Por Gustavo Abad
Hace una semana, el ecuatoriano Marcelo Lucero caminaba por una calle de Long Island (Nueva York) cuando se encontró con seis adolescentes xenófobos, quienes lo atacaron a cuchilladas y le quitaron la vida en obediencia a su sentimiento de odio a los migrantes latinos. Pocos días antes, el estadounidense Travis Ferguson ingresaba a una de las torres de la Universidad Católica de Quito y, al no llevar consigo su credencial de estudiante, los guardias lo atacaron a patadas y le rociaron gas pimienta en la cara − según cuenta Valeria Coronel en las páginas de este diario− en obediencia a su impulso de reprimir a todo aquel que, a su juicio, tenga apariencia sospechosa.
Las autoridades de ambos países se han movilizado por estos hechos. Las ecuatorianas, para que se castigue a los asesinos, y las estadounidenses para que se repare el daño moral al agredido. Esperemos que haya resultados en ambos casos. Sin embargo, también es necesario entender que este tipo de violencia se origina en un pensamiento que procura imponerse en el mundo y cuyo eje es el miedo a todo lo distinto. Un pensamiento que nace tanto en las altas esferas de poder y sus discursos de orden y seguridad, como en grupos racistas ligados más bien a una violencia primitiva de negación y eliminación del otro.
Quizá una de las figuras que mejor representan esta manera de entender el mundo es la del monstruo, ese ente imaginario al que la mitología asocia con el mal, ya sea por deformación corporal o perversión espiritual. Según el mito, los monstruos habitan en la oscuridad y su medio natural es el caos. Pero ocurre que cada tanto les da por asomarse hacia el mundo de la luz y del orden, hasta que alguien los descubre y enciende las alarmas. Entonces los monstruos deben ser detenidos y expulsados hacia el lugar del que salieron. En el mito religioso tradicional, deben volver al infierno. En el mito económico contemporáneo, a las márgenes de la sociedad, desde donde no puedan amenazar a los seres considerados normales.
Los discursos de inseguridad y violencia que han adquirido una presencia abrumadora en la cotidianidad, afianzan cada vez más la visión monstruosa del otro, una manera de negarle su humanidad y reducirlo a la condición de ser peligroso y despreciable, especialmente si ese otro es extranjero, negro, indio o pobre. Lo que los guardias de la Católica vieron no fue a un estudiante con ropa deportiva. Lo que vieron fue a alguien que no debía estar en ese lugar, porque un chico negro sin documentos significaba para ellos un potencial delincuente en un centro de estudios. En otras palabras, vieron un monstruo, porque los ojos miran lo que la mente les ha enseñado a mirar.
El orden rechaza todo lo que no armoniza con su lógica. Por eso, los centros comerciales, las universidades privadas, las mal llamadas zonas regeneradas, las ciudadelas de ricos, los edificios de oficinas empresariales, y otros lugares por el estilo, están hechos bajo el modelo de orden concebido desde el poder y el sistema dominante. Ahí todo parece seguro, y lo último que quieren perder sus ocupantes es esa sensación de seguridad. No importa si para ello tienen que desplegar sus propios actos de violencia, como las cuadrillas de guardias armados, sistemas de alarma y perros entrenados. El orden le teme a todo lo que no encaja en su visión, y aplaca su miedo rebuscando en cada lugar sus amenazas y sus monstruos, que no son otra cosa que la más violenta representación de lo distinto.
El Telégrafo 16-11-2008
sábado, 15 de noviembre de 2008
domingo, 9 de noviembre de 2008
Un relato de horror III
Por Gustavo Abad
El Gobierno quiere resultados en la lucha contra la inseguridad, pues considera que 320 millones de dólares destinados a la modernización de la Policía no pueden gastarse así nomás sin que ayuden a disminuir los índices delincuenciales. Al no encontrarlos, esta semana pagaron con sus puestos los subsecretarios de Seguridad y Gobierno. Los medios de comunicación también exigen resultados, pues para bien o para mal no dejan de considerarse los intérpretes del clamor popular. Para presionar, incrementan los espacios de crónica roja y los saturan de imágenes y testimonios desgarradores. El grueso de la gente, por supuesto, también quiere resultados, pues mira en los noticieros y lee en los periódicos que el orden se ha roto y que la paz ya no existe. Entonces tiene miedo, siente que la ruta de su casa al trabajo, al cine, al mercado, al estadio, a donde sea, se ha convertido en una travesía de peligro.
Mientras el gobierno reconstruye su estrategia –que ojalá no sea insistir en la misma fórmula que asocia más seguridad con más armas y más policías–, los medios tienen otra oportunidad para replantear la cobertura de este tema –como indagar en las causas estructurales, institucionales y circunstanciales del delito–, y los ciudadanos podríamos detenernos a pensar en lo que pasa por nuestras cabezas cada vez que escuchamos las palabras inseguridad y violencia, con las que hemos aprendido a designar la ruptura del orden, y nos olvidamos de otras, como crisis e injusticia social.
Así se construye el miedo en las ciudades, en la confluencia de tres discursos principales: oficial, mediático y cotidiano, unas veces separados, otras mezclados, pero casi siempre complementarios entre sí, porque la ciudad es la suma de todas las informaciones posibles, entre las que ahora dominan las de inseguridad y violencia. Entonces los habitantes generan respuestas, actitudes y estrategias de vida desde la noción de ciudad que cada quien se ha formado.
Frente a un relato de terror, la gente toma precauciones, modifica su comportamiento con el fin de prevenirse de aquello que, en principio, le llega como información, pero se cuela en su testa y modifica de largo su conducta. De esta manera, se borran los límites entre los relatos y la realidad. Se invierten los roles: las narraciones ya no se basan en hechos, sino que los hechos se consuman y las decisiones se toman en obediencia a las narraciones. Se confunden el orden objetivo con el subjetivo, y el resultado es el miedo, el principal estado emocional con el que nos relacionamos los habitantes urbanos.
Ese miedo, esa forma de relación social basada en la desconfianza y el temor al otro, es lo que mejor nos define en esta coyuntura. El miedo hace que el conductor cierre la ventana cuando el malabarista le pide recompensa por su arte elemental; que el guardia de seguridad privado dispare al bulto a la menor señal de peligro; que los propietarios se enclaustren dentro de grandes muros y recubran sus casas de sistemas de alarma.
El miedo rompe cualquier vínculo de solidaridad con el otro y se expande mediante los cuentos de boca en boca, esos micro relatos cotidianos, que bien podrían ser un modo de encuentro con el saber original, en el cual el narrador –el vecino del condominio, el compañero de asiento en el bus, el amigo de la oficina, cualquiera– reconstruye una historia personal o ajena, palpable o imaginaria, para explicar y explicarse a sí mismo una realidad cuya complejidad desborda su comprensión.
La violencia es un fenómeno demasiado complejo como para que alguna disciplina social pueda decir que la ha comprendido y explicado. Sin embargo, en los micro relatos cotidianos, toda esa complejidad se resuelve en el pequeño cuento que le hace un vecino a otro. Parece que las personas, cuando se cuentan unas a otras sus episodios de miedo, se revelan también los secretos mismos de la existencia, y desempolvan el arcaísmo de la narración oral en plena era del ipod, el facebook y otros polvos mágicos.
El Telégrafo 09-11-2008
El Gobierno quiere resultados en la lucha contra la inseguridad, pues considera que 320 millones de dólares destinados a la modernización de la Policía no pueden gastarse así nomás sin que ayuden a disminuir los índices delincuenciales. Al no encontrarlos, esta semana pagaron con sus puestos los subsecretarios de Seguridad y Gobierno. Los medios de comunicación también exigen resultados, pues para bien o para mal no dejan de considerarse los intérpretes del clamor popular. Para presionar, incrementan los espacios de crónica roja y los saturan de imágenes y testimonios desgarradores. El grueso de la gente, por supuesto, también quiere resultados, pues mira en los noticieros y lee en los periódicos que el orden se ha roto y que la paz ya no existe. Entonces tiene miedo, siente que la ruta de su casa al trabajo, al cine, al mercado, al estadio, a donde sea, se ha convertido en una travesía de peligro.
Mientras el gobierno reconstruye su estrategia –que ojalá no sea insistir en la misma fórmula que asocia más seguridad con más armas y más policías–, los medios tienen otra oportunidad para replantear la cobertura de este tema –como indagar en las causas estructurales, institucionales y circunstanciales del delito–, y los ciudadanos podríamos detenernos a pensar en lo que pasa por nuestras cabezas cada vez que escuchamos las palabras inseguridad y violencia, con las que hemos aprendido a designar la ruptura del orden, y nos olvidamos de otras, como crisis e injusticia social.
Así se construye el miedo en las ciudades, en la confluencia de tres discursos principales: oficial, mediático y cotidiano, unas veces separados, otras mezclados, pero casi siempre complementarios entre sí, porque la ciudad es la suma de todas las informaciones posibles, entre las que ahora dominan las de inseguridad y violencia. Entonces los habitantes generan respuestas, actitudes y estrategias de vida desde la noción de ciudad que cada quien se ha formado.
Frente a un relato de terror, la gente toma precauciones, modifica su comportamiento con el fin de prevenirse de aquello que, en principio, le llega como información, pero se cuela en su testa y modifica de largo su conducta. De esta manera, se borran los límites entre los relatos y la realidad. Se invierten los roles: las narraciones ya no se basan en hechos, sino que los hechos se consuman y las decisiones se toman en obediencia a las narraciones. Se confunden el orden objetivo con el subjetivo, y el resultado es el miedo, el principal estado emocional con el que nos relacionamos los habitantes urbanos.
Ese miedo, esa forma de relación social basada en la desconfianza y el temor al otro, es lo que mejor nos define en esta coyuntura. El miedo hace que el conductor cierre la ventana cuando el malabarista le pide recompensa por su arte elemental; que el guardia de seguridad privado dispare al bulto a la menor señal de peligro; que los propietarios se enclaustren dentro de grandes muros y recubran sus casas de sistemas de alarma.
El miedo rompe cualquier vínculo de solidaridad con el otro y se expande mediante los cuentos de boca en boca, esos micro relatos cotidianos, que bien podrían ser un modo de encuentro con el saber original, en el cual el narrador –el vecino del condominio, el compañero de asiento en el bus, el amigo de la oficina, cualquiera– reconstruye una historia personal o ajena, palpable o imaginaria, para explicar y explicarse a sí mismo una realidad cuya complejidad desborda su comprensión.
La violencia es un fenómeno demasiado complejo como para que alguna disciplina social pueda decir que la ha comprendido y explicado. Sin embargo, en los micro relatos cotidianos, toda esa complejidad se resuelve en el pequeño cuento que le hace un vecino a otro. Parece que las personas, cuando se cuentan unas a otras sus episodios de miedo, se revelan también los secretos mismos de la existencia, y desempolvan el arcaísmo de la narración oral en plena era del ipod, el facebook y otros polvos mágicos.
El Telégrafo 09-11-2008
sábado, 1 de noviembre de 2008
Un relato de horror II
Por Gustavo Abad
La cámara ingresa por un pasadizo y se detiene frente a una escena impresionante. Un policía ha capturado a un ladrón que, minutos antes, había robado un celular a una mujer en el centro de Guayaquil. El detenido está tirado en el suelo, mientras el uniformado le aplica su bota sobre la nuca. La cámara se agita cuando llegan los demás miembros de la pandilla y, en una maniobra insólita, liberan a su compañero y huyen por entre la gente y los carros. Lo último que se ve es al policía, sorprendido y nervioso, mientras devuelve el celular a su dueña y lamenta no poder hacer más.
Esta deber ser una de las escenas más repetidas por la televisión en los últimos días y, seguramente, una de las más explotadas y manipuladas por quienes interpretan la inseguridad desde una visión fascista, que consiste en reducir el tema a una lucha armada entre fuerzas del bien y del mal. Por ejemplo, quienes hacen el noticiero Contacto Directo, de Ecuavisa, preguntaron esta semana a los televidentes: “¿Le parece que un policía debe disparar si un delincuente lo ataca?”. Así, de manera simplona, como si el efecto de un disparo no involucrara una vida humana, ya sea delincuencial o policial, ni pusiera en riesgo a otras. Poco después, dijeron que el 99% por ciento de los encuestados había respondido que sí. ¿Alguien puede comprobarlo?
Se entiende entonces por qué, cuando el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, planteó que la abrumadora cantidad de noticias sobre violencia aumenta la percepción de inseguridad, la primera reacción de los medios fue ridiculizar esa afirmación y jugar con ella. Incapaces de entender la relación entre los hechos y sus relatos, muchos periodistas solo acertaron a llevar el concepto hasta los límites de la distorsión.Después, cuando la misma autoridad prohibió que se exhibieran los rostros de los delincuentes, los medios se opusieron de nuevo, con el argumento del derecho a la información. El Fiscal de la Nación, Washington Pesántez, afianzó la postura mediática con un criterio similar. El ministro cedió y, ese mismo día, los noticieros de televisión se llenaron con los rostros de los detenidos, mientras uno de los presentadores pontificaba que la comunidad mejor protegida es la que reconoce en la calle a sus enemigos y sabe que el peligro está en todas partes.
El tratamiento del tema de la inseguridad, en la mayoría de los medios, solo crea un ambiente de terror y un clima de opinión favorable a las prácticas del “gatillo fácil”. Por eso, en el mismo noticiero de Ecuavisa, congelaron las partes del video que permitían mirar con claridad los rostros de los delincuentes, mientras el presentador conminaba a todos a reconocerlos. El mensaje subyacente en este tipo de noticias es: ¡Ahí está la prueba de que el mal existe… tiene cuerpo y rostro… disparen en nombre de todos!
Los hechos no hablan por sí solos, sino que cobran sentido en los relatos que hacemos de ellos. El relato de los medios sobre la inseguridad y la violencia se impone y ejerce poder sobre el poder, a tal punto que el propio ministro Bustamante, en un principio cauto en el lenguaje, ha cedido también en ese campo, y habla de grupos de élite de la Policía cuya misión, dice, es “limpiar” las ciudades de la delincuencia.
Esta semana, Colombia dio una muestra más de lo que ocurre cuando el poder impone una cultura que idealiza la represión armada como única manera de combatir el delito. 27 militares fueron separados del ejército y enjuiciados por participar en la matanza de 23 jóvenes de origen humilde, a quienes trataban de hacer pasar como delincuentes y guerrilleros, para crear el espejismo de la eficacia de las fuerzas del orden.
Parece que en el Ecuador hay quienes añoran los tiempos de los famosos “escuadrones de la muerte”, que asolaban los barrios pobres con el pretexto de la lucha antisubversiva y antidelincuencial. Parece también que ciertas autoridades y medios de comunicación se empeñan en construir un relato de horror que sostenga y justifique el pensamiento dominante en materia de seguridad, que se resume en “limpiar” las ciudades de delincuentes y, por extensión, de todo lo que tenga apariencia marginal y violenta.
El Telégrafo 02-11-2008
La cámara ingresa por un pasadizo y se detiene frente a una escena impresionante. Un policía ha capturado a un ladrón que, minutos antes, había robado un celular a una mujer en el centro de Guayaquil. El detenido está tirado en el suelo, mientras el uniformado le aplica su bota sobre la nuca. La cámara se agita cuando llegan los demás miembros de la pandilla y, en una maniobra insólita, liberan a su compañero y huyen por entre la gente y los carros. Lo último que se ve es al policía, sorprendido y nervioso, mientras devuelve el celular a su dueña y lamenta no poder hacer más.
Esta deber ser una de las escenas más repetidas por la televisión en los últimos días y, seguramente, una de las más explotadas y manipuladas por quienes interpretan la inseguridad desde una visión fascista, que consiste en reducir el tema a una lucha armada entre fuerzas del bien y del mal. Por ejemplo, quienes hacen el noticiero Contacto Directo, de Ecuavisa, preguntaron esta semana a los televidentes: “¿Le parece que un policía debe disparar si un delincuente lo ataca?”. Así, de manera simplona, como si el efecto de un disparo no involucrara una vida humana, ya sea delincuencial o policial, ni pusiera en riesgo a otras. Poco después, dijeron que el 99% por ciento de los encuestados había respondido que sí. ¿Alguien puede comprobarlo?
Se entiende entonces por qué, cuando el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, planteó que la abrumadora cantidad de noticias sobre violencia aumenta la percepción de inseguridad, la primera reacción de los medios fue ridiculizar esa afirmación y jugar con ella. Incapaces de entender la relación entre los hechos y sus relatos, muchos periodistas solo acertaron a llevar el concepto hasta los límites de la distorsión.Después, cuando la misma autoridad prohibió que se exhibieran los rostros de los delincuentes, los medios se opusieron de nuevo, con el argumento del derecho a la información. El Fiscal de la Nación, Washington Pesántez, afianzó la postura mediática con un criterio similar. El ministro cedió y, ese mismo día, los noticieros de televisión se llenaron con los rostros de los detenidos, mientras uno de los presentadores pontificaba que la comunidad mejor protegida es la que reconoce en la calle a sus enemigos y sabe que el peligro está en todas partes.
El tratamiento del tema de la inseguridad, en la mayoría de los medios, solo crea un ambiente de terror y un clima de opinión favorable a las prácticas del “gatillo fácil”. Por eso, en el mismo noticiero de Ecuavisa, congelaron las partes del video que permitían mirar con claridad los rostros de los delincuentes, mientras el presentador conminaba a todos a reconocerlos. El mensaje subyacente en este tipo de noticias es: ¡Ahí está la prueba de que el mal existe… tiene cuerpo y rostro… disparen en nombre de todos!
Los hechos no hablan por sí solos, sino que cobran sentido en los relatos que hacemos de ellos. El relato de los medios sobre la inseguridad y la violencia se impone y ejerce poder sobre el poder, a tal punto que el propio ministro Bustamante, en un principio cauto en el lenguaje, ha cedido también en ese campo, y habla de grupos de élite de la Policía cuya misión, dice, es “limpiar” las ciudades de la delincuencia.
Esta semana, Colombia dio una muestra más de lo que ocurre cuando el poder impone una cultura que idealiza la represión armada como única manera de combatir el delito. 27 militares fueron separados del ejército y enjuiciados por participar en la matanza de 23 jóvenes de origen humilde, a quienes trataban de hacer pasar como delincuentes y guerrilleros, para crear el espejismo de la eficacia de las fuerzas del orden.
Parece que en el Ecuador hay quienes añoran los tiempos de los famosos “escuadrones de la muerte”, que asolaban los barrios pobres con el pretexto de la lucha antisubversiva y antidelincuencial. Parece también que ciertas autoridades y medios de comunicación se empeñan en construir un relato de horror que sostenga y justifique el pensamiento dominante en materia de seguridad, que se resume en “limpiar” las ciudades de delincuentes y, por extensión, de todo lo que tenga apariencia marginal y violenta.
El Telégrafo 02-11-2008
sábado, 25 de octubre de 2008
Un relato de horror
Por Gustavo Abad
El auto está detenido en una calle abandonada y a su alrededor varias personas caminan nerviosas. La cámara se acerca lo más que puede a la ventanilla y deja ver el cuerpo inerte del conductor, acribillado por delincuentes pocas horas antes. Llega la esposa de la víctima y la cámara inmediatamente se concentra en los gestos, palabras y lágrimas que salen desde su infinito dolor.
El reportero dice que este crimen demuestra el aumento de la inseguridad y la violencia en todas las ciudades del país. Luego busca entre la gente declaraciones o testimonios para completar la información, hasta que otro familiar de la víctima reclama: “¿dónde están los defensores de los derechos humanos?”, y se responde a sí mismo, “esos señores solo defienden a los delincuentes”.
Fin de la nota.
En su comentario, el presentador del noticiero repite la última afirmación y refuerza uno de los grandes equívocos difundidos sin la menor reflexión por la mayoría de los medios de comunicación, respecto de la inseguridad y la violencia en nuestras ciudades, que consiste en adjudicar a las organizaciones de derechos humanos un cierto nivel de complicidad con los delincuentes.
Que los familiares de las víctimas, en su desesperación, se consideren abandonados por los derechos humanos, es algo comprensible. Otra cosa es que los medios recojan y alimenten esa idea, lo cual sólo ayuda a incrementar la paranoia colectiva que ya vivimos como resultado de la abrumadora cantidad de noticias generadas en las últimas semanas respecto del aumento delictivo.
Parece que nadie se detiene a pensar que los derechos humanos no se crearon para defender a las personas de los delitos comunes sino de los abusos del poder constituido en el Estado, y sólo en ese ámbito se puede evaluar su buen o mal desempeño. La institución obligada a luchar contra la delincuencia es la Policía, declarada en los últimos días en emergencia operativa, lo cual se traduce en más personal, más armas, más vehículos, etc. Curiosa coincidencia entre el reforzamiento policial, por un lado, y la descalificación de los derechos humanos, por otro. Una formula en la que los poderes político y mediático resultan complementarios.
Los medios proporcionan a la sociedad los elementos para que las personas se formen un juicio acerca de su realidad y su entorno. Cuando la gente repite lo que escucha o lee en los medios, y cuando estos repiten y difunden sin cuestionar lo que la gente dice en la calle, se forma un lugar común, una piedra endurecida en el fluir del pensamiento, una barrera que impide pensar y sentir de manera distinta, porque encierra en una sentencia reducida la respuesta a un problema infinitamente más complejo.
Las versiones periodísticas acerca de la inseguridad en estos días refuerzan dos grandes lugares comunes: “los derechos humanos solo defienden a los delincuentes” y “la única manera de combatir el delito es llenar las ciudades de policías fuertemente armados”. Entonces la población sale a la calle vestida de negro (como la reciente manifestación en Manta) o de blanco (como las conocidas marchas blancas en Quito y Guayaquil) con el fin de movilizar al Estado y exigir a la Policía mano dura contra la delincuencia.
La sociedad condena así la violencia marginal y alienta con ello la violencia oficial, motivada por un estado permanente de miedo, el sentimiento más atentatorio contra la capacidad de raciocinio. En efecto, las autoridades, los medios y casi toda la población ecuatoriana se hallan sumergidos por estos días en un largo y sostenido relato de horror.
El Telégrafo 26-10-2008
El auto está detenido en una calle abandonada y a su alrededor varias personas caminan nerviosas. La cámara se acerca lo más que puede a la ventanilla y deja ver el cuerpo inerte del conductor, acribillado por delincuentes pocas horas antes. Llega la esposa de la víctima y la cámara inmediatamente se concentra en los gestos, palabras y lágrimas que salen desde su infinito dolor.
El reportero dice que este crimen demuestra el aumento de la inseguridad y la violencia en todas las ciudades del país. Luego busca entre la gente declaraciones o testimonios para completar la información, hasta que otro familiar de la víctima reclama: “¿dónde están los defensores de los derechos humanos?”, y se responde a sí mismo, “esos señores solo defienden a los delincuentes”.
Fin de la nota.
En su comentario, el presentador del noticiero repite la última afirmación y refuerza uno de los grandes equívocos difundidos sin la menor reflexión por la mayoría de los medios de comunicación, respecto de la inseguridad y la violencia en nuestras ciudades, que consiste en adjudicar a las organizaciones de derechos humanos un cierto nivel de complicidad con los delincuentes.
Que los familiares de las víctimas, en su desesperación, se consideren abandonados por los derechos humanos, es algo comprensible. Otra cosa es que los medios recojan y alimenten esa idea, lo cual sólo ayuda a incrementar la paranoia colectiva que ya vivimos como resultado de la abrumadora cantidad de noticias generadas en las últimas semanas respecto del aumento delictivo.
Parece que nadie se detiene a pensar que los derechos humanos no se crearon para defender a las personas de los delitos comunes sino de los abusos del poder constituido en el Estado, y sólo en ese ámbito se puede evaluar su buen o mal desempeño. La institución obligada a luchar contra la delincuencia es la Policía, declarada en los últimos días en emergencia operativa, lo cual se traduce en más personal, más armas, más vehículos, etc. Curiosa coincidencia entre el reforzamiento policial, por un lado, y la descalificación de los derechos humanos, por otro. Una formula en la que los poderes político y mediático resultan complementarios.
Los medios proporcionan a la sociedad los elementos para que las personas se formen un juicio acerca de su realidad y su entorno. Cuando la gente repite lo que escucha o lee en los medios, y cuando estos repiten y difunden sin cuestionar lo que la gente dice en la calle, se forma un lugar común, una piedra endurecida en el fluir del pensamiento, una barrera que impide pensar y sentir de manera distinta, porque encierra en una sentencia reducida la respuesta a un problema infinitamente más complejo.
Las versiones periodísticas acerca de la inseguridad en estos días refuerzan dos grandes lugares comunes: “los derechos humanos solo defienden a los delincuentes” y “la única manera de combatir el delito es llenar las ciudades de policías fuertemente armados”. Entonces la población sale a la calle vestida de negro (como la reciente manifestación en Manta) o de blanco (como las conocidas marchas blancas en Quito y Guayaquil) con el fin de movilizar al Estado y exigir a la Policía mano dura contra la delincuencia.
La sociedad condena así la violencia marginal y alienta con ello la violencia oficial, motivada por un estado permanente de miedo, el sentimiento más atentatorio contra la capacidad de raciocinio. En efecto, las autoridades, los medios y casi toda la población ecuatoriana se hallan sumergidos por estos días en un largo y sostenido relato de horror.
El Telégrafo 26-10-2008
sábado, 18 de octubre de 2008
Ni militante ni sacerdotal
Por Gustavo Abad
Después de leer en los últimos días varios artículos acerca de los medios de comunicación y las prácticas periodísticas en el Ecuador, tengo la impresión de que este debate necesita un trazado de la cancha, el señalamiento de unos puntos de referencia que faciliten la producción y el intercambio de ideas con mayor utilidad social. Propongo que quienes participamos, de una u otra manera, en este ineludible ejercicio recordemos que no se trata de “mi opinión” versus “tu opinión”, sino que existe un contexto histórico, político, cultural, etcétera, dentro del cual se activan y cobran sentido las diversas reflexiones, y bien haríamos en recordarlo.
Para comenzar, el ejercicio del periodismo en este país ha estado ligado exclusivamente a los medios privados y son éstos los responsables de lo bueno o lo malo que se haya hecho al respecto. La historia reciente no muestra una presencia importante de medios estatales, ni gremiales, ni comunitarios que hayan tenido una gran influencia en el debate público. Tampoco hay marcas profundas de lo que algunos llaman “periodismo militante”, ese fantasma sesentero que provoca nostalgias, en unos casos, y resaca moral, en otros. Más bien, los que han podido tomar partido por una u otra visión del mundo son los medios privados. Recordemos que en ellos han madurado discursos sociales de toda naturaleza, incluyendo los violentos, xenófobos y racistas.
Las audiencias solo han hecho un balance y emitido un juicio de todo ello, de manera que la desconfianza respecto del trabajo de los medios tradicionales no es un fenómeno reciente, ni un invento del actual gobierno, como sostienen algunos para distorsionar ese sentimiento generalizado, sino el efecto de una acumulación de prácticas periodísticas que han afectado el prestigio y la valoración social de esta actividad.
Entonces la recuperación de esos medios como una voz pública confiable depende más de sus procesos internos de autocrítica, de la revisión de sus procedimientos, de la búsqueda y construcción de otras narrativas, que de la repetición de un discurso que yo llamaría “periodismo sacerdotal”, parecido a una catequesis de valores obvios como ser honesto, ético, democrático, riguroso, analítico, pluralista, responsable, preciso, equilibrado… etc., que adornan el discurso pero no se activan en la práctica.
Este mínimo reconocimiento de un proceso histórico nos permite entender mejor el surgimiento del periodismo público y de los medios estatales, como resultado de la coincidencia de un proyecto político y unas demandas sociales de contar con nuevas fuentes de información ante el deterioro de la credibilidad de los medios tradicionales.
La vigencia y legitimidad del periodismo público dependen de cuánto se guíe por la defensa del interés general antes que del gubernamental, por la construcción de una pedagogía ciudadana en deberes y en derechos, por la visibilidad y el respeto de otras formas de vida, por la búsqueda de respuestas colectivas a problemas colectivos y, evidentemente, por las prácticas del buen oficio.
Ni militante ni sacerdotal, el periodismo público no es sólo una propuesta comunicacional sino también política, lo cual facilita su vigilancia, su escrutinio y su impugnación social, algo a lo que todavía se niegan los medios privados tradicionales.
El Telégrafo 20-10-2008
Después de leer en los últimos días varios artículos acerca de los medios de comunicación y las prácticas periodísticas en el Ecuador, tengo la impresión de que este debate necesita un trazado de la cancha, el señalamiento de unos puntos de referencia que faciliten la producción y el intercambio de ideas con mayor utilidad social. Propongo que quienes participamos, de una u otra manera, en este ineludible ejercicio recordemos que no se trata de “mi opinión” versus “tu opinión”, sino que existe un contexto histórico, político, cultural, etcétera, dentro del cual se activan y cobran sentido las diversas reflexiones, y bien haríamos en recordarlo.
Para comenzar, el ejercicio del periodismo en este país ha estado ligado exclusivamente a los medios privados y son éstos los responsables de lo bueno o lo malo que se haya hecho al respecto. La historia reciente no muestra una presencia importante de medios estatales, ni gremiales, ni comunitarios que hayan tenido una gran influencia en el debate público. Tampoco hay marcas profundas de lo que algunos llaman “periodismo militante”, ese fantasma sesentero que provoca nostalgias, en unos casos, y resaca moral, en otros. Más bien, los que han podido tomar partido por una u otra visión del mundo son los medios privados. Recordemos que en ellos han madurado discursos sociales de toda naturaleza, incluyendo los violentos, xenófobos y racistas.
Las audiencias solo han hecho un balance y emitido un juicio de todo ello, de manera que la desconfianza respecto del trabajo de los medios tradicionales no es un fenómeno reciente, ni un invento del actual gobierno, como sostienen algunos para distorsionar ese sentimiento generalizado, sino el efecto de una acumulación de prácticas periodísticas que han afectado el prestigio y la valoración social de esta actividad.
Entonces la recuperación de esos medios como una voz pública confiable depende más de sus procesos internos de autocrítica, de la revisión de sus procedimientos, de la búsqueda y construcción de otras narrativas, que de la repetición de un discurso que yo llamaría “periodismo sacerdotal”, parecido a una catequesis de valores obvios como ser honesto, ético, democrático, riguroso, analítico, pluralista, responsable, preciso, equilibrado… etc., que adornan el discurso pero no se activan en la práctica.
Este mínimo reconocimiento de un proceso histórico nos permite entender mejor el surgimiento del periodismo público y de los medios estatales, como resultado de la coincidencia de un proyecto político y unas demandas sociales de contar con nuevas fuentes de información ante el deterioro de la credibilidad de los medios tradicionales.
La vigencia y legitimidad del periodismo público dependen de cuánto se guíe por la defensa del interés general antes que del gubernamental, por la construcción de una pedagogía ciudadana en deberes y en derechos, por la visibilidad y el respeto de otras formas de vida, por la búsqueda de respuestas colectivas a problemas colectivos y, evidentemente, por las prácticas del buen oficio.
Ni militante ni sacerdotal, el periodismo público no es sólo una propuesta comunicacional sino también política, lo cual facilita su vigilancia, su escrutinio y su impugnación social, algo a lo que todavía se niegan los medios privados tradicionales.
El Telégrafo 20-10-2008
sábado, 11 de octubre de 2008
El informe de la SIP
Por Gustavo Abad
Cada seis meses la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realiza una asamblea en la cual ofrece un informe acerca de la libertad de expresión en los diversos países de la región. En principio, parece una sana práctica de vigilancia, destinada a evitar abusos de poder y garantizar el derecho a la información, y quizá algún día lo fue. En la práctica, este ritual de los dueños de comunicación privados, más que ayudar, afecta la credibilidad y el sostenimiento de un discurso público como es el periodismo.
Hace pocos días, la SIP clausuró su asamblea 64, en Madrid, y en el documento correspondiente menciona la situación del Ecuador, desde una visión que merece ser comentada porque confirma lo dicho al inicio. Según el informe, el gobierno del presidente Rafael Correa ha “redoblado” una “actitud agresiva” contra la prensa, a la que ha convertido en su “opositor principal”, como “parte de su campaña de dividir y polarizar a los ciudadanos”.
Mi primera impresión es que las empresas privadas de comunicación todavía se niegan a la autocrítica. La “actitud agresiva” ha sido una práctica tanto del poder político como del poder mediático. Los calificativos salidos de boca del mandatario han sido respondidos con artillería verbal de igual o mayor calibre, en lugar de hacerlo con investigación rigurosa sobre temas respecto de los cuales el gobierno tiene mucho que responder. Solo una prensa movida por impulsos emocionales puede sentirse afectada por los calificativos endilgados desde el poder. De lo contrario, dejaría que le resbalen.
Después, la SIP olvida que los opositores no se constituyen como tales por designio de los gobernantes, sino por obra de sus actos políticos y su discurso público. Esa acusación de “dividir y polarizar a los ciudadanos” está más cercana al discurso de los partidos y otros sectores de oposición que al rigor investigativo de una organización periodística. Quizá a los autores del informe les habría servido mirar al periodista Carlos Vera hacer campaña desde una tarima por el voto nulo respecto del proyecto de nueva Constitución a pocos días del referéndum. El resultado del 64% a favor del Sí, desmantela la idea de un país dividido, como sostiene la mayoría de medios privados. Lo malo no es que tomen posición política, sino que lo nieguen.
Más adelante, al referirse a la publicidad oficial en los canales de televisión, la SIP señala que “la mayoría de los cuales hoy se hallan en poder del Estado, luego de que se los incautó por la vinculación de sus propietarios con la crisis bancaria”. En el Ecuador funcionan 63 empresas televisivas, según datos del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), por lo que los tres canales incautados –TC Televisión, Gamavisión y Cable Noticias– no representan la mayoría, y se encuentran en poder del Estado como resultado del juzgamiento a sus dueños por delitos financieros. Casi no hay lugar para creer que se trata de un error, sino de una distorsión deliberada.
Así, un tema tan importante como la inversión de recursos estatales en publicidad oficial, que debería ser abordado mediante una investigación rigurosa –que nos permita saber no solo cuánto invirtió el gobierno, sino cuánto ganaron los medios privados en los contratos de esa publicidad que tanto repudian–, queda reducido a una declaración efectista que confunde dos temas que nada tienen que ver entre sí.
El problema de fondo no es la relación de los medios privados con un gobierno coyuntural, sino la erosión de la credibilidad de ciertas organizaciones, que golpea de manera injusta a las que sí proponen un periodismo de servicio público. Como periodista, me afecta el uso tramposo que hace la SIP del concepto de libertad de expresión. Si sus directivos creen que sus informes ayudan, les pido que no ayuden tanto.
El Telégrafo 12-10-2008
Cada seis meses la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realiza una asamblea en la cual ofrece un informe acerca de la libertad de expresión en los diversos países de la región. En principio, parece una sana práctica de vigilancia, destinada a evitar abusos de poder y garantizar el derecho a la información, y quizá algún día lo fue. En la práctica, este ritual de los dueños de comunicación privados, más que ayudar, afecta la credibilidad y el sostenimiento de un discurso público como es el periodismo.
Hace pocos días, la SIP clausuró su asamblea 64, en Madrid, y en el documento correspondiente menciona la situación del Ecuador, desde una visión que merece ser comentada porque confirma lo dicho al inicio. Según el informe, el gobierno del presidente Rafael Correa ha “redoblado” una “actitud agresiva” contra la prensa, a la que ha convertido en su “opositor principal”, como “parte de su campaña de dividir y polarizar a los ciudadanos”.
Mi primera impresión es que las empresas privadas de comunicación todavía se niegan a la autocrítica. La “actitud agresiva” ha sido una práctica tanto del poder político como del poder mediático. Los calificativos salidos de boca del mandatario han sido respondidos con artillería verbal de igual o mayor calibre, en lugar de hacerlo con investigación rigurosa sobre temas respecto de los cuales el gobierno tiene mucho que responder. Solo una prensa movida por impulsos emocionales puede sentirse afectada por los calificativos endilgados desde el poder. De lo contrario, dejaría que le resbalen.
Después, la SIP olvida que los opositores no se constituyen como tales por designio de los gobernantes, sino por obra de sus actos políticos y su discurso público. Esa acusación de “dividir y polarizar a los ciudadanos” está más cercana al discurso de los partidos y otros sectores de oposición que al rigor investigativo de una organización periodística. Quizá a los autores del informe les habría servido mirar al periodista Carlos Vera hacer campaña desde una tarima por el voto nulo respecto del proyecto de nueva Constitución a pocos días del referéndum. El resultado del 64% a favor del Sí, desmantela la idea de un país dividido, como sostiene la mayoría de medios privados. Lo malo no es que tomen posición política, sino que lo nieguen.
Más adelante, al referirse a la publicidad oficial en los canales de televisión, la SIP señala que “la mayoría de los cuales hoy se hallan en poder del Estado, luego de que se los incautó por la vinculación de sus propietarios con la crisis bancaria”. En el Ecuador funcionan 63 empresas televisivas, según datos del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), por lo que los tres canales incautados –TC Televisión, Gamavisión y Cable Noticias– no representan la mayoría, y se encuentran en poder del Estado como resultado del juzgamiento a sus dueños por delitos financieros. Casi no hay lugar para creer que se trata de un error, sino de una distorsión deliberada.
Así, un tema tan importante como la inversión de recursos estatales en publicidad oficial, que debería ser abordado mediante una investigación rigurosa –que nos permita saber no solo cuánto invirtió el gobierno, sino cuánto ganaron los medios privados en los contratos de esa publicidad que tanto repudian–, queda reducido a una declaración efectista que confunde dos temas que nada tienen que ver entre sí.
El problema de fondo no es la relación de los medios privados con un gobierno coyuntural, sino la erosión de la credibilidad de ciertas organizaciones, que golpea de manera injusta a las que sí proponen un periodismo de servicio público. Como periodista, me afecta el uso tramposo que hace la SIP del concepto de libertad de expresión. Si sus directivos creen que sus informes ayudan, les pido que no ayuden tanto.
El Telégrafo 12-10-2008
sábado, 4 de octubre de 2008
El sentido del juego
Por Gustavo Abad
El punto de quiebre se ha dado y el triunfo del Sí por la nueva Constitución obliga a enfilar las reflexiones y las propuestas de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna, que ya no es un ideal en disputa sino un cuerpo normativo que nos rige y que buscará su plenitud con el conjunto de leyes y reglamentos en proceso.
El debate que se avecina abarcará toda la gama de lo público y, por supuesto, ahí se incluye también el discurso público, ese territorio inestable donde los diversos actores sociales se disputan el control de los significados, y donde confluyen los poderes político y mediático ya sea como detractores o complementarios.
El poder político construye un discurso público para imponer un modo de organizar y dirigir una sociedad, es decir, un modo de hacer. El poder mediático lo hace para imponer un modo de ver e interpretar, es decir, un modo de pensar. Entre los dos se legitiman o se impugnan según los intereses en juego.
Por eso es necesario volver la mirada hacia las condiciones de producción del discurso público en los medios de comunicación, puesto que su materia prima es la información, y ésta es un bien común en manos de unos trabajadores de prensa, que producen bajo unas condiciones y unos imperativos de los que casi nadie se ocupa, ni siquiera los periodistas, pero inciden en la elaboración final de la información.
El pensamiento crítico respecto del periodismo muchas veces se limita a destacar la condición de las empresas mediáticas como entes ligados al capital privado y a la maximización de las ganancias. Nada más cierto que eso, pero hay que recordar que tal condición genera unas conductas laborales, y esas conductas unos acuerdos y tenciones internas, y todo eso se manifiesta en una cultura periodística, es decir, en un modo de hacer y decir, cuyo resultado es lo que reciben los consumidores de medios.
Los periodistas desarrollan lo que Pierre Bourdieu llama un habitus, que es la manera cómo las personas interiorizan sus condiciones de vida y, en función de ello, desarrollan un modo de actuar, un sentido del juego, y el sentido del juego periodístico muchas veces consiste en salir a la calle y regresar con algo que, aunque no califique como importante, sí lo haga como publicable, de lo contrario, alguien puede perder su empleo.
Por ello, una manera de aterrizar el espíritu de la nueva Constitución en lo referente al periodismo como discurso público sería mediante una normativa que se ocupe de las condiciones de producción y la situación laboral de los trabajadores de prensa, que va desde los salarios bajos, jornadas promedio de 12 horas diarias, escasas oportunidades de formación, hasta normas disciplinarias que los obligan a vigilarse entre compañeros.
Conozco periodistas que estudian a escondidas de sus empleadores porque la política administrativa, donde mandan los gerentes y no los periodistas, dice que el tiempo que éstos emplean en estudiar disminuye su tiempo productivo. Conozco también la crisis existencial de reporteros designados a fuentes permanentes como el Congreso, la Presidencia, las cortes y tribunales, donde agonizan procesando boletines y, después de diez años de hacer lo mismo, quedan imposibilitados de abrirse a otras áreas de producción intelectual.
Por ello no basta con pensar y analizar solamente los discursos mediáticos sino también las circunstancias de quienes los producen. Esta es una oportunidad para los trabajadores de prensa de plantear otras maneras de encarar su labor, otras condiciones de producción y con ello algo más grande, otro sentido del juego.
El Telégrafo 05-10-2008
El punto de quiebre se ha dado y el triunfo del Sí por la nueva Constitución obliga a enfilar las reflexiones y las propuestas de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna, que ya no es un ideal en disputa sino un cuerpo normativo que nos rige y que buscará su plenitud con el conjunto de leyes y reglamentos en proceso.
El debate que se avecina abarcará toda la gama de lo público y, por supuesto, ahí se incluye también el discurso público, ese territorio inestable donde los diversos actores sociales se disputan el control de los significados, y donde confluyen los poderes político y mediático ya sea como detractores o complementarios.
El poder político construye un discurso público para imponer un modo de organizar y dirigir una sociedad, es decir, un modo de hacer. El poder mediático lo hace para imponer un modo de ver e interpretar, es decir, un modo de pensar. Entre los dos se legitiman o se impugnan según los intereses en juego.
Por eso es necesario volver la mirada hacia las condiciones de producción del discurso público en los medios de comunicación, puesto que su materia prima es la información, y ésta es un bien común en manos de unos trabajadores de prensa, que producen bajo unas condiciones y unos imperativos de los que casi nadie se ocupa, ni siquiera los periodistas, pero inciden en la elaboración final de la información.
El pensamiento crítico respecto del periodismo muchas veces se limita a destacar la condición de las empresas mediáticas como entes ligados al capital privado y a la maximización de las ganancias. Nada más cierto que eso, pero hay que recordar que tal condición genera unas conductas laborales, y esas conductas unos acuerdos y tenciones internas, y todo eso se manifiesta en una cultura periodística, es decir, en un modo de hacer y decir, cuyo resultado es lo que reciben los consumidores de medios.
Los periodistas desarrollan lo que Pierre Bourdieu llama un habitus, que es la manera cómo las personas interiorizan sus condiciones de vida y, en función de ello, desarrollan un modo de actuar, un sentido del juego, y el sentido del juego periodístico muchas veces consiste en salir a la calle y regresar con algo que, aunque no califique como importante, sí lo haga como publicable, de lo contrario, alguien puede perder su empleo.
Por ello, una manera de aterrizar el espíritu de la nueva Constitución en lo referente al periodismo como discurso público sería mediante una normativa que se ocupe de las condiciones de producción y la situación laboral de los trabajadores de prensa, que va desde los salarios bajos, jornadas promedio de 12 horas diarias, escasas oportunidades de formación, hasta normas disciplinarias que los obligan a vigilarse entre compañeros.
Conozco periodistas que estudian a escondidas de sus empleadores porque la política administrativa, donde mandan los gerentes y no los periodistas, dice que el tiempo que éstos emplean en estudiar disminuye su tiempo productivo. Conozco también la crisis existencial de reporteros designados a fuentes permanentes como el Congreso, la Presidencia, las cortes y tribunales, donde agonizan procesando boletines y, después de diez años de hacer lo mismo, quedan imposibilitados de abrirse a otras áreas de producción intelectual.
Por ello no basta con pensar y analizar solamente los discursos mediáticos sino también las circunstancias de quienes los producen. Esta es una oportunidad para los trabajadores de prensa de plantear otras maneras de encarar su labor, otras condiciones de producción y con ello algo más grande, otro sentido del juego.
El Telégrafo 05-10-2008
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