Por Gustavo Abad
Algunos medios privados ecuatorianos deberían prestarles a sus similares colombianos ese letrerito que pregona “+Respeto”, con el que los de acá venden la ficción de que la “prensa libre” se encuentra amenazada. A juzgar por lo que está ocurriendo, los del vecino país lo necesitan más ante un poder político, representado por el gobierno de Álvaro Uribe, que ejerce sobre ellos su influjo desvergonzado.
Hace una semana se difundió la noticia de que los directivos del Grupo Planeta, propietarios de la Casa Editorial El Tiempo, decidieron enterrar la revista Cambio, uno de sus productos que todavía hacía esfuerzos por mantener viva una línea periodística de investigación. El pretexto es que no era rentable. La realidad es que comenzaba a resultar incomoda para el uribismo. Ojo, que tampoco era de oposición ni mucho menos. Era de la casa, pero mal comportada. Le gustaba destapar escándalos.
En realidad no eliminaron la revista, pero el efecto es igual. Solo cambiaron su periodicidad de semanal a mensual y su orientación de investigación a entretenimiento. O sea, casi nada. Y por si a alguien le quedaran dudas del mensaje, despidieron a los editores que se aferraban a conservar una parcela de investigación en un momento en que ya queda poca gente dispuesta a pensar en este oficio con ambición.
Quizá El Comercio, a tono con su campaña anti Ley de Comunicación, debería preguntarles a los periodistas de El Tiempo y a sus compañeros de patio “¿Cómo viven su libertad?” También sería interesante preguntarles a los “defensores de la libertad de expresión” por qué no protestan ante esa abdicación de los principios periodísticos a favor de un proyecto político, ese sí conservador y fascista, como el uribismo. ¿Qué ha dicho la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al respecto?
En octubre del año anterior, los directivos de El Tiempo barrieron el piso con la libertad de expresión de la columnista Claudia López, cuando ella criticó la manera nada profesional con la que ese medio montaba foros con la única intención de inducir las respuestas de los participantes y fabricar con ellas análisis favorables al gobierno de Uribe y a sus posibles sucesores en el poder. Una reflexión profunda sobre la ética periodística y la independencia respecto del poder político fue liquidada con el despido de la periodista.
Los dos casos tienen un rasgo en común: exhibir mano dura de manera desfachatada, sin atenuantes ni disimulo, porque aplicar la fuerza a la vista de todos no solo sirve para develar la infamia de quien la ejerce, sino también para eliminar cualquier duda respecto de quién es el que manda. Cuando el poder político está aliado con el poder mediático, la segunda conducta tiene vía libre y nadie protesta por ello.
En un artículo reciente sobre comunicación y política, el pensador argentino Roberto Follari plantea que cuando los poderes político y mediático están divididos es falsa la idea de que el político lo tiene todo. Pero resulta que cuando los dos están de acuerdo, crean la ilusión de que no existe concentración ni abusos. Ese es el caso de Colombia, donde el periodismo ya no le cuestiona a Uribe su autoritarismo y todo parece estar bien.
En el Ecuador, el rechazo más frontal a la injerencia del poder político en el periodismo en los últimos años se produce, curiosamente, en los medios públicos. En cambio, la oposición rabiosa la ejercen los medios privados, autodenominados “prensa libre”, aunque estén vinculados a intereses particulares. No es gratuito que la oposición trate de articularse en torno a la figura y el ego de un ex periodista de medios privados, como Carlos Vera. En Colombia ocurre lo contrario. Medios privados y estatales –esos sí oficialistas– tiran para un solo lado y nadie hace escándalo por ello.
En pocas palabras, cuando los medios privados hacen oposición a gobiernos con propuesta social, los presidentes son abusivos y autoritarios, pero cuando esos medios están subordinados a gobiernos conservadores y neoliberales, ya podemos quedarnos tranquilos, porque seguramente todo está bien.
El Telégrafo 21-02-2010
sábado, 20 de febrero de 2010
sábado, 6 de febrero de 2010
Cuando la censura revela
Por Gustavo Abad
La censura –en este caso parcial, porque después se la enmendó– ocurrida esta semana contra El Telégrafo, cuando un funcionario impidió que se publicara una nota importante relacionada con el destino de este medio, no habría trascendido y no estaríamos debatiendo al respecto, si este no fuera un diario público o, por lo menos, en proceso de serlo. La reacción ante tamaño abuso impidió que se consumara del todo. Dejémosla entonces en el rango de intromisión.
Otra cosa es la censura a secas en los medios privados, que ocurre todos los días, pero nadie se entera de ello, excepto los que la ejercen y el círculo de amigos cercanos de los periodistas despedidos o amenazados de quedarse sin empleo por desobedientes. ¿Acaso algún medio privado ha explicado a sus lectores, oyentes o televidentes las razones por las que muchos periodistas han tenido que callarse? ¿Alguna vez los reporteros y columnistas de un medio privado han hecho pública su posición respecto de las decisiones de su empresa?
El valor de lo público ligado a la información y al periodismo radica precisamente en que permite que se hagan transparentes las peripecias del proceso informativo, la cocina de las noticias, y que las audiencias se enteren del juego de fuerzas interno mediante el cual se construye el relato periodístico.
Hay quienes ven en lo ocurrido en El Telégrafo un síntoma de debilidad del periodismo público. Yo sostengo que es todo lo contrario, una oportunidad para que se fortalezca el concepto de lo público, para que se incremente el debate sobre los asuntos de interés de todos. Mientras más se hable sobre el tema, mejor.
La vulnerabilidad del medio como tal, reflejada en la imposibilidad de evitar una intromisión de esa naturaleza, es otra cosa, que seguramente será explicada por quienes están a cargo de las investigaciones. El tema no puede quedarse en una denuncia, sino llegar al esclarecimiento de quién violentó la información y por orden de quién. El nuevo directorio tiene tarea.
Un directivo de un medio quiteño se preguntaba hace pocos días por qué el director y los articulistas de El Telégrafo proponemos ahora un debate sobre los medios públicos y rechazamos la injerencia del poder político. Yo me pregunto por qué ni él ni sus antecesores han propuesto en más de cien años un debate público sobre las injerencias de los poderes político, económico, incluso religioso, en su diario. ¿Acaso uno de sus mejores analistas no fue despedido hace dos años cuando criticó la doble moral de unos empresarios ligados a la industria textil? No se hagan los desentendidos.
Pero no caigamos en el binarismo de poner en un plato de la balanza los defectos y virtudes de los medios públicos y en otro los de los privados. El tema no se resuelve por oposición entre unos y otros ni por la suma de errores en ambas partes. El tema aquí es uno solo: la defensa de lo público en su relación con la información y el periodismo. Eso es independiente de si el mayor accionista de un medio es el Estado o el heredero de cuarta generación de una familia de empresarios. La función del periodismo es producir un bien público llamado información.
Por eso, que lo ocurrido no nos haga perder de vista que, en las cercanías de todo esto, persiste el afán de crear un nuevo medio “de corte popular” bajo la infraestructura de El Telégrafo. Los argumentos oficiales de que este diario genera pérdidas resultan muy débiles para sostener decisiones en cuanto a políticas de comunicación, puesto que un medio público en proceso de arranque inevitablemente deber ser subsidiado.
Otro argumento débil es que El Telégrafo no llega a “sectores populares”. Esta semana, el secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, sostuvo que el proyecto del nuevo diario sigue en pie. No dijo, sin embargo, qué debemos entender por popular, aunque sí puso como ejemplos los duetos Expreso-Extra y El Universo-Súper, es decir, un diario formal con fama de serio junto con su pariente chapucero. Tanta imaginación sorprende.
Desde el oficialismo se pretende aplicar la misma lógica del mercado, el mismo razonamiento de los empresarios de la industria mediática, para quienes la defensa de lo público en cuanto a información no es un ideal social sino una molestia para su negocio.
El Telégrafo 07-02-2010
La censura –en este caso parcial, porque después se la enmendó– ocurrida esta semana contra El Telégrafo, cuando un funcionario impidió que se publicara una nota importante relacionada con el destino de este medio, no habría trascendido y no estaríamos debatiendo al respecto, si este no fuera un diario público o, por lo menos, en proceso de serlo. La reacción ante tamaño abuso impidió que se consumara del todo. Dejémosla entonces en el rango de intromisión.
Otra cosa es la censura a secas en los medios privados, que ocurre todos los días, pero nadie se entera de ello, excepto los que la ejercen y el círculo de amigos cercanos de los periodistas despedidos o amenazados de quedarse sin empleo por desobedientes. ¿Acaso algún medio privado ha explicado a sus lectores, oyentes o televidentes las razones por las que muchos periodistas han tenido que callarse? ¿Alguna vez los reporteros y columnistas de un medio privado han hecho pública su posición respecto de las decisiones de su empresa?
El valor de lo público ligado a la información y al periodismo radica precisamente en que permite que se hagan transparentes las peripecias del proceso informativo, la cocina de las noticias, y que las audiencias se enteren del juego de fuerzas interno mediante el cual se construye el relato periodístico.
Hay quienes ven en lo ocurrido en El Telégrafo un síntoma de debilidad del periodismo público. Yo sostengo que es todo lo contrario, una oportunidad para que se fortalezca el concepto de lo público, para que se incremente el debate sobre los asuntos de interés de todos. Mientras más se hable sobre el tema, mejor.
La vulnerabilidad del medio como tal, reflejada en la imposibilidad de evitar una intromisión de esa naturaleza, es otra cosa, que seguramente será explicada por quienes están a cargo de las investigaciones. El tema no puede quedarse en una denuncia, sino llegar al esclarecimiento de quién violentó la información y por orden de quién. El nuevo directorio tiene tarea.
Un directivo de un medio quiteño se preguntaba hace pocos días por qué el director y los articulistas de El Telégrafo proponemos ahora un debate sobre los medios públicos y rechazamos la injerencia del poder político. Yo me pregunto por qué ni él ni sus antecesores han propuesto en más de cien años un debate público sobre las injerencias de los poderes político, económico, incluso religioso, en su diario. ¿Acaso uno de sus mejores analistas no fue despedido hace dos años cuando criticó la doble moral de unos empresarios ligados a la industria textil? No se hagan los desentendidos.
Pero no caigamos en el binarismo de poner en un plato de la balanza los defectos y virtudes de los medios públicos y en otro los de los privados. El tema no se resuelve por oposición entre unos y otros ni por la suma de errores en ambas partes. El tema aquí es uno solo: la defensa de lo público en su relación con la información y el periodismo. Eso es independiente de si el mayor accionista de un medio es el Estado o el heredero de cuarta generación de una familia de empresarios. La función del periodismo es producir un bien público llamado información.
Por eso, que lo ocurrido no nos haga perder de vista que, en las cercanías de todo esto, persiste el afán de crear un nuevo medio “de corte popular” bajo la infraestructura de El Telégrafo. Los argumentos oficiales de que este diario genera pérdidas resultan muy débiles para sostener decisiones en cuanto a políticas de comunicación, puesto que un medio público en proceso de arranque inevitablemente deber ser subsidiado.
Otro argumento débil es que El Telégrafo no llega a “sectores populares”. Esta semana, el secretario general de Comunicación, Fernando Alvarado, sostuvo que el proyecto del nuevo diario sigue en pie. No dijo, sin embargo, qué debemos entender por popular, aunque sí puso como ejemplos los duetos Expreso-Extra y El Universo-Súper, es decir, un diario formal con fama de serio junto con su pariente chapucero. Tanta imaginación sorprende.
Desde el oficialismo se pretende aplicar la misma lógica del mercado, el mismo razonamiento de los empresarios de la industria mediática, para quienes la defensa de lo público en cuanto a información no es un ideal social sino una molestia para su negocio.
El Telégrafo 07-02-2010
El mito y la historia en dos novelas de Tomás Eloy Martínez
Por Gustavo Abad
“Entonces, me le acerqué. Le oí decir exactamente lo que yo esperaba que dijera. Tantos rostros le vi que me decepcioné. De repente, dejó de ser un mito. Finalmente me dije: él es nadie. Apenas es Perón”
TEM (La novela de Perón)
“En aquella época de los grandes records, la gente estaba llena de deseos, y Evita se hacía cargo de que todos se cumplieran. Evita era una enorme red que salía a cazar deseos como si la realidad fuera un campo de mariposas”
TEM (Santa Evita)
Separadas por diez años en su publicación, “La novela de Perón” (1985) y “Santa Evita” (1995), dos novelas del argentino Tomás Eloy Martínez (1934-2010) representan el camino de ida y vuelta al mito, la construcción y reconstrucción de la memoria, la certeza y la duda respecto a las versiones de la realidad, algo así como el equilibrio entre lo que fue y lo que pudo haber sido.
Hago estas aproximaciones iniciales a las dos obras, para ablandar un poco el camino hacia el objetivo de este ensayo, que es establecer algunas semejanzas y diferencias en el tratamiento del mito y de la verdad histórica en las dos novelas, así como la actitud del autor respecto a las dos principales figuras de su narración: Perón y Evita.
Si admitimos que la historia, al fin de cuentas, es una negociación, un uso estratégico de la memoria para producir un efecto determinado en un lugar y un tiempo determinados, podemos decir que la narración de ficción viene a ser algo parecido, solo que ésta incluye además un pacto de credibilidad inicial entre el narrador y el lector.
Tomás Eloy Martínez recurre en las dos novelas a ese pacto, y lo explota al máximo, incluso lo desafía, al ofrecerle al lector señuelos que lo invitan a la comprobación de lo que dice. Tanto en “La Novela de Perón” como en “Santa Evita”, abundan las alusiones a fuentes periodísticas, archivos oficiales, cintas grabadas, cartas secretas, diarios íntimos, memorias, fotografías, etc., pero el autor se encarga siempre de hacer constar su intervención en esas huellas de la historia. Es como si le dijera al lector. ¡Ven, comprueba lo que te digo, y verás que no miento...!, pero al mismo tiempo le advierte ¡Pero todo lo que está aquí escrito no es más que una novela...! Entonces lo más saludable es creerle todo, y cerrar definitivamente el pacto.
Veamos sino lo que dice en “La novela de Perón” cuando habla mediante su alter ego, el periodista Emiliano Zamora: “La verdad es inalcanzable: está en todas las mentiras, como Dios”. Y lo confirma en “Santa Evita”: “En las novelas, lo que es verdad, es también mentira. Los autores construyen a la noche los mismos mitos que han destruido por la mañana”. En los dos casos habla el autor, aunque en el primero ejerce de ventrílocuo de uno de sus personajes. Y aunque en el fondo los dos enunciados buscan un mismo fin, que es construir un discurso hermenéutico respecto de la verdad tanto en la historia como en la ficción, no por ello debemos creer que la actitud del autor es exactamente la misma en ambas obras. Hay semejanzas, pero también diferencias.
La primera novela es más intertextual que la segunda, dialoga más con la historia, y quizá por ello, el autor se vale de un personaje como su alter ego, para canalizar esa suma de relatos con los que se enfrenta al mito Perón, al que le concede un lugar para sus memorias. Y baja al mito de su pedestal, lo coloca frente a frente y lo interpela. Hay una actitud sumamente desmitificadora, irreverente, del autor frente a Perón, en tanto lo narra con todas sus miserias humanas.
La segunda novela, sin dejar de ser una obra intertextual, ofrece una estructura más sencilla, no hay memorias ni contramemorias, como en la primera, sino un hábil ensamblaje de testimonios, en el que la intervención del autor es más transparente y, más que con la historia, plantea un diálogo con la eternidad. Se puede explicar aquello por el hecho de que el autor-escritor-periodista-personaje-narrador, que es Tomás Eloy Martínez en “La novela de Perón”, tuvo la oportunidad de confrontar al personaje real Juan Domingo Perón, mientras que en “Santa Evita”, el autor-narrador solo pudo llegar a Eva Duarte a través del mito.
En estos fragmentos de ambas novelas se puede apreciar la diferencia. En la primera, el autor relata su encuentro con el personaje y lo que éste le dijo sobre otro mito argentino en el diálogo que sostuvieron en su casa de exilio en Madrid: “El Che, dijo, era un infractor a la ley de enrolamiento, un desertor. Si caía en manos de la Policía, iba a ser incorporado cuatro años a la marina o dos al ejército. Cuando lo estuvieron por agarrar, los muchachos de la resistencia peronista le pasaron el santo. Entonces compró una motocicleta y se fue a Chile. Yo le dije: Qué raro, General. Esa versión no coincide para nada con la historia. ¿Con cuál historia?, me cortó. La que cuenta el Che. ¿Cómo que no coincide?, dijo. Tiene que coincidir”
En la segunda, el encuentro con el personaje está cargado de incienso, de olor a flores, de cirios encendidos; no es un diálogo sino un monólogo interior ante la inconmensurable distancia de la muerte: “Aunque nadie podía ver el cadáver, la gente lo imaginaba yaciendo allí, en el sigilo de una capilla, y acudía los domingos a rezar el rosario y a llevarle flores. Poco a poco, Evita fue convirtiéndose en un relato que, antes de terminar, encendía otro. Dejó de ser lo que dijo y lo que hizo para ser lo que dicen que dijo y lo que dicen que hizo”.
Tomás Eloy Martínez, que se revela como un antiperonista irrefutable, dinamita los altares del ídolo Perón, pero enciende los sahumerios para la liturgia de la Santa Evita. A Perón lo encara y lo desenmascara desde varios frentes, ya sea como narrador omnisciente, como personaje o mediante su alter ego Zamora; a Evita, en cambio, deja que la maldigan sus enemigos, unos militares al borde de la locura, seducidos por la necrofilia, que no saben cuál de sus sentimientos es mayor, el amor o el odio hacia ese “sol líquido” (qué manera más poética de nombrar a una momia) que es el cadáver embalsamado de la jefa espiritual de la nación.
Las dos novelas comienzan con un relato de muerte. En “La novela de Perón”, el ex presidente regresa, temeroso y senil, después de dieciocho años de exilio, acosado por los delirios, sentado en el avión como en una resbaladera hacia la nada: “El horóscopo le vaticinaba una adversidad desconocida. ¿De cuál podría tratarse, si ya la única que le faltaba vivir era la deseada adversidad de la muerte? En “Santa Evita”, la primera descripción de su agonía dice: “Al despertar de un desmayo que duró más de tres días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir (...) Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado: el cuerpo huyendo como un caballo al galope”.
Mientras a Perón, el autor le otorga un sentido resignado, entre ordinario y grosero, de la muerte, a Evita la recubre de un sentido místico, de un deseo de trascendencia superior. Perón es un mito viviente que muere. Evita es una muerta que vuelve a la vida como mito. La mosca de ojos cuadriculados que vigila la vida de Perón dista mucho de la mariposa que aletea en la eternidad de Evita.
Esta serie de semejanzas y diferencias en las dos novelas, a la larga, plantean una diferencia mayor, que se da en el nivel simbólico. A riesgo de ser reduccionista, diría que el mito es lo que mayormente une a las dos novelas. Pero mientras en “La novela de Perón”, el gran enigma gira en torno a la verdad histórica y a su contingencia, en “Santa Evita” gira en torno a la vida después de la muerte, a la eternidad. Esa es una de sus principales diferencias.
La evocación a esos dos grandes relatos es constante en las dos obras. Perón escribe sus memorias eliminando lo que no le conviene y exaltando lo que le conviene, a fin de gobernar a la historia. Y el autor lo coloca en la obra como un correlato de su narración. Evita suplica que no la olviden sus descamisados. Y el autor le otorga una manifestación de velas encendidas en todos los sitios por donde se posa el ataúd con su cuerpo embalsamado y nómada.
Los que se acercan al mito Perón se convierten en una especie de prestidigitadores de la historia, de cuyos desvaríos trata de ponerse a salvo incluso el propio autor-narrador: “Ahora que relee las páginas de los primeros días, Perón percibe con cuánto esmero el secretario ha reparado los deslices. Ha interpretado la historia verdadera: la que debió suceder, la que sin duda prevalecerá...” Los que se acercan al mito Evita, como el coronel que la cuida, el embalsamador que la idolatra, los oficiales que la esconden, sufren una maldición, pierden el juicio, y ese extravío amenaza también al autor-narrador: “La viuda se puso en pie y yo sentí que era hora de irme. Su tono había dejado de ser amistoso.-Que Dios lo ampare, entonces. Si va a contar esa historia, debería tener cuidado. Apenas empiece a contarla, usted tampoco tendrá salvación”.
Perón manipula la historia, y en ese juego de mentiras retuerce también la de su familia, de sus amigos y de la nación entera. Uno de sus compañeros de colegio lo increpa: “Me revienta, Juan, que sigas insistiendo en presentarte como ex alumno del Internacional de Olivos y no del Politécnico de Cangallo, y que el error se multiplique ahora en todas tus biografías. Con lo cual te diste no sólo el lujo de componer tu vida sino también trastornar las ajenas”. Evita, desde la eternidad, juega con la vida de los que se cruzan con sus despojos translúcidos, y también retuerce la memoria de sus devotos: “El Coronel llevaba meses atormentándose por haber dejado marchar a Evita. Nada tenía sentido sin ella (...) Lo mantenían lejos de su cuerpo como si se tratara de una novia virgen. Era una estupidez, pensaba, tomar tantas precaucione con una mujer casada, ya mayor, que desde hacía más de tres años estaba muerta”
Perón y Evita hicieron lo que quisieron con la historia. Al final, y esto emparenta más que nada a los dos personajes, ambos fueron consumados actores.
“Entonces, me le acerqué. Le oí decir exactamente lo que yo esperaba que dijera. Tantos rostros le vi que me decepcioné. De repente, dejó de ser un mito. Finalmente me dije: él es nadie. Apenas es Perón”
TEM (La novela de Perón)
“En aquella época de los grandes records, la gente estaba llena de deseos, y Evita se hacía cargo de que todos se cumplieran. Evita era una enorme red que salía a cazar deseos como si la realidad fuera un campo de mariposas”
TEM (Santa Evita)
Separadas por diez años en su publicación, “La novela de Perón” (1985) y “Santa Evita” (1995), dos novelas del argentino Tomás Eloy Martínez (1934-2010) representan el camino de ida y vuelta al mito, la construcción y reconstrucción de la memoria, la certeza y la duda respecto a las versiones de la realidad, algo así como el equilibrio entre lo que fue y lo que pudo haber sido.
Hago estas aproximaciones iniciales a las dos obras, para ablandar un poco el camino hacia el objetivo de este ensayo, que es establecer algunas semejanzas y diferencias en el tratamiento del mito y de la verdad histórica en las dos novelas, así como la actitud del autor respecto a las dos principales figuras de su narración: Perón y Evita.
Si admitimos que la historia, al fin de cuentas, es una negociación, un uso estratégico de la memoria para producir un efecto determinado en un lugar y un tiempo determinados, podemos decir que la narración de ficción viene a ser algo parecido, solo que ésta incluye además un pacto de credibilidad inicial entre el narrador y el lector.
Tomás Eloy Martínez recurre en las dos novelas a ese pacto, y lo explota al máximo, incluso lo desafía, al ofrecerle al lector señuelos que lo invitan a la comprobación de lo que dice. Tanto en “La Novela de Perón” como en “Santa Evita”, abundan las alusiones a fuentes periodísticas, archivos oficiales, cintas grabadas, cartas secretas, diarios íntimos, memorias, fotografías, etc., pero el autor se encarga siempre de hacer constar su intervención en esas huellas de la historia. Es como si le dijera al lector. ¡Ven, comprueba lo que te digo, y verás que no miento...!, pero al mismo tiempo le advierte ¡Pero todo lo que está aquí escrito no es más que una novela...! Entonces lo más saludable es creerle todo, y cerrar definitivamente el pacto.
Veamos sino lo que dice en “La novela de Perón” cuando habla mediante su alter ego, el periodista Emiliano Zamora: “La verdad es inalcanzable: está en todas las mentiras, como Dios”. Y lo confirma en “Santa Evita”: “En las novelas, lo que es verdad, es también mentira. Los autores construyen a la noche los mismos mitos que han destruido por la mañana”. En los dos casos habla el autor, aunque en el primero ejerce de ventrílocuo de uno de sus personajes. Y aunque en el fondo los dos enunciados buscan un mismo fin, que es construir un discurso hermenéutico respecto de la verdad tanto en la historia como en la ficción, no por ello debemos creer que la actitud del autor es exactamente la misma en ambas obras. Hay semejanzas, pero también diferencias.
La primera novela es más intertextual que la segunda, dialoga más con la historia, y quizá por ello, el autor se vale de un personaje como su alter ego, para canalizar esa suma de relatos con los que se enfrenta al mito Perón, al que le concede un lugar para sus memorias. Y baja al mito de su pedestal, lo coloca frente a frente y lo interpela. Hay una actitud sumamente desmitificadora, irreverente, del autor frente a Perón, en tanto lo narra con todas sus miserias humanas.
La segunda novela, sin dejar de ser una obra intertextual, ofrece una estructura más sencilla, no hay memorias ni contramemorias, como en la primera, sino un hábil ensamblaje de testimonios, en el que la intervención del autor es más transparente y, más que con la historia, plantea un diálogo con la eternidad. Se puede explicar aquello por el hecho de que el autor-escritor-periodista-personaje-narrador, que es Tomás Eloy Martínez en “La novela de Perón”, tuvo la oportunidad de confrontar al personaje real Juan Domingo Perón, mientras que en “Santa Evita”, el autor-narrador solo pudo llegar a Eva Duarte a través del mito.
En estos fragmentos de ambas novelas se puede apreciar la diferencia. En la primera, el autor relata su encuentro con el personaje y lo que éste le dijo sobre otro mito argentino en el diálogo que sostuvieron en su casa de exilio en Madrid: “El Che, dijo, era un infractor a la ley de enrolamiento, un desertor. Si caía en manos de la Policía, iba a ser incorporado cuatro años a la marina o dos al ejército. Cuando lo estuvieron por agarrar, los muchachos de la resistencia peronista le pasaron el santo. Entonces compró una motocicleta y se fue a Chile. Yo le dije: Qué raro, General. Esa versión no coincide para nada con la historia. ¿Con cuál historia?, me cortó. La que cuenta el Che. ¿Cómo que no coincide?, dijo. Tiene que coincidir”
En la segunda, el encuentro con el personaje está cargado de incienso, de olor a flores, de cirios encendidos; no es un diálogo sino un monólogo interior ante la inconmensurable distancia de la muerte: “Aunque nadie podía ver el cadáver, la gente lo imaginaba yaciendo allí, en el sigilo de una capilla, y acudía los domingos a rezar el rosario y a llevarle flores. Poco a poco, Evita fue convirtiéndose en un relato que, antes de terminar, encendía otro. Dejó de ser lo que dijo y lo que hizo para ser lo que dicen que dijo y lo que dicen que hizo”.
Tomás Eloy Martínez, que se revela como un antiperonista irrefutable, dinamita los altares del ídolo Perón, pero enciende los sahumerios para la liturgia de la Santa Evita. A Perón lo encara y lo desenmascara desde varios frentes, ya sea como narrador omnisciente, como personaje o mediante su alter ego Zamora; a Evita, en cambio, deja que la maldigan sus enemigos, unos militares al borde de la locura, seducidos por la necrofilia, que no saben cuál de sus sentimientos es mayor, el amor o el odio hacia ese “sol líquido” (qué manera más poética de nombrar a una momia) que es el cadáver embalsamado de la jefa espiritual de la nación.
Las dos novelas comienzan con un relato de muerte. En “La novela de Perón”, el ex presidente regresa, temeroso y senil, después de dieciocho años de exilio, acosado por los delirios, sentado en el avión como en una resbaladera hacia la nada: “El horóscopo le vaticinaba una adversidad desconocida. ¿De cuál podría tratarse, si ya la única que le faltaba vivir era la deseada adversidad de la muerte? En “Santa Evita”, la primera descripción de su agonía dice: “Al despertar de un desmayo que duró más de tres días, Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir (...) Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado: el cuerpo huyendo como un caballo al galope”.
Mientras a Perón, el autor le otorga un sentido resignado, entre ordinario y grosero, de la muerte, a Evita la recubre de un sentido místico, de un deseo de trascendencia superior. Perón es un mito viviente que muere. Evita es una muerta que vuelve a la vida como mito. La mosca de ojos cuadriculados que vigila la vida de Perón dista mucho de la mariposa que aletea en la eternidad de Evita.
Esta serie de semejanzas y diferencias en las dos novelas, a la larga, plantean una diferencia mayor, que se da en el nivel simbólico. A riesgo de ser reduccionista, diría que el mito es lo que mayormente une a las dos novelas. Pero mientras en “La novela de Perón”, el gran enigma gira en torno a la verdad histórica y a su contingencia, en “Santa Evita” gira en torno a la vida después de la muerte, a la eternidad. Esa es una de sus principales diferencias.
La evocación a esos dos grandes relatos es constante en las dos obras. Perón escribe sus memorias eliminando lo que no le conviene y exaltando lo que le conviene, a fin de gobernar a la historia. Y el autor lo coloca en la obra como un correlato de su narración. Evita suplica que no la olviden sus descamisados. Y el autor le otorga una manifestación de velas encendidas en todos los sitios por donde se posa el ataúd con su cuerpo embalsamado y nómada.
Los que se acercan al mito Perón se convierten en una especie de prestidigitadores de la historia, de cuyos desvaríos trata de ponerse a salvo incluso el propio autor-narrador: “Ahora que relee las páginas de los primeros días, Perón percibe con cuánto esmero el secretario ha reparado los deslices. Ha interpretado la historia verdadera: la que debió suceder, la que sin duda prevalecerá...” Los que se acercan al mito Evita, como el coronel que la cuida, el embalsamador que la idolatra, los oficiales que la esconden, sufren una maldición, pierden el juicio, y ese extravío amenaza también al autor-narrador: “La viuda se puso en pie y yo sentí que era hora de irme. Su tono había dejado de ser amistoso.-Que Dios lo ampare, entonces. Si va a contar esa historia, debería tener cuidado. Apenas empiece a contarla, usted tampoco tendrá salvación”.
Perón manipula la historia, y en ese juego de mentiras retuerce también la de su familia, de sus amigos y de la nación entera. Uno de sus compañeros de colegio lo increpa: “Me revienta, Juan, que sigas insistiendo en presentarte como ex alumno del Internacional de Olivos y no del Politécnico de Cangallo, y que el error se multiplique ahora en todas tus biografías. Con lo cual te diste no sólo el lujo de componer tu vida sino también trastornar las ajenas”. Evita, desde la eternidad, juega con la vida de los que se cruzan con sus despojos translúcidos, y también retuerce la memoria de sus devotos: “El Coronel llevaba meses atormentándose por haber dejado marchar a Evita. Nada tenía sentido sin ella (...) Lo mantenían lejos de su cuerpo como si se tratara de una novia virgen. Era una estupidez, pensaba, tomar tantas precaucione con una mujer casada, ya mayor, que desde hacía más de tres años estaba muerta”
Perón y Evita hicieron lo que quisieron con la historia. Al final, y esto emparenta más que nada a los dos personajes, ambos fueron consumados actores.
viernes, 29 de enero de 2010
De los columnistas de El Telégrafo
Quito, 27 de enero de 2010
CARTA ABIERTA
Señores JUNTA DE ACCIONISTAS DE DIARIO EL TELÉGRAFO
Señores MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE DIARIO EL TELÉGRAFO
C.C.: Rubén Montoya Vega, director de El Telégrafo
Carol Murillo Ruiz, subdirectora
Gobierno, sociedad y medios públicos
La historia ecuatoriana, así como la de muchas sociedades contemporáneas, registra la importancia de los medios de comunicación y del periodismo como espacios de construcción del discurso y el debate públicos. Podemos decir que, a la par de la cultura política, responsable del modo de organización social, se ha desarrollado una cultura periodística, responsable del modo de entender las relaciones sociales.
En el Ecuador, la cultura periodística -cuyos elementos vertebradores son: propiedad, condiciones de producción y prioridades informativas de los medios- se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito de los medios privados. Por ello, la creación de medios públicos ha sido una de las iniciativas más acertadas del actual Gobierno en la gran tarea de diversificar y democratizar la oferta informativa y devolver a ésta su condición de bien público.
No obstante, el desarrollo y consolidación de los medios públicos tienen como condición indispensable su independencia informativa respecto del poder político. Cualquier decisión o iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades de promoción y difusión del gobierno de turno supondría un retroceso, no solo en la cultura periodística sino también en las posibilidades de democratización del espacio mediático en el país.
En las últimas semanas ha trascendido, por diversos espacios informativos, la intención de algunos funcionarios del Gobierno Nacional de crear un órgano de difusión oficial que, valga recordarlo, no es ni remotamente lo mismo que un medio público. En principio, ese no es el problema, puesto que el Gobierno está en su derecho de informar sobre su desempeño y el de sus funcionarios. El problema radica en que ese medio nacería, como lo han advertido varias fuentes, cobijado bajo la infraestructura de diario El Telégrafo. Esta cercanía de hecho entre un medio público y un órgano de difusión y propaganda oficial podría comprometer el proceso y afectar notablemente las posibilidades de consolidación de diario El Telégrafo como medio público.
De este modo, la sociedad recibiría un mensaje contradictorio sobre la naturaleza y los alcances del proyecto de medios públicos y podría interpretar que el mismo Gobierno que abrió la posibilidad de construir un espacio de discusión e información desde el interés de ciudadanos y ciudadanas, ahora pretende manejar y controlar esos mismos medios que contribuyó a crear. Adicionalmente, en el marco de la campaña instrumentada en contra de la regulación de la actividad de los medios de comunicación, este mensaje, con seguridad, será capitalizado a su conveniencia -es decir de modo perverso- por los medios privados.
Por ello, quienes colaboramos con El Telégrafo, desde una posición crítica e independiente del poder político, expresamos nuestra preocupación por este proyecto que, según información de dominio público, está próximo a concretarse. Expresamos, además, nuestro apoyo a la existencia y consolidación de medios públicos, como El Telégrafo, orientados a ofrecer información periodística al servicio del interés ciudadano antes que del gubernamental.
Firman 34 columnistas de diario El Telégrafo
César Paz y Miño
C.I. 170434509-7
Jorge Núñez
C.I. 020011241-5
Xavier Flores
C.I. 09-0897725-9
Lucrecia Maldonado
C.I. 170730727-6
Silvia Buendía
C.I. 091267845-5
Alicia Ortega
C.I. 090790716-6
Orlando Pérez
C.I. 170721072-8
José Antonio Figueroa
C.I. 171333770-5
Mariana Neira
C.I. 170822205-5
Ylonka Tillería
C.I. 170661548-9
Santiago Rosero
C.I. 171118048-7
Floresmilo Simbaña
C.I. 171166228-6
Mateo Martínez
C.I. 171256643-7
Alejandro Moreano
C.I. 170128825-8
Guillermo Bustos
C.I. 170038726-1
Gustavo Abad
C.I. 110275426-2
Pablo Ospina
C.I. 171113745-3
Hernán Reyes
C.I. 170557980-1
Mauro Cerbino
C.I. 171227804-1
Werner Vásquez
C.I. 171161163-0
Wladimir Sierra
C.I. 170786937-4
Hugo Jácome
C.I. 170887881-0
Amelia Ribadeneira
C.I. 171248331-0
Ángel Emilio Hidalgo
C.I. 091524022-0
Ricardo Cevallos Estrellas
C.I. 0909017600-0
Iván Sierra Hidalgo
C.I. 090493247-2
Juan Paz y Miño
C.I. 170308315-2
Guillaume Long
C.I. 171870875-1
Juan Carlos Morales
C.I. 100170710-6
Christian León
C.I. 1710164441
Erika Sylva
C.I. 1704180577
Padre Pedro Pierre
C.I. 1717234338
Gabriela Muñoz
C.I. 1710718899
Jeannine Zambrano
C.I. 0908913726
El Telégrafo
CARTA ABIERTA
Señores JUNTA DE ACCIONISTAS DE DIARIO EL TELÉGRAFO
Señores MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE DIARIO EL TELÉGRAFO
C.C.: Rubén Montoya Vega, director de El Telégrafo
Carol Murillo Ruiz, subdirectora
Gobierno, sociedad y medios públicos
La historia ecuatoriana, así como la de muchas sociedades contemporáneas, registra la importancia de los medios de comunicación y del periodismo como espacios de construcción del discurso y el debate públicos. Podemos decir que, a la par de la cultura política, responsable del modo de organización social, se ha desarrollado una cultura periodística, responsable del modo de entender las relaciones sociales.
En el Ecuador, la cultura periodística -cuyos elementos vertebradores son: propiedad, condiciones de producción y prioridades informativas de los medios- se ha desarrollado exclusivamente en el ámbito de los medios privados. Por ello, la creación de medios públicos ha sido una de las iniciativas más acertadas del actual Gobierno en la gran tarea de diversificar y democratizar la oferta informativa y devolver a ésta su condición de bien público.
No obstante, el desarrollo y consolidación de los medios públicos tienen como condición indispensable su independencia informativa respecto del poder político. Cualquier decisión o iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades de promoción y difusión del gobierno de turno supondría un retroceso, no solo en la cultura periodística sino también en las posibilidades de democratización del espacio mediático en el país.
En las últimas semanas ha trascendido, por diversos espacios informativos, la intención de algunos funcionarios del Gobierno Nacional de crear un órgano de difusión oficial que, valga recordarlo, no es ni remotamente lo mismo que un medio público. En principio, ese no es el problema, puesto que el Gobierno está en su derecho de informar sobre su desempeño y el de sus funcionarios. El problema radica en que ese medio nacería, como lo han advertido varias fuentes, cobijado bajo la infraestructura de diario El Telégrafo. Esta cercanía de hecho entre un medio público y un órgano de difusión y propaganda oficial podría comprometer el proceso y afectar notablemente las posibilidades de consolidación de diario El Telégrafo como medio público.
De este modo, la sociedad recibiría un mensaje contradictorio sobre la naturaleza y los alcances del proyecto de medios públicos y podría interpretar que el mismo Gobierno que abrió la posibilidad de construir un espacio de discusión e información desde el interés de ciudadanos y ciudadanas, ahora pretende manejar y controlar esos mismos medios que contribuyó a crear. Adicionalmente, en el marco de la campaña instrumentada en contra de la regulación de la actividad de los medios de comunicación, este mensaje, con seguridad, será capitalizado a su conveniencia -es decir de modo perverso- por los medios privados.
Por ello, quienes colaboramos con El Telégrafo, desde una posición crítica e independiente del poder político, expresamos nuestra preocupación por este proyecto que, según información de dominio público, está próximo a concretarse. Expresamos, además, nuestro apoyo a la existencia y consolidación de medios públicos, como El Telégrafo, orientados a ofrecer información periodística al servicio del interés ciudadano antes que del gubernamental.
Firman 34 columnistas de diario El Telégrafo
César Paz y Miño
C.I. 170434509-7
Jorge Núñez
C.I. 020011241-5
Xavier Flores
C.I. 09-0897725-9
Lucrecia Maldonado
C.I. 170730727-6
Silvia Buendía
C.I. 091267845-5
Alicia Ortega
C.I. 090790716-6
Orlando Pérez
C.I. 170721072-8
José Antonio Figueroa
C.I. 171333770-5
Mariana Neira
C.I. 170822205-5
Ylonka Tillería
C.I. 170661548-9
Santiago Rosero
C.I. 171118048-7
Floresmilo Simbaña
C.I. 171166228-6
Mateo Martínez
C.I. 171256643-7
Alejandro Moreano
C.I. 170128825-8
Guillermo Bustos
C.I. 170038726-1
Gustavo Abad
C.I. 110275426-2
Pablo Ospina
C.I. 171113745-3
Hernán Reyes
C.I. 170557980-1
Mauro Cerbino
C.I. 171227804-1
Werner Vásquez
C.I. 171161163-0
Wladimir Sierra
C.I. 170786937-4
Hugo Jácome
C.I. 170887881-0
Amelia Ribadeneira
C.I. 171248331-0
Ángel Emilio Hidalgo
C.I. 091524022-0
Ricardo Cevallos Estrellas
C.I. 0909017600-0
Iván Sierra Hidalgo
C.I. 090493247-2
Juan Paz y Miño
C.I. 170308315-2
Guillaume Long
C.I. 171870875-1
Juan Carlos Morales
C.I. 100170710-6
Christian León
C.I. 1710164441
Erika Sylva
C.I. 1704180577
Padre Pedro Pierre
C.I. 1717234338
Gabriela Muñoz
C.I. 1710718899
Jeannine Zambrano
C.I. 0908913726
El Telégrafo
sábado, 23 de enero de 2010
Yasuní, valor real y simbólico
Por Gustavo Abad
Los medios tradicionales siempre han visto con desconfianza a los ecologistas. No olvidemos que el famoso oleoducto de crudos pesados (OCP) se construyó, a principios de esta década, con el apoyo de un gobierno obediente de los intereses empresariales y el de unos medios favorables al modelo extractivista de desarrollo. En un diario guayaquileño incluso se ordenó a ciertos periodistas vigilar y delatar a sus propios compañeros cuando estos dieran muestras de simpatizar con la causa ecologista.
En temas relacionados con el ambiente, los medios generalmente han actuado bajo una doble moral. En esas ambiguas secciones llamadas Sociedad suelen colocar toda la información pintoresca: que las maripositas por acá, que los arroyos cantarinos más allá, que los anfibios juguetones por ahí. En cambio, las secciones de Economía suelen estar llenas de datos sobre el mercado petrolero, los avances de las corporaciones, las nuevas técnicas de explotación y cosas por el estilo.
En su mayoría, los medios han abordado los temas del ambiente desde una visión paisajística. Anecdótica en muchos casos. Un atractivo visual para el encantamiento del mundo, como dirían algunos posmodernos. En otros casos, un incentivo para que los sedentarios superen la pereza del fin de semana. En cambio, los temas de economía siempre han representado el principio de realidad, el pragmatismo, las cifras reales, el espacio de las grandes decisiones.
Todo esto a propósito del enorme significado de la iniciativa Yasuní-ITT y los efectos de lo que ocurra en adelante con este proyecto, que parece estar al borde del fracaso o al inicio de una nueva etapa, según como se lo quiera mirar. La rabieta con la que el presidente Correa dinamitó uno de los proyectos más esperanzadores de este gobierno, al declarar que su equipo negociador había hecho una negociación vergonzosa, desató una cadena de reacciones, cuyo peso y valor simbólico resultan abrumadores por muchas razones.
Vayamos al inicio de todo esto. Cuando el gobierno presentó la iniciativa, en junio de 2007, la mayoría de los medios la reportó como otra más de las ideas utópicas de un gobierno con discurso revolucionario. Así, lo que pudo ser capitalizado como un gran proyecto nacional, como la punta de lanza de un compromiso mundial con el planeta, los medios lo relegaron a segundo plano, más atentos al escándalo político que sirviera a la oposición. Solo se acordaban del Yasuní cuando algún arrebato verbal del presidente Correa ponía en evidencia su ambigüedad sobre el tema y les daba la oportunidad de usarlo en su contra.
Ventajosamente y pese a esas dos actitudes calculadoras –la del presidente y la de los medios– respecto del Yasuní, éste nombre se ha convertido un símbolo de grandes proporciones. Tiene un enorme valor real, pero igual valor simbólico. De hecho, el éxito o fracaso de la iniciativa seguramente será el punto de quiebre, el momento a partir del cual el gobierno logre recuperar la confianza de la población sensible y de las organizaciones y colectivos comprometidos con la causa ambiental o termine de echárselos definitivamente en contra. Será la señal de cuál es la corriente vencedora en el movimiento que ocupa el poder.
Lo paradójico es que los que siempre han estado a favor de las políticas extractivistas, como los medios tradicionales y la derecha empresarial, ahora levantan la bandea ecologista. El ideólogo de un proyecto revolucionario está a punto de permitir que éste sea capitalizado en su contra como parte de las ofertas incumplidas. Pocas veces las brújulas de la política y de la comunicación han estado tan desquiciadas como ahora.
Si revisamos las noticias, la preocupación de los medios no es cómo salvar un área de casi un millón de hectáreas de bosque primario, reserva de oxígeno de las nuevas generaciones, hogar de pueblos no contactados, sino qué tan golpeado sale el gobierno de esta peripecia. Casi nadie se acuerda de que ahí no solo está en juego la popularidad del presidente, sino la vida de los últimos tagaeri y taromenane, esa cercana y distante comunidad original, que habita una de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo. Ningún medio plantea el tema de la conservación como un recurso para enfrentar una crisis civilizatoria que amenaza con destruir el planeta. La concepción paisajística de la naturaleza, que domina en los medios, obstruye incluso la comprensión de la variable económica de un cambio de modelo de desarrollo.
Llegados a este punto, dejemos a un lado el desatino del gobierno y la cortedad de vista de los medios. Por respeto a la vida, por compromiso con la humanidad, por miedo a la historia, no se puede tocar el Yasuní. Como decía el viejo Blades hace ya varios años: de qué nos sirve tener inteligencia si no aprendemos usar la conciencia.
El Telégrafo, 24-01-2010
Los medios tradicionales siempre han visto con desconfianza a los ecologistas. No olvidemos que el famoso oleoducto de crudos pesados (OCP) se construyó, a principios de esta década, con el apoyo de un gobierno obediente de los intereses empresariales y el de unos medios favorables al modelo extractivista de desarrollo. En un diario guayaquileño incluso se ordenó a ciertos periodistas vigilar y delatar a sus propios compañeros cuando estos dieran muestras de simpatizar con la causa ecologista.
En temas relacionados con el ambiente, los medios generalmente han actuado bajo una doble moral. En esas ambiguas secciones llamadas Sociedad suelen colocar toda la información pintoresca: que las maripositas por acá, que los arroyos cantarinos más allá, que los anfibios juguetones por ahí. En cambio, las secciones de Economía suelen estar llenas de datos sobre el mercado petrolero, los avances de las corporaciones, las nuevas técnicas de explotación y cosas por el estilo.
En su mayoría, los medios han abordado los temas del ambiente desde una visión paisajística. Anecdótica en muchos casos. Un atractivo visual para el encantamiento del mundo, como dirían algunos posmodernos. En otros casos, un incentivo para que los sedentarios superen la pereza del fin de semana. En cambio, los temas de economía siempre han representado el principio de realidad, el pragmatismo, las cifras reales, el espacio de las grandes decisiones.
Todo esto a propósito del enorme significado de la iniciativa Yasuní-ITT y los efectos de lo que ocurra en adelante con este proyecto, que parece estar al borde del fracaso o al inicio de una nueva etapa, según como se lo quiera mirar. La rabieta con la que el presidente Correa dinamitó uno de los proyectos más esperanzadores de este gobierno, al declarar que su equipo negociador había hecho una negociación vergonzosa, desató una cadena de reacciones, cuyo peso y valor simbólico resultan abrumadores por muchas razones.
Vayamos al inicio de todo esto. Cuando el gobierno presentó la iniciativa, en junio de 2007, la mayoría de los medios la reportó como otra más de las ideas utópicas de un gobierno con discurso revolucionario. Así, lo que pudo ser capitalizado como un gran proyecto nacional, como la punta de lanza de un compromiso mundial con el planeta, los medios lo relegaron a segundo plano, más atentos al escándalo político que sirviera a la oposición. Solo se acordaban del Yasuní cuando algún arrebato verbal del presidente Correa ponía en evidencia su ambigüedad sobre el tema y les daba la oportunidad de usarlo en su contra.
Ventajosamente y pese a esas dos actitudes calculadoras –la del presidente y la de los medios– respecto del Yasuní, éste nombre se ha convertido un símbolo de grandes proporciones. Tiene un enorme valor real, pero igual valor simbólico. De hecho, el éxito o fracaso de la iniciativa seguramente será el punto de quiebre, el momento a partir del cual el gobierno logre recuperar la confianza de la población sensible y de las organizaciones y colectivos comprometidos con la causa ambiental o termine de echárselos definitivamente en contra. Será la señal de cuál es la corriente vencedora en el movimiento que ocupa el poder.
Lo paradójico es que los que siempre han estado a favor de las políticas extractivistas, como los medios tradicionales y la derecha empresarial, ahora levantan la bandea ecologista. El ideólogo de un proyecto revolucionario está a punto de permitir que éste sea capitalizado en su contra como parte de las ofertas incumplidas. Pocas veces las brújulas de la política y de la comunicación han estado tan desquiciadas como ahora.
Si revisamos las noticias, la preocupación de los medios no es cómo salvar un área de casi un millón de hectáreas de bosque primario, reserva de oxígeno de las nuevas generaciones, hogar de pueblos no contactados, sino qué tan golpeado sale el gobierno de esta peripecia. Casi nadie se acuerda de que ahí no solo está en juego la popularidad del presidente, sino la vida de los últimos tagaeri y taromenane, esa cercana y distante comunidad original, que habita una de las zonas de mayor diversidad biológica del mundo. Ningún medio plantea el tema de la conservación como un recurso para enfrentar una crisis civilizatoria que amenaza con destruir el planeta. La concepción paisajística de la naturaleza, que domina en los medios, obstruye incluso la comprensión de la variable económica de un cambio de modelo de desarrollo.
Llegados a este punto, dejemos a un lado el desatino del gobierno y la cortedad de vista de los medios. Por respeto a la vida, por compromiso con la humanidad, por miedo a la historia, no se puede tocar el Yasuní. Como decía el viejo Blades hace ya varios años: de qué nos sirve tener inteligencia si no aprendemos usar la conciencia.
El Telégrafo, 24-01-2010
sábado, 9 de enero de 2010
El lugar de la comunicación
Por Gustavo Abad
Al inicio de esta semana, Alejandro Moreano planteó una máxima fundamental. Hay que poner la política en su sitio, dijo en este mismo diario. Se refería a que cualquier legislación tiene sentido en la medida en que garantiza la lucha social, el juego de los contrapesos, el ejercicio efectivo de la política en lugar del culto a la institucionalidad.
Voy a usufructuar la idea de Moreano y decir que también hay que poner la comunicación en su sitio. Me refiero a que el debate sobre la Ley de Comunicación no puede estar constreñido solo a la información mediatizada, que es importante pero no lo es todo, sino también a la participación activa de las los sectores sociales en la esfera pública, a garantizar la toma de la palabra de la gente antes que la defensa corporativa de las empresas de medios.
En otras palabras, revisar la profunda relación entre comunicación y política, porque no hay acto más político que la voluntad individual o colectiva de tomar la palabra, de consolidar una voz ante los demás, de legitimarse como narrador de la circunstancia propia. Otra cosa es el activismo político soterrado que hacen algunos medios privados y lo venden como información periodística. Tampoco nos confundamos con eso.
La dimensión política de la comunicación radica en su capacidad para interpelar, no solo al destinatario de un mensaje, sino al modo mismo de organización social y a las relaciones de poder que lo sostienen. La comunicación sirve para el autoreconocimiento, para tener conciencia de nosotros mismos. No hay posibilidades de acción política sin esos elementos como base.
Hay razones para pensar que cierto núcleo de funcionarios y publicistas no termina de entender esa relación. Por un lado, el resucitamiento del proyecto de los comités de defensa de la revolución. Por otro, los afanes de acrecentar la máquina de propaganda oficial al no lograr que los medios públicos se sometan a su agenda, como esperaban. Las garantías de la participación política no está en los CDR, así como las garantías de la veracidad informativa no está en los órganos de propaganda oficial.
A ver, aclaremos las cosas. Medios públicos sólo hay tres: El Telégrafo, Radio Pública y ECTV. Lo son porque se han constituido legalmente como tales y porque trabajan, con aciertos y errores, sobre proyectos periodísticos que procuran responder a esa condición. Son públicos y no oficiales. Por eso hay que exigirles independencia (defender el interés del país y no del gobierno), pluralidad (mostrar otras formas de vida), responsabilidad social (ética y buen oficio), inclusión (participación de los sectores sociales), pedagogía ciudadana (formación de públicos en derechos y deberes), entre otros valores.
Solo la mala intención de algunos medios privados pone en el mismo saco y confunde a los públicos con los incautados (como Gama TV o TC Televisión) y con los órganos de propaganda oficial (como El Ciudadano) que son cualquier cosa menos medios públicos. Es muy difícil encontrar en esos medios los valores periodísticos a los que sí aspiran los públicos. Lo que hay que exigir allí es cuentas claras a los responsables de su manejo institucional e informativo.
El déficit de comunicación política del gobierno, que impide que los sectores sociales se apropien de los proyectos que los benefician y que son muchos, no se soluciona creando órganos de propaganda oficial. Lo que no hace el diálogo no lo hacen los golpes de efecto. Así como la entrega de frecuencias a los pueblos indígenas no repara la ausencia de acuerdos con ese sector, el déficit de participación política no se soluciona mediantes comités de defensa de la revolución.
Si esos comités ayudan a confundir la participación cívica en un proyecto de gobierno con lo que es una militancia dogmática en una organización partidista, los órganos de propaganda confunden la información de interés público con la venta de un producto llamado gobierno.
Hay que devolverle a la comunicación su justo lugar en la política.
El Telégrafo 10-01-2010
Al inicio de esta semana, Alejandro Moreano planteó una máxima fundamental. Hay que poner la política en su sitio, dijo en este mismo diario. Se refería a que cualquier legislación tiene sentido en la medida en que garantiza la lucha social, el juego de los contrapesos, el ejercicio efectivo de la política en lugar del culto a la institucionalidad.
Voy a usufructuar la idea de Moreano y decir que también hay que poner la comunicación en su sitio. Me refiero a que el debate sobre la Ley de Comunicación no puede estar constreñido solo a la información mediatizada, que es importante pero no lo es todo, sino también a la participación activa de las los sectores sociales en la esfera pública, a garantizar la toma de la palabra de la gente antes que la defensa corporativa de las empresas de medios.
En otras palabras, revisar la profunda relación entre comunicación y política, porque no hay acto más político que la voluntad individual o colectiva de tomar la palabra, de consolidar una voz ante los demás, de legitimarse como narrador de la circunstancia propia. Otra cosa es el activismo político soterrado que hacen algunos medios privados y lo venden como información periodística. Tampoco nos confundamos con eso.
La dimensión política de la comunicación radica en su capacidad para interpelar, no solo al destinatario de un mensaje, sino al modo mismo de organización social y a las relaciones de poder que lo sostienen. La comunicación sirve para el autoreconocimiento, para tener conciencia de nosotros mismos. No hay posibilidades de acción política sin esos elementos como base.
Hay razones para pensar que cierto núcleo de funcionarios y publicistas no termina de entender esa relación. Por un lado, el resucitamiento del proyecto de los comités de defensa de la revolución. Por otro, los afanes de acrecentar la máquina de propaganda oficial al no lograr que los medios públicos se sometan a su agenda, como esperaban. Las garantías de la participación política no está en los CDR, así como las garantías de la veracidad informativa no está en los órganos de propaganda oficial.
A ver, aclaremos las cosas. Medios públicos sólo hay tres: El Telégrafo, Radio Pública y ECTV. Lo son porque se han constituido legalmente como tales y porque trabajan, con aciertos y errores, sobre proyectos periodísticos que procuran responder a esa condición. Son públicos y no oficiales. Por eso hay que exigirles independencia (defender el interés del país y no del gobierno), pluralidad (mostrar otras formas de vida), responsabilidad social (ética y buen oficio), inclusión (participación de los sectores sociales), pedagogía ciudadana (formación de públicos en derechos y deberes), entre otros valores.
Solo la mala intención de algunos medios privados pone en el mismo saco y confunde a los públicos con los incautados (como Gama TV o TC Televisión) y con los órganos de propaganda oficial (como El Ciudadano) que son cualquier cosa menos medios públicos. Es muy difícil encontrar en esos medios los valores periodísticos a los que sí aspiran los públicos. Lo que hay que exigir allí es cuentas claras a los responsables de su manejo institucional e informativo.
El déficit de comunicación política del gobierno, que impide que los sectores sociales se apropien de los proyectos que los benefician y que son muchos, no se soluciona creando órganos de propaganda oficial. Lo que no hace el diálogo no lo hacen los golpes de efecto. Así como la entrega de frecuencias a los pueblos indígenas no repara la ausencia de acuerdos con ese sector, el déficit de participación política no se soluciona mediantes comités de defensa de la revolución.
Si esos comités ayudan a confundir la participación cívica en un proyecto de gobierno con lo que es una militancia dogmática en una organización partidista, los órganos de propaganda confunden la información de interés público con la venta de un producto llamado gobierno.
Hay que devolverle a la comunicación su justo lugar en la política.
El Telégrafo 10-01-2010
lunes, 4 de enero de 2010
Un canal no marca el límite del debate
Por Gustavo Abad
La sanción a un medio de comunicación no es algo para celebrar por más que en ese medio se practique un periodismo de bajísima calidad. La reciente suspensión por 72 horas a Teleamazonas es lamentable, no porque ese medio tenga alguna autoridad para autodefinirse como defensor de la libertad de expresión, sino porque la sanción viene desde la autoridad estatal y porque ocurre en el momento de mayor tensión entre el gobierno y la mayoría de los medios privados. Entonces a muchos les viene fácil enturbiar las aguas para que nadie entienda nada.
Aquí no hay víctimas ni victimarios porque la Superintendencia de Telecomunicaciones procedió dentro de un marco legal vigente al que ningún medio había cuestionado antes sino cuando pudo volverse en su contra. Si tuviéramos una Ley de Comunicación reguladora de obligaciones y garante de derechos, quizá esto no habría pasado. Lo que sí hay es un estado de cosas confuso, que impide distinguir hasta dónde llegan las atribuciones legales y dónde comienza el cálculo político. Tampoco está claro hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza el abuso de algunos medios y periodistas respecto de ese derecho.
Entre el poder político y el poder mediático han secuestrado el debate y excluido al resto. La guerra informativa es despreciable cuando se origina en el Estado, pero es más repudiable cuando la practican los medios de comunicación al hacer activismo político no declarado. Y lo que hay aquí es una guerra informativa, una lucha por el control del relato y sus significados, en la que el poder político tiene tanta responsabilidad como el poder mediático. No se hagan las víctimas ninguno de los dos.
Si nos alejamos un momento del ruido generado por la sanción a Teleamazonas, quizá podamos entender mejor que lo ocurrido es solo uno de los efectos más visibles de ese estado de cosas, pero no el único ni el más lamentable. En mi criterio lo más grave hasta ahora es que la tensión entre medios privados y gobierno nos haya privado de una información y un debate confiables respecto de la Ley de Comunicación. En cuanto a la sanción, es condenable que esta sea tomada por la oposición como pretexto para echar al traste los acuerdos en torno a la Ley de Comunicación, como si ese canal marcara el límite del debate. Pero quizá lo más grave es que se posterga un debate urgente –siempre eludido por los dueños de los las empresas periodísticas–acerca de la responsabilidad social de los medios.
Recordemos que una primera sanción a ese canal ocurrió a mediados de este año a partir de una demanda planteada por dos organizaciones sociales. El colectivo cultural DiablUma y Protección de Animales Ecuador (PAE) impulsaron, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, una demanda para que ese canal fuera sancionado por transmitir imágenes de corridas de toros en horario no autorizado. La existencia de una sociedad movilizada en defensa de su derecho a una televisión de mejor calidad le dio mayor fuerza y legitimidad a la sanción.
Sin embargo, la segunda sanción –por la noticia de un supuesto centro clandestino del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil– y la tercera –por la versión de una supuesta afectación a la pesca en la isla Puná debido a la exploración de gas– fueron impulsadas por el Estado. Eso justifica las dudas respecto de su legitimidad moral. Pero ¿quién la puede ostentar a estas alturas? No el Estado pero tampoco los medios privados. Ahí está lo lamentable del caso.
La sanción ocurre en un momento en que, por un lado, el gobierno tiene dificultades para conciliar su discurso social con sus prácticas y, por otro, cuando los medios privados están volcados al activismo político en lugar de garantizar al público una información confiable. El caso Teleamazonas no puede marcar el límite del debate, como algunos quisieran. El límite o, mejor dicho, el horizonte debe seguir siendo la construcción de una Ley de Comunicación basada en el consenso social.
Me resistía a usarlo, pero el lugar común de que en toda guerra –en este caso informativa– la primera víctima es la verdad, viene tratando de colarse desde la primera línea de esta columna y se ha ganado su derecho a quedarse.
El Telégrafo 04-01-2010
La sanción a un medio de comunicación no es algo para celebrar por más que en ese medio se practique un periodismo de bajísima calidad. La reciente suspensión por 72 horas a Teleamazonas es lamentable, no porque ese medio tenga alguna autoridad para autodefinirse como defensor de la libertad de expresión, sino porque la sanción viene desde la autoridad estatal y porque ocurre en el momento de mayor tensión entre el gobierno y la mayoría de los medios privados. Entonces a muchos les viene fácil enturbiar las aguas para que nadie entienda nada.
Aquí no hay víctimas ni victimarios porque la Superintendencia de Telecomunicaciones procedió dentro de un marco legal vigente al que ningún medio había cuestionado antes sino cuando pudo volverse en su contra. Si tuviéramos una Ley de Comunicación reguladora de obligaciones y garante de derechos, quizá esto no habría pasado. Lo que sí hay es un estado de cosas confuso, que impide distinguir hasta dónde llegan las atribuciones legales y dónde comienza el cálculo político. Tampoco está claro hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza el abuso de algunos medios y periodistas respecto de ese derecho.
Entre el poder político y el poder mediático han secuestrado el debate y excluido al resto. La guerra informativa es despreciable cuando se origina en el Estado, pero es más repudiable cuando la practican los medios de comunicación al hacer activismo político no declarado. Y lo que hay aquí es una guerra informativa, una lucha por el control del relato y sus significados, en la que el poder político tiene tanta responsabilidad como el poder mediático. No se hagan las víctimas ninguno de los dos.
Si nos alejamos un momento del ruido generado por la sanción a Teleamazonas, quizá podamos entender mejor que lo ocurrido es solo uno de los efectos más visibles de ese estado de cosas, pero no el único ni el más lamentable. En mi criterio lo más grave hasta ahora es que la tensión entre medios privados y gobierno nos haya privado de una información y un debate confiables respecto de la Ley de Comunicación. En cuanto a la sanción, es condenable que esta sea tomada por la oposición como pretexto para echar al traste los acuerdos en torno a la Ley de Comunicación, como si ese canal marcara el límite del debate. Pero quizá lo más grave es que se posterga un debate urgente –siempre eludido por los dueños de los las empresas periodísticas–acerca de la responsabilidad social de los medios.
Recordemos que una primera sanción a ese canal ocurrió a mediados de este año a partir de una demanda planteada por dos organizaciones sociales. El colectivo cultural DiablUma y Protección de Animales Ecuador (PAE) impulsaron, con la ayuda de la Defensoría del Pueblo, una demanda para que ese canal fuera sancionado por transmitir imágenes de corridas de toros en horario no autorizado. La existencia de una sociedad movilizada en defensa de su derecho a una televisión de mejor calidad le dio mayor fuerza y legitimidad a la sanción.
Sin embargo, la segunda sanción –por la noticia de un supuesto centro clandestino del Consejo Nacional Electoral en Guayaquil– y la tercera –por la versión de una supuesta afectación a la pesca en la isla Puná debido a la exploración de gas– fueron impulsadas por el Estado. Eso justifica las dudas respecto de su legitimidad moral. Pero ¿quién la puede ostentar a estas alturas? No el Estado pero tampoco los medios privados. Ahí está lo lamentable del caso.
La sanción ocurre en un momento en que, por un lado, el gobierno tiene dificultades para conciliar su discurso social con sus prácticas y, por otro, cuando los medios privados están volcados al activismo político en lugar de garantizar al público una información confiable. El caso Teleamazonas no puede marcar el límite del debate, como algunos quisieran. El límite o, mejor dicho, el horizonte debe seguir siendo la construcción de una Ley de Comunicación basada en el consenso social.
Me resistía a usarlo, pero el lugar común de que en toda guerra –en este caso informativa– la primera víctima es la verdad, viene tratando de colarse desde la primera línea de esta columna y se ha ganado su derecho a quedarse.
El Telégrafo 04-01-2010
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