la corrupción de la justicia; sobre violaciones a los derechos humanos sin señalar la responsabilidad del Estado…
Hace poco, en Teleamazonas “contaron la historia” de los niños que se suicidan en Chunchi como consecuencia de la migración de sus padres. Aparte de exponer los testimonios dolorosos de esos niños, nunca buscaron una respuesta ante las autoridades de salud (la depresión es un asunto de salud pública) ni de bienestar social (el abandono familiar es una forma de violencia) ni de migración (que tanto hablan de planes de retorno de los migrantes económicos) Nada de eso, se limitaron al cuento.
El periodismo cuenta historias, por supuesto que lo hace, pero es mucho más que narración dramática. Es una actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la construcción de sentidos acerca de la realidad. Por lo tanto, es una práctica comunicacional de intervención política, social y cultural, con profunda incidencia en la organización democrática de las sociedades contemporáneas.
Decir que el periodismo es contar historias es como decir que la política es elegir gobernantes. Si todo fuera cuento ¿Dónde quedan las relaciones de poder, que el periodismo no crea, pero puede ayudar a sostener? ¿Dónde quedan los derechos humanos, que el periodismo no inventa, pero puede ayudar a respetar? ¿Dónde queda la participación política, que el periodismo no garantiza, pero es capaz de facilitar?
Los maestros del periodismo narrativo dejaron grandes enseñanzas en cuanto a técnicas de reportería, usos del lenguaje, recreación de ambientes, ritmos del relato, entre otras cosas útiles. Por eso siguen siendo respetables. Pero no son pocos los casos en que ellos mismos perdieron de vista el trasfondo histórico y político de sus historias por apostarle a una matriz dramática que terminó por “ficcionalizar” la realidad aunque no se lo propusieran. Algún rato habrá que ocuparse más a fondo de ese tema.
Volviendo a nuestro medio, el “narrativismo” (digámoslo con esa palabra para resaltar su falacia) del que hablan nuestros “referentes” no va más allá de la autocomplacencia del narrador, de su pretensión estética. Ahí está la trampa, porque es una forma de periodismo evasivo, que rehúye a la posibilidad de interrogar al poder con un discurso capaz de sacudirlo. Dicho de otra manera, al poder no lo perturba el cuento ni el drama, sino la investigación rigurosa, la información organizada y los datos confirmados.
El periodismo es mucho más que contar historias. Digamos que aspira a contar la historia con riqueza expresiva, con recursos lingüísticos idóneos, con imaginación y buena sintaxis. Eso es otra cosa y, si fracasa en el intento, por lo menos no suena tan despistado.
25-01-2001
viernes, 1 de octubre de 2010
Estado de excepción y diversidad informativa
Gustavo Abad
Hace apenas un par de días, en un diálogo entre periodistas, académicos y estudiantes, algunos planteamos la necesidad de entender que las garantías de la democracia no están en la información mediatizada sino en la política, y que toda acción para modificar la relación de fuerzas en el ámbito de la comunicación es, en última instancia, una acción política.
Pocas horas después, el Ecuador amanecía con la noticia de la insurrección de un grupo de policías bajo el argumento de que el gobierno había reducido algunos de sus privilegios laborales. El conflicto tomó cuerpo cuando el presidente Correa salió -innecesariamente para muchos- a “ponerle el pecho a las balas” y terminó herido y secuestrado por doce horas en el Hospital de la Policía.
Entonces entramos en terreno pantanoso para la mayoría de los medios porque, entre otras cosas, no terminan de asimilar la relación entre comunicación y política en términos de servicio público, es decir, no han sabido reflexionar ni responder a la pregunta ¿Qué tipo de información necesita el país en esos trances? ¿La que puede contribuir a mantener el orden democrático o la que magnifica el caos y la inestabilidad?
La respuesta parece fácil, pero no para los empresarios de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que en un comunicado de hoy rechazan, entre otras cosas, “la decisión gubernamental de obligar a todos los medios audiovisuales a plegar a una cadena nacional ‘indefinida e ininterrumpida’, pues al amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de los hechos que no sean los oficiales”.
Seguramente se refieren a que, mientras el presidente Correa se dirigía al país, a través de un medio estatal, para explicar su estado de salud, los canales privados transmitían en directo los saqueos de que eran objeto algunos locales comerciales en Guayaquil y repetían sin cesar las tomas que más parecían reflejar el nerviosismo callejero. La defensa de la diversidad informativa no siempre concuerda con la demanda de un servicio público.
Se les olvida a los señores de la AEDEP lo que significa un “Estado de excepción”. Los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República son claros al respecto. Señalan que en caso de una “grave conmoción interna” el Presidente puede “suspender o limitar (…) el derecho a la libertad de información…”. Además, “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”.
De modo que la cadena de la que tanto se quejan los empresarios de medios no sólo era legal sino necesaria. En otras palabras, no fue sólo una decisión informativa, sino política. Ahí está la relación que tanto les cuesta ver a los dueños de periódicos, radios y canales privados. A estas alturas, no creo que lo hagan por desconocimiento de la norma, sino por algún otro tipo de carencias o de bajezas. Rebelarse contra un Estado de excepción en dictadura es heroísmo, pero hacerlo en democracia es golpismo.
Por supuesto que podemos lamentar el manejo estrictamente periodístico que hicieron los medios estatales en esta cadena. Una cosa es que la televisión y la radio públicas hagan de matrices en una situación crítica y otra es que algunos de sus periodistas crean que pueden arengar a la población con un discurso partidista. Una cosa es que refuercen el pedido generalizado de garantizar la integridad del primer mandatario y otra es que nos sometan a horas de apología de un líder político y alienten a la población a exponerse a las balas, como lo hizo una locutora de la radio pública.
A veces las formas pueden llegar a desdibujar los principios. Eso es lo peligroso e irresponsable tanto en medios públicos como privados, por más Estado de excepción que nos obligue.
Hace apenas un par de días, en un diálogo entre periodistas, académicos y estudiantes, algunos planteamos la necesidad de entender que las garantías de la democracia no están en la información mediatizada sino en la política, y que toda acción para modificar la relación de fuerzas en el ámbito de la comunicación es, en última instancia, una acción política.
Pocas horas después, el Ecuador amanecía con la noticia de la insurrección de un grupo de policías bajo el argumento de que el gobierno había reducido algunos de sus privilegios laborales. El conflicto tomó cuerpo cuando el presidente Correa salió -innecesariamente para muchos- a “ponerle el pecho a las balas” y terminó herido y secuestrado por doce horas en el Hospital de la Policía.
Entonces entramos en terreno pantanoso para la mayoría de los medios porque, entre otras cosas, no terminan de asimilar la relación entre comunicación y política en términos de servicio público, es decir, no han sabido reflexionar ni responder a la pregunta ¿Qué tipo de información necesita el país en esos trances? ¿La que puede contribuir a mantener el orden democrático o la que magnifica el caos y la inestabilidad?
La respuesta parece fácil, pero no para los empresarios de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que en un comunicado de hoy rechazan, entre otras cosas, “la decisión gubernamental de obligar a todos los medios audiovisuales a plegar a una cadena nacional ‘indefinida e ininterrumpida’, pues al amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de los hechos que no sean los oficiales”.
Seguramente se refieren a que, mientras el presidente Correa se dirigía al país, a través de un medio estatal, para explicar su estado de salud, los canales privados transmitían en directo los saqueos de que eran objeto algunos locales comerciales en Guayaquil y repetían sin cesar las tomas que más parecían reflejar el nerviosismo callejero. La defensa de la diversidad informativa no siempre concuerda con la demanda de un servicio público.
Se les olvida a los señores de la AEDEP lo que significa un “Estado de excepción”. Los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República son claros al respecto. Señalan que en caso de una “grave conmoción interna” el Presidente puede “suspender o limitar (…) el derecho a la libertad de información…”. Además, “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”.
De modo que la cadena de la que tanto se quejan los empresarios de medios no sólo era legal sino necesaria. En otras palabras, no fue sólo una decisión informativa, sino política. Ahí está la relación que tanto les cuesta ver a los dueños de periódicos, radios y canales privados. A estas alturas, no creo que lo hagan por desconocimiento de la norma, sino por algún otro tipo de carencias o de bajezas. Rebelarse contra un Estado de excepción en dictadura es heroísmo, pero hacerlo en democracia es golpismo.
Por supuesto que podemos lamentar el manejo estrictamente periodístico que hicieron los medios estatales en esta cadena. Una cosa es que la televisión y la radio públicas hagan de matrices en una situación crítica y otra es que algunos de sus periodistas crean que pueden arengar a la población con un discurso partidista. Una cosa es que refuercen el pedido generalizado de garantizar la integridad del primer mandatario y otra es que nos sometan a horas de apología de un líder político y alienten a la población a exponerse a las balas, como lo hizo una locutora de la radio pública.
A veces las formas pueden llegar a desdibujar los principios. Eso es lo peligroso e irresponsable tanto en medios públicos como privados, por más Estado de excepción que nos obligue.
sábado, 11 de septiembre de 2010
¿Por qué nos odian tanto?...
¿Hay que defender a los medios de comunicación del Estado o al Estado de los medios y los periodistas? Es la pregunta disparadora que guía los trabajos periodísticos que conforman este libro publicado por el Centro de Competencia en Comunicación de la Friedrich Ebert y editado por Omar Rincón.
De ahí surge “¿Por qué nos odian tanto? Estado y medios de comunicación en América Latina”, un libro que da cuenta de lo que ocurre en 18 países, mediante 18 relatos periodísticos, que cuentan 18 realidades político-mediáticas. Cada historia narra cómo se responde a esta pregunta. El caso ecuatoriano lo cuenta el periodista Gustavo Abad.
Nunca la comunicación fue tan importante, ni fue noticia de primera plana. Los medios de comunicación producen mucho ruido político en nuestra América Latina siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla inédita por el relato de país. Y es que los modelos de medios son modelos de país. En esta situación, hay que recuperar el sentido común…
Versión en pdf
De ahí surge “¿Por qué nos odian tanto? Estado y medios de comunicación en América Latina”, un libro que da cuenta de lo que ocurre en 18 países, mediante 18 relatos periodísticos, que cuentan 18 realidades político-mediáticas. Cada historia narra cómo se responde a esta pregunta. El caso ecuatoriano lo cuenta el periodista Gustavo Abad.
Nunca la comunicación fue tan importante, ni fue noticia de primera plana. Los medios de comunicación producen mucho ruido político en nuestra América Latina siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla inédita por el relato de país. Y es que los modelos de medios son modelos de país. En esta situación, hay que recuperar el sentido común…
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lunes, 30 de agosto de 2010
La foto del sobreviviente
Gustavo Abad
Un joven ecuatoriano es el único sobreviviente de la masacre perpetrada, hace una semana, en el estado de Tamaulipas (México) por una banda de narcotraficantes (los Zetas) contra 72 personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los medios publicaron la noticia, unos con más, otros con menos detalles. En lo que sí coincidieron casi todos fue en ese afán enfermizo de publicar los nombres y las fotos del sobreviviente y de sus familiares, como si de la identificación de los rasgos de las víctimas dependiera la credibilidad del periodismo.
Me niego a aceptar que, a estas alturas, los editores de los principales medios del país, como El Comercio, por ejemplo, que se dicen defensores del buen oficio, respetuosos del lector, que trabajan al servicio de la gente, y un montón de palabrería devaluada por el mal uso, no hayan resuelto todavía en sus procedimientos un asunto de ética elemental, como es la obligación del medio de abstenerse de publicar una información cuando exista la mínima posibilidad de exponer a las personas.
Las fotos publicadas en ese diario –no importa si alguna salió completa y otra “pixelada” – ayudó a aumentar el estado de indefensión, no solo del compatriota herido, sino de todo su entorno familiar. Sobra decir que se trata de un entorno marcado por la pobreza en un pueblo de la provincia del Cañar, lo cual facilita los abusos de toda clase. Todo indica que hay medios y periodistas que no hacen conciencia de su capacidad de causar daño.
Si no fuera lamentable, sería cómico el argumento de uno de los jefes periodísticos de El Comercio, quien sugiere en un artículo que la responsabilidad de proteger a los testigos no es de los medios sino de las autoridades. Asombroso descubrimiento. Después dice que el diario no ha expuesto a las víctimas puesto que los mafiosos que se dedican al tráfico de personas los conocen muy bien por haber tenido tratos anteriormente con ellos. Entonces publiquen la lista de todos los habitantes del pueblo.
Si ese razonamiento viniera de un estudiante de primer año de periodismo, se podría entender, por su nivel de formación, pero no se puede admitir lo mismo de personas que llevan más de veinte años en este oficio y que además ejercen como responsables de la línea informativa de uno de los más grandes diarios del país. Si ellos, los que aspiran a ser referentes de los más jóvenes, no la tienen clara, qué se puede esperar del resto.
“¿Qué gana la sociedad al no conocer el rostro del testigo?”, se pregunta ese mismo jefe periodístico para justificar lo injustificable. La pregunta debería ser al revés: ¿Qué gana la sociedad al conocerlo? Es más: ¿Qué gana la víctima con que todos lo miremos en ese estado íntimo e inviolable como es el sufrimiento? Si los jefes periodísticos de ese diario admitieran que se equivocaron y pidieran disculpas, ese solo gesto los haría merecedores de un poco de respeto. Pero no demuestran la intención de hacerlo, por lo tanto, no hay razón para respetarlos.
El problema es que ciertos medios todavía se guían por esa falsa premisa según la cual la contemplación del horror sirve de lección a la humanidad para no volverlo a cometer. Gran pretexto, inventado para regodearse con la exposición del dolor ajeno. Valga la ocasión para recordarles lo que decía Susan Sontag sobre este tema: “Los únicos que tienen derecho a mirar el dolor ajeno son los que tienen alguna posibilidad de remediarlo”.
En efecto, el médico que alivia las heridas, la autoridad que podría acercar un poco de justicia, el familiar que ofrece compañía y fuerza espiritual, son los únicos con derecho a mirar el sufrimiento del otro. El resto, es decir la mayoría de nosotros, somos simples fisgones. Y todavía hay medios y periodistas que no se dan cuenta. O fingen no darse cuenta, que es peor.
Un joven ecuatoriano es el único sobreviviente de la masacre perpetrada, hace una semana, en el estado de Tamaulipas (México) por una banda de narcotraficantes (los Zetas) contra 72 personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los medios publicaron la noticia, unos con más, otros con menos detalles. En lo que sí coincidieron casi todos fue en ese afán enfermizo de publicar los nombres y las fotos del sobreviviente y de sus familiares, como si de la identificación de los rasgos de las víctimas dependiera la credibilidad del periodismo.
Me niego a aceptar que, a estas alturas, los editores de los principales medios del país, como El Comercio, por ejemplo, que se dicen defensores del buen oficio, respetuosos del lector, que trabajan al servicio de la gente, y un montón de palabrería devaluada por el mal uso, no hayan resuelto todavía en sus procedimientos un asunto de ética elemental, como es la obligación del medio de abstenerse de publicar una información cuando exista la mínima posibilidad de exponer a las personas.
Las fotos publicadas en ese diario –no importa si alguna salió completa y otra “pixelada” – ayudó a aumentar el estado de indefensión, no solo del compatriota herido, sino de todo su entorno familiar. Sobra decir que se trata de un entorno marcado por la pobreza en un pueblo de la provincia del Cañar, lo cual facilita los abusos de toda clase. Todo indica que hay medios y periodistas que no hacen conciencia de su capacidad de causar daño.
Si no fuera lamentable, sería cómico el argumento de uno de los jefes periodísticos de El Comercio, quien sugiere en un artículo que la responsabilidad de proteger a los testigos no es de los medios sino de las autoridades. Asombroso descubrimiento. Después dice que el diario no ha expuesto a las víctimas puesto que los mafiosos que se dedican al tráfico de personas los conocen muy bien por haber tenido tratos anteriormente con ellos. Entonces publiquen la lista de todos los habitantes del pueblo.
Si ese razonamiento viniera de un estudiante de primer año de periodismo, se podría entender, por su nivel de formación, pero no se puede admitir lo mismo de personas que llevan más de veinte años en este oficio y que además ejercen como responsables de la línea informativa de uno de los más grandes diarios del país. Si ellos, los que aspiran a ser referentes de los más jóvenes, no la tienen clara, qué se puede esperar del resto.
“¿Qué gana la sociedad al no conocer el rostro del testigo?”, se pregunta ese mismo jefe periodístico para justificar lo injustificable. La pregunta debería ser al revés: ¿Qué gana la sociedad al conocerlo? Es más: ¿Qué gana la víctima con que todos lo miremos en ese estado íntimo e inviolable como es el sufrimiento? Si los jefes periodísticos de ese diario admitieran que se equivocaron y pidieran disculpas, ese solo gesto los haría merecedores de un poco de respeto. Pero no demuestran la intención de hacerlo, por lo tanto, no hay razón para respetarlos.
El problema es que ciertos medios todavía se guían por esa falsa premisa según la cual la contemplación del horror sirve de lección a la humanidad para no volverlo a cometer. Gran pretexto, inventado para regodearse con la exposición del dolor ajeno. Valga la ocasión para recordarles lo que decía Susan Sontag sobre este tema: “Los únicos que tienen derecho a mirar el dolor ajeno son los que tienen alguna posibilidad de remediarlo”.
En efecto, el médico que alivia las heridas, la autoridad que podría acercar un poco de justicia, el familiar que ofrece compañía y fuerza espiritual, son los únicos con derecho a mirar el sufrimiento del otro. El resto, es decir la mayoría de nosotros, somos simples fisgones. Y todavía hay medios y periodistas que no se dan cuenta. O fingen no darse cuenta, que es peor.
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