Por Gustavo Abad
La cámara ingresa por un pasadizo y se detiene frente a una escena impresionante. Un policía ha capturado a un ladrón que, minutos antes, había robado un celular a una mujer en el centro de Guayaquil. El detenido está tirado en el suelo, mientras el uniformado le aplica su bota sobre la nuca. La cámara se agita cuando llegan los demás miembros de la pandilla y, en una maniobra insólita, liberan a su compañero y huyen por entre la gente y los carros. Lo último que se ve es al policía, sorprendido y nervioso, mientras devuelve el celular a su dueña y lamenta no poder hacer más.
Esta deber ser una de las escenas más repetidas por la televisión en los últimos días y, seguramente, una de las más explotadas y manipuladas por quienes interpretan la inseguridad desde una visión fascista, que consiste en reducir el tema a una lucha armada entre fuerzas del bien y del mal. Por ejemplo, quienes hacen el noticiero Contacto Directo, de Ecuavisa, preguntaron esta semana a los televidentes: “¿Le parece que un policía debe disparar si un delincuente lo ataca?”. Así, de manera simplona, como si el efecto de un disparo no involucrara una vida humana, ya sea delincuencial o policial, ni pusiera en riesgo a otras. Poco después, dijeron que el 99% por ciento de los encuestados había respondido que sí. ¿Alguien puede comprobarlo?
Se entiende entonces por qué, cuando el ministro de Gobierno, Fernando Bustamante, planteó que la abrumadora cantidad de noticias sobre violencia aumenta la percepción de inseguridad, la primera reacción de los medios fue ridiculizar esa afirmación y jugar con ella. Incapaces de entender la relación entre los hechos y sus relatos, muchos periodistas solo acertaron a llevar el concepto hasta los límites de la distorsión.Después, cuando la misma autoridad prohibió que se exhibieran los rostros de los delincuentes, los medios se opusieron de nuevo, con el argumento del derecho a la información. El Fiscal de la Nación, Washington Pesántez, afianzó la postura mediática con un criterio similar. El ministro cedió y, ese mismo día, los noticieros de televisión se llenaron con los rostros de los detenidos, mientras uno de los presentadores pontificaba que la comunidad mejor protegida es la que reconoce en la calle a sus enemigos y sabe que el peligro está en todas partes.
El tratamiento del tema de la inseguridad, en la mayoría de los medios, solo crea un ambiente de terror y un clima de opinión favorable a las prácticas del “gatillo fácil”. Por eso, en el mismo noticiero de Ecuavisa, congelaron las partes del video que permitían mirar con claridad los rostros de los delincuentes, mientras el presentador conminaba a todos a reconocerlos. El mensaje subyacente en este tipo de noticias es: ¡Ahí está la prueba de que el mal existe… tiene cuerpo y rostro… disparen en nombre de todos!
Los hechos no hablan por sí solos, sino que cobran sentido en los relatos que hacemos de ellos. El relato de los medios sobre la inseguridad y la violencia se impone y ejerce poder sobre el poder, a tal punto que el propio ministro Bustamante, en un principio cauto en el lenguaje, ha cedido también en ese campo, y habla de grupos de élite de la Policía cuya misión, dice, es “limpiar” las ciudades de la delincuencia.
Esta semana, Colombia dio una muestra más de lo que ocurre cuando el poder impone una cultura que idealiza la represión armada como única manera de combatir el delito. 27 militares fueron separados del ejército y enjuiciados por participar en la matanza de 23 jóvenes de origen humilde, a quienes trataban de hacer pasar como delincuentes y guerrilleros, para crear el espejismo de la eficacia de las fuerzas del orden.
Parece que en el Ecuador hay quienes añoran los tiempos de los famosos “escuadrones de la muerte”, que asolaban los barrios pobres con el pretexto de la lucha antisubversiva y antidelincuencial. Parece también que ciertas autoridades y medios de comunicación se empeñan en construir un relato de horror que sostenga y justifique el pensamiento dominante en materia de seguridad, que se resume en “limpiar” las ciudades de delincuentes y, por extensión, de todo lo que tenga apariencia marginal y violenta.
El Telégrafo 02-11-2008
sábado, 1 de noviembre de 2008
sábado, 25 de octubre de 2008
Un relato de horror
Por Gustavo Abad
El auto está detenido en una calle abandonada y a su alrededor varias personas caminan nerviosas. La cámara se acerca lo más que puede a la ventanilla y deja ver el cuerpo inerte del conductor, acribillado por delincuentes pocas horas antes. Llega la esposa de la víctima y la cámara inmediatamente se concentra en los gestos, palabras y lágrimas que salen desde su infinito dolor.
El reportero dice que este crimen demuestra el aumento de la inseguridad y la violencia en todas las ciudades del país. Luego busca entre la gente declaraciones o testimonios para completar la información, hasta que otro familiar de la víctima reclama: “¿dónde están los defensores de los derechos humanos?”, y se responde a sí mismo, “esos señores solo defienden a los delincuentes”.
Fin de la nota.
En su comentario, el presentador del noticiero repite la última afirmación y refuerza uno de los grandes equívocos difundidos sin la menor reflexión por la mayoría de los medios de comunicación, respecto de la inseguridad y la violencia en nuestras ciudades, que consiste en adjudicar a las organizaciones de derechos humanos un cierto nivel de complicidad con los delincuentes.
Que los familiares de las víctimas, en su desesperación, se consideren abandonados por los derechos humanos, es algo comprensible. Otra cosa es que los medios recojan y alimenten esa idea, lo cual sólo ayuda a incrementar la paranoia colectiva que ya vivimos como resultado de la abrumadora cantidad de noticias generadas en las últimas semanas respecto del aumento delictivo.
Parece que nadie se detiene a pensar que los derechos humanos no se crearon para defender a las personas de los delitos comunes sino de los abusos del poder constituido en el Estado, y sólo en ese ámbito se puede evaluar su buen o mal desempeño. La institución obligada a luchar contra la delincuencia es la Policía, declarada en los últimos días en emergencia operativa, lo cual se traduce en más personal, más armas, más vehículos, etc. Curiosa coincidencia entre el reforzamiento policial, por un lado, y la descalificación de los derechos humanos, por otro. Una formula en la que los poderes político y mediático resultan complementarios.
Los medios proporcionan a la sociedad los elementos para que las personas se formen un juicio acerca de su realidad y su entorno. Cuando la gente repite lo que escucha o lee en los medios, y cuando estos repiten y difunden sin cuestionar lo que la gente dice en la calle, se forma un lugar común, una piedra endurecida en el fluir del pensamiento, una barrera que impide pensar y sentir de manera distinta, porque encierra en una sentencia reducida la respuesta a un problema infinitamente más complejo.
Las versiones periodísticas acerca de la inseguridad en estos días refuerzan dos grandes lugares comunes: “los derechos humanos solo defienden a los delincuentes” y “la única manera de combatir el delito es llenar las ciudades de policías fuertemente armados”. Entonces la población sale a la calle vestida de negro (como la reciente manifestación en Manta) o de blanco (como las conocidas marchas blancas en Quito y Guayaquil) con el fin de movilizar al Estado y exigir a la Policía mano dura contra la delincuencia.
La sociedad condena así la violencia marginal y alienta con ello la violencia oficial, motivada por un estado permanente de miedo, el sentimiento más atentatorio contra la capacidad de raciocinio. En efecto, las autoridades, los medios y casi toda la población ecuatoriana se hallan sumergidos por estos días en un largo y sostenido relato de horror.
El Telégrafo 26-10-2008
El auto está detenido en una calle abandonada y a su alrededor varias personas caminan nerviosas. La cámara se acerca lo más que puede a la ventanilla y deja ver el cuerpo inerte del conductor, acribillado por delincuentes pocas horas antes. Llega la esposa de la víctima y la cámara inmediatamente se concentra en los gestos, palabras y lágrimas que salen desde su infinito dolor.
El reportero dice que este crimen demuestra el aumento de la inseguridad y la violencia en todas las ciudades del país. Luego busca entre la gente declaraciones o testimonios para completar la información, hasta que otro familiar de la víctima reclama: “¿dónde están los defensores de los derechos humanos?”, y se responde a sí mismo, “esos señores solo defienden a los delincuentes”.
Fin de la nota.
En su comentario, el presentador del noticiero repite la última afirmación y refuerza uno de los grandes equívocos difundidos sin la menor reflexión por la mayoría de los medios de comunicación, respecto de la inseguridad y la violencia en nuestras ciudades, que consiste en adjudicar a las organizaciones de derechos humanos un cierto nivel de complicidad con los delincuentes.
Que los familiares de las víctimas, en su desesperación, se consideren abandonados por los derechos humanos, es algo comprensible. Otra cosa es que los medios recojan y alimenten esa idea, lo cual sólo ayuda a incrementar la paranoia colectiva que ya vivimos como resultado de la abrumadora cantidad de noticias generadas en las últimas semanas respecto del aumento delictivo.
Parece que nadie se detiene a pensar que los derechos humanos no se crearon para defender a las personas de los delitos comunes sino de los abusos del poder constituido en el Estado, y sólo en ese ámbito se puede evaluar su buen o mal desempeño. La institución obligada a luchar contra la delincuencia es la Policía, declarada en los últimos días en emergencia operativa, lo cual se traduce en más personal, más armas, más vehículos, etc. Curiosa coincidencia entre el reforzamiento policial, por un lado, y la descalificación de los derechos humanos, por otro. Una formula en la que los poderes político y mediático resultan complementarios.
Los medios proporcionan a la sociedad los elementos para que las personas se formen un juicio acerca de su realidad y su entorno. Cuando la gente repite lo que escucha o lee en los medios, y cuando estos repiten y difunden sin cuestionar lo que la gente dice en la calle, se forma un lugar común, una piedra endurecida en el fluir del pensamiento, una barrera que impide pensar y sentir de manera distinta, porque encierra en una sentencia reducida la respuesta a un problema infinitamente más complejo.
Las versiones periodísticas acerca de la inseguridad en estos días refuerzan dos grandes lugares comunes: “los derechos humanos solo defienden a los delincuentes” y “la única manera de combatir el delito es llenar las ciudades de policías fuertemente armados”. Entonces la población sale a la calle vestida de negro (como la reciente manifestación en Manta) o de blanco (como las conocidas marchas blancas en Quito y Guayaquil) con el fin de movilizar al Estado y exigir a la Policía mano dura contra la delincuencia.
La sociedad condena así la violencia marginal y alienta con ello la violencia oficial, motivada por un estado permanente de miedo, el sentimiento más atentatorio contra la capacidad de raciocinio. En efecto, las autoridades, los medios y casi toda la población ecuatoriana se hallan sumergidos por estos días en un largo y sostenido relato de horror.
El Telégrafo 26-10-2008
sábado, 18 de octubre de 2008
Ni militante ni sacerdotal
Por Gustavo Abad
Después de leer en los últimos días varios artículos acerca de los medios de comunicación y las prácticas periodísticas en el Ecuador, tengo la impresión de que este debate necesita un trazado de la cancha, el señalamiento de unos puntos de referencia que faciliten la producción y el intercambio de ideas con mayor utilidad social. Propongo que quienes participamos, de una u otra manera, en este ineludible ejercicio recordemos que no se trata de “mi opinión” versus “tu opinión”, sino que existe un contexto histórico, político, cultural, etcétera, dentro del cual se activan y cobran sentido las diversas reflexiones, y bien haríamos en recordarlo.
Para comenzar, el ejercicio del periodismo en este país ha estado ligado exclusivamente a los medios privados y son éstos los responsables de lo bueno o lo malo que se haya hecho al respecto. La historia reciente no muestra una presencia importante de medios estatales, ni gremiales, ni comunitarios que hayan tenido una gran influencia en el debate público. Tampoco hay marcas profundas de lo que algunos llaman “periodismo militante”, ese fantasma sesentero que provoca nostalgias, en unos casos, y resaca moral, en otros. Más bien, los que han podido tomar partido por una u otra visión del mundo son los medios privados. Recordemos que en ellos han madurado discursos sociales de toda naturaleza, incluyendo los violentos, xenófobos y racistas.
Las audiencias solo han hecho un balance y emitido un juicio de todo ello, de manera que la desconfianza respecto del trabajo de los medios tradicionales no es un fenómeno reciente, ni un invento del actual gobierno, como sostienen algunos para distorsionar ese sentimiento generalizado, sino el efecto de una acumulación de prácticas periodísticas que han afectado el prestigio y la valoración social de esta actividad.
Entonces la recuperación de esos medios como una voz pública confiable depende más de sus procesos internos de autocrítica, de la revisión de sus procedimientos, de la búsqueda y construcción de otras narrativas, que de la repetición de un discurso que yo llamaría “periodismo sacerdotal”, parecido a una catequesis de valores obvios como ser honesto, ético, democrático, riguroso, analítico, pluralista, responsable, preciso, equilibrado… etc., que adornan el discurso pero no se activan en la práctica.
Este mínimo reconocimiento de un proceso histórico nos permite entender mejor el surgimiento del periodismo público y de los medios estatales, como resultado de la coincidencia de un proyecto político y unas demandas sociales de contar con nuevas fuentes de información ante el deterioro de la credibilidad de los medios tradicionales.
La vigencia y legitimidad del periodismo público dependen de cuánto se guíe por la defensa del interés general antes que del gubernamental, por la construcción de una pedagogía ciudadana en deberes y en derechos, por la visibilidad y el respeto de otras formas de vida, por la búsqueda de respuestas colectivas a problemas colectivos y, evidentemente, por las prácticas del buen oficio.
Ni militante ni sacerdotal, el periodismo público no es sólo una propuesta comunicacional sino también política, lo cual facilita su vigilancia, su escrutinio y su impugnación social, algo a lo que todavía se niegan los medios privados tradicionales.
El Telégrafo 20-10-2008
Después de leer en los últimos días varios artículos acerca de los medios de comunicación y las prácticas periodísticas en el Ecuador, tengo la impresión de que este debate necesita un trazado de la cancha, el señalamiento de unos puntos de referencia que faciliten la producción y el intercambio de ideas con mayor utilidad social. Propongo que quienes participamos, de una u otra manera, en este ineludible ejercicio recordemos que no se trata de “mi opinión” versus “tu opinión”, sino que existe un contexto histórico, político, cultural, etcétera, dentro del cual se activan y cobran sentido las diversas reflexiones, y bien haríamos en recordarlo.
Para comenzar, el ejercicio del periodismo en este país ha estado ligado exclusivamente a los medios privados y son éstos los responsables de lo bueno o lo malo que se haya hecho al respecto. La historia reciente no muestra una presencia importante de medios estatales, ni gremiales, ni comunitarios que hayan tenido una gran influencia en el debate público. Tampoco hay marcas profundas de lo que algunos llaman “periodismo militante”, ese fantasma sesentero que provoca nostalgias, en unos casos, y resaca moral, en otros. Más bien, los que han podido tomar partido por una u otra visión del mundo son los medios privados. Recordemos que en ellos han madurado discursos sociales de toda naturaleza, incluyendo los violentos, xenófobos y racistas.
Las audiencias solo han hecho un balance y emitido un juicio de todo ello, de manera que la desconfianza respecto del trabajo de los medios tradicionales no es un fenómeno reciente, ni un invento del actual gobierno, como sostienen algunos para distorsionar ese sentimiento generalizado, sino el efecto de una acumulación de prácticas periodísticas que han afectado el prestigio y la valoración social de esta actividad.
Entonces la recuperación de esos medios como una voz pública confiable depende más de sus procesos internos de autocrítica, de la revisión de sus procedimientos, de la búsqueda y construcción de otras narrativas, que de la repetición de un discurso que yo llamaría “periodismo sacerdotal”, parecido a una catequesis de valores obvios como ser honesto, ético, democrático, riguroso, analítico, pluralista, responsable, preciso, equilibrado… etc., que adornan el discurso pero no se activan en la práctica.
Este mínimo reconocimiento de un proceso histórico nos permite entender mejor el surgimiento del periodismo público y de los medios estatales, como resultado de la coincidencia de un proyecto político y unas demandas sociales de contar con nuevas fuentes de información ante el deterioro de la credibilidad de los medios tradicionales.
La vigencia y legitimidad del periodismo público dependen de cuánto se guíe por la defensa del interés general antes que del gubernamental, por la construcción de una pedagogía ciudadana en deberes y en derechos, por la visibilidad y el respeto de otras formas de vida, por la búsqueda de respuestas colectivas a problemas colectivos y, evidentemente, por las prácticas del buen oficio.
Ni militante ni sacerdotal, el periodismo público no es sólo una propuesta comunicacional sino también política, lo cual facilita su vigilancia, su escrutinio y su impugnación social, algo a lo que todavía se niegan los medios privados tradicionales.
El Telégrafo 20-10-2008
sábado, 11 de octubre de 2008
El informe de la SIP
Por Gustavo Abad
Cada seis meses la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realiza una asamblea en la cual ofrece un informe acerca de la libertad de expresión en los diversos países de la región. En principio, parece una sana práctica de vigilancia, destinada a evitar abusos de poder y garantizar el derecho a la información, y quizá algún día lo fue. En la práctica, este ritual de los dueños de comunicación privados, más que ayudar, afecta la credibilidad y el sostenimiento de un discurso público como es el periodismo.
Hace pocos días, la SIP clausuró su asamblea 64, en Madrid, y en el documento correspondiente menciona la situación del Ecuador, desde una visión que merece ser comentada porque confirma lo dicho al inicio. Según el informe, el gobierno del presidente Rafael Correa ha “redoblado” una “actitud agresiva” contra la prensa, a la que ha convertido en su “opositor principal”, como “parte de su campaña de dividir y polarizar a los ciudadanos”.
Mi primera impresión es que las empresas privadas de comunicación todavía se niegan a la autocrítica. La “actitud agresiva” ha sido una práctica tanto del poder político como del poder mediático. Los calificativos salidos de boca del mandatario han sido respondidos con artillería verbal de igual o mayor calibre, en lugar de hacerlo con investigación rigurosa sobre temas respecto de los cuales el gobierno tiene mucho que responder. Solo una prensa movida por impulsos emocionales puede sentirse afectada por los calificativos endilgados desde el poder. De lo contrario, dejaría que le resbalen.
Después, la SIP olvida que los opositores no se constituyen como tales por designio de los gobernantes, sino por obra de sus actos políticos y su discurso público. Esa acusación de “dividir y polarizar a los ciudadanos” está más cercana al discurso de los partidos y otros sectores de oposición que al rigor investigativo de una organización periodística. Quizá a los autores del informe les habría servido mirar al periodista Carlos Vera hacer campaña desde una tarima por el voto nulo respecto del proyecto de nueva Constitución a pocos días del referéndum. El resultado del 64% a favor del Sí, desmantela la idea de un país dividido, como sostiene la mayoría de medios privados. Lo malo no es que tomen posición política, sino que lo nieguen.
Más adelante, al referirse a la publicidad oficial en los canales de televisión, la SIP señala que “la mayoría de los cuales hoy se hallan en poder del Estado, luego de que se los incautó por la vinculación de sus propietarios con la crisis bancaria”. En el Ecuador funcionan 63 empresas televisivas, según datos del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), por lo que los tres canales incautados –TC Televisión, Gamavisión y Cable Noticias– no representan la mayoría, y se encuentran en poder del Estado como resultado del juzgamiento a sus dueños por delitos financieros. Casi no hay lugar para creer que se trata de un error, sino de una distorsión deliberada.
Así, un tema tan importante como la inversión de recursos estatales en publicidad oficial, que debería ser abordado mediante una investigación rigurosa –que nos permita saber no solo cuánto invirtió el gobierno, sino cuánto ganaron los medios privados en los contratos de esa publicidad que tanto repudian–, queda reducido a una declaración efectista que confunde dos temas que nada tienen que ver entre sí.
El problema de fondo no es la relación de los medios privados con un gobierno coyuntural, sino la erosión de la credibilidad de ciertas organizaciones, que golpea de manera injusta a las que sí proponen un periodismo de servicio público. Como periodista, me afecta el uso tramposo que hace la SIP del concepto de libertad de expresión. Si sus directivos creen que sus informes ayudan, les pido que no ayuden tanto.
El Telégrafo 12-10-2008
Cada seis meses la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) realiza una asamblea en la cual ofrece un informe acerca de la libertad de expresión en los diversos países de la región. En principio, parece una sana práctica de vigilancia, destinada a evitar abusos de poder y garantizar el derecho a la información, y quizá algún día lo fue. En la práctica, este ritual de los dueños de comunicación privados, más que ayudar, afecta la credibilidad y el sostenimiento de un discurso público como es el periodismo.
Hace pocos días, la SIP clausuró su asamblea 64, en Madrid, y en el documento correspondiente menciona la situación del Ecuador, desde una visión que merece ser comentada porque confirma lo dicho al inicio. Según el informe, el gobierno del presidente Rafael Correa ha “redoblado” una “actitud agresiva” contra la prensa, a la que ha convertido en su “opositor principal”, como “parte de su campaña de dividir y polarizar a los ciudadanos”.
Mi primera impresión es que las empresas privadas de comunicación todavía se niegan a la autocrítica. La “actitud agresiva” ha sido una práctica tanto del poder político como del poder mediático. Los calificativos salidos de boca del mandatario han sido respondidos con artillería verbal de igual o mayor calibre, en lugar de hacerlo con investigación rigurosa sobre temas respecto de los cuales el gobierno tiene mucho que responder. Solo una prensa movida por impulsos emocionales puede sentirse afectada por los calificativos endilgados desde el poder. De lo contrario, dejaría que le resbalen.
Después, la SIP olvida que los opositores no se constituyen como tales por designio de los gobernantes, sino por obra de sus actos políticos y su discurso público. Esa acusación de “dividir y polarizar a los ciudadanos” está más cercana al discurso de los partidos y otros sectores de oposición que al rigor investigativo de una organización periodística. Quizá a los autores del informe les habría servido mirar al periodista Carlos Vera hacer campaña desde una tarima por el voto nulo respecto del proyecto de nueva Constitución a pocos días del referéndum. El resultado del 64% a favor del Sí, desmantela la idea de un país dividido, como sostiene la mayoría de medios privados. Lo malo no es que tomen posición política, sino que lo nieguen.
Más adelante, al referirse a la publicidad oficial en los canales de televisión, la SIP señala que “la mayoría de los cuales hoy se hallan en poder del Estado, luego de que se los incautó por la vinculación de sus propietarios con la crisis bancaria”. En el Ecuador funcionan 63 empresas televisivas, según datos del Consejo Nacional de Radio y Televisión (Conartel), por lo que los tres canales incautados –TC Televisión, Gamavisión y Cable Noticias– no representan la mayoría, y se encuentran en poder del Estado como resultado del juzgamiento a sus dueños por delitos financieros. Casi no hay lugar para creer que se trata de un error, sino de una distorsión deliberada.
Así, un tema tan importante como la inversión de recursos estatales en publicidad oficial, que debería ser abordado mediante una investigación rigurosa –que nos permita saber no solo cuánto invirtió el gobierno, sino cuánto ganaron los medios privados en los contratos de esa publicidad que tanto repudian–, queda reducido a una declaración efectista que confunde dos temas que nada tienen que ver entre sí.
El problema de fondo no es la relación de los medios privados con un gobierno coyuntural, sino la erosión de la credibilidad de ciertas organizaciones, que golpea de manera injusta a las que sí proponen un periodismo de servicio público. Como periodista, me afecta el uso tramposo que hace la SIP del concepto de libertad de expresión. Si sus directivos creen que sus informes ayudan, les pido que no ayuden tanto.
El Telégrafo 12-10-2008
sábado, 4 de octubre de 2008
El sentido del juego
Por Gustavo Abad
El punto de quiebre se ha dado y el triunfo del Sí por la nueva Constitución obliga a enfilar las reflexiones y las propuestas de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna, que ya no es un ideal en disputa sino un cuerpo normativo que nos rige y que buscará su plenitud con el conjunto de leyes y reglamentos en proceso.
El debate que se avecina abarcará toda la gama de lo público y, por supuesto, ahí se incluye también el discurso público, ese territorio inestable donde los diversos actores sociales se disputan el control de los significados, y donde confluyen los poderes político y mediático ya sea como detractores o complementarios.
El poder político construye un discurso público para imponer un modo de organizar y dirigir una sociedad, es decir, un modo de hacer. El poder mediático lo hace para imponer un modo de ver e interpretar, es decir, un modo de pensar. Entre los dos se legitiman o se impugnan según los intereses en juego.
Por eso es necesario volver la mirada hacia las condiciones de producción del discurso público en los medios de comunicación, puesto que su materia prima es la información, y ésta es un bien común en manos de unos trabajadores de prensa, que producen bajo unas condiciones y unos imperativos de los que casi nadie se ocupa, ni siquiera los periodistas, pero inciden en la elaboración final de la información.
El pensamiento crítico respecto del periodismo muchas veces se limita a destacar la condición de las empresas mediáticas como entes ligados al capital privado y a la maximización de las ganancias. Nada más cierto que eso, pero hay que recordar que tal condición genera unas conductas laborales, y esas conductas unos acuerdos y tenciones internas, y todo eso se manifiesta en una cultura periodística, es decir, en un modo de hacer y decir, cuyo resultado es lo que reciben los consumidores de medios.
Los periodistas desarrollan lo que Pierre Bourdieu llama un habitus, que es la manera cómo las personas interiorizan sus condiciones de vida y, en función de ello, desarrollan un modo de actuar, un sentido del juego, y el sentido del juego periodístico muchas veces consiste en salir a la calle y regresar con algo que, aunque no califique como importante, sí lo haga como publicable, de lo contrario, alguien puede perder su empleo.
Por ello, una manera de aterrizar el espíritu de la nueva Constitución en lo referente al periodismo como discurso público sería mediante una normativa que se ocupe de las condiciones de producción y la situación laboral de los trabajadores de prensa, que va desde los salarios bajos, jornadas promedio de 12 horas diarias, escasas oportunidades de formación, hasta normas disciplinarias que los obligan a vigilarse entre compañeros.
Conozco periodistas que estudian a escondidas de sus empleadores porque la política administrativa, donde mandan los gerentes y no los periodistas, dice que el tiempo que éstos emplean en estudiar disminuye su tiempo productivo. Conozco también la crisis existencial de reporteros designados a fuentes permanentes como el Congreso, la Presidencia, las cortes y tribunales, donde agonizan procesando boletines y, después de diez años de hacer lo mismo, quedan imposibilitados de abrirse a otras áreas de producción intelectual.
Por ello no basta con pensar y analizar solamente los discursos mediáticos sino también las circunstancias de quienes los producen. Esta es una oportunidad para los trabajadores de prensa de plantear otras maneras de encarar su labor, otras condiciones de producción y con ello algo más grande, otro sentido del juego.
El Telégrafo 05-10-2008
El punto de quiebre se ha dado y el triunfo del Sí por la nueva Constitución obliga a enfilar las reflexiones y las propuestas de acuerdo con el espíritu de la Carta Magna, que ya no es un ideal en disputa sino un cuerpo normativo que nos rige y que buscará su plenitud con el conjunto de leyes y reglamentos en proceso.
El debate que se avecina abarcará toda la gama de lo público y, por supuesto, ahí se incluye también el discurso público, ese territorio inestable donde los diversos actores sociales se disputan el control de los significados, y donde confluyen los poderes político y mediático ya sea como detractores o complementarios.
El poder político construye un discurso público para imponer un modo de organizar y dirigir una sociedad, es decir, un modo de hacer. El poder mediático lo hace para imponer un modo de ver e interpretar, es decir, un modo de pensar. Entre los dos se legitiman o se impugnan según los intereses en juego.
Por eso es necesario volver la mirada hacia las condiciones de producción del discurso público en los medios de comunicación, puesto que su materia prima es la información, y ésta es un bien común en manos de unos trabajadores de prensa, que producen bajo unas condiciones y unos imperativos de los que casi nadie se ocupa, ni siquiera los periodistas, pero inciden en la elaboración final de la información.
El pensamiento crítico respecto del periodismo muchas veces se limita a destacar la condición de las empresas mediáticas como entes ligados al capital privado y a la maximización de las ganancias. Nada más cierto que eso, pero hay que recordar que tal condición genera unas conductas laborales, y esas conductas unos acuerdos y tenciones internas, y todo eso se manifiesta en una cultura periodística, es decir, en un modo de hacer y decir, cuyo resultado es lo que reciben los consumidores de medios.
Los periodistas desarrollan lo que Pierre Bourdieu llama un habitus, que es la manera cómo las personas interiorizan sus condiciones de vida y, en función de ello, desarrollan un modo de actuar, un sentido del juego, y el sentido del juego periodístico muchas veces consiste en salir a la calle y regresar con algo que, aunque no califique como importante, sí lo haga como publicable, de lo contrario, alguien puede perder su empleo.
Por ello, una manera de aterrizar el espíritu de la nueva Constitución en lo referente al periodismo como discurso público sería mediante una normativa que se ocupe de las condiciones de producción y la situación laboral de los trabajadores de prensa, que va desde los salarios bajos, jornadas promedio de 12 horas diarias, escasas oportunidades de formación, hasta normas disciplinarias que los obligan a vigilarse entre compañeros.
Conozco periodistas que estudian a escondidas de sus empleadores porque la política administrativa, donde mandan los gerentes y no los periodistas, dice que el tiempo que éstos emplean en estudiar disminuye su tiempo productivo. Conozco también la crisis existencial de reporteros designados a fuentes permanentes como el Congreso, la Presidencia, las cortes y tribunales, donde agonizan procesando boletines y, después de diez años de hacer lo mismo, quedan imposibilitados de abrirse a otras áreas de producción intelectual.
Por ello no basta con pensar y analizar solamente los discursos mediáticos sino también las circunstancias de quienes los producen. Esta es una oportunidad para los trabajadores de prensa de plantear otras maneras de encarar su labor, otras condiciones de producción y con ello algo más grande, otro sentido del juego.
El Telégrafo 05-10-2008
sábado, 27 de septiembre de 2008
Otros relatos
Por Gustavo Abad
El periodismo no es un simple trabajo de registro y difusión de hechos, sino una actividad de intervención social que nunca está desligada de una voluntad y una posición políticas. Quienes hacemos periodismo creemos que nuestros relatos, la mirada desde la cual contamos tal o cual acontecimiento, y los sentidos que construimos con todo ello, inciden de una u otra manera en la comprensión de la realidad social. Esa es una actitud política y haríamos bien en reconocerlo de una vez por todas.
Esta última campaña pre referéndum puso más que otras en evidencia el carácter político del periodismo en el Ecuador. Ese no es el problema, sino la manera irreflexiva y burda como algunos medios y periodistas asumen esa condición, desde unas prácticas que, en lugar de reivindicar, solo acumulan desconfianza respecto de la política y del periodismo. Situarse como contradictores ofuscados del poder político cuando este señala las debilidades del poder mediático no es la mejor manera de recuperar legitimidad y solo expresa un rudo sentido de lo político en el periodismo.
El relato mediático de la campaña ha sido el escenario de la simplificación. Los que apoyan el proyecto constitucional contra los que lo rechazan, mejor si pertenecen a los segundos ¿Y los que están a favor, pero tienen un pensamiento crítico respecto de temas puntuales? ¿Y los que están en contra pero hacen propuestas para mejorar? No, esos sectores no generan rating.
Por eso la mayoría de los temas fueron planteados por los medios de manera bipolar y maniquea. Los relacionados con derechos sexuales y salud reproductiva, como rechazo o apoyo al aborto. Los relacionados con las diversas formas de familia, como rechazo o apoyo al matrimonio gay. La no criminalización del consumo de drogas, como rechazo o apoyo a las buenas costumbres. Y así, los medios pusieron todos los temas en blanco y negro para construir la idea de una sociedad dividida. Nunca hicieron pasar esos temas por una lectura cultural o histórica que enriqueciera su debate.
La campaña pre referéndum fue otra oportunidad perdida para el periodismo ecuatoriano, especialmente de los medios tradicionales, que parecen no entender que una manera de recuperar terreno es comenzar a pensar urgentemente en el desarrollo de nuevas prácticas y la búsqueda de nuevos relatos de lo social, pues los que presentan hace rato que demuestran su caducidad.
Podríamos comenzar por desterrar esa retórica gastada de la objetividad y la neutralidad, que ya forman parte de esa tropa de conceptos “zombies” que vagan desorientados por ahí, que se resisten a morir y amenazan con arrastrar a esa misma condición a otros con mejor salud como la libertad de expresión, lo cual sería fatal no solo para el periodismo sino para la sociedad en general.
En su lugar, podríamos pensar más en una ética de la transparencia y entender que el mantenimiento y respeto de una voz pública como la del periodismo también consiste en aclarar desde qué lugar político, social o ideológico se emite el mensaje. En otras palabras, asumir un lugar de enunciación y, desde ahí, hacerse responsable de la veracidad de lo que se informa.
También podríamos cambiar de preguntas. En lugar de las empolvadas ¿qué? ¿cuándo?¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? preguntarnos ¿quién no ha hablado todavía? ¿cómo recogemos esa voz? ¿qué narrativa es la más adecuada en este caso? y otras que permitan a los periodistas dejar de creerse más allá del bien y del mal, dejar de ser narradores distantes, descubrir otras formas de vida, inaugurar otros relatos, lo cual no solo sería una nueva actitud periodística sino también política.
El Telégrafo 28-09-2088
El periodismo no es un simple trabajo de registro y difusión de hechos, sino una actividad de intervención social que nunca está desligada de una voluntad y una posición políticas. Quienes hacemos periodismo creemos que nuestros relatos, la mirada desde la cual contamos tal o cual acontecimiento, y los sentidos que construimos con todo ello, inciden de una u otra manera en la comprensión de la realidad social. Esa es una actitud política y haríamos bien en reconocerlo de una vez por todas.
Esta última campaña pre referéndum puso más que otras en evidencia el carácter político del periodismo en el Ecuador. Ese no es el problema, sino la manera irreflexiva y burda como algunos medios y periodistas asumen esa condición, desde unas prácticas que, en lugar de reivindicar, solo acumulan desconfianza respecto de la política y del periodismo. Situarse como contradictores ofuscados del poder político cuando este señala las debilidades del poder mediático no es la mejor manera de recuperar legitimidad y solo expresa un rudo sentido de lo político en el periodismo.
El relato mediático de la campaña ha sido el escenario de la simplificación. Los que apoyan el proyecto constitucional contra los que lo rechazan, mejor si pertenecen a los segundos ¿Y los que están a favor, pero tienen un pensamiento crítico respecto de temas puntuales? ¿Y los que están en contra pero hacen propuestas para mejorar? No, esos sectores no generan rating.
Por eso la mayoría de los temas fueron planteados por los medios de manera bipolar y maniquea. Los relacionados con derechos sexuales y salud reproductiva, como rechazo o apoyo al aborto. Los relacionados con las diversas formas de familia, como rechazo o apoyo al matrimonio gay. La no criminalización del consumo de drogas, como rechazo o apoyo a las buenas costumbres. Y así, los medios pusieron todos los temas en blanco y negro para construir la idea de una sociedad dividida. Nunca hicieron pasar esos temas por una lectura cultural o histórica que enriqueciera su debate.
La campaña pre referéndum fue otra oportunidad perdida para el periodismo ecuatoriano, especialmente de los medios tradicionales, que parecen no entender que una manera de recuperar terreno es comenzar a pensar urgentemente en el desarrollo de nuevas prácticas y la búsqueda de nuevos relatos de lo social, pues los que presentan hace rato que demuestran su caducidad.
Podríamos comenzar por desterrar esa retórica gastada de la objetividad y la neutralidad, que ya forman parte de esa tropa de conceptos “zombies” que vagan desorientados por ahí, que se resisten a morir y amenazan con arrastrar a esa misma condición a otros con mejor salud como la libertad de expresión, lo cual sería fatal no solo para el periodismo sino para la sociedad en general.
En su lugar, podríamos pensar más en una ética de la transparencia y entender que el mantenimiento y respeto de una voz pública como la del periodismo también consiste en aclarar desde qué lugar político, social o ideológico se emite el mensaje. En otras palabras, asumir un lugar de enunciación y, desde ahí, hacerse responsable de la veracidad de lo que se informa.
También podríamos cambiar de preguntas. En lugar de las empolvadas ¿qué? ¿cuándo?¿cómo? ¿dónde? ¿por qué? preguntarnos ¿quién no ha hablado todavía? ¿cómo recogemos esa voz? ¿qué narrativa es la más adecuada en este caso? y otras que permitan a los periodistas dejar de creerse más allá del bien y del mal, dejar de ser narradores distantes, descubrir otras formas de vida, inaugurar otros relatos, lo cual no solo sería una nueva actitud periodística sino también política.
El Telégrafo 28-09-2088
domingo, 21 de septiembre de 2008
¿Referentes de qué?
Por Gustavo Abad
Cuando un presentador de televisión fue elevado, hace no mucho tiempo, por sus colegas a la categoría de “referente del periodismo ecuatoriano”, tan solo por haber cumplido no sé cuántos años de trabajo en el mismo canal, me pregunté incrédulo ¿Referente de qué? Si a ese respetable señor lo único que se le ha visto hacer es envejecer leyendo noticias frente a las cámaras. Y no volví a ocuparme del tema.
Después, otro periodista fue declarado “reserva moral de la prensa libre”, sin otro argumento a su favor que el de haber logrado que lo expulsaran de Carondelet por faltarle el respeto al Presidente de la República y posteriormente consignar su berrinche en un libro referido a no sé qué clase de bestias.
Hace pocos días, otro figurón de televisión fue mitificado por haber cumplido un chorro de años en la pantalla y autoproclamarse en los últimos meses abanderado del voto en contra del proyecto de nueva Constitución. “El Espejo en el que todos nos miramos”, dijo un reportero como si al país le importaran los años que se quedan enredados en el cuerpo y la cara de ciertos periodistas.
Convencidos de que los medios son la comunicación y de que ellos son el periodismo, estos personajes se regodean con auto elogios, se atribuyen la misión de vigilantes de la democracia, defensores de la libertad de expresión y otros oficios mesiánicos que nadie les ha pedido ni reconocido excepto su círculo íntimo de amigos.
Cuánta arrogancia exhiben al asignarse la representación de esos altos ideales. Por favor, un poco más de modestia. Bastaría con que se propusieran hacer un trabajo más honesto de servicio público, como se supone que es el periodismo, menos ligado al interés particular y más al interés común, y punto. Sería bueno que comprendieran que hay muchos trabajadores de prensa que sí lo hacen y son precisamente los que procuran guardar mesura y serenidad en algunos medios, lejos de homenajes y falsos heroísmos.
Me pregunto ¿Qué lleva a estos personajes sobre expuestos a creer que son las voces más representativas del periodismo? ¿Acaso han creado una escuela, un estilo, un modo de hacer y decir que haya tenido algún efecto destacable en la interpretación de la realidad social? ¿Acaso han buscado, sistematizado o, por lo menos, organizado un cuerpo de conocimientos que sirva a las nuevas generaciones en la tarea de narrar los acontecimientos? ¿Han desarrollado alguna propuesta literaria, ensayística, teórica, investigativa, o lo que fuera, que nos permita al resto confiar en que lo que dicen y hacen tiene alguna coherencia o algún sustento que no sean sus impulsos preconcientes?
Nada pueden exhibir que demuestre su aporte al desarrollo y mejoramiento del periodismo ecuatoriano. En mi práctica de la docencia y la investigación, no he podido encontrar a un estudiante de periodismo o de cualquier otra disciplina ligada a la comunicación, que crea que estos señores han aportado con alguna idea importante a su formación.
Por eso el ruido y la pirotecnia que arman respecto de sí mismos no pasa de ser un artificio, la ritualización de una celebridad de cuarta, un recurso más propio de la farándula que del periodismo, cuyos límites continúan borrándose por obra de periodistas consagrados a gestionar su propia visibilidad en un ejercicio de auto referencialidad ofensiva con las audiencias.
Hace años había un grafiti en una calle del norte de Quito que decía “Periodista, media vida habla de lo que no sabe y media vida calla lo que sabe”. Siempre me pareció una graciosa caricatura, una perla de la ironía, que es una de las formas preferidas del humor quiteño. No sospechaba que esa sentencia tendría unas formas de manifestarse tan reales y demoledoras para esta profesión como las que vemos actualmente. Pocas actividades han descendido tanto en la valoración social como la de periodista en este país, y podría descender más si seguimos contando con esos “referentes” del periodismo ecuatoriano.
El Telégrafo 21-09-2008
Cuando un presentador de televisión fue elevado, hace no mucho tiempo, por sus colegas a la categoría de “referente del periodismo ecuatoriano”, tan solo por haber cumplido no sé cuántos años de trabajo en el mismo canal, me pregunté incrédulo ¿Referente de qué? Si a ese respetable señor lo único que se le ha visto hacer es envejecer leyendo noticias frente a las cámaras. Y no volví a ocuparme del tema.
Después, otro periodista fue declarado “reserva moral de la prensa libre”, sin otro argumento a su favor que el de haber logrado que lo expulsaran de Carondelet por faltarle el respeto al Presidente de la República y posteriormente consignar su berrinche en un libro referido a no sé qué clase de bestias.
Hace pocos días, otro figurón de televisión fue mitificado por haber cumplido un chorro de años en la pantalla y autoproclamarse en los últimos meses abanderado del voto en contra del proyecto de nueva Constitución. “El Espejo en el que todos nos miramos”, dijo un reportero como si al país le importaran los años que se quedan enredados en el cuerpo y la cara de ciertos periodistas.
Convencidos de que los medios son la comunicación y de que ellos son el periodismo, estos personajes se regodean con auto elogios, se atribuyen la misión de vigilantes de la democracia, defensores de la libertad de expresión y otros oficios mesiánicos que nadie les ha pedido ni reconocido excepto su círculo íntimo de amigos.
Cuánta arrogancia exhiben al asignarse la representación de esos altos ideales. Por favor, un poco más de modestia. Bastaría con que se propusieran hacer un trabajo más honesto de servicio público, como se supone que es el periodismo, menos ligado al interés particular y más al interés común, y punto. Sería bueno que comprendieran que hay muchos trabajadores de prensa que sí lo hacen y son precisamente los que procuran guardar mesura y serenidad en algunos medios, lejos de homenajes y falsos heroísmos.
Me pregunto ¿Qué lleva a estos personajes sobre expuestos a creer que son las voces más representativas del periodismo? ¿Acaso han creado una escuela, un estilo, un modo de hacer y decir que haya tenido algún efecto destacable en la interpretación de la realidad social? ¿Acaso han buscado, sistematizado o, por lo menos, organizado un cuerpo de conocimientos que sirva a las nuevas generaciones en la tarea de narrar los acontecimientos? ¿Han desarrollado alguna propuesta literaria, ensayística, teórica, investigativa, o lo que fuera, que nos permita al resto confiar en que lo que dicen y hacen tiene alguna coherencia o algún sustento que no sean sus impulsos preconcientes?
Nada pueden exhibir que demuestre su aporte al desarrollo y mejoramiento del periodismo ecuatoriano. En mi práctica de la docencia y la investigación, no he podido encontrar a un estudiante de periodismo o de cualquier otra disciplina ligada a la comunicación, que crea que estos señores han aportado con alguna idea importante a su formación.
Por eso el ruido y la pirotecnia que arman respecto de sí mismos no pasa de ser un artificio, la ritualización de una celebridad de cuarta, un recurso más propio de la farándula que del periodismo, cuyos límites continúan borrándose por obra de periodistas consagrados a gestionar su propia visibilidad en un ejercicio de auto referencialidad ofensiva con las audiencias.
Hace años había un grafiti en una calle del norte de Quito que decía “Periodista, media vida habla de lo que no sabe y media vida calla lo que sabe”. Siempre me pareció una graciosa caricatura, una perla de la ironía, que es una de las formas preferidas del humor quiteño. No sospechaba que esa sentencia tendría unas formas de manifestarse tan reales y demoledoras para esta profesión como las que vemos actualmente. Pocas actividades han descendido tanto en la valoración social como la de periodista en este país, y podría descender más si seguimos contando con esos “referentes” del periodismo ecuatoriano.
El Telégrafo 21-09-2008
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