Gustavo Abad
Cuando diario Expreso publicó el reportaje “Las obras que ejecuta el hermano del presidente”, en junio de 2009, era difícil prever que, veintiún meses después, los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita, principales responsables de ese trabajo, tendrían que cargar sobre sus huesos y recursos el efecto de los golpes bajos que han intercambiado en los últimos cuatro años los poderes político y mediático en el Ecuador.
La investigación inicial reveló que un grupo de empresas a las que estaba vinculado Fabricio Correa, hermano mayor del Presidente Rafael Correa, había obtenido contratos con el Estado por alrededor de 100 millones de dólares. Después, en agosto de 2010, Calderón y Zurita presentan el libro “El Gran Hermano”, en el que profundizan la investigación inicial, encuentran nuevos datos y despliegan un amplio relato sobre la corrupción en las altas esferas del poder.
Ahora, los dos periodistas afrontan un juicio planteado por el presidente Correa bajo la figura de “daño moral” por el contenido del libro. Aunque la investigación no señala responsables de delitos específicos, es una disección profunda de un tema clásico en el manejo de la cosa pública en el Ecuador: el tráfico de influencias. La reacción inicial del gobierno fue decir que se trataba de otra maniobra mediática para desacreditarlo, pero hasta ahora no ha podido desmentir los datos del trabajo periodístico.
Sin embargo, lo más grave de todo esto es que el juicio entablado por el mandatario contra los periodistas transforma el escenario inicial, de una necesaria lucha política por la transformación de las estructuras del campo mediático en el Ecuador, a una querella entre una autoridad ofendida y dos trabajadores de prensa sobrecargados con una responsabilidad que, para ser justos, nos corresponde a todos. El juicio contra los autores de “El Gran Hermano” reduce la compleja relación histórica entre comunicación y política al litigio coyuntural entre periodistas y autoridades. El presidente Correa, como acusador, convierte la historia en casuística.
Estamos ante una posición que desvirtúa la legítima la lucha política por la reconfiguración del espacio mediático. Quizá eso explique en gran parte el fracaso en el debate de la Ley de Comunicación; la tardanza de la sanción a los responsables de la asignación fraudulenta de frecuencias; la ilusoria desvinculación entre los poderes económicos y los medios; la ausencia de un órgano de regulación legítimo. El mejor argumento que puede dar el Presidente a la oposición es enjuiciar a todos los periodistas que pueda.
En un país como el nuestro, donde los gobiernos piensan que en ellos comienza y termina la política y donde los medios piensan lo mismo respecto de la comunicación, resulta tan fácil como peligroso pensar que toda esta confrontación se resuelve judicializando la actividad periodística. El juicio contra Calderón y Zurita abona esta falsa premisa porque, más allá de lo que pase en este caso, las estructuras del campo mediático, las relaciones de poder que ahí se manejan, las injerencias económicas y políticas en los procesos informativos, siguen intactas.
Lo paradójico es que dos periodistas, que han hecho exactamente lo que el gobierno ha demandado de esta profesión –rigurosidad informativa, contrastación de fuentes, verificación de datos, etc.– tienen que defenderse en los juzgados –con todo el desgaste emocional y económico que eso significa– de los efectos de una pelea que comenzó hace cuatro años entre un gobierno con discurso radical de izquierda y unas empresas de medios defensoras del establecimiento y sus privilegios.
En su trabajo, Calderón y Zurita exponen la diferencia entre hacer política contra el gobierno desde los medios y hacer investigación periodística siguiendo las normas del buen oficio. Ellos hicieron lo que tenían que hacer: periodismo y no proselitismo. Otra cosa es lo que hace la mayoría de medios privados y estatales, donde se impone un discurso corporativo de defensa del dueño: proselitismo y no periodismo.
El deseo personal de Correa de escarmentar a dos periodistas desplaza el foco de atención y conduce a olvidar que los temas centrales del debate político-comunicacional en el Ecuador, como el régimen de propiedad de las empresas informativas; las instancias de regulación; las condiciones laborales de los trabajadores de prensa; la censura y autocensura interna en los medios; los derechos colectivos a la comunicación y a la información, entre otros, siguen entrampados en medio de tanto ruido y demandas estériles.
jueves, 31 de marzo de 2011
martes, 25 de enero de 2011
El periodismo es más que "contar historias"
Por Gustavo Abad
Uno de los efectos dañinos de los lugares comunes es impedir el libre flujo del pensamiento. Pretender que se puede explicar ideas complejas mediante frases prefabricadas es ponerle trampas al debate, levantar murallas para que todos nos estrellemos.
Justamente en estos tiempos, cuando los medios de comunicación están bajo la mirada crítica de la sociedad, algunos de los llamados “referentes” del periodismo ecuatoriano intentan defender esta profesión a partir de lugares comunes que sólo aumentan la desazón.
Cuando les preguntan qué es para ellos el periodismo, desempolvan lo que consideran una máxima irrefutable y contestan: “el periodismo es contar historias…”. Resuelto el problema, según ellos.
Admitamos que es tentador pensar así. Pero, en ese caso ¿Qué sentido tiene debatir una Ley de Comunicación? ¿Por qué tenemos que desvincular a los medios de la banca privada? ¿Servirá de algo luchar por mejores condiciones de trabajo para los periodistas? ¿Tiene alguna utilidad el reparto equitativo de frecuencias?... y otros temas álgidos si, al final de cuentas, todo se reduce a… ¡contar historias!
Según esta definición, evidentemente incompleta y tramposa, cualquier debate o normativa sobre el periodismo resultan banales y accesorios. Total, para contar historias no hacen falta. El “Cuentero de Muisne” también contaba historias y sólo necesitaba fantasía y poca vergüenza.
Los que se compran tal simpleza andan por ahí escribiendo sobre niños maltratados sin decir quién debe responder por sus derechos vulnerados; sobre trabajadoras sexuales echadas a la calle sin decir quién debe restituir su salud y su seguridad; sobre secuestros y extorsiones sin decir cuánto tiene que ver en ello la corrupción de la justicia; sobre violaciones a los derechos humanos sin señalar la responsabilidad del Estado…
Hace poco, en Teleamazonas “contaron la historia” de los niños que se suicidan en Chunchi como consecuencia de la migración de sus padres. Aparte de exponer los testimonios dolorosos de esos niños, nunca buscaron una respuesta ante las autoridades de salud (la depresión es un asunto de salud pública) ni de bienestar social (el abandono familiar es una forma de violencia) ni de migración (que tanto hablan de planes de retorno de los migrantes económicos) Nada de eso, se limitaron al cuento.
El periodismo cuenta historias, por supuesto que lo hace, pero es mucho más que narración dramática. Es una actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la construcción de sentidos acerca de la realidad. Por lo tanto, es una práctica comunicacional de intervención política, social y cultural, con profunda incidencia en la organización democrática de las sociedades contemporáneas.
Decir que el periodismo es contar historias es como decir que la política es elegir gobernantes. Si todo fuera cuento ¿Dónde quedan las relaciones de poder, que el periodismo no crea, pero puede ayudar a sostener? ¿Dónde quedan los derechos humanos, que el periodismo no inventa, pero puede ayudar a respetar? ¿Dónde queda la participación política, que el periodismo no garantiza, pero es capaz de facilitar?
Los maestros del periodismo narrativo dejaron grandes enseñanzas en cuanto a técnicas de reportería, usos del lenguaje, recreación de ambientes, ritmos del relato, entre otras cosas útiles. Por eso siguen siendo respetables. Pero no son pocos los casos en que ellos mismos perdieron de vista el trasfondo histórico y político de sus historias por apostarle a una matriz dramática que terminó por “ficcionalizar” la realidad aunque no se lo propusieran. Algún rato habrá que ocuparse más a fondo de ese tema.
Volviendo a nuestro medio, el “narrativismo” (digámoslo con esa palabra para resaltar su falacia) del que hablan nuestros “referentes” no va más allá de la autocomplacencia del narrador, de su pretensión estética. Ahí está la trampa, porque es una forma de periodismo evasivo, que rehúye a la posibilidad de interrogar al poder con un discurso capaz de sacudirlo. Dicho de otra manera, al poder no lo perturba el cuento ni el drama, sino la investigación rigurosa, la información organizada y los datos confirmados.
El periodismo es mucho más que contar historias. Digamos que aspira a contar la historia con riqueza expresiva, con recursos lingüísticos idóneos, con imaginación y buena sintaxis. Eso es otra cosa y, si fracasa en el intento, por lo menos no suena tan despistado.
25-01-2001
Uno de los efectos dañinos de los lugares comunes es impedir el libre flujo del pensamiento. Pretender que se puede explicar ideas complejas mediante frases prefabricadas es ponerle trampas al debate, levantar murallas para que todos nos estrellemos.
Justamente en estos tiempos, cuando los medios de comunicación están bajo la mirada crítica de la sociedad, algunos de los llamados “referentes” del periodismo ecuatoriano intentan defender esta profesión a partir de lugares comunes que sólo aumentan la desazón.
Cuando les preguntan qué es para ellos el periodismo, desempolvan lo que consideran una máxima irrefutable y contestan: “el periodismo es contar historias…”. Resuelto el problema, según ellos.
Admitamos que es tentador pensar así. Pero, en ese caso ¿Qué sentido tiene debatir una Ley de Comunicación? ¿Por qué tenemos que desvincular a los medios de la banca privada? ¿Servirá de algo luchar por mejores condiciones de trabajo para los periodistas? ¿Tiene alguna utilidad el reparto equitativo de frecuencias?... y otros temas álgidos si, al final de cuentas, todo se reduce a… ¡contar historias!
Según esta definición, evidentemente incompleta y tramposa, cualquier debate o normativa sobre el periodismo resultan banales y accesorios. Total, para contar historias no hacen falta. El “Cuentero de Muisne” también contaba historias y sólo necesitaba fantasía y poca vergüenza.
Los que se compran tal simpleza andan por ahí escribiendo sobre niños maltratados sin decir quién debe responder por sus derechos vulnerados; sobre trabajadoras sexuales echadas a la calle sin decir quién debe restituir su salud y su seguridad; sobre secuestros y extorsiones sin decir cuánto tiene que ver en ello la corrupción de la justicia; sobre violaciones a los derechos humanos sin señalar la responsabilidad del Estado…
Hace poco, en Teleamazonas “contaron la historia” de los niños que se suicidan en Chunchi como consecuencia de la migración de sus padres. Aparte de exponer los testimonios dolorosos de esos niños, nunca buscaron una respuesta ante las autoridades de salud (la depresión es un asunto de salud pública) ni de bienestar social (el abandono familiar es una forma de violencia) ni de migración (que tanto hablan de planes de retorno de los migrantes económicos) Nada de eso, se limitaron al cuento.
El periodismo cuenta historias, por supuesto que lo hace, pero es mucho más que narración dramática. Es una actividad intelectual basada en la búsqueda y difusión de información relevante para la construcción de sentidos acerca de la realidad. Por lo tanto, es una práctica comunicacional de intervención política, social y cultural, con profunda incidencia en la organización democrática de las sociedades contemporáneas.
Decir que el periodismo es contar historias es como decir que la política es elegir gobernantes. Si todo fuera cuento ¿Dónde quedan las relaciones de poder, que el periodismo no crea, pero puede ayudar a sostener? ¿Dónde quedan los derechos humanos, que el periodismo no inventa, pero puede ayudar a respetar? ¿Dónde queda la participación política, que el periodismo no garantiza, pero es capaz de facilitar?
Los maestros del periodismo narrativo dejaron grandes enseñanzas en cuanto a técnicas de reportería, usos del lenguaje, recreación de ambientes, ritmos del relato, entre otras cosas útiles. Por eso siguen siendo respetables. Pero no son pocos los casos en que ellos mismos perdieron de vista el trasfondo histórico y político de sus historias por apostarle a una matriz dramática que terminó por “ficcionalizar” la realidad aunque no se lo propusieran. Algún rato habrá que ocuparse más a fondo de ese tema.
Volviendo a nuestro medio, el “narrativismo” (digámoslo con esa palabra para resaltar su falacia) del que hablan nuestros “referentes” no va más allá de la autocomplacencia del narrador, de su pretensión estética. Ahí está la trampa, porque es una forma de periodismo evasivo, que rehúye a la posibilidad de interrogar al poder con un discurso capaz de sacudirlo. Dicho de otra manera, al poder no lo perturba el cuento ni el drama, sino la investigación rigurosa, la información organizada y los datos confirmados.
El periodismo es mucho más que contar historias. Digamos que aspira a contar la historia con riqueza expresiva, con recursos lingüísticos idóneos, con imaginación y buena sintaxis. Eso es otra cosa y, si fracasa en el intento, por lo menos no suena tan despistado.
25-01-2001
viernes, 1 de octubre de 2010
Estado de excepción y diversidad informativa
Gustavo Abad
Hace apenas un par de días, en un diálogo entre periodistas, académicos y estudiantes, algunos planteamos la necesidad de entender que las garantías de la democracia no están en la información mediatizada sino en la política, y que toda acción para modificar la relación de fuerzas en el ámbito de la comunicación es, en última instancia, una acción política.
Pocas horas después, el Ecuador amanecía con la noticia de la insurrección de un grupo de policías bajo el argumento de que el gobierno había reducido algunos de sus privilegios laborales. El conflicto tomó cuerpo cuando el presidente Correa salió -innecesariamente para muchos- a “ponerle el pecho a las balas” y terminó herido y secuestrado por doce horas en el Hospital de la Policía.
Entonces entramos en terreno pantanoso para la mayoría de los medios porque, entre otras cosas, no terminan de asimilar la relación entre comunicación y política en términos de servicio público, es decir, no han sabido reflexionar ni responder a la pregunta ¿Qué tipo de información necesita el país en esos trances? ¿La que puede contribuir a mantener el orden democrático o la que magnifica el caos y la inestabilidad?
La respuesta parece fácil, pero no para los empresarios de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que en un comunicado de hoy rechazan, entre otras cosas, “la decisión gubernamental de obligar a todos los medios audiovisuales a plegar a una cadena nacional ‘indefinida e ininterrumpida’, pues al amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de los hechos que no sean los oficiales”.
Seguramente se refieren a que, mientras el presidente Correa se dirigía al país, a través de un medio estatal, para explicar su estado de salud, los canales privados transmitían en directo los saqueos de que eran objeto algunos locales comerciales en Guayaquil y repetían sin cesar las tomas que más parecían reflejar el nerviosismo callejero. La defensa de la diversidad informativa no siempre concuerda con la demanda de un servicio público.
Se les olvida a los señores de la AEDEP lo que significa un “Estado de excepción”. Los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República son claros al respecto. Señalan que en caso de una “grave conmoción interna” el Presidente puede “suspender o limitar (…) el derecho a la libertad de información…”. Además, “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”.
De modo que la cadena de la que tanto se quejan los empresarios de medios no sólo era legal sino necesaria. En otras palabras, no fue sólo una decisión informativa, sino política. Ahí está la relación que tanto les cuesta ver a los dueños de periódicos, radios y canales privados. A estas alturas, no creo que lo hagan por desconocimiento de la norma, sino por algún otro tipo de carencias o de bajezas. Rebelarse contra un Estado de excepción en dictadura es heroísmo, pero hacerlo en democracia es golpismo.
Por supuesto que podemos lamentar el manejo estrictamente periodístico que hicieron los medios estatales en esta cadena. Una cosa es que la televisión y la radio públicas hagan de matrices en una situación crítica y otra es que algunos de sus periodistas crean que pueden arengar a la población con un discurso partidista. Una cosa es que refuercen el pedido generalizado de garantizar la integridad del primer mandatario y otra es que nos sometan a horas de apología de un líder político y alienten a la población a exponerse a las balas, como lo hizo una locutora de la radio pública.
A veces las formas pueden llegar a desdibujar los principios. Eso es lo peligroso e irresponsable tanto en medios públicos como privados, por más Estado de excepción que nos obligue.
Hace apenas un par de días, en un diálogo entre periodistas, académicos y estudiantes, algunos planteamos la necesidad de entender que las garantías de la democracia no están en la información mediatizada sino en la política, y que toda acción para modificar la relación de fuerzas en el ámbito de la comunicación es, en última instancia, una acción política.
Pocas horas después, el Ecuador amanecía con la noticia de la insurrección de un grupo de policías bajo el argumento de que el gobierno había reducido algunos de sus privilegios laborales. El conflicto tomó cuerpo cuando el presidente Correa salió -innecesariamente para muchos- a “ponerle el pecho a las balas” y terminó herido y secuestrado por doce horas en el Hospital de la Policía.
Entonces entramos en terreno pantanoso para la mayoría de los medios porque, entre otras cosas, no terminan de asimilar la relación entre comunicación y política en términos de servicio público, es decir, no han sabido reflexionar ni responder a la pregunta ¿Qué tipo de información necesita el país en esos trances? ¿La que puede contribuir a mantener el orden democrático o la que magnifica el caos y la inestabilidad?
La respuesta parece fácil, pero no para los empresarios de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) que en un comunicado de hoy rechazan, entre otras cosas, “la decisión gubernamental de obligar a todos los medios audiovisuales a plegar a una cadena nacional ‘indefinida e ininterrumpida’, pues al amparo del estado de excepción se ha impedido a la ciudadanía tener otras versiones de los hechos que no sean los oficiales”.
Seguramente se refieren a que, mientras el presidente Correa se dirigía al país, a través de un medio estatal, para explicar su estado de salud, los canales privados transmitían en directo los saqueos de que eran objeto algunos locales comerciales en Guayaquil y repetían sin cesar las tomas que más parecían reflejar el nerviosismo callejero. La defensa de la diversidad informativa no siempre concuerda con la demanda de un servicio público.
Se les olvida a los señores de la AEDEP lo que significa un “Estado de excepción”. Los artículos 164 y 165 de la Constitución de la República son claros al respecto. Señalan que en caso de una “grave conmoción interna” el Presidente puede “suspender o limitar (…) el derecho a la libertad de información…”. Además, “Disponer censura previa en la información de los medios de comunicación social con estricta relación a los motivos del estado de excepción y a la seguridad del Estado”.
De modo que la cadena de la que tanto se quejan los empresarios de medios no sólo era legal sino necesaria. En otras palabras, no fue sólo una decisión informativa, sino política. Ahí está la relación que tanto les cuesta ver a los dueños de periódicos, radios y canales privados. A estas alturas, no creo que lo hagan por desconocimiento de la norma, sino por algún otro tipo de carencias o de bajezas. Rebelarse contra un Estado de excepción en dictadura es heroísmo, pero hacerlo en democracia es golpismo.
Por supuesto que podemos lamentar el manejo estrictamente periodístico que hicieron los medios estatales en esta cadena. Una cosa es que la televisión y la radio públicas hagan de matrices en una situación crítica y otra es que algunos de sus periodistas crean que pueden arengar a la población con un discurso partidista. Una cosa es que refuercen el pedido generalizado de garantizar la integridad del primer mandatario y otra es que nos sometan a horas de apología de un líder político y alienten a la población a exponerse a las balas, como lo hizo una locutora de la radio pública.
A veces las formas pueden llegar a desdibujar los principios. Eso es lo peligroso e irresponsable tanto en medios públicos como privados, por más Estado de excepción que nos obligue.
sábado, 11 de septiembre de 2010
¿Por qué nos odian tanto?...
¿Hay que defender a los medios de comunicación del Estado o al Estado de los medios y los periodistas? Es la pregunta disparadora que guía los trabajos periodísticos que conforman este libro publicado por el Centro de Competencia en Comunicación de la Friedrich Ebert y editado por Omar Rincón.
De ahí surge “¿Por qué nos odian tanto? Estado y medios de comunicación en América Latina”, un libro que da cuenta de lo que ocurre en 18 países, mediante 18 relatos periodísticos, que cuentan 18 realidades político-mediáticas. Cada historia narra cómo se responde a esta pregunta. El caso ecuatoriano lo cuenta el periodista Gustavo Abad.
Nunca la comunicación fue tan importante, ni fue noticia de primera plana. Los medios de comunicación producen mucho ruido político en nuestra América Latina siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla inédita por el relato de país. Y es que los modelos de medios son modelos de país. En esta situación, hay que recuperar el sentido común…
Versión en pdf
De ahí surge “¿Por qué nos odian tanto? Estado y medios de comunicación en América Latina”, un libro que da cuenta de lo que ocurre en 18 países, mediante 18 relatos periodísticos, que cuentan 18 realidades político-mediáticas. Cada historia narra cómo se responde a esta pregunta. El caso ecuatoriano lo cuenta el periodista Gustavo Abad.
Nunca la comunicación fue tan importante, ni fue noticia de primera plana. Los medios de comunicación producen mucho ruido político en nuestra América Latina siglo XXI. Y es que asistimos a unos gobiernos fascinados por la lógica de los medios y a unos medios de comunicación que no quieren perder sus privilegios y dominio sobre la opinión pública. Estamos asistiendo, entonces, a una batalla inédita por el relato de país. Y es que los modelos de medios son modelos de país. En esta situación, hay que recuperar el sentido común…
Versión en pdf
lunes, 30 de agosto de 2010
La foto del sobreviviente
Gustavo Abad
Un joven ecuatoriano es el único sobreviviente de la masacre perpetrada, hace una semana, en el estado de Tamaulipas (México) por una banda de narcotraficantes (los Zetas) contra 72 personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los medios publicaron la noticia, unos con más, otros con menos detalles. En lo que sí coincidieron casi todos fue en ese afán enfermizo de publicar los nombres y las fotos del sobreviviente y de sus familiares, como si de la identificación de los rasgos de las víctimas dependiera la credibilidad del periodismo.
Me niego a aceptar que, a estas alturas, los editores de los principales medios del país, como El Comercio, por ejemplo, que se dicen defensores del buen oficio, respetuosos del lector, que trabajan al servicio de la gente, y un montón de palabrería devaluada por el mal uso, no hayan resuelto todavía en sus procedimientos un asunto de ética elemental, como es la obligación del medio de abstenerse de publicar una información cuando exista la mínima posibilidad de exponer a las personas.
Las fotos publicadas en ese diario –no importa si alguna salió completa y otra “pixelada” – ayudó a aumentar el estado de indefensión, no solo del compatriota herido, sino de todo su entorno familiar. Sobra decir que se trata de un entorno marcado por la pobreza en un pueblo de la provincia del Cañar, lo cual facilita los abusos de toda clase. Todo indica que hay medios y periodistas que no hacen conciencia de su capacidad de causar daño.
Si no fuera lamentable, sería cómico el argumento de uno de los jefes periodísticos de El Comercio, quien sugiere en un artículo que la responsabilidad de proteger a los testigos no es de los medios sino de las autoridades. Asombroso descubrimiento. Después dice que el diario no ha expuesto a las víctimas puesto que los mafiosos que se dedican al tráfico de personas los conocen muy bien por haber tenido tratos anteriormente con ellos. Entonces publiquen la lista de todos los habitantes del pueblo.
Si ese razonamiento viniera de un estudiante de primer año de periodismo, se podría entender, por su nivel de formación, pero no se puede admitir lo mismo de personas que llevan más de veinte años en este oficio y que además ejercen como responsables de la línea informativa de uno de los más grandes diarios del país. Si ellos, los que aspiran a ser referentes de los más jóvenes, no la tienen clara, qué se puede esperar del resto.
“¿Qué gana la sociedad al no conocer el rostro del testigo?”, se pregunta ese mismo jefe periodístico para justificar lo injustificable. La pregunta debería ser al revés: ¿Qué gana la sociedad al conocerlo? Es más: ¿Qué gana la víctima con que todos lo miremos en ese estado íntimo e inviolable como es el sufrimiento? Si los jefes periodísticos de ese diario admitieran que se equivocaron y pidieran disculpas, ese solo gesto los haría merecedores de un poco de respeto. Pero no demuestran la intención de hacerlo, por lo tanto, no hay razón para respetarlos.
El problema es que ciertos medios todavía se guían por esa falsa premisa según la cual la contemplación del horror sirve de lección a la humanidad para no volverlo a cometer. Gran pretexto, inventado para regodearse con la exposición del dolor ajeno. Valga la ocasión para recordarles lo que decía Susan Sontag sobre este tema: “Los únicos que tienen derecho a mirar el dolor ajeno son los que tienen alguna posibilidad de remediarlo”.
En efecto, el médico que alivia las heridas, la autoridad que podría acercar un poco de justicia, el familiar que ofrece compañía y fuerza espiritual, son los únicos con derecho a mirar el sufrimiento del otro. El resto, es decir la mayoría de nosotros, somos simples fisgones. Y todavía hay medios y periodistas que no se dan cuenta. O fingen no darse cuenta, que es peor.
Un joven ecuatoriano es el único sobreviviente de la masacre perpetrada, hace una semana, en el estado de Tamaulipas (México) por una banda de narcotraficantes (los Zetas) contra 72 personas que intentaban cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Los medios publicaron la noticia, unos con más, otros con menos detalles. En lo que sí coincidieron casi todos fue en ese afán enfermizo de publicar los nombres y las fotos del sobreviviente y de sus familiares, como si de la identificación de los rasgos de las víctimas dependiera la credibilidad del periodismo.
Me niego a aceptar que, a estas alturas, los editores de los principales medios del país, como El Comercio, por ejemplo, que se dicen defensores del buen oficio, respetuosos del lector, que trabajan al servicio de la gente, y un montón de palabrería devaluada por el mal uso, no hayan resuelto todavía en sus procedimientos un asunto de ética elemental, como es la obligación del medio de abstenerse de publicar una información cuando exista la mínima posibilidad de exponer a las personas.
Las fotos publicadas en ese diario –no importa si alguna salió completa y otra “pixelada” – ayudó a aumentar el estado de indefensión, no solo del compatriota herido, sino de todo su entorno familiar. Sobra decir que se trata de un entorno marcado por la pobreza en un pueblo de la provincia del Cañar, lo cual facilita los abusos de toda clase. Todo indica que hay medios y periodistas que no hacen conciencia de su capacidad de causar daño.
Si no fuera lamentable, sería cómico el argumento de uno de los jefes periodísticos de El Comercio, quien sugiere en un artículo que la responsabilidad de proteger a los testigos no es de los medios sino de las autoridades. Asombroso descubrimiento. Después dice que el diario no ha expuesto a las víctimas puesto que los mafiosos que se dedican al tráfico de personas los conocen muy bien por haber tenido tratos anteriormente con ellos. Entonces publiquen la lista de todos los habitantes del pueblo.
Si ese razonamiento viniera de un estudiante de primer año de periodismo, se podría entender, por su nivel de formación, pero no se puede admitir lo mismo de personas que llevan más de veinte años en este oficio y que además ejercen como responsables de la línea informativa de uno de los más grandes diarios del país. Si ellos, los que aspiran a ser referentes de los más jóvenes, no la tienen clara, qué se puede esperar del resto.
“¿Qué gana la sociedad al no conocer el rostro del testigo?”, se pregunta ese mismo jefe periodístico para justificar lo injustificable. La pregunta debería ser al revés: ¿Qué gana la sociedad al conocerlo? Es más: ¿Qué gana la víctima con que todos lo miremos en ese estado íntimo e inviolable como es el sufrimiento? Si los jefes periodísticos de ese diario admitieran que se equivocaron y pidieran disculpas, ese solo gesto los haría merecedores de un poco de respeto. Pero no demuestran la intención de hacerlo, por lo tanto, no hay razón para respetarlos.
El problema es que ciertos medios todavía se guían por esa falsa premisa según la cual la contemplación del horror sirve de lección a la humanidad para no volverlo a cometer. Gran pretexto, inventado para regodearse con la exposición del dolor ajeno. Valga la ocasión para recordarles lo que decía Susan Sontag sobre este tema: “Los únicos que tienen derecho a mirar el dolor ajeno son los que tienen alguna posibilidad de remediarlo”.
En efecto, el médico que alivia las heridas, la autoridad que podría acercar un poco de justicia, el familiar que ofrece compañía y fuerza espiritual, son los únicos con derecho a mirar el sufrimiento del otro. El resto, es decir la mayoría de nosotros, somos simples fisgones. Y todavía hay medios y periodistas que no se dan cuenta. O fingen no darse cuenta, que es peor.
miércoles, 7 de julio de 2010
Disidentes
Gustavo Abad
La figura del disidente es quizá una de las más llamativas y controversiales dentro de la larga experiencia de las relaciones de poder. Históricamente, el disidente político de los regímenes totalitarios aparece como la figura más representativa de quienes eligen impugnar o abandonar un modo de organización social que les exige sometimiento. No obstante, existen otras formas de disidencia, que no necesariamente se constituyen en oposición a regímenes políticos sino, más bien, como expresión de valores personales, obligaciones éticas, compromisos intelectuales y otras motivaciones. La disidencia es una de las diversas maneras de buscar la coherencia entre cómo se piensa y cómo se vive; entre lo que se dice y lo que se hace.
El periodismo ecuatoriano tiene muchos casos de disidencia. Un tema que muchos conocen pero pocos verbalizan. Los casos de periodistas amedrentados por el poder político son muchos, pero son más los que se han visto obligados a renunciar por no estar de acuerdo con la censura, las precarias condiciones laborales, las órdenes reñidas con su ética profesional y otros abusos en los propios medios. Ahí es donde se acumulan innumerables tensiones, cuya expresión más visible son las luchas internas de poder y las estrategias de conservación del puesto de trabajo. Varios compañeros de distintos medios están de acuerdo en que la salud mental de los periodistas debería ser un tema de preocupación como un problema de salud pública.
Uno de los procedimientos de censura más usados en los medios es el de la “congeladora”, que consiste en dejar a un periodista sin tareas cuando éste no encaja en el modelo de conducta impuesto por los editores y otros directivos. Comienza por retirarlo de sus fuentes habituales y asignarle trabajos secundarios que nunca serán publicados. Una estrategia cruel de agotamiento sicológico, de la que todos sus compañeros están conscientes, pero nadie hace algo debido al clima de tensión, que el mismo afectado se encarga de disolver con su renuncia. Bastan un par de meses en la congeladora para que el individuo escoja esa vía de liberación.
Después, el disidente se queda solo porque su inmolación no tiene eco ni repercusión social. Las consecuencias de su decisión comienzan y terminan en sí mismo, porque no hay una instancia formal donde esos periodistas puedan exigir respeto o reclamar su derecho a la libertad de expresión y al trabajo. La ruptura entre sus ideales personales y su realización profesional termina por demoler su autoestima y su valoración individual y social. En el periodismo ecuatoriano, el que se aparta de la cultura dominante construida en los medios se convierte en un paria, porque no solo se aparta del culto a la institución, sino que desafía aspiraciones socialmente aceptadas como una cierta estabilidad laboral, una cierta visibilidad pública y otras ficciones arraigadas en este campo.
El primer escollo a superar por el disidente es el desempleo, puesto que cualquier prestigio profesional alcanzado puertas adentro de los medios, generalmente no tiene el mismo peso en otros ámbitos laborales, con otras exigencias. Después viene un duro proceso de recomposición personal y profesional. Algunos optan por la comunicación institucional y se enclaustran en las oficinas a escribir boletines; otros encuentran un nicho en las oficinas legislativas como asesores de diputados, ahora asambleístas; pocos logran recomponerse en el ámbito académico en calidad de docentes, pero son absoluta minoría puesto que las prácticas periodísticas, ligadas a la información de impacto y de coyuntura, tienden a distanciarlos de las prácticas académicas, ligadas a la reflexión teórica.
Sin embargo, el impulso de disidencia no es contra el periodismo, sino contra la cultura empresarial de los medios, esa que unifica las voces y anula la diversidad interna. Entonces, la única salida es apostarle a iniciativas de periodismo disidente, de mediano alcance, sin pretensiones masivas. Comienzan a aparecer varias muestras de ello en los últimos tiempos. “País al revés”, de varios periodistas que abandonaron los medios privados; “Escribe con rojo”, de un grupo de jóvenes tempranamente desilusionados de los medios; “Telegrafoexiliado”, precisamente el nombre de este espacio generado por un grupo de ex articulistas del ex diario público, entre otras. Todas sintonizan con una corriente que apuesta por el periodismo y con el pensamiento crítico y no con el culto a la institucionalidad ya sea pública o privada. Es hora de comenzar a hablar en serio de periodismo disidente en nuestro medio.
La figura del disidente es quizá una de las más llamativas y controversiales dentro de la larga experiencia de las relaciones de poder. Históricamente, el disidente político de los regímenes totalitarios aparece como la figura más representativa de quienes eligen impugnar o abandonar un modo de organización social que les exige sometimiento. No obstante, existen otras formas de disidencia, que no necesariamente se constituyen en oposición a regímenes políticos sino, más bien, como expresión de valores personales, obligaciones éticas, compromisos intelectuales y otras motivaciones. La disidencia es una de las diversas maneras de buscar la coherencia entre cómo se piensa y cómo se vive; entre lo que se dice y lo que se hace.
El periodismo ecuatoriano tiene muchos casos de disidencia. Un tema que muchos conocen pero pocos verbalizan. Los casos de periodistas amedrentados por el poder político son muchos, pero son más los que se han visto obligados a renunciar por no estar de acuerdo con la censura, las precarias condiciones laborales, las órdenes reñidas con su ética profesional y otros abusos en los propios medios. Ahí es donde se acumulan innumerables tensiones, cuya expresión más visible son las luchas internas de poder y las estrategias de conservación del puesto de trabajo. Varios compañeros de distintos medios están de acuerdo en que la salud mental de los periodistas debería ser un tema de preocupación como un problema de salud pública.
Uno de los procedimientos de censura más usados en los medios es el de la “congeladora”, que consiste en dejar a un periodista sin tareas cuando éste no encaja en el modelo de conducta impuesto por los editores y otros directivos. Comienza por retirarlo de sus fuentes habituales y asignarle trabajos secundarios que nunca serán publicados. Una estrategia cruel de agotamiento sicológico, de la que todos sus compañeros están conscientes, pero nadie hace algo debido al clima de tensión, que el mismo afectado se encarga de disolver con su renuncia. Bastan un par de meses en la congeladora para que el individuo escoja esa vía de liberación.
Después, el disidente se queda solo porque su inmolación no tiene eco ni repercusión social. Las consecuencias de su decisión comienzan y terminan en sí mismo, porque no hay una instancia formal donde esos periodistas puedan exigir respeto o reclamar su derecho a la libertad de expresión y al trabajo. La ruptura entre sus ideales personales y su realización profesional termina por demoler su autoestima y su valoración individual y social. En el periodismo ecuatoriano, el que se aparta de la cultura dominante construida en los medios se convierte en un paria, porque no solo se aparta del culto a la institución, sino que desafía aspiraciones socialmente aceptadas como una cierta estabilidad laboral, una cierta visibilidad pública y otras ficciones arraigadas en este campo.
El primer escollo a superar por el disidente es el desempleo, puesto que cualquier prestigio profesional alcanzado puertas adentro de los medios, generalmente no tiene el mismo peso en otros ámbitos laborales, con otras exigencias. Después viene un duro proceso de recomposición personal y profesional. Algunos optan por la comunicación institucional y se enclaustran en las oficinas a escribir boletines; otros encuentran un nicho en las oficinas legislativas como asesores de diputados, ahora asambleístas; pocos logran recomponerse en el ámbito académico en calidad de docentes, pero son absoluta minoría puesto que las prácticas periodísticas, ligadas a la información de impacto y de coyuntura, tienden a distanciarlos de las prácticas académicas, ligadas a la reflexión teórica.
Sin embargo, el impulso de disidencia no es contra el periodismo, sino contra la cultura empresarial de los medios, esa que unifica las voces y anula la diversidad interna. Entonces, la única salida es apostarle a iniciativas de periodismo disidente, de mediano alcance, sin pretensiones masivas. Comienzan a aparecer varias muestras de ello en los últimos tiempos. “País al revés”, de varios periodistas que abandonaron los medios privados; “Escribe con rojo”, de un grupo de jóvenes tempranamente desilusionados de los medios; “Telegrafoexiliado”, precisamente el nombre de este espacio generado por un grupo de ex articulistas del ex diario público, entre otras. Todas sintonizan con una corriente que apuesta por el periodismo y con el pensamiento crítico y no con el culto a la institucionalidad ya sea pública o privada. Es hora de comenzar a hablar en serio de periodismo disidente en nuestro medio.
miércoles, 23 de junio de 2010
La formación profesional de los periodistas
Gustavo Abad
El debate sobre la formación profesional de los periodistas –latente por muchos años, aunque poco desarrollado– se activa en uno de los momentos de mayor tensión entre el poder político y el poder mediático en el Ecuador, que miden fuerzas en torno a la Ley de Comunicación. Esta circunstancia produce una cierta palabrería estridente de parte y parte, en medio de la cual hay que hacer un esfuerzo para encontrar orientación y rescatar lo más sensato.
Por un lado está un poder político que privilegia el corporativismo estatal (ministerios, secretarías, consejos, comisiones…) por sobre la organización social (movimientos, colectivos, grupos…) y, a la par, un sector mediático que privilegia el discurso empresarial (libertad de expresión, independencia de los medios, objetividad de la información..) por sobre el pensamiento crítico (responsabilidad social, capacitación…) Ambas posturas impiden entender la condición de los periodistas como sujetos sociales y del periodismo como una actividad de intervención social que demanda un alto nivel de idoneidad de quienes la ejercen.
En el Ecuador, la formación de los periodistas tiene varias vertientes. Primero, las facultades de comunicación, donde predomina una formación generalista y muy poco cercana a la práctica periodística real. Segundo, los propios medios, donde los graduados o egresados de comunicación aprenden, sobre la marcha, unas destrezas de sobrevivencia y se olvidan de la reflexión y la autocrítica sobre su trabajo. En tercer lugar, están los profesionales formados en otras áreas (Historia, Letras, Sociología…) que descubren los fundamentos periodísticos en la práctica.
La formación de sus empleados no es prioridad en las empresas mediáticas. En el mejor de los casos, son los periodistas con más años quienes ejercen de instructores de los nuevos, lo cual impide romper la autoreferencialidad en este campo. Con alguna excepción, los denominados “referentes” del periodismo ecuatoriano no exhiben aportes significativos y, en su gran mayoría, detentan una autoridad reducida a los propios medios. No han creado una escuela periodística; no han diseñado programas de formación; no han sistematizado una línea de investigación; tampoco son exponentes de alguna narrativa en particular. En otras palabras, no pueden exhibir algún cuerpo organizado de conocimientos –libros, ensayos, cátedras, etc.– que aporte a la formación de los nuevos periodistas.
La profesionalización ha sido entendida como sinónimo de titulación. Pero la posesión de un título universitario en comunicación no garantiza, por sí sola, la idoneidad de su dueño para ejercer el periodismo. La profesionalización significa un proceso de formación continua, de adquisición de conocimientos, de métodos y herramientas –conceptuales e instrumentales– que habiliten a los periodistas como narradores confiables de la complejidad social, independientemente del título académico.
Un proceso de profesionalización debería incluir al menos los siguientes aspectos: 1. Legislación (los periodistas no conocen el marco normativo de su actividad, sus alcances y sus límites); 2. Ética (en ningún medio ecuatoriano se debate acerca del concepto de responsabilidad social, lo cual se expresa en la confusión frecuente entre información, opinión y propaganda); 3. Historia política y económica (reporteros y editores tienen dificultades para situar los hechos en perspectiva histórica por su desconocimiento de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas); y 4. Lenguaje (el descuido de la principal herramienta periodística, el lenguaje, ha impedido renovar las narrativas y construir nuevos relatos de lo social)
El efecto directo de esta situación para los periodistas y otros trabajadores de prensa es que se incrementa su vulnerabilidad frente a las arbitrariedades de las empresas. El periodista se vuelve un sujeto prescindible, que puede ser reemplazado en cualquier momento por otro que llene fácilmente las exigencias de los medios. Por ello, el despido, la censura, los abusos cometidos contra los periodistas por sus empleadores no tienen la mínima repercusión social y no hay instancia legal ni organización social que asuma su defensa.
Así, las empresas mediáticas demuestran tener tanta o mayor capacidad que el poder político para anular la diversidad de pensamiento y atentar no sólo contra el ejercicio profesional de los periodistas sino también contra el derecho a la información de la población.
El debate sobre la formación profesional de los periodistas –latente por muchos años, aunque poco desarrollado– se activa en uno de los momentos de mayor tensión entre el poder político y el poder mediático en el Ecuador, que miden fuerzas en torno a la Ley de Comunicación. Esta circunstancia produce una cierta palabrería estridente de parte y parte, en medio de la cual hay que hacer un esfuerzo para encontrar orientación y rescatar lo más sensato.
Por un lado está un poder político que privilegia el corporativismo estatal (ministerios, secretarías, consejos, comisiones…) por sobre la organización social (movimientos, colectivos, grupos…) y, a la par, un sector mediático que privilegia el discurso empresarial (libertad de expresión, independencia de los medios, objetividad de la información..) por sobre el pensamiento crítico (responsabilidad social, capacitación…) Ambas posturas impiden entender la condición de los periodistas como sujetos sociales y del periodismo como una actividad de intervención social que demanda un alto nivel de idoneidad de quienes la ejercen.
En el Ecuador, la formación de los periodistas tiene varias vertientes. Primero, las facultades de comunicación, donde predomina una formación generalista y muy poco cercana a la práctica periodística real. Segundo, los propios medios, donde los graduados o egresados de comunicación aprenden, sobre la marcha, unas destrezas de sobrevivencia y se olvidan de la reflexión y la autocrítica sobre su trabajo. En tercer lugar, están los profesionales formados en otras áreas (Historia, Letras, Sociología…) que descubren los fundamentos periodísticos en la práctica.
La formación de sus empleados no es prioridad en las empresas mediáticas. En el mejor de los casos, son los periodistas con más años quienes ejercen de instructores de los nuevos, lo cual impide romper la autoreferencialidad en este campo. Con alguna excepción, los denominados “referentes” del periodismo ecuatoriano no exhiben aportes significativos y, en su gran mayoría, detentan una autoridad reducida a los propios medios. No han creado una escuela periodística; no han diseñado programas de formación; no han sistematizado una línea de investigación; tampoco son exponentes de alguna narrativa en particular. En otras palabras, no pueden exhibir algún cuerpo organizado de conocimientos –libros, ensayos, cátedras, etc.– que aporte a la formación de los nuevos periodistas.
La profesionalización ha sido entendida como sinónimo de titulación. Pero la posesión de un título universitario en comunicación no garantiza, por sí sola, la idoneidad de su dueño para ejercer el periodismo. La profesionalización significa un proceso de formación continua, de adquisición de conocimientos, de métodos y herramientas –conceptuales e instrumentales– que habiliten a los periodistas como narradores confiables de la complejidad social, independientemente del título académico.
Un proceso de profesionalización debería incluir al menos los siguientes aspectos: 1. Legislación (los periodistas no conocen el marco normativo de su actividad, sus alcances y sus límites); 2. Ética (en ningún medio ecuatoriano se debate acerca del concepto de responsabilidad social, lo cual se expresa en la confusión frecuente entre información, opinión y propaganda); 3. Historia política y económica (reporteros y editores tienen dificultades para situar los hechos en perspectiva histórica por su desconocimiento de los procesos de formación de las sociedades contemporáneas); y 4. Lenguaje (el descuido de la principal herramienta periodística, el lenguaje, ha impedido renovar las narrativas y construir nuevos relatos de lo social)
El efecto directo de esta situación para los periodistas y otros trabajadores de prensa es que se incrementa su vulnerabilidad frente a las arbitrariedades de las empresas. El periodista se vuelve un sujeto prescindible, que puede ser reemplazado en cualquier momento por otro que llene fácilmente las exigencias de los medios. Por ello, el despido, la censura, los abusos cometidos contra los periodistas por sus empleadores no tienen la mínima repercusión social y no hay instancia legal ni organización social que asuma su defensa.
Así, las empresas mediáticas demuestran tener tanta o mayor capacidad que el poder político para anular la diversidad de pensamiento y atentar no sólo contra el ejercicio profesional de los periodistas sino también contra el derecho a la información de la población.
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